Nacionales
Protestas en la UASD y pueblos del Cibao dejan dos muertos
Consejo universitario autoriza que la Policía entre al campus a investigar y esclarecer la muerte de un coronel
Las manifestaciones violentas obligaron a cerrar los negocios en San Francisco de Macorís.
Investigadores policiales examinan la escena donde cayó abatido el coronel.
La UASD autoriza a la PN y al Ministerio Público requisar el campus; disturbios paralizan pueblos del Cibao.
Las protestas registradas en las últimas horas, con la utilización de armas de alto calibre, en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y varios pueblos del Cibao, dejaron ayer un saldo de dos muertos y diez heridos, incluyendo un coronel de la Policía Nacional abatido de un tiro en la cabeza. El coronel Julián Suárez Cordero recibió un impacto de bala mientras dispersaba a los estudiantes que protestaban en el campus de la UASD.
En tanto que en San Francisco de Macorís resultó muerto Félix Hernández Valentín, de 24 años, residente en el sector Vista al Valle. Según la versión policial, el fallecido, junto a otros encapuchados, enfrentó a los agentes, en los alrededores de la cancha de la Máximo Gómez, en el inicio de la protesta por 48 horas convocada por el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) en demanda de obras y otras reivindicaciones.
La Policía Nacional se declaró en luto por la muerte del coronel. El jefe de la institución, mayor general José Armando Polanco Gómez, acusó a algunas autoridades y políticos de permitir que estudiantes penetren a la UASD con armas de alto calibre. “Cinco o seis delincuentes en el interior de la UASD, con complicidad con algunas autoridades y algunos funcionarios, y hay políticos también que son cómplices de esto, permiten que delincuentes terroristas armados con fusiles entren al campus de la UASD”, sostuvo Polanco Gómez.
“Los que cometieron ese hecho los vamos a buscar, no importa a quien tengan de sombrilla. Les vamos a dar una respuesta que va a ser tal para cual”, advirtió Polanco Gómez.
Justo en los momentos en que el jefe de la Policía hacía estos pronunciamientos, a los hijos de Suárez Cordero se les veía turbados. Caminaban de un lado a otro en el patio del Centro Médico UCE. Juan Ramón Suárez, de 20 años, hijo menor del malogrado coronel, solo pide que la Policía atrape y someta a la Justicia a las personas que mataron a su papá.
Por su lado, el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como un acto criminal la muerte del oficial. A propósito, el Consejo Universitario autorizó a las autoridades policiales, acompañados de la prensa y el Ministerio Público, revisar el campus de la institución para la investigación en torno a los sucesos.
En los disturbios de la UASD también resultó herido el coronel Julio Justino Rodríguez, subdirector de Operaciones Policiales, quien recibió un impacto de bala en una pierna, el raso Rafael Batista Pérez, herido en una mano, y Juan de Jesús Pérez, quien pasaba por los predios de la UASD y fue alcanzado por un disparo en un costado.
El fuero
La ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo, favoreció la eliminación del fuero universitario para incrementar la vigilancia dentro de la UASD, para evitar que extraños entren y alteren el orden. “Yo creo que ya se necesita que eso se quite y que haya una vigilancia permanente dentro de la institución, que evite que entren los que van a alterar el orden, porque esas cosas ocurren no con los estudiantes que están ahí adentro, sino con los infiltrados”, manifestó.
Heridos en el Cibao
En el Cibao, el primer día del paro por 48 horas dejó un saldo de un manifestante muerto, siete heridos de balas y perdigones. Hechos violentos se registraron en San Francisco de Macorís, Bonao, Salcedo, Esperanza, Mao y otras comunidades. El comercio cerró sus puertas debido a la explosión de artefactos casero.
El segundo teniente Luis Manuel López Luciano, comandante del destacamento policial del distrito municipal de Jicomé, tuvo que ser internado en un centro de salud privado de Mao, debido a herida de arma de fuego en el tobillo derecho. l
Grupos exigen mejoría de servicios básicos
Las comunidades en paro demandan nacionalizar la minera Barrick Gold, rechazo a las pretensiones de explotar a Loma de Miranda entre La Vega y Bonao. También piden mejoría del servicio eléctrico, agua potable y arreglo de vías. Además reclaman la entrega de 140 millones que supuestamente fueron desviados en la construcción de los edificios de la universidad CURCE-UASD de Monseñor Nouel.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.