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R.D. atrapada entre anti-haitianismo, aumento de la migración desde su vecino y la pérdida de la cultura de trabajo de su gente.

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Por Elba García

La migración haitiana constituye un tema de debate cotidiano en ambos lados de la frontera, ya que en la parte occidental es la vía más fácil y cercana para que el ciudadano de la empobrecida nación tenga una especie de válvula de escape de su situación de miseria y de violencia, mientras que en el lado oriental  no hay más opción que emplear a sus vecinos ante la perdida de la cultura del trabajo de su gente.

Nadie puede negar que la llegada de haitianos al territorio dominicano tiene su parte positiva, pero también su lado negativo, desde la perspectiva de lo que ello implica para un país lleno de pobreza y con unos servicios públicos caracterizados por la falta de presupuestos y en consecuencia de una gran deficiencia. Pero además porque las migraciones arrastran lo bueno y lo malo del lugar donde proceden.

Si se hiciera una proyección del impacto que tendría que la mayoría de los haitianos se concentraran en la parte oriental de la isla, habría una carga poblacional que superaría los veinte millones de personas, lo cual requeriría de una cantidad muy grande de recursos económicos  y sería, sin lugar a dudas, una razón más que suficiente para hacer colapsar a ambas naciones.

El anti-haitianismo no se expresa en el país con violencia ni con crímenes de odio como ocurre en otros lugares del mundo, como por ejemplo la antigua Yugoslavia, pero la realidad es que entre los dominicanos se ha desarrollado una tendencia a sentir algún rechazo hacia los vecinos por una diversidad de razones.

Lo primero que se debe decir que es normal que cuando la inmigración aumenta significativamente los nativos se sientan amenazados, lo cual no sólo ocurre entre los dos países que ocupan la isla, sino también en todos los lugares del mundo donde el fenómeno ocupa lugares importantes en el orden laboral, económico y social.

Casi siempre este fenómeno genera violencia, pero lo cierto es que la psicología del inmigrante no consiste en buscar  desplazar al nativo del control del Estado, por decir algo,  ya que su principal preocupación no supera su interés en conseguir un buen trabajo y a ayudar a los suyos que aún viven en su país, ya que los nacidos ahí  cuentan con una serie de derechos propios de los que tienen su origen en esas tierras, sobre todo en un país como la República Dominicana, donde su régimen jurídico se fundamenta en el ius sanguini, lo cual constituye un dique de contención y una limitante para que el extranjero se empodere política y ciudadanamente.

Sin embargo, en el caso de los haitianos hay una razón que siempre podrá generar dudas de que ellos persigan llegar más allá de buscar ganarse  la vida y mantener a sus familias desde las tierras dominicanas en razón de lo que indica la historia en lo que respecta a la dominación por ellos  a la  parte española de la isla  por un periodo de 22 años.

Otra razón que fortalece la preocupación de los dominicanos con el inmigrante haitiano es el hecho de que éste ha utilizado un cierto chantaje para el respeto de sus derechos, lo cual no sólo se observa en foros internacionales, sino también en el país a nivel del trabajo que desarrolla el procedente del lado occidental  de la isla, dado que siempre se apoya en una causa inexistente para exigir, entre otras cosas, el pago por la labor realizada.

Todo ello se constituye en una razón para que en el país se desarrollo el anti-haitianismo que ha sido alimentado además por una corriente de pensamiento ultraconservadora que sostiene que los vecinos son una amenaza para la existencia de la nación.

La realidad es que el fenómeno de la migración no lo detiene nada, absolutamente nada, porque en la medida en que el haitiano no pueda vivir en su territorio por los niveles de violencia y la falta de un Estado que mínimamente controle el país o ya sea por la falta de empleo o de comida, la gente procurará irse al exterior para mejorar sus condiciones de vida o cuando menos tener garantía de que comerá el siguiente día.

Lo único que garantizaría que Haití pare la migración de su gente es mediante una mejoría de sus condiciones de vida a través  del aumento de los niveles de institucionalidad y orden, que sus autoridades y el Estado no están en capacidad de asegurar y como vía de consecuencia por el momento no se vislumbra ninguna posibilidad de que la misma se pueda detener.

Otro factor que estimula la migración haitiana es el hecho de que muchos empresarios privados e instituciones del Estado dominicano no tienen ningún reparo en colocar a trabajar en sus empresas a los haitianos, sin importar su status legal, muchas veces porque se aprovechan y pagan salarios más bajos, pero además porque resulta un poco difícil encontrar manos de obra criolla.

La falta de gente dominicana para desarrollar una serie de trabajos estriba en el hecho de que por una diversidad de razones en el país se ha perdido la cultura del trabajo y esa circunstancia ha beneficiado a la inmigración haitiana, la cual, aunque ha sufrido en los últimos años un cambio importante, está más dispuesta a trabajar en lo que sea y vivir dondequiera, lo cual disminuye las exigencias de pago de servicios públicos y renta de casas donde se albergan.

Otro factor de mucho peso que ha provocado la  desaparición de  la cultura del trabajo en la República Dominicana y que aumenta la migración haitiana, así como de otros valores nacionales, es que la psicología del criollo consiste en también irse hacia lugares como los Estados Unidos y Europa, donde aprovechan la fortaleza de las monedas como el dólar o el euro, lo cual le permite tener mayores ahorros y resolver asuntos vitales para su existencia, como un techo donde vivir y mejorar sus condiciones de vida.

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Confrontación por deportación haitianos toma color preocupante por retaliación contra economía nacional.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos ha dispuesto negar la entrada a su territorio a partir de este miércoles del azúcar sin refinar y los productos que se derivan de ella producidos por la empresa Central Romana Corporation.

Por Francisco López.

La cadena de televisión CBS difundió la información al respecto, la que  basó en un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se indica que la referida empresa recurre al trabajo forzoso con sus trabajadores, así como que en una investigación ha habido  la identificación de al menos cinco indicadores de graves violaciones a los derechos de sus empleados.

Los alegados abusos de vulnerabilidad, aislamiento, retención de salarios, condiciones de trabajo y de vida abusivas y horas extras excesivas, pese a que el Central Romana había informado al concluir la zafra azucarera correspondiente al periodo 2021-2022 que desembolsaría la cantidad de 1,073.1 millones de pesos en bonificaciones.

«Nuestra empresa ha recibido con gran asombro la declaración pública de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en relación a la detención de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos por Central Romana Corporation, Ltd.

Las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas de Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias.

En las últimas décadas hemos destinado inversiones millonarias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestros empleados en las zonas agrícolas, garantizando salarios dignos y aumentos de los beneficios, talleres de entrenamiento y formación, así como la capacitación en  derechos humanos y  deberes de nuestros trabajadores.

Mantenemos la cabeza en alto porque sabemos que durante más de un siglo hemos actuado correctamente, enfrentando los retos con determinación y gestionando su resolución de manera constante.

En Central Romana creemos firmemente que el progreso sólo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Así hemos actuado siempre y lo seguiremos cumpliendo»

Central Romana Corporation, la empresa cuya producción de azúcar y productos derivados fueron detenidos en las aduanas de los Estados Unidos a partir de hoy miércoles, tiene el 62.84 % de la cuota de azúcar establecida para la República Dominicana para el mercado preferencial del país del norte.

Mediante el decreto 745-21, que establece la zafra azucarera 2021-2022, cuya cuota -que también comprende el mercado de la Unión Europea y otros- se traduce en 116,465 toneladas métricas valor crudo (TMVC)

El 27.16 % del resto de la cuota de azúcar corresponde al Ingenio Cristóbal Colón y el 10 % al Ingenio Barahona.

Central Romana Corporation se fundó en 1912, cuando la South Porto Rico Sugar Company compró 20,000 acres de terreno en la provincia La Romana para producir caña y exportarla a Puerto Rico.

Basándose en alegadas informaciones que indican “razonablemente el uso de trabajo forzoso” en las operaciones de la compañía, a partir de hoy, el personal de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detendrá en todos los puertos de entrada «el azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar» producidos en la República Dominicana por Central Romana Corporation Limited, anunció la entidad en una nota de prensa.

La CBP basa la emisión de la Orden de Retención de Liberación contra la empresa en la identificación durante la referida investigación de cinco de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Las razones que sustentan esta medida no reflejan las políticas y prácticas de Central Romana, que por más de un siglo ha sido referente en implementar programas de responsabilidad social enfocados en la salud, educación, vivienda y alimentación al alcance de todos nuestros trabajadores y sus familias.

En Central Romana creemos firmemente que el progreso sólo vale la pena cuando se convierte en bienestar para todos los que lo construyen. Así hemos actuado siempre y lo seguiremos cumpliendo.

De acuerdo a datos de Pro Dominicana, la exportación de azúcar de caña en estado sólido, sin adición de aromatizante ni colorante, representa el 1.2 % de las exportaciones de República Dominicana hacia los Estados Unidos entre enero-octubre del presente año, lo que representa  125.82 millones de dólares, amén de que el país ha exportado 22.87 millones de dólares en melaza de caña.

La CBS adelantó que la medida  se basó en la información «que razonablemente indica el uso de trabajo forzoso» contra los trabajadores del Central Romana, así como la identificación de al menos cinco indicadores de la Organización Internacional del Trabajo durante una investigación.

«Nuestra empresa ha recibido con gran asombro la declaración pública de los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en relación a la detención de los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos por Central Romana Corporation, Ltd.

En las últimas décadas hemos destinado inversiones millonarias para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestros empleados en las zonas agrícolas, garantizando salarios dignos y aumentos de los beneficios, talleres de entrenamiento y formación, así como la capacitación en los derechos humanos y los deberes de nuestros trabajadores.

Mantenemos la cabeza en alto porque sabemos que durante más de un siglo hemos actuado correctamente, enfrentando los retos con determinación y gestionando su resolución de manera constante.

Además, el país ha exportado 22.87 millones de dólares en melaza de caña.

La base de datos sobre estadísticas mundiales del Centro de Comercio Internacional, indica que entre 2017-2021, la República Dominicana exportó a Estados Unidos 521.1 millones de dólares en azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido.

También, 78.7 millones de dólares en melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar.

El país también exportó 4 millones de dólares en artículos de confitería sin cacao, incluido chocolate blanco, y 1.4 millones de dólares de los demás azúcares.

La medida ha sido considerada como una retaliación por parte de los Estados Unidos que busca que la República Dominicana detenga las deportaciones de haitianos en violación del derecho que tiene un país libre y soberano de diseñar su política migratoria en función de sus mejores intereses.

La pregunta que se cae de la mata es por qué ahora se da cuenta los Estados Unidos de estas violaciones, precisamente cuando hace apenas horas que se produjo un fuerte encontronazo entre los gobiernos dominicano y estadounidense por la cuestión haitiana.

 

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El comunicado insensato de embajada de E.U implica una intromisión en los asuntos internos de R.D.

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La Situación Haitiana Detona en la República Dominicana con un Encontronazo Público entre la Embajada de Los Estados Unidos y el Gobierno Nacional.

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A pesar de los aires de democracia que soplan en el mundo, los Estados Unidos continúa con su política represiva en contra de los países que manejan como si fueran sus colonias y ello también deja claro que el problema haitiano pica y se extiende y que el país más sacrificado será la Republica Dominicana.

La embajada de los Estados Unidos acaba de hacer público un comunicado que amplios sectores de la vida nacional consideran como una exageración y una mentira para producir algún tipo de represión, incluso económica, en contra de la República Dominicana a través de su principal renglón de la economía nacional como lo es el turismo.

Es un golpe bajo de una nación que siempre pregona lo que no práctica, porque si hay un país que usa el poder que tiene para someter a las demás naciones es precisamente los Estados Unidos, donde nadie puede negar que internamente son respetuosos de los derechos de los demás, pero igual no ocurre en términos de su política exterior.

 E incluso debe decirse que no se ha visto una primera denuncia de como maneja los Estados Unidos el otorgamiento de visados, los cuales son  también un instrumento de humillación y de agresión a la dignidad de mucha gente, aunque al final de cuentas éste tiene la plena facultad de otorgarlo o negarlo, pero no así con otros permisos para que algunos ciudadanos puedan ingresar a su territorio.

El asunto tiene que ver con aquellos visados que son el resultado de una convención de Ginebra que estableció un acuerdo de reciprocidad entre los países para el otorgamiento de permisos de entrada a sus territorios a los periodistas, de cuyo convenio  es signatario los Estados Unidos, pero el abuso llega a un nivel que esta potencia del norte no cumple con lo firmado por ella y somete a muchos profesionales de la comunicación a cuestionamientos inaceptables e insensatos por el sólo hecho de haber emitido una opinión que sirve de punto de referencia para ponerlos en la lista negra que tienen las embajadas norteamericanos en los diferentes lugares del mundo.

El asunto haitiano ha provocado que la embajada de los Estados Unidos haya colocado en su lista negra a aquellos periodistas que han expresado mediante artículos de opinión o reportajes interpretativos su posición en torno, no a la ayuda que se pueda ofrecer a través de la comunidad internacional para resolver el problema haitiano, sino de una posible   intervención armada, cuya medida también se contrapone con los principios que dan sentido a las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y la de Estados Americanos (OEA).

Pero su compromiso con una serie de convenciones internacionales le sabe a nada a los Estados Unidos  y en violación del principio de autodeterminación e independencia de los pueblos se entromete en los asuntos internos de naciones como la República Dominicana, mientras promueven el rechazo de la grosera e inaceptable invasión armada de Rusia en Ucrania.

La cuestión tiene su desenlace cuando la embajada de los Estados Unidos emite un comunicado lleno de manipulaciones groseras al momento de decir que en el país se persigue a ciudadanos norteamericanos por su color de piel, que se traduce en una acusación racial en contra de la República Dominicana, la cual  ha sido calificada por la cancillería como infundada, extemporáneo e infeliz.

 Los términos del comunicado, subraya la cancillería dominicana, “contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos” en los ámbitos político, económico, militar, social y de cooperación, sea en materia de narcotráfico, trata de personas, contrabando de armamentos y municiones, corrupción o lucha contra la impunidad.

Que se recuerde hace muchos años que no se producía una confrontación de este tipo, con los términos que intervienen en el comunicado y la consecuente respuesta de la Cancillería, lo que ha llevado a las autoridades nacionales a puntualizar que es el primer socio comercial de Estados Unidos en el Caribe y el sexto en Latinoamérica.

“Hemos sido uno de los aliados más confiables de Estados Unidos en el mantenimiento de un sistema internacional libre, abierto, próspero y seguro para todas las naciones”, agrega el Ministerio de Exteriores, recordando que “fundamos la Alianza para el Desarrollo en Democracia, para promover los valores democráticos y los derechos humanos”.

Y añade: “Desde el inicio del presente gobierno, hemos denunciado ante la comunidad internacional de manera reiterada y sistemática la alarmante situación en Haití, agravada desde el magnicidio del presidente Moise, sin que ésta haya tomado las medidas apropiadas para enfrentar la explosiva realidad humanitaria, social y política en el vecino país, que afecta gravemente la seguridad nacional de República Dominicana”.

Desde hace varios lustros, precisa, “el grueso de la carga ha recaído, en particular en términos migratorios, sobre nuestro país”, y “una parte importante del presupuesto de salud dominicano actual se dedica, de manera gratuita, a la población extranjera, primordialmente haitiana”.

A seguidas apunta que ese aporte en los gastos de salud a esta población se manifiesta en el 32,4% de las camas de maternidad de los hospitales públicos; el 10,3% de las emergencias; el 14,9% de los internamientos; el 9,8% de las cirugías y el 8,3% de las consultas.

“Sin el apoyo de la comunidad internacional, hemos hecho un esfuerzo extraordinario por mantener abierta la frontera para permitir a la población haitiana el acceso a alimentos vitales, medicamentos, combustibles y agua”, añade, y “hemos mantenido abierto el flujo comercial, a pesar del número de secuestros de dominicanos, incluyendo un diplomático de nuestra embajada en Haití”.  Por su parte, dice, “nuestras fuerzas armadas cargan de manera unilateral con el alto costo de brindar seguridad a la totalidad de la frontera entre los dos países, manteniendo unos 9,000 efectivos en dicho lugar”.

De inmediato la cancillería agrega “Así como todo país soberano que repatria a la población extranjera en situación migratoria irregular”, incluyendo a Estados Unidos, “República Dominicana se ha visto forzada a deportar a un alto número de migrantes haitianos que no toleran más la situación en ese país y que avasallan las posibilidades dominicanas: República Dominicana no aguanta más”.

A título de contraste, “la misma administración Biden ha deportado a Haití, entre febrero de 2021 y febrero de 2022, más de 20,000 migrantes haitianos”, dice la Cancillería.

El Gobierno de Estados Unidos no ha aportado prueba alguna, más allá de casos anecdóticos sin verificación independiente, “de que exista un patrón sistemático de violaciones de los derechos de los migrantes, ordenado por las autoridades dominicanas”, sostiene el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Podrían ocurrir casos aislados, como en cualquier parte del mundo, que, de ser denunciados a las autoridades pertinentes, serían investigados y sancionados debidamente, si se comprobara su veracidad”, advierte.

El Gobierno dominicano, “jamás hubiera imaginado insinuaciones tan graves sobre nuestro país, cuya población evidencia “en su color de piel” un amplio crisol de razas; mucho menos de un aliado que ha sido sujeto de numerosas acusaciones de trato xenófobo y racista a migrantes e inclusive a sectores de su propia población”.

Afirma que el país brinda un trato hospitalario a “millones de turistas que nos visitan anualmente desde todo el planeta, en particular Estados Unidos”.

“El comunicado del 19 de noviembre podría impactar negativamente a miles de trabajadores dominicanos, así como a nuestra economía, aunque éste no haya sido su objetivo”, agrega. En consecuencia, “esperamos que Estados Unidos considere el retiro de los términos sin verificar de este ambiguo comunicado, a la mayor brevedad posible”.

La realidad es que se ha montado toda una campaña internacional en contra de la República Dominicana mediante la cual se quiere presionar al país a que acoja en su territorio una migración haitiana desordenada e incontrolable como pretende que sea los Estados Unidos.

Sin embargo, amplios sectores de la vida nacional rechazan que el control migratorio por parte del Gobierno dominicano no rebase el respeto de los derechos humanos porque de ocurrir seria una forma de vulnerar el derecho convencional en esta materia que incluso tiene rango constitucional.

El asunto es que los Estados Unidos no da lo que pide y ahora se dedica a unos ataques y manipulaciones en contra del país, lo cual es una doble moral que proyecta a esta potencia como una promotora del colonialismo en todas sus vertientes y de violación y atropello de todos los acuerdos internacionales que mandan el respeto de la soberanía, la autodeterminación y la independencia nacionales.

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Salen a la superficie problemas que comprometen la ética y la moral de jueces del sistema de justicia nacional.

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Por Elba García

La investigación que se desarrolla en contra de un juez del Distrito Nacional debe ser extensiva a otras instancias del sistema de justicia nacional en virtud de que el asunto no parece que  se trate de un hecho aislado, sino general.

La suspensión del juez Juan Francisco Rodríguez Consoró se produjo  tras el desarrollo de una investigación del Consejo del Poder Judicial, en virtud de denuncias muy graves en su contra, que incluían sospechas por haberse inhibido en casos muy conocidos como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan, cuyo responsable fue el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Félix Alburquerque Comprés y por  la paliza que junto a varios hombres le dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.

Pero tal vez el más escandaloso de los fallos de este magistrado fue liberar de responsabilidad a todos los acusados de la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos, cuyo caso llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.

Posteriormente el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción (PEPCA), Wilson Camacho, reveló que hay indicios de que la estructura de que es parte este magistrado incluiría a otras personas, sin dar mayores detalles.

El magistrado como se  indicó más arriba se había inhibido en casos sonoros, como el de la muerte del comunicador Manuel Duncan y en la que se señala como responsable de la misma al expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés.

También el de la paliza que, junto a varios hombres, dio la ucraniana Natalya Kasianova a un joven dominicano, quien era su novio.

Hace casi cinco meses que este juez de instrucción descargó de responsabilidad a todos los acusados en la venta irregular de los terrenos del barrio Los Tres Brazos,  el cual  llevaba casi cinco años en la justicia sin enviarlo a juicio de fondo.

Por el momento la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial ha dispuesto una suspensión provisional con disfrute de sueldo de Rodríguez Consoró, juez del Noveno Juzgado de la Instrucción, adscrito a la Oficina judicial de Servicio de Atención Permanente del Distrito Nacional por las supuestas faltas cometidas.

Este caso, que de acuerdo al Consejo del Poder Judicial y del Ministerio Público se trata de un asunto muy grave que empaña la imagen de la justicia, demuestra la gravedad de la corrupción en el sistema de justicia, ya que es importante que se tome en cuenta que el problema de este instrumento del Estado es mucho más grave de lo que cualquiera se pueda imaginar.

No es verdad que se trata de una casualidad o sólo de la negligencia de muchos jueces, sobre todo de primera y segunda instancia, que emiten regularmente sentencias que no tienen una explicación lógica, ya que violentan las leyes sobre la materia, sin que nadie se interese en desarrollar una investigación al respecto.

Este periódico siempre ha dicho que si el Consejo del Poder Judicial se dedicara a fiscalizar las sentencias emitidas por los jueces de los tribunales inferiores, pudiera darse cuenta de la gravedad y complejidad del problema.

Esta descomposición no sólo afecta a una jurisdicción, sino a todas, como la civil ordinaria, la laboral, la inmobiliaria y todas las demás y en muchos casos queda lo suficientemente claro de que se trata de un problema que tiene que ver no sólo con negligencia, sino con ignorancia y complicidad.

Sin lugar a dudas, que la justicia es una de las principales amenazas que se cierne sobre el estado de derecho y la democracia dominicana, porque la violación de derechos y principios constitucionales, así como la vulneración y suplantación del legislador cuando de la aplicación de las normas jurídicas se trata, ocurre como el pan nuestro de cada día.

Todo ello indica que el caso del magistrado Consoró es propio de todo el sistema de justicia nacional y de que se trata de un problema integral que se constituye en una grave amenaza de la democracia, el estado de derecho y de la armonía social.

La cuestión descansa en que la descomposición del sistema de justicia nacional es parte del problema integral que impacta a la sociedad dominicana, donde el mal es encontrado en los principales, por decir todos, los órganos y entes que conforman el Estado.

Sin embargo, lo que espera la sociedad es que a partir de este caso se puedan investigar otros que necesariamente no están en el contexto del Distrito Nacional, sino de otros lugares del territorio nacional, como por ejemplo Santiago, donde el Estado prácticamente ha  desaparecido.

Las sentencias emitidas por este magistrado eran una causa de generación de sospechas, pero otros casos iguales o parecidos también deben ser investigados si de verdad hay un interés de sanear una parte tan vital del aparato estatal dominicano.

En ocasiones anteriores igual se llegó a descubrir, suspender y tramitar a la justicia ordinaria a jueces que eran parte de una mafia que se dedicaba a vender sentencias y a negociar incluso con narcotraficantes, pero las cosas no pasaron de una simple investigación que no tuvo un final satisfactorio.

Ojalá que ahora no pase lo mismo con una investigación que reviste una gran importancia para la preservación del Estado de derecho en la sociedad dominicana y por lo menos iniciar un proceso de saneamiento que arroje resultados beneficiosos para un país que tanto lo necesita.

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