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Opinión

Reforma y revolución en el presente capitalista

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A propósito de lo que acontece en nuestra América y más allá, considero políticamente útil volver sobre los vínculos y las diferencias entre reforma y revolución, más cuando vuelven a perfilarse marcadas decantaciones entre las izquierdas reformistas y las revolucionarias del país y del continente.

¿Qué es reformar?

¿Qué se entiende por reformas sociales, económicas y políticas?

Reformar es introducir cambios, modificaciones, variaciones dentro de un determinado orden económico, social y jurídico-político vigente, sin reemplazarlo, sin sustituirlo por otro.

Reformar es equivalente, en alguna medida, a reestructurar, remendar, realizar cambios que se consideran convenientes o necesarios por la existencia de una correlación de fuerzas dada.

Reformar el capitalismo es producir variaciones en su funcionamiento, en sus políticas económicas y sociales, en su constitución y sus leyes, en sus instituciones y en su sistema político.

En la tradición marxista la lucha por las reformas es igual a la lucha por mayores espacios democráticos, más libertades, más reivindicaciones económica, más conquistas sociales, mejores ingresos, mejor distribución de las riquezas en el contexto de la dominación capitalista y de la lucha de clase.

Los cambios en los modelos económicos y en el orden jurídico-político también se inscriben dentro de la lucha por reformas al interior del sistema capitalista.

¿Pero específicamente de cuáles reformas hablamos?

Esta pregunta es pertinente porque en las últimas décadas  la palabra «reforma» ha tenido connotaciones distintas e incluso contradictorias.

Esto así porque los ideólogos del capitalismo, cuando pusieron en marcha su reestructuración neoliberal en el contexto de la gran crisis estructural de finales del siglo XX, hicieron un uso perverso de la palabra reforma. Cooptaron el término para denominar lo que realmente fue un proceso de contrarreformas, un desmonte de las reformas posteriores a la segunda guerra mundial, una especie de «revolución conservadora» destinada a anular muchas de las conquistas y reivindicaciones de los(as) trabajadores(as) y los pueblos, a desmontar gran parte de las características del llamado «estado del bienestar» de la era keynesiana y de las democracias liberales socialmente avanzadas; destinadas, en fin, a favorecer al gran capital privado local y transnacional.

Por eso, hoy es obligado diferenciar en lo concreto de cuales «reformas» se trata: si de las contrarreformas neoliberales o de las reformas que favorecen a las clases y sectores explotados, oprimidos, excluidos y discriminados. Si de las reformas progresivas, social y políticamente avanzadas, redistribuidoras de ingresos, propiedades y espacio de poder; o si de las «reformas» concentradora de propiedad, ingreso y poder. Si de las propuestas destinadas a aumentar los ingresos de los(as) de los(as) de abajo, el rol social y económico del Estado, las libertades y derechos ciudadanas….o si de aquellas destinadas a privatizarlo todo a favor de oligopolio y monopolios y a liberar precios, mercados y regulaciones en favor de esas minorías.

Cuando los marxistas nos declaramos partidarios de las reformas y luchamos por ellas, nos referimos concretamente a aquellas que favorecen intereses, valores, derechos, libertades e ingresos de los(as) trabajadores(as) y los pueblos. Nos referimos a las reformas progresivas; las cuales, son repelidas por el modelo neoliberal al punto de imprimirle un carácter cada vez más confrontativo.

¿Pero acaso es lo mismo ser partidarios de esas reformas y ser «reformista»?

De ninguna manera.

¿Qué diferencia hay entonces entre políticos revolucionarios y políticos reformistas?

Los (as) reformistas no rebasan los límites del sistema, se quedan en las luchas por la democratización y por las mejoras sociales, económicas y culturales dentro del sistema capitalista. Se reduce a reformar el capitalismo, a mejorarlo, a hacerlo «más virtuosos» o «menos brutal». Algo cada vez más difícil después de la reestructuración neoliberal.

Los (as) revolucionarios/as no se limitan a combatir por reivindicaciones y reformas más o menos avanzadas, a conquistar espacios democráticos, a luchar por mejores condiciones de vida para los pueblos…asumen esas luchas, cuando las circunstancias las favorecen, pero sin limitarse a ellas, procurando crear en esos combates la conciencia y la organización que posibiliten hacer revoluciones, producir las rupturas necesarias y abrir las compuertas de las transiciones revolucionarias, de las revoluciones populares y democráticas de orientación socialista.

Para éstos (as) últimos (as) reformas son un medio, no un fin. El fin es la revolución.

Para los primeros (as) son su razón de ser. Creen en la evolución, no en la revolución, lo que ahora carece cada vez más de sentido, en vista de que la burguesía transnacional obstruye la vuelta a una especie de neo-keynesianismo como lo evidencian los recientes acontecimientos dentro del contexto de la multi-mega crisis capitalista en curso.

¿Pero es válido acaso contraponer permanentemente las reformas a la revolución, o viceversa?

Decididamente no.

La posibilidad de acumular fuerza a través de lucha por las reformas no es un acto propio de la voluntad antojadiza de los (as) revolucionario (as). No es algo que pueda decidirse por decreto. Es más bien un dato de la realidad, algo relacionado con las posibilidades y condiciones que se presenten en determinadas fases, periodos y momentos.

Igual lo relativo a la posibilidad de hacer revolución. Eso tampoco se decreta. Hay que esperar y promover situaciones, como también crear condiciones que dependen de la confluencia de múltiples factores a desarrollar. Para hacer revolución deben desarrollarse las denominadas situaciones pre-revolucionarias y revolucionarias.

En muchos casos, fases y periodos, la reforma y revolución  andan de la mano. Forman parte de la dialéctica de acumulación de fuerza y confrontación para el cambio.

Reformas y revolución se separan cuando es imperioso cambiar el orden dominante y, sobre todo, cuando las reformas asumen un carácter contrainsurgente, estabilizador del sistema en crisis o al borde de la quiebra. Entonces, hay que decidirse por uno u otro camino, definiéndose así categóricamente si optamos para prolongar el sistema reformándolo o si procuramos abolirlo para remplazarlo.

Esto de abolir el capitalismo habrá que tenerlo muy presente en un contexto en que no solo el capitalismo está en crisis, sino cuando el capitalismo es en sí mismo es la causa de la crisis de existencia de la humanidad; sin  que su clase dominante y el sistema como tal cuenten con un modelo alterno al neoliberalismo y/o fórmulas superadoras  del desastroso cuadro mundial.

Las perspectivas de su permanencia es un caos global cada vez mayor, por lo que las consignas “socialismo o barbarie” y “comunismo o caos” vuelven a resonar con acentuada pertinencia.

 

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Opinión

La Sede de la Corte Penal  Internacional en el Territorio de un Estado

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Por Rommel Santos Díaz

El artículo 3 del Estatuto de Roma dispone que la Sede de la Corte Penal Internacional  esté en La Haya, y que la Asamblea de los Estados Partes  aprobará un acuerdo entre la CPI y el Estado anfitrión.

El  artículo 3 (3) y 62 del Estatuto de Roma propone que la CPI también podrá celebrar sesiones en otro lugar cuando sea necesario  para un proceso o una serie de procesos  específicos.

Los Estados  Partes podrán disponer  que la Sede de la CPI esté en su territorio cuando  esto sea necesario o beneficioso.

Las Reglas de Prueba y Procedimientos  normalmente especificarán los procedimientos a tomar para que CPI  sesione fuera de su Sede.

Ninguna de estas disposiciones crea obligación alguna para los Estados.

Muchos Estados cuentan con legislación  y procedimientos administrativos  que permiten que el Tribunal Penal Internacional  para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda  celebre sesiones en su territorio.

Esta legislación y procedimientos podrían requerir una reforma mínima, para permitir que la Corte Penal  Internacional  también tenga su sede en su territorio.

Algunas veces, el hecho de celebrar un juicio en el  lugar en que se cometió el delito dará a las víctimas  un mayor sentido de justicia, ya que podrían claramente apreciar que la CPI funciona.

Finalmente, los Estados deberán tomar en consideración la posibilidad de permitir que la Corte Penal Internacional  funcione plenamente  en su territorio.

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Opinión

Un hospital en el “Maharishi”

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Por Nelson Encarnación

Los residentes en “los kilómetros” se han sorprendido con el anuncio de que en los amplios terrenos donde funcionó hace décadas un colegio conocido como “Maharishi”, se pretende construir un centro recreativo que estará a cargo del Ayuntamiento del Distrito Nacional.

A la sorpresa ha seguido el reclamo de que, en lugar de dicho centro, se construya un hospital general, en atención a que en esa zona no existe un establecimiento de salud de esa categoría ni de ninguna otra.

En realidad, toda esa amplia franja de territorio que va del Centro de los Héroes hasta el kilómetro 12 de la avenida Independencia (hacia el oeste de la carretera Sánchez), y de Sur a Norte, desde el Malecón hasta la avenida 27 de Febrero, solo existen dos centros médicos privados y ningún hospital del Estado.

Nos referimos a las clínicas Independencia y Real, mientras que el hospital más cercano es el Marcelino Vélez Santana, enclavado en la zona de Herrera, cuya capacidad se desborda solo con la demanda de la gran población del municipio Santo Domingo Oeste y vecindades que le rodean.

Es decir, la zona que mencionamos está compuesta de una numerosa población en su mayoría de condiciones económicas vulnerables que tiene que movilizarse a hospitales distantes para procurar una atención médica que no se puede costear en los escasos centros privados.

Desconocemos las razones por las cuales el Estado nunca ha contemplado la necesidad de dotar a la zona suroeste de la capital de un gran hospital, mientras se han realizado cuantiosas inversiones para la construcción de varias ofertas de salud en otros lugares, a veces establecimientos bien cercanos.

Ante esa realidad, el presidente Luis Abinader se consagrará como un preocupado por la salud de esa población si en los referidos terrenos, en vez de un indefinido “centro recreativo” se decidiera la construcción de un hospital que responda a las necesidades de salud de miles de personas marginadas de los servicios sanitarios accesibles.

En este caso yo abogo por la colectividad, no por unos cuantos que por intereses particulares quisieran que los terrenos del “Maharishi” siguieran bajo su usufructo.

De modo que, un hospital sería de impacto colectivo de un alcance mucho mayor que un innominado centro recreativo que nadie ha pedido. Presidente, tome esto como una solicitud formal.

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Opinión

El gran desafío hacia el desarrollo de la República Dominicana

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Por Isaías Ramos

Durante su participación en «LA Semanal con la Prensa», el presidente Abinader reafirmó su determinación de modificar los artículos 124 y 171 de nuestra Constitución. Como analizamos en nuestro artículo anterior, el artículo 124 establece claramente una reelección, mientras que el artículo 170 proyecta un Ministerio Público autónomo en lo funcional, administrativo y presupuestario.

Este marcado interés surge justo al inicio de su último período, despertando numerosas preguntas aún sin respuesta y generando inquietudes sobre un presidente que todavía no ha detallado su propuesta.

El mandatario presentó un ambicioso plan que pretende transformar a la República Dominicana en «una nación plenamente desarrollada en apenas una década», destacando que “este proyecto requiere del compromiso y apoyo de todos los dominicanos. Este es un llamado a la unidad y colaboración para alcanzar metas tan ambiciosas como duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2036”.

Uno de los puntos clave mencionados por Abinader es la necesidad de crear 1.7 millones de nuevos empleos, triplicar el salario medio, eliminar la pobreza extrema y mejorar indicadores como la expectativa de vida y el grado de inversión. Estas metas son loables; sin embargo, surgen interrogantes sobre cómo asegurar un desarrollo que sea inclusivo y beneficie a toda la población.

Desde el Frente Cívico y Social, consideramos que esta propuesta es una réplica de la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Además, Abinader enfatizó la necesidad de reformas estructurales en áreas cruciales como la institucionalidad, la justicia, infraestructura, estabilidad fiscal, salud, educación e innovación — sectores fundamentales para cimentar un desarrollo sostenible y equitativo a largo plazo.

En el FCS estamos convencidos de que nuestro país no necesita una versión distinta al proyecto de nación establecido en nuestra Constitución como un Estado Social y Democrático de Derecho. Las preocupaciones del presidente ya están contempladas en nuestra columna vertebral. Solo se requiere dejar de lado ese modelo de saqueo y endeudamiento establecido en nuestro país a partir de 1997. Este neoliberalismo deshumanizante es totalmente contrario al espíritu establecido en nuestra Carta Magna para impulsar el verdadero desarrollo.

Basándonos en una economía social de servicios básicos, es crucial invertir significativamente en infraestructura esencial como agua potable, energía, transporte público, vivienda asequible y atención médica accesible para todos los ciudadanos, así como en educación en valores  y seguridad ciudadana.

La provisión eficiente de estos servicios esenciales es fundamental para el desarrollo y progreso de nuestra nación, y clave para mejorar la calidad de vida de la población y reducir las desigualdades sociales.

Es necesario ejecutar un modelo de economía planificada y coordinada, adoptando una estrategia de planificación económica a largo plazo enfocada en la diversificación del sector productivo y la promoción de sectores clave como tecnología, finanzas y biotecnología, además de atraer inversión extranjera directa.

Un sistema tributario progresivo que grave más a quienes más tienen, junto con una amplia gama de incentivos fiscales para fomentar actividades específicas como investigación y desarrollo, exportaciones o inversiones en sectores estratégicos, son esenciales.

En conclusión, el espíritu que envuelve nuestra Constitución es noble, altruista y justo; solo es cuestión de conocerla, interpretarla e implantarla. ¡Despierta, RD!

 

 

 

 

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