Opinión
Rebelión popular en Haití apunta contra forma imperial a favor del caos
Por: Narciso Isa Conde
En Haití, el pasado viernes 16 de septiembre, los movimientos sociales en lucha, coordinados en el espacio de unidad que responde al nombre de «KONBIT DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS, SINDICALES Y POPULARES», emitió una nota de prensa, cuyos párrafos fundamentales merecen ser destacados en este esfuerzo de aproximación a lo que acontece en ese país hermano, estremecido por una nueva rebelión de su empobrecido pueblo:
– El KONBIT (1) saludó «el coraje y la determinación del pueblo que reivindica en las calles sus derechos y que se puso de pie para exigir el derrocamiento de este sistema de opresión.
– Planteó que el presidente Ariel Henry» debe dejar el poder de inmediato, un nuevo equipo de gobierno debe tomar la jefatura del Estado permitiendo así una transición soberana para sentar las bases de otro Estado que exige el pueblo».
– Aplaudió a las masas populares «que se levantaron en los cuatro rincones del país para denunciar la inseguridad, el hambre, el aumento criminal de los precios de los combustibles y la injerencia del CORE GROUP (2) y, sobre todo, para exigir la salida de Ariel Henry y sus acólitos de la dirección del Estado».
-Denunció que el PHTK (3), partido de gobierno, la burguesía mafiosa y sus aliados de la comunidad internacional «pretenden hacer de nuestro país un infierno donde los pandilleros, que son los operadores políticos del PHTK y del CORE GROUP, hacen lo que quieren» como forma de crear «todo tipo de inseguridad que les permita robar varias riquezas de nuestro país.»
– El Konbit exhortó a la población en general a que «levante aún más altas las barricadas para obligar a Ariel Henry a dejar el poder de inmediato.»
-Llamó a los actores del Acuerdo de Montana (4) y a todos los sectores que velan por los intereses del país «que comprendan la necesidad de una unidad urgente para encontrar rápidamente una solución correcta en el interés de las masas que se levantan en todo el país» para «encontrar rápidamente un acuerdo sobre el equipo de gobierno que debe reemplazar rápidamente al equipo de facto de Ariel Henry», y acordar «un programa político, económico, social que debe implementarse para aliviar al pueblo que está reclamando sus derechos en las calles…»
La nota de prensa fue responsablemente firmada por cinco de los líderes del KONBIT: Patrick Joseph / Guy Numa /Jean-Paul Bastien/ Olrich Jean Pierre /Josué Merilien.
· EL VALOR DE LA ACTITUD DEL KONBIT.
Esta nota tiene la virtud de poner en evidencia a los responsables de un caos fríamente calculado y provocado, a cuyos protagonistas y beneficiarios de dentro y fuera de Haití solo podría derrotar una gran determinación del pueblo haitiano movilizado, que concite a la vez un gran respaldo de fuerzas antiimperialistas, alternativas a la Comunidad Internacional imperialista.
El pueblo haitiano ha sido víctima histórica del colonialismo que no le permitió consolidar su hazaña del 1804 (primera independencia de nuestra América, revolución social antiesclavista, república soberana negra) y también de una larga y cruel etapa de neocolonialismo imperialista; que ahora, a cargo de EE.UU –tal y como lo describe Jorge Beinstein(5) en su libro «ILUSIÓN DEL METACONTROL IMPERIAL DEL CAOS» – incluye modificaciones en su sistema de intervención militar para sembrar el caos (Marxismo Crítico, 11-03-2013).
· JORGE BEINSTEIN, HAITÍ Y LAS MUTACIONES DE LAS GUERRAS IMPERIALISTAS.
Beinstein define de la siguiente manera la fórmula con la que el Pentágono ha variado su sistema de intervención militar más allá de «la guerra de baja intensidad» aplicada en Nicaragua y Centro América en la décadas de los 80, desarrollando y superando también la llamada «guerra de cuarta generación» en boga en las últimas décadas:
-Es una guerra –puntualiza de entrada- en la que «son borradas las fronteras entre las áreas civil y militar: toda la sociedad enemiga en especial su identidad cultural pasa a ser el objetivo de la guerra.»
La define como una guerra «descentralizada, poniendo el énfasis en la utilización de fuerzas militares «no estatales» (es decir paramilitares), empleando tácticas de desgaste propias de las guerrillas, etc. A ello se agrega el empleo intenso del sistema mediático tanto focalizado contra la sociedad enemiga como abarcando a la llamada «opinión pública global» (el pueblo enemigo es al mismo tiempo atacado psicológicamente y aislado del mundo) combinado con acciones de guerra de alto nivel tecnológico.»
«En este último caso-agrega– se trata de aprovechar la gigantesca brecha tecnológica existente entre el imperio y la periferia para golpearla sin peligro de respuesta, es lo que los especialistas denominan confrontación asimétrica «high-tech/no-tech». (OBRA CITADA)
En lo que se refiere a Haití, es notorio que ha sido una intervención persistente de una especie de «lumpen imperialismo», que promueve un capitalismo para élites gansterizadas.
De una intervención cívico-militar dirigida «contra la identidad cultural» de esa Nación «como objetivo de guerra» que combina unidades militares gubernamentales (policía regular) con bandas paramilitares y mercenarios extranjeros (sobre todo colombianos).
Y uno de los recursos de esa intervención para torpedear y dinamitar la fuerte identidad nacional de ese pueblo hermano, es la desintegración social vía formación de bandas armadas; que bandas que delimitan sus propios territorios, fracturan la sociedad y hacen la guerra entre sí y contra todos los objetivos útiles para manutención y enriquecimiento.
La más reciente intervención militar de EEUU, apoyada por Francia, Canadá, Brasil y otros países -bendecida y bautizada por la ONU con el nombre de MINUSTAH (6)- fue usada para apoyar la Mafia Política-Empresarial del PHTK (Partido de las Cabezas Raspadas) y sostener los gobiernos gansteriles de Martely y Moises; continuados ahora por el repudiado e inepto régimen que preside Ariel Henry, con apoyo estadounidense y protección mediática global.
La MINUSTAH se encargó de crear la Policía Nacional, que al servicio de los gobiernos de turnos, la CÍA, la Mosaad (7) y la fábrica de mercenarios colombianos, se involucró en la formación, alimentación y protección de las bandas civiles ya descritas; avitualladas desde La Florida-EE.UU, mediante contrabando tolerado de modernos equipos militares. Modalidad paramilitar haitiana concebida para generar caos.
«La conformación –añade Beinstein- de fuerzas clandestinas no-mercenarias de elite, respaldadas por un aparato tecnológico sofisticado capaz de descargar golpes puntuales demoledores contra el enemigo… son buenos instrumentos terroristas pero no remplazan las funciones de un ejército de ocupación…» Pero así – y eso es lo que se persigue- la guerra «se elitiza, se transforma en un conjunto de operaciones mafiosas, se aleja físicamente de la población norteamericana y su cúpula dominante empieza a percibirla como un juego virtual dirigido por gangsters.»
Todavía, tal fase de ese tipo de guerra imperialista, que NO es similar a una guerra civil entre facciones intestinas, no ha sido desplegada por EEUU en Haití, pero podría estar en gestación; como cualquier otra modalidad que implique mayor presencia de fuerzas militares regulares, si es que el caos bajo «control» imperial se descontrola a consecuencia de una rebelión popular soberana con fuerza para derrotar el régimen impuesto.
· PERSPECTIVAS DE LA FÓRMULA IMPERIAL EN HAITÍ Y MÁS ALLÁ.
De todas maneras Jorge Beinstein enfatizó «que el horizonte objetivo…de la «nueva estrategia» no es el establecimiento de sólidos regímenes vasallos, ni la instalación de ocupaciones militares duraderas controlando territorios de manera directa sino más bien desestabilizar, quebrar estructuras sociales, identidades culturales, degradar o eliminar dirigentes, las experiencias de Irak y Afganistán (y México) y más recientemente las de Libia y Siria confirman esta hipótesis.»
Que más bien «se trata de la estrategia del caos periférico, de la transformación de naciones y regiones más amplias en áreas desintegradas, balcanizadas, con estados-fantasmas, clases sociales (altas, medias y bajas) profundamente degradadas sin capacidad de defensa, de resistencia ante los poderes políticos y económicos de Occidente que podrían así depredar impunemente sus recursos naturales, mercados y recursos humanos (residuales). Este imperialismo tanático del siglo XXI, se corresponde con tendencias desintegradoras en las sociedades capitalistas dominantes, en primer lugar la de los Estados Unidos.»
Tal reflexión debe tenerse bien presente acerca del modo proceder de un imperialismo occidental decadente frente a toda la isla que compartimos con Haití, en la que no es secreto la existencia de litio, tierras raras y titanio, e identidades culturales rechazadas por un poder transnacional implacable en el que se incuba cada vez con más intensidad el delirio de la supremacía blanca, como componente de la expansión del neo-fascismo imperialista.
Porque ciertamente, como sentenció este gran pensador argentino y continental, «se presenta entonces la ilusión de una suerte de meta-control estratégico desde las grandes alturas, desde las cumbres de Occidente sobre las tierras bajas, periféricas, donde pululan miles de millones de seres humanos cuyas identidades culturales e instituciones son vistas como obstáculos a la depredación. Las elites de Occidente, el imperio colectivo hegemonizado por los Estados Unidos, están cada día más convencidas de que dicha depredación prolongará su vejez, alejará el fantasma de la muerte».
El desafío de estos millones de seres humanos y sus nuevas vanguardias revolucionarias es sumar luchas y rebeldías transformadoras, para mediante una insurgencia cada vez más global, acortar al máximo esa vejez imperial con todas sus crueldades.
Un nuevo paso en esa dirección es la actual protesta multitudinaria del empobrecido pueblo haitiano por el desplazamiento del régimen imperante y la construcción de una transición y una alternativa soberanas, al margen y arrinconando –como está aconteciendo- a los pandilleros que sirven al Core Group, al PHTK y al imperialismo occidental.
(1) KONBIT: Convite, unión, junta de movimientos sociales.
(2) CORE GROUP: formado por los embajadores de EE.UU., Francia, España, Brasil, Alemania, Canadá, UE, y representantes de ONU y OE
(3) PHTK (3): Partido de las Cabezas Peladas de Haití, actualmente en el gobierno.
(4) ACUERDO DE MONTANA: firmado por cientos de organizaciones y gremios para las plataformas y para designar personalidades para los puestos de Jefe de Estado y primer ministro como parte de su propuesta de gobierno de transición de dos años, que permita sortear la aguda crisis de Haití.
(5) MINUSTAH: fuerza de intervención militar de EEUU y otros países avalada por la ONU (2004-2017)
(6) JORGE BEINSTEIN: combatiente revolucionario, intelectual marxista, académico, y economista-investigador argentino, ya fallecido.
(7) MOSAD: agencia de inteligencia israelí.
Por José Cabral.
Es muy bonito escuchar por la televisión y todos los demás medios de comunicación el tema de los derechos fundamentales, cuya realidad envía un mensaje distinto.
En más de una ocasión he planteado el serio problema en que está atrapada la sociedad dominicana en el contexto del sistema de justicia nacional.
Lo primero es que nadie, absolutamente nadie, respeta como debe ser la justicia constitucional, ni siquiera las cortes que tienen la misión de velar por ella mediante los recursos extraordinarios para la preservación y respeto de la constitución.
El primer ejemplo de lo que ocurre con la violación de la Constitución y con el no respeto de los derechos fundamentales, tanto a nivel del derecho interno como del externo, es la actitud del Ministerio Público, el cual destina al zafacón las denuncias y querellas presentadas por aquellas personas humanas víctimas de robos, asaltos a mano armada y de una gran variedad de actos delincuenciales.
El asunto es tan grave que cuando las victiman reclaman resultados de sus querellas o denuncias el fiscal procede con un archivo definitivo en virtud de lo que dispone el artículo 181 del Código Procesal Penal, pero peor aun cuando el perjudicado decide someter un recurso de objeción ante el juez de Instrucción, el cual regularmente lo que hace es ratificar lo decidido por el Ministerio Público.
En este caso no importa la violación que cometa el fiscal que ha manejado el caso, lo cual se constituye en una violación de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, consignados en los artículos 68 y 69 de la Constitución.
Pero la cuestión se complica cuando hay que acudir mediante un recurso contencioso administrativo por las constantes y graves violaciones de los derechos de los administrados, cuyo desempeño de los jueces de esta jurisdicción, hermanita de padre y madre del derecho constitucional, actúa como una caja de resonancia del Procuraduría General Administrativa y ahora abogado del Estado.
Es frustratorio e imperdonable lo que ocurre en esta jurisdicción de la justicia, pero todavía la cuestión es mucho más preocupante con la emisión de una serie de sentencias que violentan los más elementales principios del derecho constitucional.
Sin embargo, lo más deprimente es cuando se somete un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, cuyo fallo se produce cuando ya los justiciables han muerto o de revisión de una acción de amparo o de una decisión jurisdiccional ante el Tribunal Constitucional, en cuyos órganos se concreta la expresión de que justicia tardía es justicia denegada, dado que los casos son decididos hasta 2, 3 y hasta 4 años después de haberse sometido.
Voy seguir con el tema, pero lo que he dicho hasta este punto indica que la Constitución dominicana y el neo-constitucionalismo que tanto se pregona es una forma de que el país esté a la moda con esta corriente, pero que la realidad está más asociada con la herencia histórico cultural del pueblo dominicano, en la que prevalecen una serie de antivalores como el amiguismo, el machismo, el patriarcado y el caudillismo, entre otros.
Sólo el pueblo dominicano puede superar la sociedad de las cavernas en que nos tienen sumergidos los partidos políticos y otros actores de la democracia de papel que se ha impuesto en la República Dominicana.
Por Isaías Ramos
¿Puede el Congreso aprobar una ley que contradiga, en la práctica, una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional? Esa es la pregunta que hoy enfrenta la República Dominicana tras la aprobación en primera lectura en el Senado de un proyecto que eliminaría las candidaturas independientes.
Más allá de las diferencias políticas que puedan existir sobre el modelo electoral, lo que está en discusión es algo mucho más profundo: el respeto a la Constitución de la República Dominicana, a los derechos políticos de los ciudadanos y a las decisiones vinculantes del máximo órgano de control constitucional del país.
En diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales diversas disposiciones de la legislación electoral que imponían trabas desproporcionadas a las candidaturas independientes. La decisión procuró garantizar que el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos no quedara condicionado exclusivamente a la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lo ocurrido en el Congreso parece avanzar en dirección contraria. La aprobación de un proyecto que, en la práctica, eliminaría las candidaturas independientes plantea un choque evidente entre la voluntad legislativa y una sentencia vinculante del máximo intérprete de la Constitución.
La gravedad del momento institucional se acentúa aún más cuando se observa que la decisión fue adoptada de manera prácticamente unánime por los senadores. Resulta legítimo preguntarse si todos los legisladores han reflexionado plenamente sobre el alcance constitucional de la decisión adoptada o si estamos ante una reacción política frente a una sentencia que algunos sectores preferirían ignorar.
Algunos constitucionalistas, como Eduardo Jorge Prats, han descrito esta reacción como una “rabieta institucional hiperpartidista disfrazada de defensa de los partidos”. Más allá de la dureza de esa expresión, la advertencia merece una reflexión seria. Cuando las decisiones de un tribunal constitucional comienzan a ser relativizadas o neutralizadas mediante decisiones políticas, el equilibrio institucional de una democracia empieza a resentirse.
La Constitución dominicana es clara en este punto. El artículo 6 establece que todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución. El artículo 68 dispone que corresponde al Estado garantizar la efectividad de los derechos fundamentales; no basta con reconocerlos en el texto constitucional, es necesario hacerlos posibles en la realidad. El artículo 73 establece la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a la Constitución. El artículo 74 consagra el carácter progresivo de los derechos fundamentales. Y el artículo 184 reconoce al Tribunal Constitucional como el órgano encargado de garantizar la supremacía de la Carta Magna.
A la luz de esos principios, la iniciativa aprobada en primera lectura adquiere una dimensión particularmente sensible para el orden constitucional. Lo que está en juego es una posible tensión institucional con el Tribunal Constitucional si una ley terminara reproduciendo, en la práctica, las mismas restricciones que el propio tribunal declaró inconstitucionales. Una situación así podría tener consecuencias graves para el orden constitucional.
El artículo 68 de la Constitución no es una disposición abstracta: es la garantía de que los derechos fundamentales tengan contenido real y efectivo. Cuando el Estado limita injustificadamente vías de participación política, no solo restringe un derecho; también debilita la confianza del ciudadano en las instituciones llamadas a protegerlo.
Este no es un debate sobre simpatías o antipatías hacia las candidaturas independientes, ni sobre la importancia de los partidos políticos. Los partidos son pilares fundamentales de la democracia. Pero reconocer su importancia no significa convertirlos en los únicos canales posibles de participación política. La democracia dominicana debe abrir puertas al ciudadano, no cerrarlas.
Si la Constitución reconoce derechos políticos a los ciudadanos, surge entonces una pregunta de fondo: ¿quién puede legítimamente restringirlos? Los derechos políticos pertenecen al pueblo dominicano. Los partidos son uno —pero no el único— de los canales para ejercerlos.
Las democracias se sostienen sobre un principio simple pero esencial: la Constitución es la norma suprema del Estado y todos los poderes públicos están sometidos a ella. Cuando ese principio comienza a relativizarse, la confianza institucional se erosiona y el sistema democrático se vuelve más frágil.
Nuestro deber como nación —y particularmente de quienes ejercen responsabilidades públicas— es proteger la Constitución incluso cuando hacerlo resulte incómodo o políticamente inconveniente. El respeto al orden constitucional no es una opción circunstancial: es la base misma sobre la cual descansa la estabilidad institucional de la República.
La estabilidad democrática que hoy disfruta la República Dominicana no es un accidente histórico. Tampoco ha sido un proceso perfecto: a lo largo del tiempo ha habido episodios de indiferencia frente a los deberes y mandatos constitucionales. Pero precisamente por esa experiencia acumulada sabemos que debilitar las reglas del juego institucional solo aumenta los riesgos para el orden democrático en un mundo marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales.
Desde el Foro Cívico y Social y el Frente Cívico y Social creemos firmemente que aún hay espacio para la reflexión institucional. Por ello hacemos un llamado respetuoso pero firme a los honorables senadores para que, antes de la segunda lectura de este proyecto, revisen con serenidad el alcance constitucional de la decisión que se está tomando.
También está en juego el mensaje institucional que el Congreso envía al país. Cuando un poder del Estado parece actuar en contradicción con la Constitución o con una sentencia vinculante del Tribunal Constitucional, el mensaje hacia la ciudadanía y hacia las instituciones públicas es institucionalmente delicado.
En una democracia constitucional, los derechos políticos del ciudadano no dependen de la voluntad de los partidos ni de las mayorías circunstanciales del Congreso. Dependen de la Constitución. Porque cuando una democracia olvida que la Constitución es su límite, no se debilitan los partidos: se debilita la República.
Despierta RD!
(Primera entrega)
Por Oscar López Reyes
Las costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia colectiva o se están esfumando, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia representativa/liberal; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados. La vieja ciudadanía y la identidad cultural se desgastan en su funcionalidad y legitimidad, y no por casuística.
Las instancias del poder típico y clásico han menguado, y las voces que antaño repercutían con resonancia se apagan en el anclaje del paisaje de la individualización, el aislamiento y la fatiga, porque en la globalización y el necrocapitalismo se satisfacen pírricamente los deseos y aspiraciones comunales. Al unísono, esta nueva dinámica ha reducido la lucha de clases y puesto en jaque el viejo discurso político y los lances episódicos y coyunturalistas.
Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras del dominio y los procesos neodemocráticos:
1.- Crisis paternal y profesoral. Los jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en los dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan. Esos tutores no les fijan límites razonables, en una permisividad aupada por el temor al autoritarismo y a la culpabilidad (“crianza culposa”). La fragilidad en el mando de los docentes radica en el escaso respaldo familiar, el decaimiento de algunos padres hacia sus hijos y su desarmonía con las nuevas tecnologías.
2.- Los partidos de masas. Las organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica. Sus características principales son la personalización de su liderazgo en la obsolescencia e inadaptación en un contexto societario en constante cambio, la búsqueda energúmena de cargos públicos y beneficios particulares, la incursión en actos delictivos, como la corrupción, la descomposición, la escasa lealtad y las exigencias monetarias. Esos agravios se han traducido en inercia, estancamiento y en endeble suficiencia de esos partidos para movilizar a los conglomerados.
3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los reverenciados ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de los cambios, o sea, a la resistencia inconsciente a la readecuación a los nuevos tiempos hegemonizados por el marketing y las alternativas populistas nacionalistas. El progresismo no aprovecha la crisis de la plutocracia librecambista, se estanca y retrocede porque tampoco satisface las aspiraciones de la mayoría. Con su dogmatismo divisionista, la izquierda no se amolda a las conversiones, ni responde a desafíos contemporáneos, como la equilibrada, emergente y ascendente República Popular China.
4.- Los grupos estudiantiles. Recrean en la penumbra de la reminiscencia los movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de las décadas 1960-1980, cuyos miembros y simpatizantes salían a las calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional- por reivindicaciones académicas y el respetado a las libertades públicas y los derechos humanos. Han sido empequeñecidos y diezmados por la hegemonía del modelo mercantilista neoliberal, la vigencia democrática, la minimización de la izquierda y el predominio del egocentrismo.
5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la disminución de las grandes industrias manufactureras y la automatización tecnológica, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la percepción de corrupción y la politización de los gremios. Ahora una laptop tonifica con más utilidad que un sindicato.
6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos de la opinión pública en sociedades democráticas, la vigencia del estado de derecho, las imposiciones de organismos internacionales y los grupos de intereses. Asimismo, la influencia y el poder de funcionarios del Estado se ha limitado (no eliminado) por la implementación de normativas contra sobornos en licitaciones y adquisiciones, la prohibición de doble cargo remunerado, los contubernios y negocios asociados, la reducción de gastos operativos y otros relativos a los procesos de transparencia, y por temores a las denuncias públicas (los desfalcos y peculados son más conocidos) y a los enjuiciamientos judiciales.
7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet. También les perforan las redes sociales y la gratuidad de otras plataformas digitales, que son preferidas por los nuevos usuarios, especialmente los jóvenes.
8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación y gangrena, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia sistémica. Están siendo frenados por las denuncias ciudadanas y los rollizos esfuerzos de las autoridades oficiales, como las reformas institucionales.
9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales. Por el contrario, las religiones se transforman y crece la espiritualidad, con prácticas como el yoga/meditación, adaptadas a estilos de convivencia flexibles, abiertos, individualistas y globalizados.
10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra. Hoy las ligas agrarias son debiluchas, y perecen. Ese declive brota dispersión e ineficacia para organizarse y proteger su producción, así como la emigración a las ciudades del país y el exterior. También han apaciguado el descalabro de la izquierda y el tráfico y lavado de dinero con la venta de predios.
Como se constata en las descripciones y razonamientos predichos, en la Nueva Era de trabajos digitales, computación cuántica e inteligencia artificial, líderes políticos, socio-comunitarios y organizaciones de pelajes dispares no se han remozado en perspectivas de las otras expresiones ciudadanas y paradigmas emergentes en el hogar, la escuela y los cantones geográficos. Su morfema léxico se fue a pique.
Inequívocamente, no han comprendido que las ideas y potestades ya no se imponen únicamente con la coacción o coerción, sino con el diálogo tolerante, la cercanía con discursos moderados e inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin girar gradualmente hacia metas prioritarias y alcanzables en el corazón de esas mutaciones societales, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno. ¡Qué adversidad!, ¡qué lamento!, y ¡qué calamidad!
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El autor: Periodista, escritor y catedrático.
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