Violencia. Los cadáveres de los cuatro reclusos fueron trasladados por el Inacif a la morgue del hospital Marcelino Vélez Santana.
Santo Domingo.- La presión para que dijeran dónde estaba un dinero que habían robado en el Distrito Nacional, fue el móvil para asesinar a los cuatro reclusos de nacionalidad haitiana, cuyo incidente se originó en el área de reflexiones, mejor conocido como “La Planchita o celda de castigos”, de la Penitenciaria Nacional de La Victoria.
Según se informó los cuatros reclusos Bruner Ferdinan, Dieumanece Jean, Luis Pie y Yefri Seis, habrían robado un millón trescientos mil pesos, y fueron ahorcados por otros reclusos para que les dijeran dónde estaba el dinero.
Conforme con la versión, los imputados fueron apresados, alegadamente sin entregar a las autoridades la totalidad del dinero robado, generándose una riña entre los internos para ubicar los valores restantes y otros reclusos apropiarse de ellos.
Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que esos datos se encuentran en proceso de verificación. En el hecho resultaron heridos los dominicanos Claudio Yeldi René, Eduardo Aybar Santana, Anthony Hidalgo Díaz y Ricardo Peña Almonte.
Antecedentes
Yefry Seis cumplía una sentencia de 10 años de prisión por violación, Bruner Ferdinan una medida de coerción de prisión preventiva por robo agravado; Luis Pie y Dieumanece Jean guardaban prisión preventiva por robo simple.
En torno al caso el Ministerio Público identificó a 10 reclusos como los presuntos responsables de matar a los cuatro internos, contra quienes solicitará medida de coerción en las próximas horas.
Entre los posibles responsables se señalan a Juan Carlos Vargas, Richard De Los Santos, Carlos Luis Romero Frías, Newar Alejandro Díaz Guillen, Dignario de Jesús González, Manuel Augusto Rubio Severino, Edward Rodríguez Torres, Juan Francisco Martin Ceballos, Staling Reyes Cofrado y Ricardo Peña Almonte.
En esa celda los reos son encerrados desnudos y en masa para que “reflexionen” sobre su comportamiento y el ambiente es “húmedo y oscuro”, comentó un recluso que no quiso identificarse.
Trascendió que el hecho fue presuntamente encabezado por un interno apodado El Campesino, quien ha sido trasladado de diferentes cárceles por su conducta.
Los cuerpos de los cuatro muertos fueron sacados del penal en dos ambulancias del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) a la morgue del hospital Marcelino Velez Santana, de Herrera.
Muertos, heridos y motines son constantes
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Será emitida este miércoles 24 por el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional su sentencia sobre la muerte de Joshua Fernández, hecho por el cual están imputados Wesly Dicent Carmona «el Dotolcito«, Alison de Jesús Pérez Mejía (Chiquito) y Luis Brito Troncoso (Luisito).
La audiencia está pautada para las 4:00 de la tarde.
El joven (19 años) murió producto de un disparo durante un asalto que presuntamente cometieron los imputados en el parqueo de la discoteca Kiss Bar, en el Distrito Nacional.
El Ministerio Pública pidió una condena de 30 años contra alias «El Dotolcito«, al considerarlo el ideólogo del asalto cometido por Chiquito y Luisito. Para estos dos solicitó 40 años de reclusión, por ser los perpetuadores del atraco en que resultó ultimado el joven.
Santo Domingo, R.D.-Los abogados del ex-procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, plantearon este martes que su defendido fue «descargado» por el Consejo Superior del Ministerio Público de toda la acusación que le imputa el Ministerio Público «al no identificar actos irregulares durante su gestión 2016-2020″.
Conforme al MP, Rodríguez, quien está judicializado con el caso Medusa, cometió, junto a otras personas, malvensación de fondos públicos usando los recursos de la entidad mientras estuvo a su frente.
Un documento suministrado a la prensa por los abogados del imputado indica que Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi presentaron varios incidentes ante el juez Amauri Martinez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional Amauri, que tutela la audiencia preliminar del caso.
Según la defensa de Rodríguez, luego de revisar los documentos de la gestión del imputado dijo: «se aprueba y ratifica los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el período 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, y otorga descargo completo, absoluto y definitivo, tan amplio como en derecho fuese necesario, a favor del Procurador General de la República, Dr. Jean Alain Rodríguez«.
«El Ministerio Público revisó dos veces cada peso que se movió en mi gestión«, manifestó Jean Alain Rodríguez en una breve intervención en la sala de audiencias.
Indicó que el Consejo Superior aprobó y ratificó los actos, gestiones, ejecuciones y operaciones llevadas a cabo durante el periodo 16 de agosto de 2016 al 16 de agosto de 2020, tiempo en que el imputado junto a los demás señalados en el juicio estuvieron al frente de la Procuraduría General de la República.
Dijo que la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Ministerio Público establecen que ese órgano ejerce sus funciones conforme a los principios de unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad, destacando la ley que sus miembros actúan como un solo cuerpo, lo que significa que si un fiscal otorga hoy un descargo o un archivo a un ciudadano, no puede mañana otro fiscal acusar ese ciudadano por el mismo hecho y es lo que sucede en este caso, solo que el descargo proviene del máximo órgano del Ministerio Público, único responsable de la administración de la institución y de la política de persecución y fue ese órgano que descargó a Jean Alain Rodríguez por los actos contenidos en la acusación.
SANTO DOMINGO.- En segunda lectura fue aprobado en el Senado de la República el proyecto que modifica la Ley 42-01 General de Salud, para que el Estado disponga la creación de unidades de atención mental y centros de rehabilitación psicosocial en las principales provincias del país.
La iniciativa, del senador Franklin Peña por San Pedro de Macorís, modifica los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley 42-01, para establecer la provisión de redes de atención comunitaria, como viviendas, tutelas, hogares de paso, hospital de días y para el seguimiento ambulatorio a través de los Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC).
Dice la normativa en el párrafo del artículo 18, la cual pasa a la Cámara de Diputados para su ponderación, que “es un deber del Estado propiciar de hospitales de salud mental, centro de rehabilitación psicosocial en las principales provincias.
El artículo 36 expresa que el tratamiento de las personas con enfermedades o trastornos mentales o con discapacidad psíquica o intelectual se realizará con apego a los estándares de atención.
Agrega el numeral 3, que se debe proporcionar a estas personas un tratamiento en base a la mejor evidencia científica disponible y a criterios de costo-efectividad, en relación al mejoramiento de la salud y bienestar integral de la persona; en tanto, el numeral 6 precisa que “la atención de salud no podrá dar lugar a discriminación respecto de otras enfermedades, en relación a cobertura de prestaciones y tasa de aceptación de licencias médicas.
“El Estado proveerá atención en salud mental a personas vulnerables, en conflicto o no con la ley, sin distinción de edad, nacionalidad, patrimonio, sexo o religión”, precisa la iniciativa.
