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Opinión

Puerto Rico: causas del desastre

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Por Narciso Isa Conde

Es conocido, y muy sentido por los seres humanos sensibles ante las desgracias en otros países, que el potente huracán María devastó la isla de Puerto Rico, ocasionándole enormes calamidades a su pueblo.

También se sabe que una reciente cadena de terremotos ha sumado más tragedia sobre aquel desastre colosal.

Mucho se habla –y con razón- del cambio climático y los graves daños ocasionados a la naturaleza por el actual orden mundial como factor acelerador de esos “fenómenos naturales” y sus “poderes destructivos”.

Pero poco se conoce y se dice –algo fríamente calculado en la agenda del poder mediático- que Puerto Rico estaba en quiebra antes del impacto de esos fenómenos.

  • LA DIMENSIÓN DE LA QUIEBRA.

En quiebra y amenazado por el plan de austeridad anti-popular, por la Ley Promesa y la imposición estadounidense de la Junta de Control Fiscal destinada a intervenir la administración; todo esto en el contexto y como consecuencia del endurecimiento del  coloniaje y  las políticas neoliberales.

De las privatizaciones.

Del brutal aumento de las desigualdades sociales, los despidos masivos, cierre de escuelas, centros de salud y traslado a otras zonas más rentables de numerosas empresas productivas.

Del deterioro ambiental y éxodo masivo a la metrópolis de una gran parte de su fuerza intelectual y de trabajo.

De la degradación de la agropecuaria y la corrupción e ineptitud gubernamental a niveles sin precedentes.

De la apropiación privada del sistema eléctrico y el recorte brutal de las políticas sociales.

De la profunda dependencia de las importaciones de alimentos y mercancías  vitales.

Del endeudamiento externo  a tono con la usura imperialista.

De la voracidad y las mega-ganancias del gran capital.

  • CAPITALISMO DEL DESASTRE Y CICLÓN NEOLIBERAL.

Así, la economía y la vida social recibieron en Puerto Rico, antes del huracán María y los terremotos, golpes tras golpes que la condujeron a la quiebra.

El poderoso ciclón neoliberal, y lo que los boricuas críticos del poder establecido han llamado “capitalismo del desastre”, pasaron antes con sus efectos devastadores por esa hermosa isla caribeña.

El verdadero desastre ha sido, por tanto, causado por una tragedia política y social impuesta por EEUU y los súper-ricos boricuas, que  a su vez han incrementado dramáticamente la vulnerabilidad de la sociedad y el territorio puertorriqueño frente a huracanes y terremotos.

Una tragedia a la que han pretendido agregarle el pago compulsivo de una deuda de 73 mil millones de dólares; disfrutada y saqueada por los detentadores del poder, y rechazada por gran parte de la sociedad.

En ese sentido tienen gran tino y valor las palabras de la Alcaldesa independentista Carmen Yulín Cruz cuando caracterizó así la situación de su país después del impacto de los dos últimos huracanes:

“Los huracanes Irma y María han desenmascarado el colonialismo al que enfrentamos en Puerto Rico y la desigualdad que fomenta creando una grave crisis humanitaria” (Comentario al libro “LA BATALLA POR EL PARAÍSO.- Puerto  Rico y el capitalismo del desastre” de Naomi Klein, contraportada, Haymarket Book, Chicago, Illinois.)

Algo similar puede también afirmarse luego de los daños ocasionados por los fuertes temblores de tierra que en días reciente volvieron a azotar  el archipiélago borinqueño.

Pero vale decir en este caso que “no hay mal que por bien no venga”, porque la conformación de ese cuadro dramático ha abierto cauce a una interesante confrontación de ideas y acciones respecto al qué hacer para superar la tragedia social y la destrucción material del país; confrontación a todas luces irreconciliable entre los/as patriotas puertorriqueños/as, de una parte, y los colonialistas y pro-colonialista súper-enriquecidos, de la otra.

  • EL CAMINO A SEGUIR.

¿Cómo recrear la isla?

¿Cuál modelo  establecer?

Es obvio que el colonialismo y sus recetas han fracasado.

Está claro que el neoliberalismo le ha impreso con dureza el sello del desastre al capitalismo de estos tiempo; desastre agravado por la gansterización  de la globalización del gran capital y sus vasallos.

Pero los sustentadores de los modelos derivado de la nefasta restructuración del capitalismo ejecutada desde  sus centros de decisiones en EEUU y Europa Occidental,  se empecinan en profundizarlos y remodelarlos con una fuerte impronta  post-moderna, que en el caso de Puerto Rico procura transformarlo en “epicentro de un mercado de miles y miles de millones de dólares”, esto es, abrir paso a su “conversión en el HONG KONG del Caribe”, a partir de estos ejes:

-Financierización total de la economía de la isla.

-Paraíso fiscal sin nadie que pueda hacerle competencia.

-Eliminación de impuestos a  los ingresos de las corporaciones y magnates especuladores que operen en la isla o hacia la isla (siempre  que pasen allí 183 días, equivalente justamente al invierno estadounidense).

-Parque de atracciones para los multimillonarios de la “cripto-divisas”, incluido yoga, drogas, juegos, surfing, golf, playas hermosas y ciudades privadas.

-Infierno para el pueblo empobrecido, compelido a un éxodo mayor.

-Sectores medios forzados a vender sus propiedades a precios irrisorios.

-Religiones ficticias usadas para encubrir la real: la evasión de impuesto y la especulación financiera.

A contracorriente de ese nuevo engendro de los capitales volátiles, como resultado de la convicción colectiva de no pocos componentes de pueblo boricua apabullado por el capitalismo del desastre,  brota la necesidad imperiosa de otro modelo.

Sí, esa necesidad brota de hechos que muestran como sobreviven  o renacen con rapidez -después del impacto desbastador de esos fenómenos naturales- sobre todo lo que se sale de las imposiciones foráneas.

 Las alternativas brotan precisamente de lo que ha estado fuera de los mecanismo de importación, los sistemas energéticos convencionales, la depredación ambiental, la burocracia corrupta, la transformación de los servicios públicos en negocios, la usura sin límites y los mega-proyectos vulnerables a las descargas naturales.

El drama sufrido, la dimensión del desastre, el descubrimiento de sus causas… están permitiendo aquilatar el valor los huertos escolares, del trabajo colectivo en la reconstrucción, los proyectos comunitarios, los proyectos agro-ecológicos, las unidades de energía alternativa, la igualdad de género, la auto-gestión, los programas de educación agrícola, los centros de apoyo mutuo, la vida comunitaria…

Es la lucha por su sobrevivencia como pueblo y como país, que desde la indignación acumulada, está obligando a buscar y a crear rutas de igualdad, predominio de lo común y avances hacia una sociedad solidaria, justa y sostenible.

Está ya más claro que todo eso fue caldo de cultivo  -ahora más potenciado que antes- de las movilizaciones multitudinarias que se llevaron de paro al elitista y  corrupto Gobernador Roselló, apuntando a fortalecer ejercicio de la democracia de calle y el poder de revocación del soberano.

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Opinión

De corruptos a aspirantes o candidatos presidenciales

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Por José Cabral

Son muy variados los ejemplos de personajes de la política nacional que luego de ser señalados por el rumor popular o luego de habérseles instrumentado un expediente por corrupción pasan a ser aspirantes o candidatos presidenciales.

Hay otros casos en los que algunos de los que han sustraído fondos públicos desde un ministerio o cualquier otro cargo en el Estado pasan a ser legisladores y se les ocurre presentar un proyecto de ley para combatir la corrupción cuando ya tienen a través de ese mismo ilícito los bolsillos llenos.

Este fenómeno es muy común en países como la República Dominicana y otros tantos de Latinoamérica, ya que incluso el corrupto que se apropió de dinero del patrimonio público se presenta en los medios de comunicación como una persona limpia, sin tachas.

Este asunto, que debe ser parte de un debate nacional, amenaza con que no pocos de este tipo de personajes pretendan presentarse como candidatos en las elecciones del 2028.

El escollo consiste para exigirles a este tipo de personajes que rindan cuentas en que siempre se apoyan en la presunción de inocencia, sobre todo porque en el país no existe una fortaleza institucional que permita exigirles que expliquen la procedencia de sus fortunas.

Sin embargo, sería bueno que para una próxima contienda electoral estos personales digan al pueblo dominicano cómo adquirieron las riquezas que tienen, porque resulta prácticamente imposible que se pueda iniciar algún proceso legal en su contra.

Pero para que sus aspiraciones tengan mayor legitimidad deben hablar de los orígenes de sus fortunas, porque no parece haber vías que las justifiquen.

Entre los que ahora aparecen en el escenario electoral a destiempo están Francisco Javier García, quien se afirma que posee una fortuna relativamente muy grande, la cual, si es verdad que la tiene, su procedencia tiene que ser necesariamente del Estado dominicano.

Ya anteriormente hubo otros aspirantes o candidatos presidenciales que aprovecharon su riqueza para ser candidatos presidenciales, como por ejemplo Abel Martínez, Amarante Baret, Temístocles Montás, entre otros tantos, que han tenido por consigna enriquecerse primero y aspirar después.

Lo grande del problema es que ahora comienzan a intoxicar prematuramente como si sus pecados no tuvieron ninguna importancia para un pueblo lleno de precariedades y limitaciones mientras su dinero es disfrutado por pelafustanes de la politiquería nacional.

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Opinión

El Presidente Visibiliza la Miseria del Pueblo Dominicano: Una Realidad Alarmante

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Por Isaías Ramos

En LA Semanal de este lunes, el Presidente de la República reveló una verdad dolorosa: más del 40 % de la población dominicana vive en extrema pobreza y miseria. Un sistema político neoliberal salvaje, implantado desde 1996 y acentuado en los últimos años, ha sumido al pueblo en condiciones inhumanas.

Es indignante que un fracaso rotundo se promocione como un logro. El hecho de que 1.496.000 hogares dominicanos reciban apenas 1.650 pesos mensuales a través del programa Supérate —una cifra insignificante que no alcanza ni 1 dólar diario— contrasta cruelmente con la opulencia desmedida de una élite privilegiada que se beneficia del saqueo de los recursos nacionales.

Este modelo económico excluyente ha dejado de lado el bienestar del pueblo, violando flagrantemente el mandato constitucional de un Estado Social y Democrático de Derecho.

Este gobierno, al igual que los anteriores, actúa de manera cruel, protegiendo únicamente los intereses de una élite política y financiera en detrimento del resto de la sociedad. Se está produciendo una clara violación del principio de igualdad y justicia social sobre el cual debería regirse un Estado Social y Democrático de Derecho.

Es preocupante que, bajo este contexto constitucional, se promueva un sistema económico basado en un liberalismo extremo que favorece a unos pocos privilegiados mientras ignora las necesidades básicas y los derechos humanos del resto de la población. Esta situación constituye una aberración ética y moral, ya que va en contra de los principios fundamentales de dignidad humana, equidad e inclusión que deben guiar cualquier forma legítima de gobierno.

La entrega progresiva de las instituciones públicas a intereses corporativos solo garantiza la consolidación del poder en manos de unos pocos, empeorando la situación ya crítica en la que se encuentra la mayoría. Si permitimos que esta clase política continúe con su agenda destructiva, estaremos condenados a vivir en condiciones peores que las de países como Haití, Cuba o Venezuela.

Detrás de este acelerado deterioro se encuentran desafíos devastadores como el desempleo, la violencia, la migración y la educación precaria, que exacerban el subdesarrollo en nuestra nación.

Es hora de despertar y alzar nuestra voz contra esta injusticia. Enfrentémonos unidos para defender nuestros derechos fundamentales y luchar por un verdadero Estado Social y Democrático. No podemos permitir que nos arrebaten nuestra dignidad ni que conviertan al país en un feudo donde solo unos pocos prosperan a costa del sufrimiento colectivo.

Esto subraya la urgencia de implementar políticas más efectivas y sostenibles que aborden las causas estructurales de la pobreza y promuevan un mayor bienestar social para todos los ciudadanos.

Desde el frente cívico y social, hacemos un llamado urgente a todos los dominicanos comprometidos con la justicia y la libertad: es momento de resistir y defender nuestro futuro como nación soberana. No caigamos en el letargo ni permitamos que nos despojen de lo poco que nos queda. Levantémonos juntos por el sueño de Duarte, por un país donde prime la igualdad y el respeto por los derechos humanos consagrados en nuestra constitución.

Juntos podemos construir un mejor mañana si nos mantenemos firmes ante las adversidades y luchamos incansablemente por una sociedad más equitativa e íntegra para todos. ¡Despierta RD!

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Opinión

Procedimientos  relevantes del Estatuto de Roma

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Por Rommel Santos Diaz

Una vez que se remita a la Corte Penal Internacional una situación que requiera atención a la CPI, o una vez que el Fiscal de la CPI identifique la aparente comisión de un crimen con  competencia de la CPI, el Fiscal de la CPI debe determinar si existe fundamento razonable para iniciar una investigación. El Fiscal deberá solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI la autorización de cualquier investigación iniciada de oficio por el Fiscal.

Desde el momento en que el Fiscal inicie la investigación basada en la referencia de un Estado Parte, se debe notificar a todos los Estados Partes. El Fiscal debe también notificar  a cualquier otro Estado que normalmente sería competente sobre los crímenes en cuestión.

Se debe de resaltar que el Fiscal puede notificar de forma confidencial, y limitar la información provista a los Estados, si es necesario para proteger a ciertas personas, prevenir la destrucción de prueba, o impedir que ciertas personas evadan la justicia.

El artículo 18 del Estatuto de Roma señala que los Estados cuentan con un mes después de la recepción de la notificación, para informar a la Corte Penal Internacional de que esta llevando  o ha llevado a cabo una investigación respecto  al mismo caso, y para solicitar al Fiscal que renuncie a su competencia a favor del Estado.

Ese corto plazo asegura que la Corte Penal Internacional no padezca de retrasos  innecesarios con el cumplimiento de sus funciones. El artículo 18 del Estatuto de Roma también prevé que ¨el Estado podrá informar a la Corte de sus propias investigaciones¨.

En otro orden, los Estados no  están obligados a informar a la Corte Penal Internacional de sus propias investigaciones, por lo que seria  aconsejable  que un Estado  informará  a la Corte sobre sus propias investigaciones, para así evitar una duplicación innecesaria de esfuerzos y asegurar que la CPI se inhiba de su competencia a favor del Estado.

Una vez que un Estado solicite la inhibición de competencia de la Corte Penal Internacional de una investigación, el Fiscal esta obligado a suspender la investigación del caso. Sin embargo, el Fiscal podrá solicitar a estos Estados  que le informen periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados partes deben  responder a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

Aun si un Estado no solicita al Fiscal la inhibición de su competencia a favor del Estado, el Fiscal puede suspender la investigación de la CPI. El Fiscal podra solicitar al Estado de que se trate que le comunique sobre las actuaciones. En ese orden los Estados pueden solicitar que dicha información  sea confidencial.

Si el Fiscal o la Sección de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional tienen reparos  sobre la conducción  de la investigación  y el juicio llevado a cabo por un Estado, la Sala de Cuestiones puede autorizar al Fiscal para que proceda con una investigación , ya sea por primera vez, o después de un periodo de suspensión, o cuando ha habido cambios significativos de circunstancias en el Estado.

Finalmente, los Estados pueden apelar la resolución preliminar ante la Sala de Apelaciones. Cuando el Fiscal decida  inhibirse de su competencia en una investigación sin notificación del Estado, el Estado de que se trate deberá ser notificado si el Fiscal decide posteriormente reabrir  la investigación, según el artículo 19 del Estatuto de Roma. En algunos casos, los Estados podrán impugnar la admisibilidad del caso, según el mismo artículo 19 del Estatuto de Roma.

[email protected]

 

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