Opinión
RD: todas las posibilidades
Por Juan Bolivar Diaz
Lo que gran parte del país vio en el reportaje periodístico de Alicia Ortega la noche del lunes y en días sucesivos es un estremecedor acontecimiento, que desnuda la dramática anomia de la sociedad dominicana, la inoperancia de sus instituciones y los niveles de impunidad que padecemos, indicadores de que somos un paraíso de “todas las posibilidades” que no se extinguieron con la quiebra del Baninter.
Se apreció a un funcionario acorralado, sin poder articular una sola respuesta a legítimos y documentados cuestionamientos, hasta el punto de provocar una mezcla de indignación y pena, por este país y hasta por ese ser humano que parecía enfermo, estremecido anímicamente por las preguntas muy bien conducidas de una periodista que demostró un dominio absoluto y sereno de la información en que se fundaba.
No se trató de un linchamiento a un empresario, como algunos han querido sellar, Diandino Peña ha sido un alto funcionario público por más de 17 de los últimos 21 años, primero como secretario Administrativo de la Presidencia, luego Secretario de Obras Públicas (ahora son ministros) y desde el 2008 director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que construye el metro de Santo Domingo, con inversión de unos 2 mil millones de dólares. Si se cuantificara lo que manejó en los otros cargos, pasaría de los 3 mil millones de dólares, casi 150 mil millones de pesos.
El ingeniero Peña no ha podido responder por qué ocultó en reiteradas “declaraciones juradas de bienes”, dispuestas por ley, su maraña de 29 empresas interrelacionadas, 15 en paraísos fiscales del exterior, en gran mayoría constituidas durante sus altas funciones públicas, ni cuál fue la inversión en su lujosa torre hotel en Naco, llamada “el métrico”, que la investigación cuantifica en al menos 788 millones de pesos.
Basada en los “Papeles de Panamá”, millones de documentos sobre los turbios paraísos fiscales, y otras investigaciones, Alicia Ortega encueró la enorme fortuna del funcionario, que es justo reconocer comenzó en su etapa de empresario, pero los registros mostrados indican que en su mayor parte durante su gestión pública. Los documentos fundamentales fueron expuestos y lo desafían a dar explicaciones como administrador de fondos del erario nacional.
Resulta impresionante que el ingeniero Peña firmara juramentos de que sólo vive del sueldo de 150 mil pesos en la OPREP, y que no posee bienes inmuebles ni muebles. Ni siquiera declaraba una casita de clase media, sin que le reclamaran el pago de impuestos por una enorme fortuna que todo el país le veía.
Asoman ahora expresiones de cinismo y ataques a la periodista que ha hecho tan responsable develación. Se le quiere atribuir a la coyuntura política un reportaje que tomó meses de investigación con el auxilio de una colega del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico, como nos consta desde fines del año pasado.
Que las revelaciones tienen incidencia política no hay la menor duda, pero es errática la interpretación de que desvía la atención de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad. Por el contrario, la incentiva al elevar la indignación por tratarse de un funcionario fundamental de los últimos gobiernos, incluyendo el actual.
Pero sin duda incide en la lucha interna del partido de gobierno, en beneficio del grupo del presidente Danilo Medina al poner más a la defensiva al otro sector, el encabezado por el expresidente Leonel Fernández, a quien Peña está íntimamente vínculado, en momentos en que se debate quién pagará por el escándalo Odebrecht, que algunos querrían aprovechar para zanjar definitivamente el liderazgo partidario. Podría cuestionarse la oportunidad de la publicación, pero no el contenido ni la entrevista al funcionario, que Alicia Ortega advirtió sería “sobre el metro y su trayectoria empresarial”, a menos que la confundieran con la acreditada cronista social Cándida Ortega.
Escrito este artículo, se produjo la noche del viernes la destitución de Diandino Peña, lo menos que podría esperarse. Lo demás, su procesamiento judicial, eso será objeto de negociaciones políticas, como en los casos de Félix Bautista y Díaz Rúa.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.