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Imputados del caso Coral reciben denegación de solicitud para salir de prisión.
La pastora Rossy Guzmán y su hijo, el cabo Tanner Flete, implicados en el caso Coral, tras cinco meses de estar recluidos en la cárcel de Najayo, buscaron ser puestos en libertad, pero la Tercera Sala de la Corte de Apelación les ha negado sus pretensiones.
Los implicados en este caso de corrupción religioso-militar, donde también está imputado el mayor general Adán Cáceres Silvestre, presentaron un recurso de habeas corpus.
Esto, para que un tribunal ordenara su libertad alegando una detención ilegal, petición que le fue denegada al ser declarada improcedente.
No conformes, a través de sus abogados, apelaron al fallo ante la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que confirmó ayer la referida decisión y por lo tanto también le rechazaron su solicitud.
Los jueces Daniel Nolasco, July Tamríz Núñez y Mariana García, quienes integran la Tercera Sala Penal de la Corte, constataron que no hay ilegalidad con la prisión preventiva que pesa en su contra.
Por lo tanto el tribunal que declaró improcedente el habeas corpus obró correctamente.
“El tribunal de primer grado dio sobradas explicaciones en hecho y derecho en relación a la acción incoada, quedando establecida la condición por la cual se encuentran los impetrantes (Guzmán y Flete) actualmente guardando prisión preventiva”, precisó el tribunal de alzada.
De acuerdo al Ministerio Público, el mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia (Cusep), creó junto a la pastora Guzmán, un entramado militar-policial, social y religioso para distraer fondos del patrimonio público.
Supuestamente, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa), el coronel policial Rafael Núñez de Aza, exdirector financiero del Cusep y del Cestur; el mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, pertenecían a la red criminal, y desviar el dinero público.
El desvío de los fondos, indican las pesquisas, consistía en lo siguiente: distraían millonarios fondos de los viáticos, la compra de combustibles, las raciones alimenticias e inteligencia.
El Ministerio Público ha dicho que los imputados adquirieron decenas de bienes millonarios (casas, apartamentos, autos lujosos y de última generación, fincas, empresas, cuentas bancarias) para colocar los activos distraídos del patrimonio público y hacerse titulares a través de personas físicas y jurídicas de cuantiosas fortunas.
Alegadamente, la pastora Guzmán y su hijo fungían como testaferros.
Santo Domingo, R.D.-Patricia Padilla, jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, autorizó al imputado José Gómez Canaán “Jochy” a salir del país hacia Panamá desde el 23 y hasta el 30 de junio de este año.
Padilla también ordenó que la disposición judicial sea notificada al Ministerio Público (MP), al solicitante y a la Dirección General de Migración (DGM), con el objetivo de garantizar el cumplimiento del levantamiento provisional del impedimento de salida que pesaba contra el acusado.
Asimismo, la jueza impuso una sanción económica a la Procuraduría General de la República (PGR), que consistirá en una multa de 5,000 pesos diarios por cada día que se retrase en la ejecución de esta orden judicial.
Jochy Gómez es uno de los acusados junto al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y otros encartados, de intentar estafar al Estado con más de 1,300 millones de pesos.
El supuesto fraude se habría intentado consumar a través del contrato para la instalación de semáforos inteligentes en el Gran Santo Domingo.
Santo Domingo.– Las autoridades pusieron en marcha desde este sábado la Operación Begonias con múltiples allanamientos en la provincia Santo Domingo, producto de una amplia investigación iniciada hace varios meses para desarticular redes transnacionales de trata de personas con fines de explotación sexual y con la que rescató a más de 40 mujeres.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) adelantaron que los fiscales presentarán cargos criminales contra ocho imputados (cuatro hombres y cuatro mujeres) colombianos y dominicanos.
La operación, en conjunto con la Fiscalía de Santo Domingo Este, cuenta con el apoyo de la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet) y el Departamento de Trata de Personas de la Policía Nacional. También participaron fiscales de la fuerza de Tarea de la Dirección General de Persecución, así como miembros del Departamento de Investigaciones de la PETT y la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público.
La investigación contra las redes contó con el apoyo de Anti Trafficking Bureau (ATB).
Un equipo de 10 fiscales, más de 85 agentes de la Policía Nacional y varios técnicos de investigación y especialistas en atención a víctimas se movilizaron desde tempranas horas del sábado.
Durante la operación, los equipos de fiscales ocuparon dinero en efectivo, seis vehículos, equipos electrónicos, cuadernos de anotaciones y diferentes drogas narcóticas.
De igual forma, se incautaron los inmuebles que eran utilizados como espacios de operación de la red, incluyendo una edificación de varios niveles.
La procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la PETT, resaltó la importancia de la nueva operación contra las redes de trata de personas.
“Estás operaciones, que son antecedidas de un amplio trabajo de investigación, responden a las acciones impulsadas por la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso contra el crimen transnacional”, dijo Bejarán Álvarez.
Explicó que los imputados arrestados como parte de la Operación Begonias captaban en Colombia y movilizaban al país a las jóvenes que explotaban sexualmente.
Los imputados ofertaban trabajo a las víctimas como bartender o camareras de hoteles. Después de traerlas retenían sus documentos y las amenazaban con hacerle daño a sus familiares en Colombia, al tiempo de presionarlas por una supuesta deuda de 3,500 a 4,000 dólares que le hacían pagar si querían aceptar la promesa de que podrían
Santo Domingo, R.D.- Ciudadanos consultados consideran que los empresarios Antonio y Maribel Espaillat deben ser acusados de homicidio culposo o voluntario por la tragedia del Jet Set debido a que fueron advertidos del peligro y no tomaron medidas a tiempo.
Así afirmaron ciudadanos que consideran que el Ministerio Público está a tiempo de cambiar la calificación jurídica de la acusación antes del juicio de fondo.
Como crónica de una tragedia anunciada definen ciudadanos la madrugada del ocho de abril, en donde perdieron la vida 235 personas y 180 resultaron afectadas y más de 170 huérfanos.
Algunos ciudadanos afirmaron que esas personas estuvieran vivas si los hermanos Espaillat hubiesen atendido las advertencias que les hicieron de suspender la fiesta el pasado ocho de abril.
Las críticas ciudadanas incluyen al gobierno y al Ministerio Público por ser permisivos y genuflexos a favor de los hermanos Espaillat, quienes son acusados de homicidio involuntario, pese a que la misma instancia los señala como negligencias.
También juristas denunciaron que el Ministerio Público, al dar la calificación de homicidio involuntario, coincidió con las defensas de los imputados, lo que se convierte en una falta de protección para las víctimas.
Tras la solicitud de la magistrada Reinoso, el Congreso Nacional ha reactivado las discusiones de la propuesta legislativa que presente dotar al país de un Código Penal más actualizado.