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Buscan reducir un 75 % al valor de las multas de tránsito
Santo Domingo, R.D.-La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados estudia un proyecto que persigue reducir un 75 por ciento del valor de las multas de tránsito aplicadas para cada violación o infracción establecida en la Ley de Modalidad y Transporte Terrestre.
De acuerdo con la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las infracciones leves de tránsito se castigarán con una multa correspondiente a un salario mínimo del sector público, las menos graves deberán pagar hasta cinco salarios mínimos y las graves tendrán multas de 50 salarios mínimos.
Sin embargo, de acuerdo a la modificación a la ley, que propuso el diputado Tobías Crespo, a estos montos se le reduciría un 75 % del valor. La iniciativa de ley exceptúa del beneficio a las sanciones que impliquen multas administrativas impuestas a violaciones al servicio del transporte público.
Para sustentar su propuesta de reducción, el autor de la pieza alega que los salarios en la República Dominicana son muy bajos, de acuerdo a un estudio anexado al proyecto. En el informe, la Tesorería de la Seguridad Social explica que la mayoría de los empleados dominicanos devenga salarios bajos.
En ese sentido, el proponente aduce que «no es justo» que los ciudadanos paguen multas que superen su capacidad financiera.
Fiscalizar fondos
El artículo tres del proyecto de ley dispone que la Contraloría General de la República establecerá un programa de mecanismos de control y fiscalización de las actas de infracción y de las sanciones impuestas como multas.
Asimismo, ordena a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que informen anualmente a una comisión del Congreso Nacional los resultados de las actas de infracción, las multas recaudadas y dónde se han invertido.
Cambio en la distribución de los fondos
La pieza congresual, presentada por el diputado Crespo, de la Fuerza del Pueblo, también propone la redistribución de los fondos que se obtienen por multas. En la actual Ley 63-17, un 75% de lo recaudado por multas va a la Procuraduría General de la República, mientras que el restante 25% va al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Al respecto, la iniciativa sugiere que los fondos sean reasignados para que un 30% esté dirigido al municipio donde se produjo la infracción, un 25% a la Procuraduría, un 25% al Intrant y otro 20% a la Digesett.
Proceso
El proyecto de ley fue depositado en la Cámara de Diputados el 16 de marzo y enviado a la Comisión de Obras Públicas el 28 de marzo. Ya tiene plazo vencido, por lo que el equipo de diputados que lo estudia debe presentar su informe ante el hemiciclo.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.