Opinión
Prólogo de «Jaque a la libertad. El derecho de no asociación»
Tengo el privilegio de prologar la obra Jaque a la libertad. El derecho de no asociación, que constituye la más reciente producción intelectual de mi admirado amigo Miguel Guerrero, sin du- das una de las plumas más brillante del periodismo dominicano.
En esos años de discusión legislativa Miguel Guerrero participó activamente no sólo a través de su habitual columna periodística, sino también mediante exposiciones leídas en vistas públicas celebradas en el Congreso Nacional, en los que expresó su oposición a la colegiación obligatoria fundado en las libertades de asociación y de libre expresión y difusión del pensamiento consagradas constitucionalmente.
Asimismo, importantes sectores de la vida nacional, como la Sociedad Dominicana de Diarios y el entonces Consejo Nacional de Hombres de Empresas; voces respetables de la Iglesia Católica, como el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Nicolas De Jesús López Rodríguez y el Obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago de los Caballeros, monseñor Jesús María De Jesús Moya; así como juristas de la talla de Ramón Tapia Espinal, Jottin Cury, José Manuel Machado y los expresidentes de la Suprema Corte de Justicia Néstor Contín Aybar y Manuel Ramón Ruiz Tejada, fijaron posiciones no sólo durante el proceso legislativo, sino también con posterioridad a su aprobación, con planteamientos respecto de atentados a la Constitución, no solo en lo atinente a las libertades públicas de asociación y libertad de expresión, sino además a la libertad de empresa. Se cuestionaba asimismo la potestad disciplinaria que le era delegada al Colegio respecto de actuaciones de los periodistas que podían llegar incluso a la suspensión del ejercicio profesional, y, finalmente, el establecimiento de un tributo para beneficio exclusivo de una clase profesional.
Paralelamente, la discusión en torno a la constitucionalidad o no de la colegiación obligatoria de los periodistas tuvo el ingre- diente que se derivaba de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de considerar la obligatoriedad como contrario a la libertad de asociación. En efecto, a propósito de la ley de colegiación de periodistas de Costa Rica, ante una opinión consultiva solicitada por el gobierno de ese país el 8 de julio de 1985, la Corte dijo el 13 de noviembre del mismo año “que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Como reacción a la aprobación, se produjo un acontecimiento probablemente inédito en nuestra historia jurídica, como lo fue la autoincriminación que hicieron “directores de Periódicos Nacionales por si y a nombre de sus respectivas empresas periodísticas” por violación de varias disposiciones de la Ley 148 de 1983. Con esa estrategia, que hacía uso de un mecanismo procesal previsto en el viejo Código de Instrucción Criminal, se aprovechó para atacar por vía de excepción, la inconstitucionalidad de la ley por vicios de forma y fondo.
En primera instancia, sin entrar a considerar el tema constitucional planteado, el tribunal declaró “irrecibible el apodera- miento”, mediante sentencia del 20 de julio de 1985. Apelada esa decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, mediante sentencia de fecha 14 de marzo de 1989, no obstante confirmar la irascibilidad del apoderamiento, entró a pronunciarse sobre un aspecto constitucional, declarando por vía de excepción como inconstitucional por vicio de forma la Ley 148, bajo el fundamento de que se había “establecido que esta fue conocida y aprobada en tres (3) Legislaturas, en violación a lo dispuesto por el artículo 41, párrafo 1ro. de la Constitución de la República”.
Frente a esa decisión, los directores de medios auto incriminados, en una inteligente estrategia jurídica, interpusieron recurso de casación en el que invocaban violaciones constitucionales de fondo, de cara a una posible reintroducción futura de la colegiación obligatoria al Congreso, toda vez que la decisión de la corte no se había referido sino a un aspecto formal de la ley. La Suprema Corte de Justicia el 1 de septiembre de 1989, no se limitó al aspecto constitucional del vicio de procedimiento en la aprobación de la ley, sino que abordó los aspectos sustantivos invocados por los recurrentes, considerando también inconstitucional la exigencia de la obligatoriedad de la colegiación obligatoria. Asimismo, estableció que era contrario a la libertad de trabajo la exigencia de la colegiación en ciertos cargos propios de la empre- sa periodística contenido en la Ley 148, y sostuvo que el gravamen para el sostenimiento del Colegio establecido en la ley resultaba inconstitucional por ser contrario al principio de igualdad.
Aunque el tema central de la obra que prologo gira en torno a los intentos por establecer en nuestro país, desde finales de la década del 70 del siglo pasado, la colegiación obligatoria de los periodistas, su contenido desborda la mera descripción de acontecimientos en el plano legislativo durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano entre los años 1978-1982, partido que desde antes de asumir el poder el 16 de agosto de 1978 había expresado su simpatía y apoyo a la aspiración de una parte de la clase periodística dominicana de regular el oficio en el marco de una colegiación obligatoria, tal y como había sido propuesto en el año 1977 por el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales.
En efecto, el libro Jaque a la libertad. El derecho de no asocia- ción, es también un ejercicio testimonial sobre lo que ha sido la trayectoria del autor respecto de elementos esenciales para la vida en democracia, como lo constituyen las libertades de prensa y de libre expresión del pensamiento.
Dentro de ese andar de la brillante carrera periodística de Mi- guel Guerrero se recrean episodios ocurridos desde la segunda mitad de la década del 70 del siglo pasado, que tocan aspectos geopolíticos de tiempos de la guerra fría, como los debates en el seno de la UNESCO respecto de propuestas de control estatal de los medios de comunicación; decisiones estratégicas del presidente Balaguer de cara a sus aspiraciones a un nuevo período presidencial a partir de 1978 como lo constituyeron, la adhesión de la República Dominicana a la Convención Americana de Derechos Humanos, la celebración en nuestro país de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Diarios en 1977, y las posicio- nes neutrales del presidente Balaguer sobre el anteproyecto de ley de colegiación auspiciado por el sindicato periodístico.
Termino mis palabras, felicitando a Miguel Guerrero por este nuevo esfuerzo intelectual, escrito con rigor y profundidad, sobre un acontecimiento histórico que fue tema de debates en nuestro país durante casi 15 años, y que resulta desconocido para muchos jóvenes que hoy no sólo disfrutan de un clima de libertades públi- cas, sino además de la posibilidad de expresarse más allá de lo que hasta hace relativamente poco tiempo eran los medios tradiciona- les para la expresión y difusión del pensamiento.
Olivo A. Rodríguez Huertas
Por Isaias Ramos
Nos dicen que quienes cuestionamos la capitalización individual tenemos las neuronas quemadas.
La frase pretende cerrar con una descalificación un debate que la evidencia internacional mantiene abierto. De los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios de pensiones entre 1981 y 2014, 18 habían revertido total o parcialmente esas reformas para 2018, según documentó la Organización Internacional del Trabajo.
Entonces el problema no son nuestras neuronas. Ha llegado el momento de revisar el modelo.
Todo profesional puede defender el esquema económico en el que cree, asesorar empresas o representar intereses legítimos. Pero el conocimiento, por vasto que sea, no garantiza ni ética ni sabiduría. A veces recorren caminos muy distintos. Y ningún prestigio académico o profesional otorga derecho a descalificar a quienes pensamos diferente.
Nosotros responderemos con la pregunta que ningún balance financiero puede ocultar: ¿qué pensión digna garantiza realmente este modelo al trabajador dominicano?
Durante años se nos ha mostrado el crecimiento de los fondos como prueba del éxito del sistema: más de un billón de pesos acumulados, rentabilidades, financiamiento al Estado y a empresas, y un mercado de capitales fortalecido con el ahorro obligatorio de los trabajadores.
Todo eso importa. Pero una cosa es que prospere el fondo y otra que prospere el afiliado.
El jubilado no vive del tamaño del fondo. Vive de la pensión que recibe cada mes.
Si las proyecciones siguen anticipando prestaciones insuficientes para muchos afiliados, no necesitamos esperar a que esa insuficiencia se convierta en pobreza para reconocer la falla.
Puede crecer el instrumento y fracasar su propósito.
El problema previsional dominicano comienza mucho antes de la jubilación. Comienza con salarios bajos, informalidad, desempleo e interrupciones laborales.
La cuenta individual registra esas precariedades, pero no las corrige. Un salario bajo genera una contribución baja; menos meses cotizados significan menor acumulación; y aportes insuficientes producen pensiones insuficientes, aun con una administración eficiente.
No existe acción de Apple, Amazon o Nvidia capaz de derogar esa aritmética.
Por eso no puede construirse una pensión digna sobre una vida entera de salarios indignos.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la reforma previsional debe caminar junto con una política que dignifique el salario, eleve productividad, formalización y capacidad contributiva. Que quien trabaja pueda vivir dignamente y que quien trabajó pueda retirarse dignamente.
También se repite que el reparto está “quebrado” en todo el mundo.
Los sistemas de reparto enfrentan tensiones cuando envejece la población, disminuye la relación entre cotizantes y pensionados o se prometen beneficios superiores a la capacidad contributiva. Por eso se reforman: ajustan edades, aportes, fórmulas y reglas actuariales.
Mientras tanto, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios, dieciocho habían revertido esas reformas para 2018.
¿Dónde está entonces la evidencia para afirmar que el reparto fracasó en todo el mundo y que la privatización es inevitablemente superior?
No defendemos un reparto irresponsable. Defendemos un reparto del siglo XXI, basado en cuentas nocionales.
Cada trabajador tendría registrada su historia contributiva en una cuenta individual contable. Sus aportes generarían derechos previsionales transparentes y, al jubilarse, ese saldo nocional se convertiría actuarialmente en una pensión vitalicia.
Eso mantiene la relación entre lo aportado y lo recibido, pero evita convertir la vejez en una apuesta individual contra el mercado, la longevidad y las desigualdades acumuladas durante décadas.
A ese sistema debe sumarse una pensión básica que impida la indigencia y un Fondo Nacional de Reserva Previsional, capitalizado colectivamente y administrado por una corporación pública autónoma, profesional e independiente del Gobierno de turno.
Ese fondo puede invertir dentro y fuera del país. En República Dominicana podría participar en energía, minería, transporte, agua, logística, infraestructura, tecnología y otros proyectos capaces de elevar productividad y desarrollo humano.
Pero con una regla inviolable: primero debe ser una buena inversión para el fondo; después puede ser también una buena inversión para el país.
Cada proyecto debe demostrar rentabilidad ajustada por riesgo, transparencia y gobernanza. El beneficio social puede ser un criterio adicional, nunca una excusa para sacrificar el patrimonio previsional del trabajador.
El fondo también debe poder diversificarse internacionalmente. La diversificación no pertenece a las AFP. Pertenece a una buena administración financiera.
Tampoco es cierto que la capitalización haya eliminado la dependencia del futuro.
Toda pensión depende de la economía futura.
El dinero acumulado durante treinta años no guarda alimentos, medicamentos ni servicios dentro de una bóveda. Representa derechos financieros sobre la producción futura.
En reparto, esos derechos se financian mediante contribuciones e impuestos. En capitalización, mediante intereses, dividendos y venta de activos.
Y cuando parte del ahorro previsional está invertida en deuda del propio Estado, resulta todavía más evidente: esos intereses deberán ser pagados mañana por la economía y los contribuyentes de mañana.
La capitalización no eliminó la restricción intergeneracional. La cambió de forma.
Nuestra Constitución tampoco ordena capitalización ni reparto. Ordena algo superior.
La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, y reconoce la seguridad social como un derecho.
Queremos crecimiento, inversión, empresas fuertes y mercados de capitales modernos. Pero son medios.
La persona es el fin.
Por eso la pregunta que los defensores del modelo todavía deben responder no es cuánto administran las AFP ni cuánto habría ganado alguien comprando acciones en Wall Street.
Es esta:
¿Qué pensión suficiente, vitalicia y digna garantiza este modelo al trabajador dominicano después de una vida de trabajo?
Si la respuesta vuelve a ser el tamaño del fondo, están respondiendo otra pregunta.
Desde el Frente Cívico y Social proponemos abrir esta discusión sin complejos. No para regresar al pasado, sino para construir algo mejor: cuentas nocionales, reparto actuarialmente responsable, solidaridad, reservas colectivas, inversión profesional y salarios capaces de dignificar el trabajo.
Dignidad mientras se trabaja. Dignidad cuando se deja de trabajar.
Ese es el éxito que un Estado social y democrático de derecho debe aprender a medir: no cuánto acumula el sistema, sino cuánta dignidad garantiza.
Oscar López Reyes
Las palabras del presidente de la República irradian, como los rayos del sol; inspiran en la esperanza, ponen a tocar y bailar la música del periquete, suben y bajan la temperatura del tablero social; elevan a los altares en gratificaciones solemnes y pulverizan, como el aserrín, en sus cartas de juego del ejercicio de su poder coercitivo. Roza, por esa potestad, las rodillas y los pies de la Divinidad.
Cada jefe de Estado del nuevo milenio (2000-2026) ha sellado su impronta comunicacional: Leonel Fernández fue semi-cerrado y cerrado, Danilo Medina cerrado-cerrado y Luis Abinader ha sido abierto y semi-cerrado en sus conversatorios periodísticos, sin confrontativas. Hipólito Mejía (super-abierto) se estampa como el campeón contestando con mucha espontaneidad, sin pelos en la lengua, y no pudo seguir sentado debajo de la cúpula de la mansión cortesana.
El guapo de Gurabo mostró sobrada autoridad, valentía y honestidad en la aplicación de las normas jurídicas y el monopolio de la fuerza en la regencia del Estado, pero estas cualidades, sus continuos reproches a periodistas y las metáforas pintorescas en la emocionalidad le procrearon obstáculos y apuros. Leonel, Danilo y Luis cuidaron su vocabulario, con la clásica prudencia de un aldeano de hace 100 años.
Sin caer en el gancho de pelearse con los periodistas, estos gobernantes de las primeras décadas del siglo XXI en ciertas circunstancias han sido escurridizos -observadores afirman que hasta han sido maltratados oralmente por desaforados- menos Hipólito Mejía, el más extrovertido y el que más ha sometido a periodistas a la justicia.
Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader han valorado constructivamente el cometido de los informadores públicos y reconocido como guardianes de los derechos humanos y la democracia, con picazón y reservas.
HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ (2000-2004): a diario interactuaba con los que cubrían la fuente palaciega y con locuacidad exteriorizó que «el periodista es el centinela de la información veraz» y que «mientras brille la luz de la independencia periodística, la nación puede sentirse confiada en que la democracia no perecerá».
LEONEL FERNÁNDEZ REYNA (2004-2012): conceptualizar y rivalizar a sus anchas en campañas electorales ha sido su tónica, pero no así desde el poder: conservador, muy medido y hasta evasivo con los redactores, a los que alcanzó a decirles: «estoy en cuarentena verbal».
DANILO MEDINA SÁNCHEZ (2012-2020): perfilado como el más huraño ante los medios informativos, desde el primer hasta el último día de su mandato, recalcó: “prefiero hechos y no palabras” y “yo hablo”, en respuesta a las quejas de la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) sobre su distanciamiento o falta de acercamiento con los antiguos gacetilleros.
LUIS ABINADER CORONA (2020-2028): acentuando que “no existe democracia sin información libre y periodistas que ejerzan ese derecho”, inauguró La Semanal con la Prensa y luce que preguntas inapropiadas, asiduamente consideradas fuera de tono y hasta mandadas a formular por opositores, dicen que para fastidiar, conminaron a una pausa y a su reaparición con un formato más mesurado.
Hipólito Mejía (super-abierto), Leonel Fernández (semi-cerrado y cerrado), Danilo Medina (cerrado-cerrado) y Luis Abinader (abierto y semi-cerrado) en sus intercambios noticiosos no correrán -los libre y guarde Dios- la desdicha de tres sujetos estatales que obraron con impulsos desequilibrados, como será narrado en nuestro próximo artículo, titulado “Ser enemigo de un periodista”. Ellos se echaron a tumbas sepulcrales, donde no se escuchan la maldad ni la crueldad de sus discursos, ni sus crujidos.
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El autor: periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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La influencia de EE.UU. en República Dominicana se manifiesta a través de figuras políticas y digitales, promoviendo una agenda neofascista en la región.
- El texto ubica a Marco Rubio, Leah Francis Campos y Víctor Bisonó en la cadena de poder.
- Se menciona a Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina como actores funcionales al esquema.
- La embajadora Leah Francis Campos fue seleccionada por Marco Rubio y designada por Trump
Por Narciso Isa Conde
Aquí, en República Dominicana, en tanto colonia o protectorado de EEUU, la escalera o cadena de enlaces de poder, con fines de comunicación y propaganda mentirosa, se define de arriba hacia abajo y la integran Marco Rubio…Leath Francis Campos (embajadora pro-activa de EE.UU)…Víctor-Ito Bisonó (Canciller)…y un conjunto de influencers fabricados con esos fines (Alofoque y comparsa); pasando por domesticar a Luis Abinader y a Leonel Fernández y su heredero, y dándole el premio de consolación a Danilo Medina.
Es decir, un ideólogo-tutor, Marco Rubio (conectado con el Complejo Militar-Industrial-Financiero-Digital-Minero de EEUU, socio del sionismo israelí y enlazado con su Embajadora y con el gobernador de la colonia victimizada), el Canciller actual de la cuadra de Rubio y un trío de políticos tradicionales, funcionales y muy útiles al imperialismo neofascista en el territorio nacional y en la región.
En el patio dominicano, Trump, Marco Rubio y su embajadora operan a través de los siguientes enclaves para desplegar su impronta neofascista y su estrategia de seguridad neo-monroista, usando además el país como plataforma para el accionar imperialista en el Caribe y más allá.
2) Un canciller no solo lacayo como el anterior, sino además conectado a la Internacional Neofascista y con funciones propias de esa construcción política en el país.
3) Un grupo de prósperos de “influencer” (candidatos a unirse y repetir a repetir el ensayo de ABELARDO de la ESPRIELLA).
En ese contexto las características ideológicas y el proceder de la embajadora Leah Francis Campos, seleccionada por Marco Rubio y designada por Trump, se corresponden con los propósitos políticos del imperialismo estadounidense en este periodo.
Las figuras correspondientes a los gánsteres digitales, siguen pendientes de contratar, o de identificar, en lo concerniente al ejercicio político del tecno-fascismo, funcional a las trampas electorales y a la creación de imágenes engañosas opuestas a la realidad.
La identificación de operadores del gansterismo digital como Cerimedo y Negre, y sus empresas, como instrumentos de intervención y agresión creados por EEUU, evidencia una coordinación orgánica en la que los intereses geopolíticos imperialistas de EE. UU. en el continente convergen con estas nuevas derechas ultraconservadoras.
Ambos, evidentemente seleccionados por el Departamento de Estado, bajo el mando de Marco Rubio, están temporalmente inhabilitados; pero bien pueden ser protegidos para su reutilización, como también reemplazados por tantos otros con características parecidas.
Corresponde emplazar, desde ahora y siempre, a los titulares del poder imperialista neocolonial (del oficialismo y de la llamada oposición dominicana), acerca de cuáles empresas y personas han sido, o serían contratadas, para la asesoría en guerra digital y publicidad.
Aquí, en circunstancias menos radicales, no han faltado asesores de imagen y negociantes digitales (brasileño unos, colombianos otros) con oficinas en el Palacio Nacional, a lo Rodrigo Paz-Cerimedo.
Si eso fue cuando la decadencia y descomposición no eran tan amenazante para el imperialismo, que no será hoy. ¡Vale la alerta!