Opinión
Prólogo de «Jaque a la libertad. El derecho de no asociación»
Tengo el privilegio de prologar la obra Jaque a la libertad. El derecho de no asociación, que constituye la más reciente producción intelectual de mi admirado amigo Miguel Guerrero, sin du- das una de las plumas más brillante del periodismo dominicano.
En esos años de discusión legislativa Miguel Guerrero participó activamente no sólo a través de su habitual columna periodística, sino también mediante exposiciones leídas en vistas públicas celebradas en el Congreso Nacional, en los que expresó su oposición a la colegiación obligatoria fundado en las libertades de asociación y de libre expresión y difusión del pensamiento consagradas constitucionalmente.
Asimismo, importantes sectores de la vida nacional, como la Sociedad Dominicana de Diarios y el entonces Consejo Nacional de Hombres de Empresas; voces respetables de la Iglesia Católica, como el Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Nicolas De Jesús López Rodríguez y el Obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago de los Caballeros, monseñor Jesús María De Jesús Moya; así como juristas de la talla de Ramón Tapia Espinal, Jottin Cury, José Manuel Machado y los expresidentes de la Suprema Corte de Justicia Néstor Contín Aybar y Manuel Ramón Ruiz Tejada, fijaron posiciones no sólo durante el proceso legislativo, sino también con posterioridad a su aprobación, con planteamientos respecto de atentados a la Constitución, no solo en lo atinente a las libertades públicas de asociación y libertad de expresión, sino además a la libertad de empresa. Se cuestionaba asimismo la potestad disciplinaria que le era delegada al Colegio respecto de actuaciones de los periodistas que podían llegar incluso a la suspensión del ejercicio profesional, y, finalmente, el establecimiento de un tributo para beneficio exclusivo de una clase profesional.
Paralelamente, la discusión en torno a la constitucionalidad o no de la colegiación obligatoria de los periodistas tuvo el ingre- diente que se derivaba de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de considerar la obligatoriedad como contrario a la libertad de asociación. En efecto, a propósito de la ley de colegiación de periodistas de Costa Rica, ante una opinión consultiva solicitada por el gobierno de ese país el 8 de julio de 1985, la Corte dijo el 13 de noviembre del mismo año “que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Como reacción a la aprobación, se produjo un acontecimiento probablemente inédito en nuestra historia jurídica, como lo fue la autoincriminación que hicieron “directores de Periódicos Nacionales por si y a nombre de sus respectivas empresas periodísticas” por violación de varias disposiciones de la Ley 148 de 1983. Con esa estrategia, que hacía uso de un mecanismo procesal previsto en el viejo Código de Instrucción Criminal, se aprovechó para atacar por vía de excepción, la inconstitucionalidad de la ley por vicios de forma y fondo.
En primera instancia, sin entrar a considerar el tema constitucional planteado, el tribunal declaró “irrecibible el apodera- miento”, mediante sentencia del 20 de julio de 1985. Apelada esa decisión, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, mediante sentencia de fecha 14 de marzo de 1989, no obstante confirmar la irascibilidad del apoderamiento, entró a pronunciarse sobre un aspecto constitucional, declarando por vía de excepción como inconstitucional por vicio de forma la Ley 148, bajo el fundamento de que se había “establecido que esta fue conocida y aprobada en tres (3) Legislaturas, en violación a lo dispuesto por el artículo 41, párrafo 1ro. de la Constitución de la República”.
Frente a esa decisión, los directores de medios auto incriminados, en una inteligente estrategia jurídica, interpusieron recurso de casación en el que invocaban violaciones constitucionales de fondo, de cara a una posible reintroducción futura de la colegiación obligatoria al Congreso, toda vez que la decisión de la corte no se había referido sino a un aspecto formal de la ley. La Suprema Corte de Justicia el 1 de septiembre de 1989, no se limitó al aspecto constitucional del vicio de procedimiento en la aprobación de la ley, sino que abordó los aspectos sustantivos invocados por los recurrentes, considerando también inconstitucional la exigencia de la obligatoriedad de la colegiación obligatoria. Asimismo, estableció que era contrario a la libertad de trabajo la exigencia de la colegiación en ciertos cargos propios de la empre- sa periodística contenido en la Ley 148, y sostuvo que el gravamen para el sostenimiento del Colegio establecido en la ley resultaba inconstitucional por ser contrario al principio de igualdad.
Aunque el tema central de la obra que prologo gira en torno a los intentos por establecer en nuestro país, desde finales de la década del 70 del siglo pasado, la colegiación obligatoria de los periodistas, su contenido desborda la mera descripción de acontecimientos en el plano legislativo durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano entre los años 1978-1982, partido que desde antes de asumir el poder el 16 de agosto de 1978 había expresado su simpatía y apoyo a la aspiración de una parte de la clase periodística dominicana de regular el oficio en el marco de una colegiación obligatoria, tal y como había sido propuesto en el año 1977 por el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales.
En efecto, el libro Jaque a la libertad. El derecho de no asocia- ción, es también un ejercicio testimonial sobre lo que ha sido la trayectoria del autor respecto de elementos esenciales para la vida en democracia, como lo constituyen las libertades de prensa y de libre expresión del pensamiento.
Dentro de ese andar de la brillante carrera periodística de Mi- guel Guerrero se recrean episodios ocurridos desde la segunda mitad de la década del 70 del siglo pasado, que tocan aspectos geopolíticos de tiempos de la guerra fría, como los debates en el seno de la UNESCO respecto de propuestas de control estatal de los medios de comunicación; decisiones estratégicas del presidente Balaguer de cara a sus aspiraciones a un nuevo período presidencial a partir de 1978 como lo constituyeron, la adhesión de la República Dominicana a la Convención Americana de Derechos Humanos, la celebración en nuestro país de la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Diarios en 1977, y las posicio- nes neutrales del presidente Balaguer sobre el anteproyecto de ley de colegiación auspiciado por el sindicato periodístico.
Termino mis palabras, felicitando a Miguel Guerrero por este nuevo esfuerzo intelectual, escrito con rigor y profundidad, sobre un acontecimiento histórico que fue tema de debates en nuestro país durante casi 15 años, y que resulta desconocido para muchos jóvenes que hoy no sólo disfrutan de un clima de libertades públi- cas, sino además de la posibilidad de expresarse más allá de lo que hasta hace relativamente poco tiempo eran los medios tradiciona- les para la expresión y difusión del pensamiento.
Olivo A. Rodríguez Huertas
Por Isaias Ramos
Una carta de un grupo de obispos católicos brasileños al Pueblo de Dios, fechada el 22 de octubre de 2026, nos devuelve una pregunta urgente: ¿cómo debe responder quien tiene autoridad cuando defender sus principios exige incomodar al poder?
Sus firmantes vincularon el discernimiento ciudadano con la democracia, los derechos laborales, los pobres y la Casa Común. Fue una intervención de esos obispos, no de todo el episcopado. Podemos discutir sus valoraciones políticas y reconocer el valor de asumir públicamente un deber mientras todavía existe oportunidad de prevenir.
Nuestra historia ofrece un antecedente. En enero de 1960, los obispos dominicanos reclamaron respeto a la dignidad humana ante la represión trujillista. Su carta pastoral provocó la hostilidad del régimen contra sus firmantes. Guardando las diferencias históricas, aquel episodio recuerda que la autoridad moral se prueba cuando defender principios tiene un costo.
La responsabilidad de advertir no termina donde comienza la afinidad política. Una institución debe aplicar a sus aliados el criterio que exige a sus adversarios. La confianza se debilita cuando una misma conducta recibe condena o indulgencia según quién la cometa.
Ese examen alcanza a nuestro país. ¿Qué han hecho las autoridades, las instituciones públicas y privadas, los medios, las empresas y las organizaciones sociales y religiosas para corregir las prácticas que deterioran nuestra convivencia? ¿Qué han premiado, tolerado o normalizado?
Cuando la cercanía al poder sustituye al mérito y los indicios de irregularidad se ignoran por conveniencia, enseñamos que cumplir las reglas importa menos que conocer a quien puede dispensarnos de ellas. El daño llega también a quien empieza a preguntarse si actuar honestamente todavía tiene sentido.
La madre que espera atención médica, el trabajador que cumple sus obligaciones y el joven que busca su primer empleo necesitan algo más que exhortaciones a sacrificarse. Necesitan atención sin contactos, oportunidades sin deber favores y reglas que no los dejen atrás por cumplirlas. La igualdad debe sentirse en el trato que reciben.
En esas experiencias reconocemos dimensiones de la crisis material, moral y espiritual que denunciamos. Debemos examinar las decisiones y omisiones de quienes han dirigido la nación durante las últimas décadas y los intereses que las han sostenido. Las responsabilidades deben establecerse con hechos, según la autoridad ejercida y la capacidad real de intervenir.
Una denuncia no equivale a una condena: corresponde a la instancia competente evaluarla conforme a la ley. Cuando se comprueba una irregularidad, debe explicarse qué cambiará, quién lo hará y en qué plazo. La información pública debe respetar las reservas legales y los derechos de las personas.
Ese compromiso alcanza a todos los sectores. Las empresas deben corregir incumplimientos; los medios, investigar sin favoritismos y rectificar de forma visible; las organizaciones religiosas y sociales, sostener sus criterios cuando aplicarlos incomoda a personas cercanas.
Como ciudadanos, podemos contrastar promesas con resultados y rechazar el privilegio que nos beneficia. No podemos exigir una fila justa mientras buscamos a alguien que nos permita saltarla. Nadie necesita esperar a ocupar un cargo para comenzar.
Ningún cargo, uniforme, investidura o influencia concede una dispensa moral. Desde nuestras convicciones cristianas, sostenemos que respondemos ante Dios por nuestros actos y omisiones. Ante la sociedad, corresponde rendir cuentas y asumir las consecuencias que establezca la ley. Quienes tienen mayor autoridad deben responder por ella, pero ningún ciudadano queda exento de cumplir sus deberes.
El bicentenario de nuestra independencia debe encontrarnos en una sociedad donde el orden proteja derechos, la justicia alcance a todos y las oportunidades no dependan del apellido, la fortuna o la cercanía al poder.
La nación que queremos legar a nuestros hijos comienza en el trato que recibe hoy quien carece de influencia. Se construye en cada decisión pública, en cada institución que conserva su independencia y en nuestra conducta cotidiana. Ahí deben reconocerse los valores que les pedimos defender.
El 2044 comienza hoy.
Por Oscar López Reyes
(Exposición ante el XXX Congreso Hispanoamericano de la Prensa)
SANTA CRUZ DE LA SIERRA, Bolivia.- El periodismo contemporáneo humano afronta un lance incisivo con el periodismo algorítmico, por la riña de este último con los códigos deontológicos de la profesión, que enrumba hacia una nueva etapa epistemológica y académica de las ciencias de la comunicación social.
El periodismo humano se esfuerza por la transparencia, la soberanía y el pensamiento crítico, buscando superar la mengua de credibilidad y confianza pública mediática, reducida por los desafueros amparados en la Inteligencia Artificial.
Aunque la IA aporta indiscutibles ventajas técnicas, como la automatización de transcripciones y el análisis de datos multitudinarios, la centralización de los modelos tecnológicos amenaza el pilar democrático de una prensa diversa y conectada con el realismo existencial.
La inteligencia artificial plantea una dualidad y un dilema ético. Concuerda que opere como un puntal técnico y deje el parámetro editorial definitivo y la sensibilidad en manos del periodista humano. Y cambia el periodismo de investigación cuando actúa como un eficaz apoyo funcional para avasallar en el trabajo de campo y el rigor crítico.
Ante el “tsunami” informativo (exceso de noticias rebosantes de ruidos y malicias), urge apelar a la curaduría periodística, separando el trigo de la paja y puntualizando en los ángulos solidarios y comunitarios, sin sesgos algorítmicos. En el arte, la literatura, el derecho y otras disciplinas la curaduría consiste en indagar, filtrar, jerarquizar y cuidar bienes para ser expuestos en público, y en la esfera digital implica testificar y contextualizar volúmenes de datos corpulentos con utilidad adicional y en la veta de la emocionalidad y autenticidades.
Voy a exponer y a clasificar en 7, que denominaré las 7D, los quebrantamientos legales y éticos, y sus formas de contrarrestarlos:
1.- Tergiversación y tejemaneje (deepfakes)
La manipulación y los sesgos informativos se atrincheran en una contienda ética primaria de la era digital, en la cual la IA generativa apalanca como un pedestal primordial, en vista de que está desprovista de entendimiento contextual o moral e inestabiliza el ejercicio periodístico. Textos, audios, videos o imágenes falaces hiperrealistas son diseñados para embaucar a la audiencia o cometer fraudes, como la suplantación de identidades, han interferido en el firmamento global –frecuentemente con eficacia – en decenas de certámenes electorales y suscitado miles de millones en pérdida financieras.
La tergiversación y el tejemaneje informativo por actores políticos o mercenarios digitales -rostros, voces o noticias inventadas- se asientan en tres cimientos: 1) la maquinación malévola de seres humanos, 2) el extractivismo de datos (recolección y monetización ilegal de compañías tecnológicas), y 3) desconfiguración propia de la tecnología.
¿Qué se hace para contenerlos?
Las regulaciones legislativas son la contención, como está siendo demostrado en distintas naciones. La Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, en vigencia desde el 1 de agosto de 2024, prohíbe la manipulación del comportamiento humano y castiga hasta con 35 millones de euros a las corporaciones que cometan infracciones graves. Y en Estados Unidos, la Ley Take It Down, válida desde el 19 de mayo de 2026, fija sanciones de 53 mil dólares, así como medidas cautelares y compensación al consumidor.
2.- Encubrimiento y exclusión (algoritmo)
Con la meta de jerarquizar en secreto estrategias comerciales o gubernamentales, ciertas plataformas encubren y excluyen o invisibilizan noticias, entidades y personas, a sabiendas de que sus algoritmos destilan maquiavelismos técnicos engorrosos, que fecundan adicciones y dañan la salud mental infantil.
Sin cumplir con el “derecho a la explicación” ni aclaratorias para los receptores, los algoritmos entrenados en el modelo de lenguaje perpetúan y repiten referencias históricas, prejuicios relativos a orígenes de personas, género, edad, raza, estatus socioeconómico y discapacidades que avalan para rechazar contrataciones de servicios o el otorgamiento de créditos, que denota la conculcación de derechos y oportunidades.
Para identificar, bloquear o disminuir mensajes mendaces se acude al “ojo crítico”, poniendo en tela de juicio y evaluando para la detección visual y auditiva, y a las plataformas emergentes, como Fac-Checking, la fuente, el perfil y el contexto.
¿Cómo podar los perjuicios de las corporaciones?
Las recientes leyes aprobadas aseguran su invencibilidad. Fiscales, gobiernos locales y ciudadanos de Estados Unidos están ganando demandas judiciales a las gigantes Meta (Facebook, Instagram), TikTok, YouTube y Snapchat. Un tribunal de México multó a Meta (a pagar 375 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y ocultar información sobre las deficiencias y peligros de sus plataformas, las cuales facilitaban activamente la explotación sexual infantil.
3.- Infracción a privacidad y espionaje
Los códigos de ética periodística estipulan el respeto a la privacidad, como un derecho humano esencial pero, a contrapelo, la comunicación digital y su faceta avanzada, la inteligencia artificial, propagan a los cuatro vientos, sin filtro, informaciones privadas de ciudadanos de todas las estirpes. La intromisión en asuntos particulares se acoge, salvo que sean de interés colectivo, como denuncias sobre corrupción, calamidades, delitos contra la sociedad o actos de merecida exaltación.
Diariamente, medios digitales postean cuestiones personales alimentadas por la IA sin tomar en cuenta pilares éticos insustituibles, como proteger el anonimato, guardar el secreto profesional, preservar el derecho a la libre expresión, la dignidad y el dolor ajeno para lucrarse.
En contraste, menoscaban la credibilidad mediática y la confianza social, petardos como el morbo, los rumores, la obtención de informaciones mediante hackeos o filtraciones, el espionaje informático y grabaciones ocultas y telefónicas, como el software Pegasus.
¿Cómo afrontar la desprotección?
Las instancias judiciales han de seguir sentando precedentes contra las compañías que implementan algoritmos que lesionan y estropean a los usuarios, y que están conminando a las corporaciones electrónicas y computacionales a establecer controles de edad estrictos y sistemas avanzados de supervisión constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.
En agosto de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos impuso una multa y acuerdo de 400 millones de dólares a Tik Tok, por quebrantar la Ley de Protección de la Privacidad del Menor en Internet, lo que permitió que menores de 13 años crearan cuentas sin el consentimiento de sus padres. Y, cientos de familias y distritos escolares de Estados Unidos imputaron en los tribunales a Meta, TikTok, YouTube y Snapchat por emplear artefacto como el scroll infinito y las notificaciones constantes que provocan ansiedad, depresión, autolesiones y suicidios.
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Referencias bibliográficas:
1.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid,
España, España, 2017.
2.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.
3.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.
4.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
5.- Inteligencia Artificial. Guía definitiva desde los orígenes a la IA generativa, Adrián González Sánchez y Laura Sánchez Fernández, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2025.
6.- Liderando la era de la IA generativa: Playbook ejecutivo para convertirse en el líder que impulsa la transformación de su empresa, Adrián González Sánchez, Marcombo, Alpha Editorial, Barcelona, España, 2026.
7. Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/.
8. Noticia de Agencia (Agência Brasil). Agência Brasil. (2026, 6 de febrero). Contenidos falsos creados con IA se triplican entre 2024 y 2025.,.
9. Reportaje periodístico (El Nacional / BBC). Titheradge, N., y Malchevska, O. (2026, 22 de marzo). ¿Por qué ChatGPT aconsejó a una joven rusa suicidarse? El Nacional, p. 7.
10. Artículo de opinión/tecnología (Vía Tecnológica). Díaz, R. (s.f.). La IA no es confiable, y esta es la razón. Vía Tecnológica.
11. Artículo sobre salud (The New York Times / Estudio). Rosenbluth, T. (2025, 29 de octubre). Los consejos de salud de los chatbots de IA suelen ser erróneos, según un estudio.
12. Breve de prensa (Fraude con IA). Agencias. (s.f.). Gana millones por fraude con IA.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando a cabo una investigación respecto al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado. Este corto plazo asegura que la Corte no padezca de retrasos innecesarios con el cumplimiento de sus funciones.
El Estatuto de Roma prevé que el Estado podrá informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones. Aunque los Estados no están obligados a informar a la Corte de sus propias investigaciones, sería aconsejable que un Estado informará a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.
Una vez que el Estado solicite inhibición de competencia de la CPI de una investigación , el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso..
Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes deberán responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la Corte Penal Internacional.
Finalmente, El Fiscal podrá solicitar al Estado que se trate que le comunique sobre las actuaciones y solicitar que dichas informaciones sean mantenidas bajo confidencialidad.