Santo Domingo, R.D.-La Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados estudia un proyecto que persigue reducir un 75 por ciento del valor de las multas de tránsito aplicadas para cada violación o infracción establecida en la Ley de Modalidad y Transporte Terrestre.
De acuerdo con la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, las infracciones leves de tránsito se castigarán con una multa correspondiente a un salario mínimo del sector público, las menos graves deberán pagar hasta cinco salarios mínimos y las graves tendrán multas de 50 salarios mínimos.
Sin embargo, de acuerdo a la modificación a la ley, que propuso el diputado Tobías Crespo, a estos montos se le reduciría un 75 % del valor. La iniciativa de ley exceptúa del beneficio a las sanciones que impliquen multas administrativas impuestas a violaciones al servicio del transporte público.
También, el proyecto destaca que las disposiciones para reducir el monto de las multas no eximen de responsabilidad penal o civil a los infractores que cometan violaciones graves a la Ley de Tránsito.
Para sustentar su propuesta de reducción, el autor de la pieza alega que los salarios en la República Dominicana son muy bajos, de acuerdo a un estudio anexado al proyecto. En el informe, la Tesorería de la Seguridad Social explica que la mayoría de los empleados dominicanos devenga salarios bajos.
En ese sentido, el proponente aduce que «no es justo» que los ciudadanos paguen multas que superen su capacidad financiera.
Fiscalizar fondos
El artículo tres del proyecto de ley dispone que la Contraloría General de la República establecerá un programa de mecanismos de control y fiscalización de las actas de infracción y de las sanciones impuestas como multas.
Asimismo, ordena a la Procuraduría General de la República y a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), que informen anualmente a una comisión del Congreso Nacional los resultados de las actas de infracción, las multas recaudadas y dónde se han invertido.
Cambio en la distribución de los fondos
La pieza congresual, presentada por el diputado Crespo, de la Fuerza del Pueblo, también propone la redistribución de los fondos que se obtienen por multas. En la actual Ley 63-17, un 75% de lo recaudado por multas va a la Procuraduría General de la República, mientras que el restante 25% va al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Al respecto, la iniciativa sugiere que los fondos sean reasignados para que un 30% esté dirigido al municipio donde se produjo la infracción, un 25% a la Procuraduría, un 25% al Intrant y otro 20% a la Digesett.
Proceso
El proyecto de ley fue depositado en la Cámara de Diputados el 16 de marzo y enviado a la Comisión de Obras Públicas el 28 de marzo. Ya tiene plazo vencido, por lo que el equipo de diputados que lo estudia debe presentar su informe ante el hemiciclo.