Análisis Noticiosos
Racionalidad en toda inversión
Por Juan Bolívar Díaz
Hay que justificar la carretera Norte-Sur en términos de utilidad
Aunque el presidente Danilo Medina e importantes sectores sociales están entusiasmados con la construcción de una nueva carretera para unir las regiones norte y sur del país, una obra de esa magnitud no debería iniciarse sin estudios serios sobre sus costos económicos, ecológicos y sociales y sin ser sometida a la criba de una absoluta racionalidad que determine si es prioritaria o corresponde a otra etapa del desarrollo nacional.Nadie debe oponerse por capricho a una legítima aspiración de importantes sectores que lucen convencidos de la prioridad de esa obra, pero tampoco sus promotores deben rechazar una ponderación fría y objetiva de su procedencia, sobre todo si se presentan alternativas de menores costos económicos y ecológicos.
Es cierto que aquí como en todo el mundo hay ecologistas a ultranza que no entienden que todo desarrollo, toda infraestructura vial, urbanística, industrial o mineral, conlleva un costo para la naturaleza. Pero no son los criterios ecologistas los que han predominado aquí ni en el mundo, razón por la cual estamos matando la tierra.
Sobran en el país las inversiones irracionales o inoportunas, que fueron objeto de rechazo, no porque fueran malas en sí mismas, sino porque no se correspondían con la etapa de desarrollo nacional. Como muestras tenemos el Metro de Santo Domingo, la mayor inversión de nuestra historia, utilizado por 50 mil personas diariamente, el medio por ciento de la población nacional. Ahí está el aeropuerto internacional de Barahona, que dos décadas después apenas recibe un par de avionetas por día. En Santo Domingo tenemos bulevares y parques donde no se para ni se sienta nadie de día o de noche.
Un ejemplo de carretera costosa y de escasa utilidad podría ser la que une a Barahona con San Juan de la Maguana, que atraviesa una sierra fundamental, y se puede recorrer completa sin encontrar un solo vehículo en sentido inverso. En la región tienen pendientes múltiples otras obras más beneficiosas para la mayoría.
La carretera para unir más directamente a Santiago con San Juan ha sido manoseada durante décadas y aplazada una y otra vez por los costos que implica. Dicen que ahora unos 350 millones de dólares, pero algunos especialistas la elevan hasta 500 millones, con el agravante de que cortaría tres grandes parques nacionales del principal sistema montañoso de la isla y podría afectar fuentes hidrológicas fundamentales.
Aún con esos costos no se le debe descartar absolutamente, pero también hay que justificarla en términos de utilidad, y midiendo la diferencia que implicaría otras opciones presentadas como la vía Jarabacoa-Constanza-Padre las Casas, cuya habilitación total tendría un costo mucho menor. Y el tiempo mayor de desplazamiento se justifica en el menor costo económico-ecológico. Lo que no se puede justificar es que haya gente impulsada por la ventaja de desplazarse de norte a sur para recorridos turísticos o visitas familiares, cuando en ambas regiones y a lo largo de la ruta hay tantas obras de desarrollo por emprender, algunas que llevan décadas en construcción, como la circunvalación de Santiago. Esa carretera implica una nueva herida a la cordillera central, que a la vuelta de dos o tres décadas desangrará importantes reservas naturales con la construcción de cientos de casas campestres para ricos, decenas de caminos y acometidas y una gran devastación forestal. Se afirma que hay quienes están invirtiendo en los predios implicados para hacer nuevos y grandes negocios inmobiliarios.
Hay que volver a recordar que la CEPAL estimó hace poco en 42 por ciento la pobreza en el país, que la última encuesta Enhogar de la ONE estableció que apenas el 44 por ciento de nuestras viviendas tienen agua corriente, que nuestras ciudades no tienen alcantarillados sanitarios y que la carencia de energía eléctrica lacera el alma nacional y sus capacidades productivas. Es racionalidad lo que nos falta. Ojalá el presidente Danilo Medina dé otro palo y la subordine a la escala de prioridades.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.