Análisis Noticiosos
RD bajo generalizada crítica internacional
Por Juan Bolívar Díaz
Las reacciones mundiales a la sentencia del Tribunal Constitucional que justifica el genocidio civil iniciado en el 2007, indican un claro riesgo de condena y aislamiento internacional para la República Dominicana que podría alcanzar dimensiones económicas.
Aunque el Gobierno dominicano inició “una ofensiva” encaminada a justificar el despojo de la nacionalidad a millares de personas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) lo proclamó como un asunto de derechos humanos a ser decidido por la Corte Interamericana y citó un precedente de condena.
Aislada en la OEA. Aunque la generalidad de los diarios dominicanos hizo un esfuerzo por reducir el efecto de la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebrada el martes 29, los que la vieron por Internet pudieron advertir que fue devastadora para la República Dominicana, aunque sus representantes trataron de justificar la posición del Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que priva de la nacionalidad a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en el país a partir de 1929, a los que durante más de ochenta años se les reconoció y registró como dominicanos.
La sesión fue convocada a instancias de varios de los 15 países que integran la Comunidad del Caribe (Caricom), la mayoría de los cuales hicieron uso de la palabra para rechazar enérgicamente la sentencia del TC que afectaría a decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría de haitianos, incluyendo a los descendientes de inmigrantes del Caribe inglés, conocidos aquí como cocolos.
Varios oradores dominicanos hicieron esfuerzo por explicar la sentencia y su aplicación, encabezados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, quien dio seguridades de que el Estado “no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes”. Pero esta y otras afirmaciones quedaron sin sentido, ya que la sentencia y los que la aplican se basan en que los ciudadanos afectados no estaban amparados por la Constitución ni las leyes, a pesar de que recibieron la nacionalidad.
Un secretario contundente. El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, fue contundente en su discurso al afirmar que “Está clarit nadie puede verse privado de su nacionalidad, y por lo tanto hay un problema de derechos humanos”. Pero precisó que “también tenemos un problema institucional”, porque “esta sentencia ha sido dictada por una Corte Constitucional de un Estado en virtud de su propio ordenamiento jurídico interno”, para afirmar a continuación: “yo creo que eso se enfrenta a través del sistema de derechos humanos, y por tanto, este tema es propiamente competencia de la Comisión y de la Corte” de Derechos Humanos.
Insulza citó el rechazo de la Comisión Interamericana a la sentencia del tribunal y recordó también que la Corte ya dictaminó en un caso similar, refiriéndose al de las niñas Jean y Bosico, descendientes de haitianos, donde sentó jurisprudencia ordenando su inscripción como ciudadanas dominicanas.
La intervención del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, no parece que pueda ayudar la causa del país, pues llegó al extremo de objetar las opiniones de quienes no han leído el texto completo de la sentencia, incluyendo al secretario general y dijo que el país no perdería tiempo respondiendo esas críticas. Solo Nicaragua y El Salvador avalaron la posición dominicana, pero en las intervenciones de los representantes de Estados Unidos, México, Canadá, y aún de Venezuela, predominó la defensa de los derechos humanos. El peso de los 15 países de Caricom en la OEA es muy fuerte, pues son casi la mitad de los miembros, y pocos quieren verse con ese bloque en contra.
Un clamor generalizado. El debate en la OEA-Washington contribuyó a expandir el conflicto por el continente y el mundo, siendo recogido por los principales periódicos y cadenas de televisión y contribuyendo al rechazo generalizado del genocidio civil dominicano.
Esta semana fueron significativas las condenas expresadas en un comunicado firmado por 19 legisladores del Congreso de Estados Unidos, así como por el Black Caucus que integra otros 43 congresistas. En carta al presidente Danilo Medina, los diputados encabezados por Joseph Kennedy III, sostienen que la sentencia “podría resultar en una crisis humanitaria sin precedente que afectaría profundamente la estabilidad de la región”. El influyente Caucus Negro consideró que la apatridia de los dominicanos de ascendencia haitiana “debe ser considerada como una amenaza para el progreso y la estabilidad regionales”.
Desde que se conoció la sentencia a fines de septiembre, decenas de organizaciones, personalidades y medios de comunicación la han rechazado por implicar violación al principio jurídico internacional de no retroactividad de la ley y por considerar “personas en tránsito” a quienes se quedan por décadas en un país.
Se destaca la posición del Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos, de Washington, cuyo director, Santiago Cantón, dijo que RD ha ignorado el derecho internacional, y sometió un recurso de “Amigos de la Corte” sobre el caso de Benito Tide Méndez contra RD.
Organismos y periódicos. Entre los organismos internacionales que han rechazado la sentencia se cuentan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que opera como procuraduría general de la Corte, y las agencias de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, para Refugiados y Migrantes (Acnur), y para la Infancia y la Adolescencia (Unicef).
Periódicos como El País de España y BBC-Mundo de Gran Bretaña han dedicado dobles reportajes al conflicto. The New York Times, Le Monde, Página 12 de Argentina, y muchos otros, al igual que cadenas de televisión, se han ocupado del caso enfatizando el rechazo al genocidio civil. El más radical ha sido el diario The Boston Globe, que en un editorial el 15 de octubre planteó que la comunidad internacional debe presionar al Gobierno dominicano para evitar que 200 mil personas queden sin nacionalidad. Agregó que Estados Unidos, como mayor socio comercial de RD “debe examinar las presiones que pueden aplicarse”.
Entre las personalidades que han rechazado el genocidio civil se cuentan el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a las Madres de la Plaza de Mayo, de Buenos Aires y 14 organizaciones argentinas. También las destacadas escritoras y escritores norteamericanos de ascendencia dominicana como Julia Alvarez, Rhina Espaillat, Junot Díaz y Silvio Torres Saillant.
Evitar o reducir los riegos. Aunque la Unión Europea no ha fijado posición, por su delegación en el país se sabe que ha rechazado el genocidio civil desde que la JCE lo inició en el 2007. Lo mismo que el Departamento de Estado de Estados Unidos, y de ambos se esperan pronunciamientos en defensa de los derechos humanos, lo que podría elevar los riesgos a que se expone el país desafiando principios fundamentales de la comunidad internacional, a nombre de una soberanía ya limitada por tratados internacionales.
La relación con Haití, adonde los dominicanos exportan por unos 1,500 millones de dólares anuales, ya está afectada, y los países del Caricom ya están cuestionando la solicitud de ingreso del Gobierno dominicano. Dominan el Cariforo, del que RD es miembro, e influyen sobre la Unión Europea a través del Acuerdo Caribe-Pacífico, por donde podrían generarse problemas al comercio y el turismo dominicanos.
Todos los caminos conducen a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y su jurisprudencia, como señaló el secretario general de la OEA, quien planteó que “no hay forma de resolver el conflicto sin reconocer el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana. Pero dejó abierta una puerta a la negociación con el Gobierno dominicano y la oportunidad sería cuando venga al país la comisión investigadora que se anunció en la sesión del Consejo Permanente.
El jurista Francisco Alvarez Valdez, dirigente de Participación Ciudadana, señaló en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio que el Gobierno puede solucionar el problema solicitando una opinión consultiva a la Corte, como forma de evadir una condena. Para eso tendría que asumir que el dictamen le será desfavorable y que la prolongación del escándalo no ayuda a un país con economía dependiente del turismo, del financiamiento externo, de las remesas de millón y medio de emigrantes, y del comercio.
La opinión consultiva, prevista en los artículos 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 72 en el Reglamento de la Corte, al igual que una sentencia, sería vinculante para el Estado, pero aparecería como iniciativa propia.
Hay quienes creen que la Corte tomará años para decidir a favor de los desnacionalizados, porque ignoran que el artículo 63.2 de la Convención Americana establece que “En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión”. Y ya la Comisión ha recibido casos de despojo de la nacionalidad y se pronunció contra la sentencia del TC. El Gobierno de Danilo Medina debe escoger el camino más racional.
Organizaciones contra la desnacionalización
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes
Comunidad Económica del Caribe
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Adolescencia
Amnistía Internacional
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Asociación para el Estudio de la Diáspora Mundial Africana (ASWAD)
Centro Robert Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Columbia
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Miami
Clínica de Derechos Humanos Universidad de Santa Clara
Black Caucus de 43 miembros del Congreso de los EUA
19 legisladores del Congreso de los EUA
Servicio Jesuita a Refugiados en EUA
14 organizaciones argentinas, encabezadas por Adolfo Pérez Esquivel
Federación Mundial de la Diáspora Haitiana
10 organizaciones sociales de Haití
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.