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Opinión

Reforma y revolución en el presente capitalista

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A propósito de lo que acontece en nuestra América y más allá, considero políticamente útil volver sobre los vínculos y las diferencias entre reforma y revolución, más cuando vuelven a perfilarse marcadas decantaciones entre las izquierdas reformistas y las revolucionarias del país y del continente.

¿Qué es reformar?

¿Qué se entiende por reformas sociales, económicas y políticas?

Reformar es introducir cambios, modificaciones, variaciones dentro de un determinado orden económico, social y jurídico-político vigente, sin reemplazarlo, sin sustituirlo por otro.

Reformar es equivalente, en alguna medida, a reestructurar, remendar, realizar cambios que se consideran convenientes o necesarios por la existencia de una correlación de fuerzas dada.

Reformar el capitalismo es producir variaciones en su funcionamiento, en sus políticas económicas y sociales, en su constitución y sus leyes, en sus instituciones y en su sistema político.

En la tradición marxista la lucha por las reformas es igual a la lucha por mayores espacios democráticos, más libertades, más reivindicaciones económica, más conquistas sociales, mejores ingresos, mejor distribución de las riquezas en el contexto de la dominación capitalista y de la lucha de clase.

Los cambios en los modelos económicos y en el orden jurídico-político también se inscriben dentro de la lucha por reformas al interior del sistema capitalista.

¿Pero específicamente de cuáles reformas hablamos?

Esta pregunta es pertinente porque en las últimas décadas  la palabra «reforma» ha tenido connotaciones distintas e incluso contradictorias.

Esto así porque los ideólogos del capitalismo, cuando pusieron en marcha su reestructuración neoliberal en el contexto de la gran crisis estructural de finales del siglo XX, hicieron un uso perverso de la palabra reforma. Cooptaron el término para denominar lo que realmente fue un proceso de contrarreformas, un desmonte de las reformas posteriores a la segunda guerra mundial, una especie de «revolución conservadora» destinada a anular muchas de las conquistas y reivindicaciones de los(as) trabajadores(as) y los pueblos, a desmontar gran parte de las características del llamado «estado del bienestar» de la era keynesiana y de las democracias liberales socialmente avanzadas; destinadas, en fin, a favorecer al gran capital privado local y transnacional.

Por eso, hoy es obligado diferenciar en lo concreto de cuales «reformas» se trata: si de las contrarreformas neoliberales o de las reformas que favorecen a las clases y sectores explotados, oprimidos, excluidos y discriminados. Si de las reformas progresivas, social y políticamente avanzadas, redistribuidoras de ingresos, propiedades y espacio de poder; o si de las «reformas» concentradora de propiedad, ingreso y poder. Si de las propuestas destinadas a aumentar los ingresos de los(as) de los(as) de abajo, el rol social y económico del Estado, las libertades y derechos ciudadanas….o si de aquellas destinadas a privatizarlo todo a favor de oligopolio y monopolios y a liberar precios, mercados y regulaciones en favor de esas minorías.

Cuando los marxistas nos declaramos partidarios de las reformas y luchamos por ellas, nos referimos concretamente a aquellas que favorecen intereses, valores, derechos, libertades e ingresos de los(as) trabajadores(as) y los pueblos. Nos referimos a las reformas progresivas; las cuales, son repelidas por el modelo neoliberal al punto de imprimirle un carácter cada vez más confrontativo.

¿Pero acaso es lo mismo ser partidarios de esas reformas y ser «reformista»?

De ninguna manera.

¿Qué diferencia hay entonces entre políticos revolucionarios y políticos reformistas?

Los (as) reformistas no rebasan los límites del sistema, se quedan en las luchas por la democratización y por las mejoras sociales, económicas y culturales dentro del sistema capitalista. Se reduce a reformar el capitalismo, a mejorarlo, a hacerlo «más virtuosos» o «menos brutal». Algo cada vez más difícil después de la reestructuración neoliberal.

Los (as) revolucionarios/as no se limitan a combatir por reivindicaciones y reformas más o menos avanzadas, a conquistar espacios democráticos, a luchar por mejores condiciones de vida para los pueblos…asumen esas luchas, cuando las circunstancias las favorecen, pero sin limitarse a ellas, procurando crear en esos combates la conciencia y la organización que posibiliten hacer revoluciones, producir las rupturas necesarias y abrir las compuertas de las transiciones revolucionarias, de las revoluciones populares y democráticas de orientación socialista.

Para éstos (as) últimos (as) reformas son un medio, no un fin. El fin es la revolución.

Para los primeros (as) son su razón de ser. Creen en la evolución, no en la revolución, lo que ahora carece cada vez más de sentido, en vista de que la burguesía transnacional obstruye la vuelta a una especie de neo-keynesianismo como lo evidencian los recientes acontecimientos dentro del contexto de la multi-mega crisis capitalista en curso.

¿Pero es válido acaso contraponer permanentemente las reformas a la revolución, o viceversa?

Decididamente no.

La posibilidad de acumular fuerza a través de lucha por las reformas no es un acto propio de la voluntad antojadiza de los (as) revolucionario (as). No es algo que pueda decidirse por decreto. Es más bien un dato de la realidad, algo relacionado con las posibilidades y condiciones que se presenten en determinadas fases, periodos y momentos.

Igual lo relativo a la posibilidad de hacer revolución. Eso tampoco se decreta. Hay que esperar y promover situaciones, como también crear condiciones que dependen de la confluencia de múltiples factores a desarrollar. Para hacer revolución deben desarrollarse las denominadas situaciones pre-revolucionarias y revolucionarias.

En muchos casos, fases y periodos, la reforma y revolución  andan de la mano. Forman parte de la dialéctica de acumulación de fuerza y confrontación para el cambio.

Reformas y revolución se separan cuando es imperioso cambiar el orden dominante y, sobre todo, cuando las reformas asumen un carácter contrainsurgente, estabilizador del sistema en crisis o al borde de la quiebra. Entonces, hay que decidirse por uno u otro camino, definiéndose así categóricamente si optamos para prolongar el sistema reformándolo o si procuramos abolirlo para remplazarlo.

Esto de abolir el capitalismo habrá que tenerlo muy presente en un contexto en que no solo el capitalismo está en crisis, sino cuando el capitalismo es en sí mismo es la causa de la crisis de existencia de la humanidad; sin  que su clase dominante y el sistema como tal cuenten con un modelo alterno al neoliberalismo y/o fórmulas superadoras  del desastroso cuadro mundial.

Las perspectivas de su permanencia es un caos global cada vez mayor, por lo que las consignas “socialismo o barbarie” y “comunismo o caos” vuelven a resonar con acentuada pertinencia.

 

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¡Defender a Miriam desde el pueblo y con el pueblo!

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Por Narciso Isa Conde

La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.

La doble moral es ley en no pocos integrantes de los altos mandos políticos, policiales, militares y empresariales de este país. En estas circunstancias hay que estimular a la gente buena y trabajar para que el pueblo sencillo vuelque su solidaridad hacia Miriam Germán.

·         En el delicado rol que le ha tocado desempeñar con dignidad a Miriam Germán -dentro de un Estado e instituciones que cercan y acosan valores, e infiltradas por agentes de la corrupción y de la maldad- solo se debe confiar en defenderse con el pueblo y desde el pueblo.

·         Según lo oficiosamente relatado, quien amenaza a Miriam German, cuenta con poder de chantaje y complicidades altas, decidido a amenazar de muerte y agredir moralmente desde un discurso turbio, construido para sembrar dudas, a lo Jean Alain. Un plan múltiple desde infiltraciones protegidas.

·         La amenaza a Miriam es más que eso. Parece contemplar otras vertientes perversas, dada la rareza de su curso: llamadas amenazantes identificables desde España, filtración oficiosa de la información a través de enclaves oscuros, precedida de una reunión de alto nivel en Palacio, recogida en forma moderada por otros medios.

·         Miriam Germán es factor fundamental de una PGR en lucha contra corrupción mafiosa, pero con enormes limitaciones // Abinader, emplazado a investigar conexiones entre España y RD, dirá lo que le convenga.

·         La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.

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Siembras y Cosechas

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Por. Isaías Ramos

Hoy, el pueblo dominicano vive sorprendido, cuestionándose cómo la delincuencia, el crimen y el caos se apoderaron de nuestras calles, barrios y ciudades. Cada horrendo crimen suena una alarma, pero la realidad es que la mayoría de nuestros barrios ya han sido tomados por el narcotráfico y la delincuencia. Lugares donde la autoridad estatal es casi nula y el crimen organizado actúa a sus anchas.

Durante mucho tiempo, algunos de los «líderes» que gobernaron nuestro país, y que pretenden volver a hacerlo, optaron por «corromper para no matar». Dedicaron hasta un 6% del presupuesto nacional a corromper en lugar de implementar la ley de educación que busca formar ciudadanos íntegros y con principios.

Nos preguntamos: ¿qué podemos esperar de una sociedad guiada por hombres y mujeres que no distinguen lo bueno de lo malo? Confunden libertad con libertinaje. Recordemos una reciente declaración de un ex presidente y aspirante a volver al poder. Cuando se le pidió su opinión sobre el dembow y la 42 de Capotillo, afirmó que eran “expresiones culturales y artísticas que no deben censurarse o prohibirse”. En otras palabras, aceptó como normal que la vulgaridad, la perversión, el desorden y el caos sean parte de las normas sociales.

Nuestro pueblo ha sido dirigido por una clase política mayoritariamente inepta e incapaz durante casi tres décadas. Gente ansiosa de alcanzar el poder para garantizar su impunidad y continuar saqueando, endeudando y pervertiendo nuestros recursos naturales. Han permitido la inundación de nuestro territorio con ciudadanos del vecino país para complacer intereses foráneos, creando un desequilibrio demográfico que, a largo plazo, traerá sangre, sudor y lágrimas a las generaciones futuras.

Han sembrado antivalores, caos, injusticia y gran desigualdad, y es esa la cosecha que estamos viviendo hoy. Esa es la herencia que nos dejan como legado. Somos el resultado de las decisiones tomadas ayer. Seremos mañana lo que decidamos hoy y pasado mañana, el resultado de lo que decidamos mañana.

No podemos permitir que esta clase política siga sembrando desasosiego, perversión, injusticia, caos y desigualdad en este hermoso país. Han demostrado ser expertos en hacer el mal, pero cuando se trata de hacer el bien, parecen olvidar cómo se hace.

No nos han engañado una o dos veces, sino incontables veces. Hemos sido víctimas de su manipulación y engaño repetidas veces, depositando nuestra confianza en aquellos que han demostrado ser enemigos del pueblo y traidores a la patria. Si continuamos por este camino, la certeza es absoluta: seguirán hundiéndonos en la peor de las miserias humanas.

Afortunadamente, la mayoría del pueblo ya no es ingenua. Saben quiénes les han robado el presente y comprometido su futuro.

En el Frente Cívico y Social (FCS), comprendemos que el pueblo dominicano ha sido víctima de una clase política manipuladora. Reconocemos que ha sufrido de la ignorancia respecto a lo que debería y podría conocer. Creemos firmemente que el secreto de una sociedad donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades reside en sus principios y valores.

En FCS, somos y continuaremos siendo diferentes a lo que esta partidocracia representa. Si el pueblo nos brinda la oportunidad, prometemos actuar de manera distinta. Nos comprometemos a devolverle al pueblo la dignidad que le ha sido arrebatada. Solo así podremos comenzar a levantar nuestra bandera bien alta.

Nuestro trabajo se centrará en rescatar nuestros principios y valores a través de la educación ciudadana. Estamos decididos a abordar y solucionar los problemas domésticos que enfrenta la población día a día: la seguridad ciudadana, la salud y la educación. También reconocemos la carencia de servicios fundamentales como el agua, la electricidad, el drenaje sanitario y pluvial y la falta de viviendas confortables.

Impulsaremos un modelo económico de desarrollo inclusivo, que se enfoque en la producción y el ahorro. Queremos una economía que beneficie a todos los dominicanos, no solo a unos pocos.

Es hora de un cambio. Es hora de poner en marcha la máquina del progreso y de la prosperidad para todos. ¡Únete a nosotros en este camino!

La esperanza de un futuro mejor para todos está en nuestras manos. En FCS, creemos en ese futuro, y sabemos que, con tu apoyo, podemos hacerlo realidad.

Despierta RD!

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Opinión

Corte Penal Internacional: Implementación del Estatuto de Roma

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Por Rommel Santos Díaz

Igual que con cualquier tratado internacional, los Estados deben tomar en cuenta si el formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional  requerirá cambios a sus leyes o a los procedimientos administrativos nacionales, con el fin de cumplir con las obligaciones del tratado.

Respecto a lo anterior, se podrían requerir algunas medidas  legislativas para asegurar una efectiva cooperación entre los Estados Partes y la Corte Penal Internacional durante las investigaciones. Si los Estados ya cuentan con legislación nacional sobre la asistencia legal y la extradición, la introducción de estas medidas no será difícil.

En general, al redactar la legislación de implementación, es necesario tomar en cuenta  que la Corte Penal Internacional  no es un órgano regulador o institucional internacional ordinario.

La Corte Penal Internacional tiene una potestad única para impedir y reprimir¨ los crímenes más graves de trascendencia  para la comunidad internacional en su conjunto¨, según lo estipulado en el artículo 5  del Estatuto de Roma.

Cabe señalar  que  el potencial de la Corte Penal Internacional, al no existir una fuerza policial internacional  que pueda llevar a cabo la labor de asistencia  con la Corte en sus investigaciones y en el cumplimiento de sus órdenes, será alcanzado  sólo si existe plena cooperación por parte de los Estados.

Respecto a lo anterior, se debe de prestar especial atención al apoyo de los Estados a la Corte, en particular para asegurar que estos puedan cumplir con sus obligaciones según el Estatuto de Roma.

La incidencia de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional  se considera mucho más baja  que para aquellos crímenes  ¨ordinarios¨ que son procesados regularmente en los Estados.

Por las razones anteriores, se considera como regla general,  muchas de las formas de cooperación  estipuladas en el Estatuto de Roma  ya forman parte del trabajo  usual de los sistemas de justicia penal y de los ministerios de relaciones exteriores  nacionales , y por lo tanto no requerirán recursos adicionales.

En el marco de las posibles medidas para la implementación  del Estatuto de Roma se estima que el proceso de implementación de obligaciones de tratados internacionales varía significativamente de un Estado a otro, de acuerdo con los requisitos políticos y constitucionales de cada Estado.

Todo Estado  Parte del Estatuto de Roma tiene la libertad de escoger cómo implementar las obligaciones con el tratado , siempre que proceda de buena fe y responda a todas las obligaciones bajo el Estatuto.

Algunos Estados generalmente ratifican primero los tratados, y así las reglas incluidas en el tratado  automáticamente devienen  ley nacional luego de su ratificación y publicación en el diario oficial (sistema monista). Otros Estados, especialmente en la Comunidad de Estados Británicos, están obligados por sus constituciones  a preparar primero la legislación de implementación, antes de ratificar o acceder a cualquier tratado internacional (sistema dualista).

Cada sistema tiene sus propias ventajas y desventajas,  las cuales se deben tomar en cuenta  durante el proceso de ratificación e implementación. Por ejemplo, en algunos Estados, el Poder Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Poder Legislativo para ratificar, o deberá consultar con el Tribunal Constitucional antes de ratificar. Estos procesos inevitablemente atrasan  los procesos de ratificación e implementación,  pero también brindan una oportunidad para que se considere el impacto de los tratados en un Estado.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Edificio La República: Restauración No. 138, cuarta planta, Santiago, República Dominicana. Teléfono: 809-247-3606. Fax: 809-581-0030.
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