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Recuperar confianza y otros seis desafíos para la nueva Junta
Partidos, líderes y entidades sociales buscan perfiles que puedan generar credibilidad al desacreditado órgano
La Comisión Especial del Senado avanza en el proceso de selección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE). La nueva administración del órgano electoral y del registro civil para el cuatrienio 2020-2024 tendrá importantes retos. El primero es el mismo de siempre, la credibilidad y confianza de la población en el organismo electoral, que en esta ocasión se vio profundamente afectada por la suspensión de las elecciones del 16 de febrero por un fallo en el sistema del voto automatizado que implementó la JCE.
En cuanto al registro civil, las nuevas autoridades tendrán que revisar la eficiencia y modernización del proceso. A continuación los retos de la JCE para el cuatrienio 2020-2024.
1 Ganar confianza y credibilidad. La JCE llegó a las elecciones municipales con la credibilidad mermada por lo traumática que resultaron las primarias abiertas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la inobservancia de los miembros de la JCE en aspectos neurálgicos para generar credibilidad como negarse a practicar las auditorías requeridas al sistema de votación, iniciar la transmisión de los resultados con las filas repletas de votantes y permitir que se votara hasta altas horas de la madrugada. Esos hechos y el comportamiento posterior de los miembros de la JCE, dieron fuerza a las denuncias de fraude que hizo el expresidente Leonel Fernández. El informe de la OEA sobre el fallo del voto automatizado señaló que se debió a una mala gestión del órgano electoral.
Adicionalmente, la JCE fue criticada por no accionar ante los delitos electorales durante la campaña presidencial como la compra de cédulas y la permanencia en los cargos de candidatos como la candidata vicepresidencial del PLD, Margarita Cedeño, quien desempeñaba las funciones de coordinadora del gabinete de política social del pasado gobierno. La funcionaria renunció tres semanas antes de las elecciones. En su informe final de observación, la OEA fue crítica con la JCE “por la falta de acción” ante los delitos electorales. El artículo 69 de la Ley La Ley 15/19 establece que los funcionarios que son candidatos están suspendidos “ipso facto” desde la inscripción de la candidatura.
Para ganar confianza y credibilidad, los nuevos integrantes del órgano tendrán que superar la vieja práctica de los partidos y candidatos que no resultan favorecidos con el voto de culpar al órgano electoral de sus derrotas. En el proceso de selección, los partidos y sus líderes, así como entidades sociales, han definido perfiles que puedan llevar al órgano al salto cualitativo de la confianza y credibilidad que necesita.
2 Propiciar la equidad. Las pasadas elecciones se hicieron bajo un nuevo sistema legal por la entrada en vigencia de la Ley de Partidos 33/18 y la ley del Régimen Electoral 15/19, que facilitan una serie de medidas para generar mayor equidad en la competencia electoral y evitar el uso de los recursos del Estado, sin embargo, nada de eso ocurrió en el pasado proceso que fue calificado como uno de los más inequitativos y fue criticado en los informes de observación electoral de Participación Ciudadana y la Organización de Estados Americanos (OEA). Participación Ciudadana sostuvo que en el pasado proceso electoral la JCE no ejerció el poder que le otorgan esas legislaciones y la Constitución y que “perdió la oportunidad de constituirse en una verdadera contención del desbordado abuso del poder”. El informe de la OEA criticó la falta de acción de la JCE por no aplicar las leyes electorales para prohibir “la masiva distribución de dádivas” a la población con la excusa de la pandemia, gastos que “más bien podrían catalogarse dentro de los comportamientos expresamente prohibidos”.
3 Conteo votos y transmisión. El problema que persiste en el sistema electoral dominicano es el conteo de los votos y la transmisión de los resultados. Uno de los mayores problemas en el conteo de los votos se presenta en el voto preferencial, esa situación genere el descuadre de las actas que en cada proceso electoral terminan por salpicar de desconfianza los resultados. El conteo a mano es, además, una gran desventaja para los partidos y candidatos que no logran acreditar delegados en los colegios electorales. La propuesta de las actuales autoridades de la JCE para resolver el problema fue el voto electrónico, pero fracasó por un fallo generalizado que provocó la suspensión de las elecciones municipales de este año, una experiencia que hace poco probable que vuelva a probarse, sobre todo porque ese sistema de votación ha fracasado en la mayoría de los países donde se ha implementado. Las anteriores autoridades, en el 2016 probaron un sistema de conteo por escáneres de las boletas, pero quedó desacreditado por las múltiples fallas que se produjeron al inicio de las votaciones en el 2016, pues el paquete incluyó automatizar el registro de concurrentes. Implementar un sistema confiable para contabilizar los votos y que gane la confianza de los partidos políticos y de la ciudadanía, es, sin dudas, el gran reto de los nuevos miembros de la JCE.
4 Promover debates electorales. El párrafo único del artículo 172 de la Ley 15/19 establece que “la Junta Central Electoral promoverá la realización de debates sobre los programas y plataformas que presenten los partidos o alianzas de partidos en un proceso electoral, procurando la mayor difusión de las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales y vicepresidenciales, así como de los programas de las políticas congresionales y municipales de los partidos políticos”. A pesar de eso la JCE no promovió el debate entre los candidatos en las pasadas elecciones, un anhelo de diversos sectores sociales y la ciudadanía en general que se vuelve tema de campaña en cada proceso desde el 1996. Hasta ahora, ha llevado la voz cantante sobre esa posibilidad la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje) y para el 2024 bien podría la JCE apoyar esa iniciativa para forzar a los candidatos y partidos a debatir en televisión sus propuestas de campaña. El TSE en la ordenanza 002−2020 del 5 de febrero del 2020, dio un espaldarazo a los debates al establecer que “se debe impulsar la celebración de debates electorales, tanto desde la academia como desde el sector privado, pues con ello se contribuye a la sensibilización sobre la necesidad de que el debate político se enfoque en políticas serias y pertinentes para el colectivo y que den como resultado un voto temático”.
5 Transparentar gasto en las campañas. La Ley de Partidos y la Ley Electoral establecen topes para el gasto de la precampaña y de la campaña. El costo de la política es uno de los temas que sigue preocupando a los estudiosos de los sistemas democráticos, tanto por lo costosa que resulta la competencia por un cargo de elección popular como por el origen del dinero que financia las campañas. Mediante las leyes 33/18 y 15/19 se intentó dar respuesta a ese problema, pero la práctica no dio el resultado esperado, por un lado, porque el tope de hasta RD$922 millones que podían gastar los candidatos es muy alto para bajar el costo de las campañas y, por otro lado, por las dificultades para establecer si efectivamente los candidatos y partidos gastan lo que reportan ante la JCE. El tema se mantiene como un gran desafío para las nuevas autoridades de la JCE.
6 Eficientizar y modernizar el registro civil. La JCE además del tema electoral tiene la responsabilidad del registro civil, pues le brinda servicios a los más de diez millones de dominicanos, porque tiene la responsabilidad de expedir las actas de nacimiento, cédula de identidad, actas de defunción. actas de matrimonio y de divorcio. Adicionalmente, tiene la responsabilidad del registro del libro de extranjería para los extranjeros que nacen en el país. El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, en cuya gestión se automatizó el registro civil, sostuvo que el reto ahora es eficientizarlo y modernizarlo para agilizar la entregada de documentos y evitar que se aglomeren tantas personas en las oficialías del registro civil. Este departamento además es fuente de conflicto por el otorgamiento de documentos de identidad a los extranjeros.
7 Las juntas electorales. Las juntas electorales son las responsables del montaje de las elecciones y además funcionan como tribunales de primera instancia en los casos contenciosos electorales. Los actores políticos han señalado las deficiencias de esas instancias en los procesos y han abogado por la calidad de sus integrantes. El presidente del TSE y aspirante a presidir la JCE, Román Jáquez, aboga para que sean divididas.
elcaribe.com.do
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Abinader tras violación de la Constitución se autocalifica como un presidente del centro y socialdemócrata.
Santo Domingo, R.D.-Tras la promulgación de una ley que viola la Constitución para buscar eliminar las candidaturas independientes, el presidente Luis Abinader aseguró que se ha guiado —y que pretende seguir guiándose— por una visión de “centro” en su gestión, al tiempo que defendió un modelo que combina desarrollo económico, impulso a la inversión privada y políticas sociales orientadas a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida.
Abinader habló durante un conversatorio de Café Político con estudiantes de la PUCMM, donde fue consultado directamente sobre la “filosofía política” que ha orientado “estos primeros seis años de gobierno” y la que guiaría “los últimos dos años” restantes.
“Es tan difícil ahora catalogarse, o ponerse o colocarse en una línea política, y especialmente en el caso nuestro”, respondió el mandatario, antes de referirse a la manera en que distintos sectores han intentado encasillar a su administración. Según explicó, a su gobierno lo han descrito en distintas ocasiones como “de derecha”, “de centro”, “de izquierda”, e incluso bajo fórmulas intermedias. “A mí me han puesto a veces ‘Gobierno de centro izquierda’, a veces ‘Gobierno de centro’ y a veces ‘Gobierno de centro derecha’. Yo he visto las tres categorías”, afirmó.
Sin embargo, Abinader buscó cerrar el debate con una definición propia: “Nosotros somos un Gobierno de centro”.
Para explicar esa ubicación, el presidente apeló a una referencia internacional: la socialdemocracia europea, particularmente en los países nórdicos y Alemania. En ese marco, sostuvo que se trata de una corriente que “cree en el desarrollo económico”, “cree en la inversión privada” y también entiende que “hay que fortalecer la inversión privada”. A la vez, subrayó que ese crecimiento debe ir acompañado de “una mejoría y una base social” que garantice un camino “hacia la eliminación y la disminución de la pobreza” y hacia la “mejoría de la calidad de vida”.
“Exactamente eso es lo que nosotros hemos conseguido en estos seis años”, dijo, al reivindicar los resultados de su gobierno bajo esa lógica de equilibrio entre dinamismo económico y políticas sociales. No ofreció cifras ni detalles de programas en su respuesta, pero insistió en que la orientación general de la gestión ha sido consistente con ese enfoque.
El mandatario también enmarcó su planteo en un período que describió como particularmente adverso por el contexto internacional. Recordó que llegó al poder “en el medio de la crisis del COVID” y que, cuando el país comenzaba a salir de la pandemia, sobrevino la “crisis de Ucrania”. “Y ahora ya ustedes saben…”, añadió, en alusión a un escenario global que —según su relato— ha continuado sumando presiones.
En un giro coloquial, Abinader resumió la sensación de gobernar en medio de crisis encadenadas con una frase que provocó reacción en el auditorio: “A veces yo digo: ‘Dame, échame algo bendito… A ver si tenemos más suerte’”. Acto seguido, insistió en que esos desafíos han sido parte del terreno que su administración ha tenido que enfrentar.
Santo Domingo, R.D.-Como una forma de cuidarse en salud en virtud de que se le vence su tiempo en el cargo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial destacó los supuestos avances en la justicia dominicana en los últimos años, logros que, afirmó, son «frutos de una obra colectiva» de todos los sectores políticos y sociales.
Durante el acto de apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, Molina subrayó que estos progresos han sido reconocidos tanto por indicadores nacionales como por estudios internacionales, al tiempo que exhortó a preservar estas conquistas y evitar cualquier retroceso.
Entre los principales logros resaltó una mayor confianza, la eliminación de la mora en la Suprema Corte de Justicia, que incluye una transformación del recurso de casación, que —según explicó— dejó de ser un mecanismo que retrasaba derechos, reduciendo su tiempo de tramitación de 107 a 27 días.
Sostuvo que el acceso digital permite a más de 33 mil abogados y ciudadanos acceder gratuitamente a sus casos sin traslados y sin intermediarios, asistir a audiencias virtuales, en los procesos civiles, y consultar sus expedientes desde cualquier lugar, incluso desde el extranjero.
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En la actividad de inauguración de la conferencia participaron el presidente de la República, Luis Abinader, así como los presidentes de las cámaras legislativas, Alfredo Pacheco y Ricardo de los Santos, junto a representantes del sector empresarial, la judicatura y diversas instituciones nacionales e internacionales vinculadas al ámbito jurídico.
Molina, quien cumplió el periodo de siete años como presidente de la SCJ y será sometido a evaluación próximamente por el Consejo Nacional de la Magistratura, expuso que el Poder Judicial ha procurado moverse al mismo ritmo que lo ha hecho el crecimiento económico en los últimos treinta años y que para lograrlo se crearon tres objetivos concretos.
En ese sentido, aseveró que la conferencia constituye el espacio rector del Plan de Justicia del Futuro 20-34 para revisar los avances y “corregir el rumbo cuando la circunstancia lo aconseja”, as í como renovar compromisos y voluntades.
La conferencia se desarrollará desde este jueves 9 de abril hasta el sábado 11.
El acto inaugural también contó con la participación del expresidente de la República Leonel Fernández; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; los legisladores Omar Fernández y Tobías Crespo, y la jueza Nancy Salcedo, integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
Asimismo, los expresidentes de la SCJ, Jorge Subero Isa y Mariano Germán.
En la inauguración de la Conferencia de Justicia 2026, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el de la República, Henry Molina y Luis Abinader, entregaron un reconocimiento a la magistrada Olga Herrera Carbuccia por su papel en la creación y consolidación de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo.
“Constituyó un ejemplo de gestión judicial al convertir una idea en una institución organizada, eficiente y referente en materia penal, aún en contextos desafiantes”, se dijo al momento de hacérsele entrega a la placa con la que se le reconoció su labor.
Santo Domingo, R.D.-En medio de una serie de interrogantes tras la circulación de una resolución que plantea un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno de la Cámara de Cuentas, abrió dudas sobre si el órgano se aprobó un incremento salarial en violacion de la Constitución de la República.
Sin embargo, una fuente de la institución negó la veracidad del documento que circula en medios de comunicación bajo el número de resolución ADM-2026-017, y dijo que la realidad es que hubo un aumento de salarios a los empleados que no excluye a los miembros del pleno de la institución.
A pesar de que en la página web de la Cámara de Cuentas están publicadas resoluciones con números posteriores, mas no la señalada.
El documento en cuestión corresponde a la resolución número ADM-2026-017, fechada el 13 de marzo de 2026. En su contenido se establece la modificación del «Manual unificado de políticas de compensación, derechos y beneficios del servidor público de la Cámara de Cuentas«.
El texto en debate indica un aumento de hasta un 50 % en las compensaciones de los miembros del pleno, bajo el argumento de reconocer «dedicación exclusiva y jornadas extraordinarias». También plantea que la medida tendría carácter retroactivo a febrero de 2026.
De aplicarse, el incremento impactaría directamente a los actuales integrantes del órgano. Según los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, la presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, mientras que el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
De ser veraz la resolución, la disposición entra en conflicto con el artículo 140 de la Constitución, que regula los aumentos de remuneraciones en el sector público.
El texto establece: «Ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados».
Al tratarse de un aumento aprobado por los propios miembros para su período vigente, la resolución podría ser objeto de cuestionamientos de constitucionalidad. La Constitución también establece que el incumplimiento de esta disposición será sancionado conforme a la ley.
De acuerdo con los reportes de nómina del primer trimestre de 2026, los miembros del pleno reciben las siguientes remuneraciones:
La presidenta devenga 423,500 pesos mensuales, el vicepresidente y los miembros reciben 379,097.84 pesos cada uno.
Con el nuevo esquema, las compensaciones podrían aumentar en más de 211,000 pesos mensuales en el caso de la presidencia y en alrededor de 189,000 pesos para los demás miembros, dependiendo de la aplicación del tope del 50 %.
La resolución también elimina el bono por antigüedad y suspende el bono vacacional. La medida se sustenta en que estos beneficios no estaban vinculados a criterios de desempeño o productividad institucional.