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R.D y Haití, dos caras de una misma moneda con problemas, aunque no iguales, pero muy parecidos.
El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, fue la detonante de una crisis institucional y de legitimidad de su gobierno que tambalea y amenaza la estabilidad de la nación más pobre del hemisferio, la cual es controlada por bandas sobre la base de la miseria que prevalece allí y que se dedican a los secuestros y otras vertientes del crimen organizado, pero que además existen los fuertes intereses de grupos oligárquicos que sólo velan por aumentar sus ganancias y que en función de la defensa de las mismas son capaces de quitar a cualquiera del medio.
Este cuadro prácticamente difícil de retornar a la normalidad, cada día se vuelve más caótico y según pasan las horas se desmorona y al propio tiempo desaparecen los mecanismos que establecen la democracia para la garantía de la permanencia de una mínima institucionalidad.
Haití en estos momentos no cuenta con autoridades legítimamente elegidas, porque ni siquiera el propio asesinado presidente había sido escogido por una cantidad considerable de ciudadanos, ya que en los comicios en los que salió electo sólo obtuvo unos 300 mil votos de los 600 mil votantes que hubo en las mismas, equivalentes a un 50 por ciento de los electores de un país donde hay alrededor de unos once millones de personas.
Lo propio ocurre con el hecho de que hay , luego de la muerte de Moise, una lucha encarnada por el control público, ya que actualmente dirige el país un primer ministro que había sido desvinculado por el asesinado mandatario y un segundo que tampoco había tomado posesión de su cargo por la inexistencia del parlamento, el cual no se pudo renovar y que en consecuencia no tiene autoridad para designar un nuevo presidente provisional, como lo ha hecho en las últimas horas.
Este panorama sumerge al pueblo haitiano en la peor de las incertidumbres, cuyo único destino inmediato y de más fácil acceso es su vecino República Dominicana, el cual también atraviesa por una situación que no es menos preocupante, aunque naturalmente no presenta los mismos perfiles haitianos, pero que el comportamiento del Estado no augura un futuro promisorio.
La República Dominicana es gobernada en la actualidad por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual es considerada una organización inorgánica, porque la mayoría de sus dirigentes y ahora funcionarios del Gobierno carecen de formación, de disciplina, metodología de trabajo e interés por corregir uno de los problemas más preocupantes del país como es la corrupción administrativa.
En este contexto, la nación no sale de un escándalo y la sustracción de los recursos llegan a niveles que nadie descarta que el país se dirija hacia la conversión en otro Haití con un Estado en total incapacidad para darles salida a los problemas nacionales.
La incapacidad oficial y la depredación del patrimonio nacional por otro partido, el PLD, que salió del poder porque prácticamente secuestró el erario nacional para enriquecer a sus funcionarios en medio de una total impunidad, presenta un cuadro que lo menos que se podría decir es que no es agradable, ya que los escándalos de corrupción uno sustituye al otro en los que hay envueltos miles de millones de pesos, cuya deuda externa crece a pasos acelerados y preocupantes.
El panorama que presenta la República Dominicana es que se observa un serio problema de institucionalidad, aunque naturalmente no igual que Haití, porque las instituciones existen deficientemente, pero con altos niveles de descréditos por el manejo dado por los partidos políticos a la misma, cuyo único propósito es apropiarse de todo lo que corresponde al Estado, porque se entiende que esos recursos no son de nadie.
La crisis que se observa en el país también se dirige a crear un problema parecido al que impacta al pueblo haitiano y es la falta de legitimidad, porque cada día los partidos pierden credibilidad y todo parece dirigirse a que llegará el momento en que las autoridades dominicanas carezcan del aval necesario para que se pueda dar la gobernabilidad, lo cual se convertiría en un problema político, a menos que surjan propuestas que se empoderen y retornen el país a la poca institucionalidad de que ha disfrutado en las últimas décadas.
El otro elemento preocupante para la República Dominicana es la posibilidad de la entrada en masas de miles de haitianos que no tienen como reponerse en un Estado colapsado y donde el control lo tienen las bandas armadas que se encuentran en cualquier lugar del hermano país, lo cual podría tener consecuencias imprevisibles en virtud de que esta nación no está en capacidad de satisfacer las necesidades de salud y educación de más de veinte millones de habitantes.
En el futuro inmediato no se vislumbra la ocurrencia de acontecimientos que desvíen a la República Dominicana del camino de la total falta de institucionalidad y la carencia de los recursos económicos para afrontar la realidad nacional, porque no parece que haya alguna posibilidad de parar la depredación del patrimonio público en razón de que esa conducta de los partidos es una cultura nacional.
La erradicación del mal de la corrupción administrativa, que es el problema peor que afecta a los dominicanos, sólo puede dar resultados positivos con políticas publicas a 40 años que impliquen una reformulación de la educación y preparar los medios de comunicación para fortalecer los valores cívicos y morales para construir un nuevo hombre y una nueva mujer en la tierra de Duarte, Sánchez y Mella.
Lo otro seria hacer los ajustes en la Constitución de la República para elevar la sanción en contra del depredador del patrimonio nacional y blindar la Carta Magna para evitar que grupos mafiosos se consoliden en el Control del Estado, cuya función protagónica en estos propósitos lo jugaría un órgano como el Ministerio Público, el cual debe cambiar su configuración de dependiente del Poder Ejecutivo a ser parte fundamental del sistema de justicia con su debida independencia.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.