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Podría restablecerse en el país el sustituido Código Procesal Penal del 2002, si no se adecúa ley antes de enero
Santo Domingo, R.D.-Con la numeración 10-15 en febrero de 2015 la República Dominicana recibió una nueva ley, que modificó el marco establecido para el Código Procesal Penal (CPP) del país, el cual no había sido actualizado desde el año 2002.
El dictamen TC/076524 de la alta corte colocó un plazo de un año para que el Congreso Nacional elabore una nueva normativa con el objetivo de subsanar la situación “de inconstitucionalidad formal que afecta a la Ley 10-15”. Sin embargo, en caso de que el Poder Legislativo no acate el mandato constitucional, el Código Procesal Penal perdería 110 artículos que fueron reformados en la última modificación realizada a la Ley 76-02. Además, República Dominicana retrocedería al año 2002, viéndose obligada a utilizar el antiguo documento procedimental en las instancias del Poder Judicial.
“Al término de este último plazo, la Ley 10-15 perderá automáticamente su vigencia y será excluida del ordenamiento jurídico, restableciéndose en su lugar la vigencia del régimen procesal penal prescrito en la Ley 76-02, que establece el Código Procesal Penal”, decidieron los magistrados el 6 de diciembre del pasado año.
Hasta el momento, los congresistas solo han podido saldar la deuda de actualizar el Código Penal, el cual entrará en vigencia el 3 de agosto del próximo año. Esta es la parte sancionadora, la cual tipifica los delitos registrados en el territorio nacional, mientras que el Código Procesal Penal, como su nombre lo indica, regula la manera en que se aplican las sanciones.
Sentencia del Constitucional
Mientras tanto, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República tiene la responsabilidad de estudiar desde hace más de dos meses un proyecto que podría resolver los fallos constitucionales, evitando devolver al país a la aplicación de un Código Procesal Penal elaborado hace más de 20 años.
Con el tiempo a contrarreloj, el presidente de la mesa legislativa, senador Antonio Taveras, informó que se están preparando para enviar el proyecto de ley final consensuado a las entidades vinculadas al uso del conjunto de leyes sobre los mecanismos punitivos.
El congresista explicó que el Ministerio Público, Defensor del Pueblo, otras representaciones del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), Fundación Justicia y Transparencia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y la escuela de derecho de las principales universidades del país podrán presentar sus observaciones después de recibir la pieza elaborada por los representantes de la comisión senatorial.
“Más o menos, en 15 días vamos a hacer un taller por si acaso tienen alguna opinión, pues vengan acá y nos pongamos de acuerdo…”, dijo al ser entrevistado por reporteros de los medios de comunicación.
Proyectos de ley
Los senadores Omar Fernández, junto al representante Félix Bautista, Cristóbal Castillo y Antonio Taveras, son los autores, de manera individual, de las tres iniciativas que estudia la comisión, las cuales fueron unificadas. Además, existe otra pieza en la Cámara de Diputados elaborada por el legislador Rafa Castillo, vocero de la Fuerza del Pueblo (FP), no obstante, esta permanece estancada en la Comisión de Justicia desde el pasado 6 de junio, fecha en la que venció el plazo asignado para su estudio
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Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
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Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.