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Procuraduría ha bloqueado unas 50 cuentas por el caso Odebrecht

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Una fuente informó que también se han inmovilizado valores de inversión en bolsa

SANTO DOMINGO. Como parte de las medidas adoptadas contra los imputados de haber recibido sobornos de parte de la constructora brasileña Odebrecht, la Procuraduría General de la República les ha inmovilizado alrededor de 50 cuentas bancarias.

La información la confirmó a Diario Libre una fuente vinculada a la investigación, que precisó que el bloqueo se solicitó, y fue autorizado por el juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, antes de que se adoptaran las medidas de coerción que pesan sobre 13 de los 14 implicados.

La inmovilización de las cuentas abarca a la totalidad de los imputados, así como a las compañías “sospechosas” que tienen algunos de ellos, indicó.

“También se le inmovilizaron los posibles valores e inversiones que tengan por ante los puestos de bolsa”, agregó la fuente.

Por el bloqueo de las cuentas bancarias se quejó Máximo De Óleo Ramírez, uno de los imputados por el caso, durante el conocimiento de la medida de coerción en la Suprema, el pasado 7 de junio.

“Todas mis cuentas, las de mis compañías que pagan impuestos religiosamente, que las formé en el año 1994, y en los últimos 3 años he desarrollado proyectos por más de 70 millones, y esa cuenta está bloqueada; y la cuentecita de mi pensión, que me depositan los chelitos que yo me he ganado durante 24 años de trabajo, sin vacaciones, la única vacación que yo he tomado es la de esta semana que me la he pasado en una celda, y ese patrimonio familiar, que si no puedo mover un centavo de lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente durante 38 años, ese patrimonio familiar me lo van a destruir porque se van a morir de hambre, porque yo no voy a poder trabajar para sostener y darle educación a mis hijos que aún están estudiando, y comida. Quiero decir eso para que el tribunal entienda que yo soy un hombre de trabajo, y necesito seguir trabajando”, expresó entonces.

De Óleo Ramírez cumple una coerción de tres meses de prisión en el penal de Najayo, imputado por la Procuraduría de recibir sobornos de parte de un ejecutivo de Odebrecht para que favoreciera los contratos de la presa de Pinalito cuando fungió como administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).

Los otros con medidas de coerción son el exministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; los exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura y César Sánchez.

También los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, y el diputado Alfredo Pacheco, contra quienes se dictó impedimento de salida. Otros con medidas son Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa); el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista; el exdiputado Ruddy González; el empresario y lobista Ángel Rondón y el abogado Conrado Pittaluga.

Críticas a la investigación

La falta de medidas cautelares ha sido cuestionada por varios sectores a la investigación que lleva el procurador Jean Alain Rodríguez, por entender que daba oportunidad a que se distraigan pruebas del proceso.

diariolibre.com

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Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.

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Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero,  que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».

Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de  criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.

Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.

Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.

La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.

Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.

La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.

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La abogada María del Pilar Zuleta, parte del equipo de defensa de Donald Guerrero. (FUENTE EXTERNA)

La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.

María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.

«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.

Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.

«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.

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Tres querellas han sido presentadas en contra de Médico por abuso sexual.

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San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como  Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.

La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía  “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.

Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.

De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.

“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.

“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.

De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.

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Ponen plazo a defensa de Jean Alain para que presente su estrategia organizada

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SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz,  procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.

“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.

Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.

También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.

Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.

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