Nacionales
Protestas en la UASD y pueblos del Cibao dejan dos muertos
Consejo universitario autoriza que la Policía entre al campus a investigar y esclarecer la muerte de un coronel
Las manifestaciones violentas obligaron a cerrar los negocios en San Francisco de Macorís.
Investigadores policiales examinan la escena donde cayó abatido el coronel.
La UASD autoriza a la PN y al Ministerio Público requisar el campus; disturbios paralizan pueblos del Cibao.
Las protestas registradas en las últimas horas, con la utilización de armas de alto calibre, en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y varios pueblos del Cibao, dejaron ayer un saldo de dos muertos y diez heridos, incluyendo un coronel de la Policía Nacional abatido de un tiro en la cabeza. El coronel Julián Suárez Cordero recibió un impacto de bala mientras dispersaba a los estudiantes que protestaban en el campus de la UASD.
En tanto que en San Francisco de Macorís resultó muerto Félix Hernández Valentín, de 24 años, residente en el sector Vista al Valle. Según la versión policial, el fallecido, junto a otros encapuchados, enfrentó a los agentes, en los alrededores de la cancha de la Máximo Gómez, en el inicio de la protesta por 48 horas convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) en demanda de obras y otras reivindicaciones.
La Policía Nacional se declaró en luto por la muerte del coronel. El jefe de la institución, mayor general José Armando Polanco Gómez, acusó a algunas autoridades y políticos de permitir que estudiantes penetren a la UASD con armas de alto calibre. “Cinco o seis delincuentes en el interior de la UASD, con complicidad con algunas autoridades y algunos funcionarios, y hay políticos también que son cómplices de esto, permiten que delincuentes terroristas armados con fusiles entren al campus de la UASD”, sostuvo Polanco Gómez.
“Los que cometieron ese hecho los vamos a buscar, no importa a quien tengan de sombrilla. Les vamos a dar una respuesta que va a ser tal para cual”, advirtió Polanco Gómez.
Justo en los momentos en que el jefe de la Policía hacía estos pronunciamientos, a los hijos de Suárez Cordero se les veía turbados. Caminaban de un lado a otro en el patio del Centro Médico UCE. Juan Ramón Suárez, de 20 años, hijo menor del malogrado coronel, solo pide que la Policía atrape y someta a la Justicia a las personas que mataron a su papá.
Por su lado, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como un acto criminal la muerte del oficial. A propósito, el Consejo Universitario autorizó a las autoridades policiales, acompañados de la prensa y el Ministerio Público, revisar el campus de la institución para la investigación en torno a los sucesos.
En los disturbios de la UASD también resultó herido el coronel Julio Justino Rodríguez, subdirector de Operaciones Policiales, quien recibió un impacto de bala en una pierna, el raso Rafael Batista Pérez, herido en una mano, y Juan de Jesús Pérez, quien pasaba por los predios de la UASD y fue alcanzado por un disparo en un costado.
El fuero
La ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, favoreció la eliminación del fuero universitario para incrementar la vigilancia dentro de la UASD, para evitar que extraños entren y alteren el orden. “Yo creo que ya se necesita que eso se quite y que haya una vigilancia permanente dentro de la institución, que evite que entren los que van a alterar el orden, porque esas cosas ocurren no con los estudiantes que están ahí adentro, sino con los infiltrados”, manifestó.
Heridos en el Cibao
En el Cibao, el primer día del paro por 48 horas dejó un saldo de un manifestante muerto, siete heridos de balas y perdigones. Hechos violentos se registraron en San Francisco de Macorís, Bonao, Salcedo, Esperanza, Mao y otras comunidades. El comercio cerró sus puertas debido a la explosión de artefactos casero.
El segundo teniente Luis Manuel López Luciano, comandante del destacamento policial del distrito municipal de Jicomé, tuvo que ser internado en un centro de salud privado de Mao, debido a herida de arma de fuego en el tobillo derecho. l
Grupos exigen mejoría de servicios básicos
Las comunidades en paro demandan nacionalizar la minera Barrick Gold, rechazo a las pretensiones de explotar a Loma de Miranda entre La Vega y Bonao. También piden mejoría del servicio eléctrico, agua potable y arreglo de vías. Además reclaman la entrega de 140 millones que supuestamente fueron desviados en la construcción de los edificios de la universidad CURCE-UASD de Monseñor Nouel.
El Caribe
Nacionales
Director de La República advierte que Congreso Nacional no tiene la facultad para anular candidaturas independientes.
Por Elba García
El doctor José Cabral Salcedo, especialista en derecho constitucional, además de periodista y empresario, quien ostenta la dirección del diario La República, aclaró que no es verdad que el proyecto que se conoce actualmente en la Cámara de Diputados y que ya fue aprobado en el Senado de la República elimine las candidaturas independientes.
El profesional del derecho sostuvo que el esfuerzo de los diputados y senadores más que en contra de las candidaturas independientes se trata de una aspiración que pone en peligro todo el sistema legal e institucional de la nación.
Dice que intentar eliminar las candidaturas independientes es conspirar en contra de la propia Constitución de la República, ya que es la carta magna la que otorga la facultad al TC de interpretar las normas que chocan con la ley sustantiva de la nación, a los fines de procurar que las mismas se ajusten al control de la constitucionalidad.
La intención de eliminar las candidaturas independientes es lo mismo que conspirar en contra del sistema democrático e institucional de la nación, lo que indica el estado de desesperación de los partidos políticos ante el descredito que les afecta, añadió el periodista, abogado y empresario.
Cabral Salcedo advirtió que de aprobarse el proyecto de ley que se conoce ahora en la Cámara de Diputados deja el problema en manos del presidente Luis Abinader, quien tiene la opción de promulgarla u observarla en virtud de que la misma sería un contrasentido jurídico que cuestionaría todo el régimen jurídico interno y externo.
Sin embargo, advirtió que ante la conversión en ley del proyecto que se conoce ahora en la Cámara de Diputados y si es promulgado por el presidente Abinader implicaría la presentación de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional que es el único facultado para interpretar la constitucionalidad de una norma.
Explico que decir que la Constitución habla de que las aspiraciones políticas sólo pueden ser canalizadas a través de los partidos, según la interpretación que se le ha querida dar al artículo 216 de la carta magna, pese a que la ley sustantiva de la nación debe leerse íntegramente y naturalmente incluyendo el artículo 22 que habla de los derechos ciudadanos, sobre todo en lo que respecta al principio de elegir y ser elegido.
El abogado, periodista y empresario advierte que la jurisprudencia del TC sólo puede ser eliminarla por el propio alto tribunal mediante la figura del overrruling, la cual es la técnica jurídica mediante la cual un tribunal constitucional revoca o cambia un precedente vinculante anterior, sustituyéndolo por una nueva doctrina, a los fines de adaptar el derecho a nuevos contextos sociales, morales, económicos y políticos, lo que permite superar normas jurisprudenciales obsoletas, injustas o incompatibles con el ordenamiento actual.
Sin embargo, el profesional del derecho aclara que ese no es el caso de la sentencia que sienta jurisprudencia sobre las candidaturas independientes, la TC/0788/24, ya que para que el TC cambie el criterio en esta materia tiene que producirse una afectación de un derecho fundamental cuando en la misma se produce todo lo contrario con la protección del principio de elegir y ser elegido, pero además del de igualdad, proporcionalidad, legalidad, pro participación y el de dignidad humana.
Esta situación hace prácticamente imposible la posibilidad de que las pretensiones de los diputados y senadores se concrete, porque sencillamente no hay forma de que sus acciones al margen del principio de legalidad tengan éxito, ya que la interpretación del Tribunal Constitucional se ajusta del artículo 47 de la Ley 137-11 y también al 184 y 185 de la constitución de la República.
Cabral Salcedo sostuvo que con el proyecto de ley que busca eliminar las candidaturas independientes el Congreso Nacional no sólo se pone al margen del régimen legal, sino también de la institucionalidad de la nación y además deja claro que los legisladores de la llamada partidocracia se creen dueños del sistema, principalmente los perremeistas que fundamentaron su llegada al poder en que en la República Dominicana se consolidaba un partido-Estado a través del PLD, pero resulta que ahora ellos son más antidemocráticos que las pasadas autoridades.
Cabral Salcedo llamó al presidente Luis Abinader a no ser parte de un plan que compromete la responsabilidad civil y penal del Estado por tratarse de la violación de un derecho fundamental como el de elegir y ser elegido, consignado, además, en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica.
Santo Domingo, R.D.-El mantenimiento del arresto domiciliario dispuso la jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.
La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.
De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.
El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).
Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.
Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Santo Domingo, R.D.-La decision de el Septimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional será apelada por el Ministerio Público mediante la cual otorgó un auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.
El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.
Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.
La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.
Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.
El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.