Opinión
RD: el 7mo país del mundo que más desaprovecha las oportunidades
Por Miguel Ceara
Intuitivamente es predecible que, si mejora el ingreso y la riqueza de una persona, un grupo o un país la calidad de vida debería mejorar. Asumo que, si un país aumenta la riqueza por habitante y avanza en el “ranking” mundial, debería en el largo plazo, mejorar la posición en el “ranking” de bienestar. Más concretamente, en un país en desarrollo, debería avanzar el “ranking” de salud y educación, elementos fundamentales para alcanzar el bienestar. Si no se producen estos avances entonces se desaprovecha la oportunidad del crecimiento económico o el aumento de la riqueza por habitante para mejorar la calidad de vida de la gente. Ello ocurre cuando el aumento del ingreso se concentra excesivamente o cuando se gasta mal, entre otras razones.
Desde 1990, se viene construyendo el índice de desarrollo humano (IDH) que combina tres dimensiones: primero, alcanzar un estándar de vida decente lo cual se mide mediante el ingreso nacional bruto real de paridad de poder adquisitivo (INBr), que es un valor del mismo orden de magnitud que el PIB por habitante. Segundo, por el conocimiento (la educación) que desde el año 2010 es medido con dos indicadores: los años esperados de escolaridad y la media de años escolaridad de la población. Finalmente, la posibilidad de tener una vida larga y en salud medido con la esperanza de vida al nacer.
Al analizar el comportamiento de estos indicadores se constata que el ingreso nacional bruto se mueve en el corto plazo, de año a año. Los otros indicadores (la esperanza de vida al nacer, los años esperados de escolaridad y años promedio de escolaridad) se mueven en el largo plazo esto significa que los movimientos a corto plazo del IDH reflejarán los cambios en el ingreso, pues 3 de los 4 indicadores no se moverán, a menos que ocurra un evento extraordinario.
Así que es necesario hacer dos cosas para establecer el movimiento del IDH en el largo plazo y para determinar la incidencia del cambio en el ingreso (PIB) sobre el cambio en la salud y educación.
Primero, hay que disponer de una serie estadística que contenga los mismos países y lo más larga posible. La información disponible en la Base de Datos del PNUD que acompaña el informe de 2017, tiene una serie de 1990-2015 y de los 188 países para los cuales se calculó puntualmente el IDH en el informe de 2017, solamente hay información completa para 144, de manera que para saber si la República Dominicana mejoró o empeoró su posición en el mundo hay que compararla con esos 144 países a través de 25 años.
Segundo, hay que desagregar el índice y separar el componente del ingreso del componente combinado de salud y educación para todos los países, a fin de determinar el impacto del cambio en el ingreso sobre el cambio en salud y educación.
¿Qué ha pasado en el largo plazo con el Índice de Desarrollo Humano en la República Dominicana?
Casi todos los países del mundo han mejorado el IDH, la República Dominicana no es la excepción, sin embargo, cuando se compara con otros países la posición dominicana prácticamente no se ha movido en el largo plazo (de hecho ha retrocedido acumulativamente una posición), estando mejor colocado en la década del noventa del siglo pasado que en la década del 2000 (Gráfico 1). Además, 80 países (56%) tuvieron un mejor desempeño que la República Dominicana y 64 países (44%) registraron un peor desempeño en los 25 años. Es de notar también que 66 avanzaron y 78 retrocedieron en el IDH.
¿Ha aprovechado la República Dominicana el crecimiento económico para mejorar la calidad de vida de la gente?
La respuesta es no. Se ha ido abriendo una brecha de desaprovechamiento de la posición relativa del ingreso con relación a la posición relativa del índice combinado de salud y educación. Esta brecha crece en el tiempo, en particular en los últimos 10 años, siendo una constatación más de la “paradoja del crecimiento económico dominicano” (ver gráfico 2). En otras palabras, otros países, 137 para ser exacto, han logrado en los últimos 25 años, con los mismos recursos o menos, mejor desempeño en salud y educación que la República Dominicana.
Esta tendencia plantea serios cuestionamientos a la forma de cómo ha crecido la República Dominicana, que lleva a la paradoja de un avance sustancial en la posición mundial de la “riqueza por habitante”, siendo el país 18 que más avanzó lugares en el mundo en 25 años y al mismo tiempo retrocedió relativamente enn salud y educación (ocupó la posición 111). Cabe preguntarse: ¿A dónde se ha ido ese crecimiento? ¿En qué se ha utilizado? ¿En corrupción? ¿En Odebrecht, en los Tucanos, en la OISOE y en otros tantos destinos espurios?
La República Dominicana el 7mo. país del mundo en desaprovechar el aumento del ingreso real por habitante para mejorar la salud y educación, en 25 años y con 144 países.
Como se ha indicado en la República Dominicana el nivel de ingreso nacional bruto (INB) real por habitantes ha aumentado de manera sorprendente entre 1990-2015, hasta el punto que el país avanzó 15 posiciones y fue el país número 17 en mayor tasa promedio anual de crecimiento económico en ese período.
A pesar de esa “riqueza adicional por habitante” el país retrocedió acumulativamente 7 posiciones en un índice de desarrollo humano que combina salud y educación, lo cual determina un desaprovechamiento de oportunidades acumuladas de 22 posiciones (los 15 que avanzó por mejoría del INB que no se convirtieron en mejoría de salud y educación más la pérdida de 7 posiciones de estos dos combinados). Este comportamiento determina que la República Dominicana ocupa el lugar 7 en el mundo de haber desaprovechado la oportunidad de avanzar en el ingreso (INB real de PPP) y utilizar ese avance para mejorar la salud y la educación. (Gráfico 3).
En el mundo, el que más oportunidades perdió fue China que aumentó su INB a un ritmo sorprendente de 2.41 veces la tasa de crecimiento anual de RD, para ser el país que más creció en promedio anual en el mundo para el período, lo cual le permitió avanzar 56 posiciones en 25 años, pero apenas mejoró 7 posiciones en salud y educación, lo cual determina un desaprovechamiento de oportunidades para mejorar la calidad de vida de 49 posiciones.
De los 144 países, hay 71 países que perdieron oportunidades de utilizar el avance ingreso real para mejorar la educación y la salud. Hay 72 que aprovecharon las oportunidades para avanzar más en la calidad de vida de su gente y uno retrocedió en ingreso y calidad de vida en igual magnitud (Cuadro 1).
En resumen, primero, el índice de desarrollo humano ha mejorado como en casi todos los países del mundo, pero en la República Dominicana prácticamente no se ha movido (se deteriora una posición) en 25 años. Segundo, se ha abierto una brecha creciente entre las posiciones del país en el ingreso real por un lado y en salud y educación por el otro, dando cuenta de la “paradoja del crecimiento económico dominicano”. Tercero, es el séptimo país del mundo que más ha desaprovechado las oportunidades de crecimiento para mejorar la calidad de vida de la gente.
Estos tres hechos dan cuenta de un fracaso en la sociedad dominicana. El crecimiento económico ha servido para cambiar cosas (edificios exclusivos y lujosos, hermosas avenidas, concentrar riqueza, etc.) pero no para mejorar las condiciones de vida de la gente.
Finalmente, hay que responder a una pregunta que hoy día nos moviliza en las calles a una gran parte de la ciudadanía que está cansada de tantos abusos en el manejo de los recursos y para quienes es fundamental hacer justicia y terminar con la impunidad. ¿Quién se ha quedado con tanto con el dinero que ha generado el crecimiento económico de la Republica Dominicana en esos 25 años? ¿Se han apropiado de esos recursos aprovechando la ilegalidad y la impunidad en que ha vivido el país?
@cearahatton
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.