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Procuraduría tiene seis meses para concluir acusación del caso Odebrecht
El abogado Pujals reprochó además que el Ministerio Público exponga mediante comunicados de prensa, que posee pruebas otorgadas por la empresa brasileña pero que no revele la información.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Dos meses es el tiempo que ha transcurrido desde la imposición de medida de coerción contra los acusados de recibir sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht, desde el año 2001 hasta el 2014.
El magistrado Francisco Ortega Polanco, de la Suprema Corte de Justicia, fijó que la presentación de la acusación formal tiene que presentarse en un plazo de ocho meses por parte del Ministerio Público a partir de las imposiciones de medida.
“Si bien el proceso se ha declarado complejo, para los expedientes que tienen que ver con funcionarios públicos la ley establece que los medios de comunicación pueden acceder a esa información”
Este viernes 4 de agosto se completó el círculo con el dictamen de la garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida, contra el exdirector técnico de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, Bernardo Castellanos, quien se encontraba fuera del país por asuntos de negocios.
Castellanos, el imputado número 14, arribó el miércoles 2 de agosto luego de ser requerido en varias ocasiones por las autoridades dominicanas desde que se emitió una orden de arresto en perjurio de los señalados de recibir sobornos.
Bernardo Castellanos de Moya salió en libertad en la tarde de este mares 8 de agosto, luego de pagar una fianza que le impusiera un juez el viernes pasado, ante el que compareció por ser uno de los imputados de los sobornos que pagó en el país la brasileña Odebrecht para adjudicarse infraestructuras públicas.
Además de los cinco millones de pesos de fianza , el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, impuso a Castellanos impedimento de salida del país y presentación cada mes ante la Procuraduría General de la República.
“Como estamos en la fase de investigación, el juez lo que hace es que impone medidas de coerción a los imputados para que el Ministerio Público en el tiempo que duran las medidas pueda ampliar la investigación”, explicó el abogado penalista Bartolomé Pujals.
Pujals destacó que dicho periodo tiene como objetivo determinar si las pruebas que el Ministerio Público obtenga son lo suficientemente contundentes para que llegue a juicio, y pueda lograr una condena.
Agregó que la investigación preliminar que dio lugar al expediente inicial de 336 páginas, debe profundizarse. “Esa investigación se supone que se debe profundizar, y uno de los puntos son los resultados del acuerdo con Odebrecht del cual el pueblo no tiene conocimiento a pesar de que el Procurador dijo que había recibido una serie de correos electrónicos”.
Criticó que parte de los datos importantes que se deben utilizar para un mejor sustento de la acusación final, son los documentos que debe otorgar la empresa Odebrecht por el acuerdo arribado con la Procuraduría General de la República.
“Algo que no se da en cuenta en la medida de coerción porque esta solo se sustentó en las delaciones premiadas que se obtuvieron a partir del acuerdo de cooperación que se suscribió con las autoridades de Brasil”, resaltó el también miembro del movimiento Somos Pueblo.
Añadió que debido a esto la magistrada Miriam Germán Brito, mediante su voto disidente destacó la debilidad probatoria del expediente que podría dar cara a una presentación acusatoria carente de sustento.
El abogado Pujals reprochó además que el Ministerio Público exponga mediante comunicados de prensa, que posee pruebas otorgadas por la empresa brasileña pero que no revele la información.
“Deben de presentarla, porque lo primero es que debió haberla presentado conjuntamente con las demás declaraciones de las delaciones premiadas”, indicó.
El experto en temas judiciales, el Ministerio Público además de los resultados del acuerdo de Odebrecht no ha hecho ningún intento de ir a Brasil para refrendar, robustecer u obtener mayor información sobre el caso, lo cual se puede hacer a través del acuerdo de cooperación que se firmó con Brasil y el acuerdo con Odebrecht.
Argumentó que el Ministerio Público puede hacer uso de la reserva de información, pero antes emitir una resolución manifestando el proceso de discreción.
“Si el Ministerio Público va a hacer uso de la reserva o sea que se va a reservar las pruebas por un asunto de asegurar el curso de la investigación por lo que sea, tendría que emitir un auto o dictamen donde establezca las razones por las cuales no va a presentar esas pruebas; y no mediante notas de prensas y declaraciones demagógicas”, expresó.
A su juicio la Procuraduría General de la República ha tratado de utilizar dicho expediente como una forma de garantizar la impunidad a la compañía de Odebrecht.
Empero concluyó que el gobierno dominicano “está apelando a la misma estrategia que desde el primer día utilizado de apostar al desgaste de la exigencia ciudadana y buscar una manera de sacar este tema de la palestra pública ”.
acento.com.do
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El Ministerio Público solicita medidas de coerción contra Wander Franco por posesión ilegal de arma
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público informó este martes que ha solicitado medida de coerción contra Wander Franco, campocorto de los Rays de Tampa Bay, por posesión ilegal de arma.
La coerción solicitada por el órgano persecutor contra Franco consiste en presentación periódica ante el fiscal investigador.
El pelotero fue detenido el pasado domingo luego de un incidente con el joven José Jasiel Cohen Sánchez en San Juan de la Maguana, presuntamente derivado de una disputa amorosa.
Además, se está solicitando coerción en contra de Cohen Sánchez, quien presuntamente agredió a una joven que acompañaba a Franco, la cual, según las autoridades, sería su expareja.
El fiscal Adolfo Augusto Féliz Pérez subrayó que, aunque se alcanzó un acuerdo entre las partes involucradas, el caso fue llevado al tribunal debido a su carácter de orden público.
Detalles del incidente
El fiscal Félix detalló que el altercado comenzó el viernes cuando Cohen Sánchez, al ver a su expareja junto a Franco, tuvo una reacción celosa y, presuntamente, la agredió. Franco intentó mediar en la situación sin involucrarse en una confrontación física.
El conflicto continuó el domingo, cuando Franco acompañó a la joven hasta su casa, y Cohen Sánchez llegó al lugar, supuestamente provocando al pelotero.
Según Féliz, Cohen Sánchez intentó llevar a su expareja en su vehículo y ella accedió a subirse.
- «Al salir del área residencial, llegó el papá de Cohen Sánchez, ante un llamado de su hijo, bloquearon la salida y el padre, creyendo que lo que iban a atracar, sacó su pistola y se produjo una situación confusa», explicó el fiscal.
Finalmente, al llegar la policía al lugar, el propio padre de Cohen Sánchez descubrió el arma de fuego en el vehículo de Franco. A raíz de esta situación, todos los involucrados en el altercado fueron arrestados.
Redacción.- La madrugada de este martes cayó abatido «Carnaval» tras enfrentar a miembros del Dicrim, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja del Almirante en Santo Domingo Este.
El presunto antisocial identificado como, José Miguel López de 23 años de edad, habría participado en el asalto a la Joyería Argenis Oro en San Luis.
De acuerdo con las informaciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, López era activamente buscado mediante tres órdenes de arresto por muertes, heridas a ciudadanos y el caso de la joyería en San Luis. Asimismo, se le ocupó un arma de fuego con la cual atacó a los agentes.
El pasado lunes 28 de octubre, hombres armados asaltaron la joyería Argenis Oro, los individuos llegaron a bordo de una jeepeta gris, vestidos con uniformes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) e irrumpieron en el establecimiento bajo la apariencia de un operativo policial.
El propietario de la joyería, Argenis Pérez Rodríguez, dijo que los delincuentes sustrajeron 4 mil gramos de oro.
En días pasados el vocero de la policía, Diego Pesqueira, explicó que, tras una ardua labor de investigación, logró capturar a cinco de los integrantes de una banda delictiva. Asimismo, añadió que durante el proceso se incluyó levantamientos de cámaras, entrevistas y fueron identificados siete de los participantes en este hecho quienes se encuentran prófugos.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader eliminó, a través de varios decretos, la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria y el Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa).
El Gobierno dijo que la eliminación de esas instituciones forma parte del plan de racionalización y modernización de la administración pública, «eliminando duplicidades y optimizando el uso de recursos estatales en diferentes sectores».
El decreto 636-24 establece la eliminación de la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología, creada en 2004 para asesorar en políticas de ciencia y tecnología; la disposición gubernamental señala que el Ministerio de Educación asumirá la responsabilidad de concluir sus programas en curso y continuará con sus compromisos jurídicos y contractuales.
“Este decreto también deroga disposiciones previas relacionadas con la creación y administración de la comisión, asegurando una transición ordenada hacia una estructura de gestión más coherente con la Constitución y las leyes vigentes en la administración pública dominicana”, indica el comunicado de prensa.
Con el decreto 637-24 se dispone la supresión de la Comisión Presidencial para la Modernización y Seguridad Portuaria, cuyas funciones serán asumidas por la Autoridad Portuaria Dominicana, que también se encargará de los compromisos legales y contractuales vigentes.
Los bienes de esta comisión serán administrados por la Dirección General de Bienes Nacionales, quien traspasará los activos necesarios a la Autoridad Portuaria para continuar sus labores en el sector portuario.
“Además, este decreto deroga varias disposiciones previas que apoyaban la existencia de la comisión, consolidando sus funciones bajo una sola entidad administrativa para mejorar la eficiencia y reducir duplicidades en la administración pública”, resalta el documento de prensa.
Mediante el decreto 640-24 se emite la supresión del Consejo Nacional de Población y Familia (Conapofa), cuyas funciones serán asumidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que se convierte también en el continuador jurídico de los compromisos contractuales y legales pendientes.
La Dirección General de Bienes Nacionales administrará los activos de Conapofa y transferirá los necesarios al Ministerio de Salud Pública para garantizar la continuidad de sus funciones.
La Dirección General de Presupuesto (Digepress) gestionará las partidas presupuestarias no ejecutadas de esta comisión, y el Ministerio de Administración Pública colaborará en la reubicación, cesación e indemnización del personal.