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R.D y Haití, dos caras de una misma moneda con problemas, aunque no iguales, pero muy parecidos.
El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, fue la detonante de una crisis institucional y de legitimidad de su gobierno que tambalea y amenaza la estabilidad de la nación más pobre del hemisferio, la cual es controlada por bandas sobre la base de la miseria que prevalece allí y que se dedican a los secuestros y otras vertientes del crimen organizado, pero que además existen los fuertes intereses de grupos oligárquicos que sólo velan por aumentar sus ganancias y que en función de la defensa de las mismas son capaces de quitar a cualquiera del medio.
Este cuadro prácticamente difícil de retornar a la normalidad, cada día se vuelve más caótico y según pasan las horas se desmorona y al propio tiempo desaparecen los mecanismos que establecen la democracia para la garantía de la permanencia de una mínima institucionalidad.
Haití en estos momentos no cuenta con autoridades legítimamente elegidas, porque ni siquiera el propio asesinado presidente había sido escogido por una cantidad considerable de ciudadanos, ya que en los comicios en los que salió electo sólo obtuvo unos 300 mil votos de los 600 mil votantes que hubo en las mismas, equivalentes a un 50 por ciento de los electores de un país donde hay alrededor de unos once millones de personas.
Lo propio ocurre con el hecho de que hay , luego de la muerte de Moise, una lucha encarnada por el control público, ya que actualmente dirige el país un primer ministro que había sido desvinculado por el asesinado mandatario y un segundo que tampoco había tomado posesión de su cargo por la inexistencia del parlamento, el cual no se pudo renovar y que en consecuencia no tiene autoridad para designar un nuevo presidente provisional, como lo ha hecho en las últimas horas.
Este panorama sumerge al pueblo haitiano en la peor de las incertidumbres, cuyo único destino inmediato y de más fácil acceso es su vecino República Dominicana, el cual también atraviesa por una situación que no es menos preocupante, aunque naturalmente no presenta los mismos perfiles haitianos, pero que el comportamiento del Estado no augura un futuro promisorio.
La República Dominicana es gobernada en la actualidad por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el cual es considerada una organización inorgánica, porque la mayoría de sus dirigentes y ahora funcionarios del Gobierno carecen de formación, de disciplina, metodología de trabajo e interés por corregir uno de los problemas más preocupantes del país como es la corrupción administrativa.
En este contexto, la nación no sale de un escándalo y la sustracción de los recursos llegan a niveles que nadie descarta que el país se dirija hacia la conversión en otro Haití con un Estado en total incapacidad para darles salida a los problemas nacionales.
La incapacidad oficial y la depredación del patrimonio nacional por otro partido, el PLD, que salió del poder porque prácticamente secuestró el erario nacional para enriquecer a sus funcionarios en medio de una total impunidad, presenta un cuadro que lo menos que se podría decir es que no es agradable, ya que los escándalos de corrupción uno sustituye al otro en los que hay envueltos miles de millones de pesos, cuya deuda externa crece a pasos acelerados y preocupantes.
El panorama que presenta la República Dominicana es que se observa un serio problema de institucionalidad, aunque naturalmente no igual que Haití, porque las instituciones existen deficientemente, pero con altos niveles de descréditos por el manejo dado por los partidos políticos a la misma, cuyo único propósito es apropiarse de todo lo que corresponde al Estado, porque se entiende que esos recursos no son de nadie.
La crisis que se observa en el país también se dirige a crear un problema parecido al que impacta al pueblo haitiano y es la falta de legitimidad, porque cada día los partidos pierden credibilidad y todo parece dirigirse a que llegará el momento en que las autoridades dominicanas carezcan del aval necesario para que se pueda dar la gobernabilidad, lo cual se convertiría en un problema político, a menos que surjan propuestas que se empoderen y retornen el país a la poca institucionalidad de que ha disfrutado en las últimas décadas.
El otro elemento preocupante para la República Dominicana es la posibilidad de la entrada en masas de miles de haitianos que no tienen como reponerse en un Estado colapsado y donde el control lo tienen las bandas armadas que se encuentran en cualquier lugar del hermano país, lo cual podría tener consecuencias imprevisibles en virtud de que esta nación no está en capacidad de satisfacer las necesidades de salud y educación de más de veinte millones de habitantes.
En el futuro inmediato no se vislumbra la ocurrencia de acontecimientos que desvíen a la República Dominicana del camino de la total falta de institucionalidad y la carencia de los recursos económicos para afrontar la realidad nacional, porque no parece que haya alguna posibilidad de parar la depredación del patrimonio público en razón de que esa conducta de los partidos es una cultura nacional.
La erradicación del mal de la corrupción administrativa, que es el problema peor que afecta a los dominicanos, sólo puede dar resultados positivos con políticas publicas a 40 años que impliquen una reformulación de la educación y preparar los medios de comunicación para fortalecer los valores cívicos y morales para construir un nuevo hombre y una nueva mujer en la tierra de Duarte, Sánchez y Mella.
Lo otro seria hacer los ajustes en la Constitución de la República para elevar la sanción en contra del depredador del patrimonio nacional y blindar la Carta Magna para evitar que grupos mafiosos se consoliden en el Control del Estado, cuya función protagónica en estos propósitos lo jugaría un órgano como el Ministerio Público, el cual debe cambiar su configuración de dependiente del Poder Ejecutivo a ser parte fundamental del sistema de justicia con su debida independencia.
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La justicia atrapada en la ineficacia y las malas artes de la partidocracia y de los vicios del poder que dañan la democracia.
Por Elba García
Desde el Tribunal Constitucional, que tiene la misión de mantener el control de la constitucionalidad, hasta el de menor jerarquía como son los juzgados de paz interpretan la ley generalmente al margen del espíritu de la misma y sobre la base de un criterio que no contribuye en nada con el Estado Social Democrático de Derecho, aspecto central del constitucionalismo moderno.
Esta conducta de quienes tienen la responsabilidad de promover seguridad jurídica en el país es una de las principales preocupaciones de los sectores más pensantes de la sociedad dominicana, donde es parte del diario vivir la emisión de sentencias al margen del respeto que se debe observar de los derechos fundamentales en virtud de las normas internas y de las externas que son de obligatorio cumplimiento.
El fenómeno dominicano en materia de justicia preconiza un comportamiento de los jueces y de los fiscales que se fundamenta en un tema que se ha establecido a partir de una cultura de lo mal hecho sin ni siquiera pensar en las consecuencias sociales de sus acciones.
El problema reviste tanta gravedad que, aunque no hay estadísticas al respecto, la vía de hecho toma cuerpo en el país, cuya expresión más contundente son los crímenes a través del sicariato y de otros acontecimientos que se caracterizan por la violencia extrema.
La eficacia en la aplicación de la ley por parte de los tribunales de las diferentes jurisdicciones del sistema de justicia se ha vuelto más salvaje entre los dominicanos para darle salida a los conflictos sociales.
La falencia de la justicia en lo que respecta a emitir sentencias que fortalezcan el estado de derecho, no es exclusiva de los tribunales ubicados en la escala más baja del sistema, sino que lo peor se produce en las altas cortes como la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, en cuyo último los recursos de revisión de las acciones de amparo y las decisiones jurisdiccionales duran años para ser fallados en violación de su propia ley orgánica, la 137-11.
La llamada mora judicial es un cáncer que le ha matado la credibilidad al sistema de justicia nacional, pese a los discursos de sus actores que hablan de unos logros que nadie puede ver,
El cuadro luce tan amargo que los tribunales de instrucción del Distrito Judicial de Santiago no fijan audiencia para conocer recursos de apelación en violación del articulo 149 de la Constitución que dispone el doble grado.
De igual modo ocurre con las cortes de apelación civil donde un recurso de oposición es fallado hasta dos y tres años después de haber sido sometido por la parte que ha sucumbido en un proceso mediante la aplicación de la figura del defecto.
Asimismo, hay jueces de la jurisdicción civil ordinario que emiten sentencias extrapetitas, es decir, al margen de los pedidos de las partes en litis y además en franca violación de su competencia, sin que para mejorar haya un control de los fallos jurisdiccionales y cuya única opción es recurrir en apelación o casación que implica esperar años para el fallo, lo cual muchas veces ocurre cuando una de las partes ya ha muerto.
Sin embargo, pese a estas graves debilidades del sistema de justicia nacional en el país hay un discurso repetitivo de que hay una importante mejoría del estado de derecho y de la democracia.
Otro de los problemas del sistema de justicia es que los partidos mantienen su control, ya que su escogencia se produce a través del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el cual es un diseño de la partidocracia para evitar que aquellos actores de la vida política nacional no estén expuestos a sanciones judiciales de los jueces que son escogidos por ellos.
Este panorama desmejora la llamada democracia representativa que hoy por hoy ha dejado resultados que dejan mucho que desear y cuyo descredito no augura para los pueblos que la padecen un futuro promisorio, lo que incluso ya la coloca en un punto de total falta de legitimidad.
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Abandono de investigación y bajo nivel académico impacta universidades que operan sin supervisión.
Por Elba García
Las universidades de la República Dominicana prácticamente han abandonado su cumplimiento con su misión de desarrollar investigaciones científicas y de igual modo preservar o implementar programas educativos para mejorar el bajo índice académico que les afecta.
El problema no constituye un asunto aislado, sino que forma parte de la deficiencia y debilidades institucionales del país, cuyos centros de altos estudios no son sometidos a la fiscalización que dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Educación Superior ( MESCyT ), porque pesa más la politiquería que tener un país mejor.
El asunto genera que muchos estudiantes egresen de las diferentes carreras que se imparten en la gran diversidad de las universidades nacionales con un nivel de formación que puede definirse de muy precario, muy pobre, que no pasan de ser analfabetos funcionales.
Sin embargo, la deficiencia importa tan poco en un país donde el Estado no tiene capacidad de regulación, ni de fiscalización y mucho menos de supervisión, que las universidades no pasan de ser una buena industria para producir dinero y nada más.
La gravedad de la cuestión llega tan lejos que incluso los propios docentes de las casas de altos estudios dejan mucho que desear porque no tienen la formación académica e intelectual requerida para proporcionar una buena educación superior.
Las universidades del país, naturalmente no todas, no pasan de ser un gran negocio manejado por familias muy concretas y específicas que tampoco cumplen con el mandato de la norma que la regula y delimita y define lo que son instituciones sin fines de lucro.
Pero la falta de control del sistema educativo nacional ha convertido a las universidades en centros para egresar a personas que luego no tienen espacio en el mercado laboral, en virtud de que no tienen la preparación que reclama la industria nacional.
Es una pena observar el sendero escogido por las universidades, el cual no tiene nada que ver con su misión de desarrollar las ciencias y las tecnologías, así como el nivel intelectual de la sociedad.
Naturalmente, no se trata de un fenómeno exclusivo de la educación superior, intermedia y primaria, sino de todo el andamiaje público, donde la capacidad importa poco, sino la politiquería y el amiguismo, ya que incluso hasta el otorgamiento de una licencia de operación en este sector está fundamentado en un criterio desviado de los estándares que deben prevalecer al respecto.
No hay ningún tipo de evaluación que pueda arrojar buenos resultados en la República Dominicana, porque más que un instrumento para lograr un verdadero desarrollo nacional, la educación superior ha pasado a ser un negocio vulgar de “vivos” y de personas que se dedican al tráfico de influencia.
El problema de la educación superior se suma a la imposibilidad que afronta la sociedad dominicana de promover reforma en instituciones y órganos del Estado que no hay forma de que den pie con bola, como el Ministerio Público y la Policía Nacional, por sólo citar algunos.
La población estudiantil dominicano es bastante grande, pero ello no ha servido para que el sector se menaje con criterios de excelencia académica para construir una mejor nación, cuyos estándares sean comparables con otros países del hemisferio y de otros continentes.
Lo peor del problema es que el país no cuenta con una agenda nacional para enfrentar la deficiencia e insertar la nación en los mejores estándares educativos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo.
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Santiago es parte de un fenómeno general que impacta al país en el que las instituciones sin fines de lucro son un botín personal.
Por Elba Rosa García
El fenómeno de la apropiación de las instituciones sin fines de lucro y muchas otras que juegan un papel social y político importante que se debaten entre una serie de intereses individuales de personajes de la sociedad dominicana que sólo se mueven para perjudicar a las grandes mayorías nacionales.
Es una preocupación que tiene su base de sustentación en una herencia histórico-cultural que se apoya en una serie de antivalores que promueven el individualismo como estilo de vida.
El escenario es ahora el Patronato Cibao contra el Cáncer, donde convergen algunos sectores que buscan utilizar esta institución para fines que no se corresponden con sus objetivos.
En los últimos días allí ha explotado un escándalo que habla de serios actos de corrupción que ahora se ventilan en los tribunales del Distrito Judicial de Santiago, cuya irregularidad también se observa en otras entidades de igual carácter como las cooperativas de ahorros y préstamos, las cuales también han tenido un notable éxito en el manejo de fondos de las comunidades.
La Corte de Apelación Civil de Santiago tiene en fase de fallo una demanda civil para buscar la nulidad de una asamblea que permitió escoger una nueva directiva en medio de serios escándalos de corrupción, que incluye una supuesta deuda de más de ochocientos millones de pesos.
Recientemente, tras la celebración de la referida asamblea, hubo que sacar a los que ostentaban la dirección del Patronato con la fuerza pública, drama que prevalece de forma genelizada en el país porque los que llegan a este tipo de organizaciones se llegan a creer dueño del patrimonio de la misma como si se tratara de una herencia familiar.
Este tipo de problema es un asunto que debe enfrentar la sociedad dominicana, porque el mismo se agrava en razón de que los propios tribunales se manejan con una actitud muy complaciente con los que incurren en semejante travesura.
La demanda civil que busca la nulidad de la asamblea general extraordinaria en la que se eligió una nueva directiva en el Patronato Cibao contra el Cáncer, quedó en fase de fallo en la Corte Civil y Comercial de Santiago tras los jueces reservarse la decisión.
La acción legal proviene del destituido presidente del Patronato Cibao contra el Cáncer, quien solicita que se deje sin efecto dicha asamblea, bajo el alegato de supuestas irregularidades en el proceso y violaciones al debido procedimiento. Los abogados del demandante también pidieron la designación de un administrador judicial, argumentando que la reunión estuvo “plagada de vicios”.
La decisión podría ser emitida en un plazo de 48 horas, cuyo acto de la demanda es el número 534, el cual fue depositado el 23 de octubre de 2025 ante la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación de Santiago, a requerimiento de Héctor Antonio Lora Cruceta y otras partes interesadas, representadas legalmente por los licenciados Jhon Starling Fulgencio Frías, Erick R. Germán Mena y María Antonia Vargas del bufete Veras & Veras, con sede en Santiago de los Caballeros.
La situación del Patronato Cibao Contra el Cáncer es propia de una gran cantidad de organizaciones sin fines de lucro, incluido los partidos políticos, entre muchas otras que quedan atrapadas en medio de grupos que las controlan y malversan sus fondos para fines que distorsionan la razón de su existencia.
El problema en esta materia es una plaga que prácticamente se come a la sociedad dominicana, sin que haya a la vista una solución, dado que el motivo de la misma tiene que ver con razones profundamente culturales que hoy día son parte de un problema integral de la sociedad dominicana.