Opinión
Respuesta al doctor Leonel Fernández
Por Melvin Mañón
Es verdad que Balaguer afirmó que la corrupción se detenía ante las puertas de su despacho pero el PLD ni con usted ni con Danilo Medina puede hacer el mismo alegato porque la evidencia y la percepción nacional e internacional es la de que, la corrupción emana de ese despacho en lugar de detenerse ante sus puertas.
Según artículo publicado a la firma del Dr. Leonel Fernández en el Listín Diario del día 5 de junio 2017 y aunque él no me preguntara, esta respuesta indica que me di por aludido.
“En la República Dominicana, como en el resto de América Latina y el Caribe, la corrupción es tan antigua como nuestra propia historia”.
Dice el Dr. Fernández. Y es verdad, pero lo que omite consignar el Dr. Fernández es la escala inaudita alcanzada por la corrupción dentro de y bajo los auspicios del PLD. Claro que es antigua la corrupción pero nunca fue tan generalizada, nunca alcanzó estas dimensiones y nunca gozó de tanta impunidad como la proporcionada por ese mismo PLD.
Hablando del periodo de la dictadura: “Lo que había era una Compañía por Acciones, propiedad de Trujillo, que llevaba el nombre de República Dominicana”.
Es muy fácil el argumento pero un recurso barato, indigno de un presunto intelectual proveer una versión tan simplista y acomodaticia de la corrupción bajo el régimen de Trujillo. En primer lugar, durante el reinado de esa dictadura, la corrupción en este país estuvo confinada al propio dictador; mas nadie robaba no porque fueran virtuosos sino porque no se atrevían. Y si vamos a considerar el papel del ahorro interno en la inversión pública definitivamente Trujillo saca las mejores notas porque todo lo que se hizo bajo su dictadura fue con recursos internos, sin endeudamiento y por el contrario tras haber pagado la deuda externa que había heredado la república de gobiernos precedentes como nos tocará ahora lidiar con la mastodóntica deuda acumulada y dejada por el PLD y en menor medida por el PRD. El expediente de Trujillo en material de libertades públicas y derechos humanos es una cosa, la administración pública de entonces es otra. Confundirlas para confundir, repito, es un recurso, barato e indigno.
Prosigue el Dr. Fernández: “Durante la etapa del presidente Joaquín Balaguer, el saqueo de fondos públicos llegó, en un momento dado, a niveles tan alarmantes, que el propio mandatario llegó a decir, en frase célebre, que la corrupción sólo se detenía en la puerta de su despacho”.
Pues déjeme decirle, sea hombre, atrévase a romper con toda esa mierda y excúseme la vulgaridad, póngase por encima del miedo y de la vergüenza, admita lo que hizo, pídale perdón a su pueblo y pídale una oportunidad para enmendar todo el mal que hizo.
Es verdad que Balaguer afirmó que la corrupción se detenía ante las puertas de su despacho pero el PLD ni con usted ni con Danilo Medina puede hacer el mismo alegato porque la evidencia y la percepción nacional e internacional es la de que, la corrupción emana de ese despacho en lugar de detenerse ante sus puertas. Y le digo mas, fue Balaguer el único que en la historia reciente del país persiguió, acusó y encarceló a un ex presidente y a varios de sus ministros y asesores cuando a partir de su victoria electoral del año 1986 produjo las denuncias, sometimientos y juicios que llegaron a ser llamados “las misas de los lunes” y en una de las cuales tuve la honra de participar mostrando la documentación de varias transacciones dolosas que habían perjudicado a la empresa Dominicana de Aviación de cuyo Consejo de Administración fui tesorero entonces. Pero hay algo todavía mas trascendente para invalidar la comparación que usted ha pretendido. Balaguer administraba el gobierno con una mentalidad de pulpero de barrio, odiaba el endeudamiento y financiaba el grueso de la inversión pública en obras con recursos propios y en casos extremos, cuando no se podía de otro modo, con préstamos internacionales. El PLD, en cambio, ha hecho todo lo contrario y ha sido el primer partido, en la historia de este país, que se dio cuenta de que endeudar el país era un recurso para alimentar la corrupción y acelerar el enriquecimiento ilícito de sus dirigentes como demasiado claramente ilustran no solamente el escándalo de ODEBRECHT sino una larga lista de préstamos y emisiones de bonos desde el fraude de la Sun Land ventilado judicialmente en el año 2013 que tan de cerca lo involucró a usted mismo como todos los demás. Casi puede decirse que no hay un solo préstamo del PLD que no haya sido sobrevaluado o tramitado a base de fraudes y soborno.
En otra parte su lamentable artículo usted escribe: “Corrupción universal. Pero no es sólo en la República Dominicana o en América Latina y el Caribe donde existe corrupción.
También hay corrupción en Rusia, donde luego del desplome de la primera revolución socialista del mundo, apareció una mafia rusa con ramificaciones en distintas partes del mundo.
En China persiste la corrupción, a pesar de que se han ejecutado personas por ese hecho y a otras se les ha condenado a prisión de por vida. Los antiguos países de la órbita socialista de Europa oriental se encuentran entre los más corruptos del viejo continente, como son los casos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, la República Checa y Eslovaquia.
Pero algunos de los países de Europa occidental, que tienen siglos de civilización, tampoco escapan al contagio de la peste social de nuestros tiempos. Tal es el caso de Italia, España y Grecia, pero también de Alemania y Francia”.
De nuevo tengo que convenir con usted en la validez de la afirmación pero dejarla sin explicación, como hace usted, solamente sirve para, por carambola, justificar el desorden interno, el peculado, la impunidad reinante y todas las demás formas deshonrosas de corrupción y apropiación del bien publico. En todos los países citados por usted ha habido y hay corrupción pero no impunidad.
Los actos de corrupción han sido investigados, sancionados en algunos casos con fusilamiento en otros con vergüenza propia y cárcel pero no dejados impunes. La verdad histórica advertida por Joseph Stiglitz y otros economistas y pensadores contemporáneos es que, precisamente, la debacle en la Unión Soviética a partir de 1991 dejó al capitalismo y a Estados Unidos como los vencedores aparentes de la Guerra Fría y de la Coexistencia Pacífica y ese proceso condujo a la creencia de que empresarios, corporaciones y gobiernos disponían de un cheque en blanco o una licencia de corso para hacer y deshacer.
A medida que el mundo y su administración pasaron a regirse por los valores del Mercado, los políticos y los partidos se convirtieron en accesorios y auxiliares no reguladores de aquellos y los ciudadanos de todo el mundo empezaron, a gran velocidad, a convertirse en consumidores en sustitución de los ciudadanos que habían sido antes. De manera pues que, otra vez, estamos en presencia de una argumentación manipulada para hacer creer que en el mundo no hay salvación posible, que todos somos corruptos y que es mas sencillo aprender a vivir con esa realidad y lucrarse de ella que enfrentarla que es exactamente lo que usted hizo y que me consta porque me lo hizo saber a mi mismo en la única vez que conversamos en su despacho en el año 2005 por solicitud suya, no mía – lo hago constar.
En otra parte de su trabajo consigna: “Ahora bien, dentro de ese marco, ha sido el Partido de la Liberación Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción”.
Un poco mas adelante y todavía dentro del mismo tema usted escribió: ”En fin, a pesar de las debilidades institucionales aún existentes y de la justa indignación de importantes sectores de nuestra sociedad con respecto al flagelo de la corrupción, también es válido reconocer el aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado legal que permita su prevención, persecución y condena”.
Si no fuera por la seriedad del momento y por la gravedad de las circunstancias hubiera dicho que usted estaba relajando porque Dr. Fernández si hay algo que el PLD no ha hecho, ni siquiera intentado a pesar de toda la parafernalia legal a la que usted alude, si hay algo en lo cual el PLD ha dado el ejemplo de gestión mas miserable y abyecto que pueda imaginarse nadie es precisamente cuando, refiriéndose a la corrupción afirma: “ es válido reconocer el aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado legal que permita su prevención, persecución y condena.”
Doctor Fernández al país le tiene sin cuidado todo ese entramado legal de que usted habla y así mismo, aunque no las menciona, la infinidad de instituciones, direcciones, entidades, policías, departamentos y administraciones creados por el PLD. Ninguna de las leyes que tienen que ver con justicia, procedimiento y pulcritud en la gestión pública emanadas del PLD sirve para nada porque aquí tenemos leyes para todo hasta para lo que no hace falta; de lo que carecemos es de gente decente, competente y temerosa de la ley que las aplique y lo mismo puedo decirle del reguero de instituciones creadas por el PLD: ninguna sirve para nada, todas son corruptas, todas están llenas de botellas vacías y en todas campea la corrupción desde los jefes hasta los mensajeros y guardianes, es mas, hasta los que cuidan la puerta y el parqueo están corrompidos. En el reinado del PLD la corrupción es la norma y la seriedad la excepción.
El mérito que el PLD podía y debió haber reclamado era el de haber adecentado la administración pública con gente laboriosa y limpia, haber fomentado un nuevo sistema de valores, fundado una ética de respeto, protegido la independencia del poder judicial y haber alentado una legislatura con las mejores personas de cada demarcación en lugar de haber efectuado una labor de buceo como hacen los infelices y desgraciados que en el vertedero de cada lugar se buscan la vida rescatando basura de la basura y parecería que el PLD, como esos buzos, salió a buscar basura y la encontró.
Este párrafo, que he dejado para el final es especial en muchos sentidos y cito:“Mientras tanto, en lo que atañe al expediente del caso Odebrecht, del que se encuentra apoderado un Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, de lo que se espera es que el órgano judicial actúe, tal como se consagra en los Principios Fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia; en base al principio de presunción de inocencia: y sujeto al criterio de legalidad de las pruebas”.
Doctor Fernández, después de la Suprema Corte de Justicia conocer y fallar a su favor el caso de la Sun Land, el juez que la presidía -el magistrado Jorge Subero Isa- lamentó la decisión porque había sido “política y una vergüenza” y se refirió a ella como un “crespón negro” que enlutaba la trayectoria de dicha corte porque Subero Isa sabía lo que era hacer justicia pero no se atrevió a hacerla, lo absolvió de culpas y luego le remordió la consciencia y Doctor Fernández si eso fue Subero Isa en 2013, dígame por favor ¿qué podemos esperar de estas cortes y estos jueces y procuradores? Se lo digo yo: lo mismo o peor y sin ni siquiera el beneficio del arrepentimiento a posteriori.
Finalmente Dr. Fernández como usted consigna: “Ahora, en esta segunda década del siglo XXI, lo que ocurre es que debido a la magnitud, el perfil de los actores y la mayor visibilidad y frecuencia de actos de corrupción, las sociedades se han tornado más sensibles, y exigen, con razón, que se haga justicia”.
Este no es el lugar ni momento para intentar una aclaración sociológica ni tampoco proclamar la efectividad de las redes sociales publicando todo lo que los grandes periódicos ocultan. Hay un reto personal. A pesar de todos los expedientes de los cuales usted tiene que avergonzarse y con toda razón, me permito recordarle que nunca es tarde para un hombre reivindicarse ante la historia y ante si mismo. Todos sabemos que usted es reo de Danilo Medina, todos sabemos que los detenidos del PLD son gente suya o lo fueron, todos sabemos que usted está seriamente comprometido con mucha gente canalla con la cual esquilmó al Estado Dominicano y todos sabemos que su parálisis frente a Danilo deriva de los expedientes suyos que el conoce del mismo modo que usted conoce muchos de los de él. Pues déjeme decirle, sea hombre, atrévase a romper con toda esa mierda y excúseme la vulgaridad, póngase por encima del miedo y de la vergüenza, admita lo que hizo, pídale perdón a su pueblo y pídale una oportunidad para enmendar todo el mal que hizo. Eso, aunque no lo crea usted ahora, es lo único que puede salvarlo porque nosotros somos gente que, ante la arrogancia ajena nos encabronamos pero ante la humildad nos dejamos seducir. No me haga recordar un personaje de mi pueblo, amigo muy querido y buen combatiente durante la Guerra de Abril. Se llamaba Juan Rafael Benz (Fapi) quien, cuando quería calificar a una persona de “intelectualoide” decía: lo que pasa con fulano es que la cultura de él es de postalita (se refería al texto que suele indicar la temática de un libro y que se sitúa en la solapa o contraportada.
Y así, doctor Fernandez, se hará justicia.
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
La ley internacional concede inmunidad contra el enjuiciamiento penal por Estados extranjeros a los Jefes de Estado y oficiales diplomáticos (artículo 31 Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas). Sin embargo, los delitos enumerados por el Estatuto de Roma pueden haber sido cometidos por diplomáticos, Jefes de Estado, oficiales gubernamentales o por cualquier otra persona que goce de inmunidad diplomática, y la ley internacional no podrá reconocerles inmunidad alguna contra el enjuiciamiento por tales crímenes.
La Corte Penal Internacional determinará si existe alguna inmunidad, cuando se le refiere un caso. Sin embargo, el artículo 98 del Estatuto de Roma establece ciertas restricciones a la CPI, cuando solicite la entrega u otro tipo de asistencia a los Estados.
El artículo 98 del Estatuto de Roma trata la situación de entrega de una persona cuando existe un conflicto con las obligaciones del Estado bajo el derecho internacional o con respecto a la inmunidad diplomática de un extranjero o su propiedad.
La Corte Penal Internacional no deberá requerir que un Estado actúe de manera contraria a sus obligaciones internacionales. Pero al mismo tiempo una situación tal raras veces surgirá, ya que la Corte investigará tales posibilidades antes de solicitar una entrega al Estado. Adicionalmente, las obligaciones del derecho internacional aplicables a los Estados Partes incluirán sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma.
Al aceptar los artículos 27 y 86 del Estatuto, los Estados Partes abiertamente retiran cualquier inmunidad contra la CPI . Por ende, cuando un nacional de un Estado Parte es requerido por la Corte, ese nacional no podrá reclamar las inmunidades normales que existan respecto al enjuiciamiento penal en el exterior, y el Estado requerido no estará violando sus obligaciones internacionales si entrega la persona a la CPI.
No obstante, cuando la CPI haya determinado que la inmunidad si existe, podrá dar curso a la solicitud de entrega solamente si cuenta primero con el apoyo del Estado de nacionalidad del acusado. En tal caso, el Estado requerido que proceda con la entrega no violara sus obligaciones internacionales de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas
El artículo 98 establece que la Corte no podrá dar curso a la solicitud de entrega que requiera que el Estado requerido viole sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales que requieran el consentimiento del Estado que entrega a una persona de ese Estado a la CPI.
Esta situación podría surgir cuando una persona detenida en el Estado requerido haya sido extraditada a ese Estado desde otro país, bajo la condición de ser devuelta a su país luego de la investigación o enjuiciamiento, o la ejecución de una condena. Podría también darse cuando , bajo el acuerdo de Estatus de Fuerzas, los miembros de las fuerzas armadas de un tercer Estado se encuentren dentro del Estado solicitado.
Cuando el Estado que entregue sea un Estado Parte del Estatuto de Roma , no deberá restringir la posibilidad de que otros Estados entreguen a sus nacionales a la CPI, ya que cada Estado Parte acepta la jurisdicción de la Corte sobre sus nacionales y no hay fundamento para rechazar la entrega de una persona a la Corte .
Sin embargo, cuando la persona requerida alegue el principio de ne dis in idem, y la decisión de admisibilidad de la CPI aún esté pendiente, el Estado requerido deberá consultar con el Estado que entrega, y la CPI, de conformidad con el artículo 89, para determinar si se debe suspender o no la ejecución de la solicitud.
De lo contrario el Estado requerido tendría que contar con el consentimiento del Estado de la persona que entrega. La CPI deberá contar con la cooperación del Estado que entrega, si no es este un Estado Parte, antes de que la Corte Penal Internacional solicite la entrega.
El articulo 98 solo es relevante cuando el Estado requerido pueda demostrar que la acción requerida por la CPI lo obligaría a violar una obligación bajo el derecho internacional. Un Estado no podrá invocar una previsión de su derecho interno que garantice inmunidad a la persona a ser entregada.
En el contexto de las obligaciones el Estado Parte tiene la obligación de entregar a una persona que goce de inmunidad diplomática, cuando la CPI solicite su entrega luego de haber obtenido la cooperación de un tercer Estado para la renuncia de la inmunidad.
Cuando la CPI solicite la entrega de una persona, pero el Estado Parte requerido normalmente estaría violando un acuerdo internacional con un tercer Estado, el Estado requerido esta obligado a entregar a la persona si la Corte cuenta con el consentimiento del tercer Estado para la entrega de la persona . El Estado Parte requerido deberá entregar a la persona si el tercer Estado es un Estado Parte.
En el marco de la implementación los Estados Partes deberán prever dentro de su derecho interno, la posibilidad de entregar a una persona a la CPI aunque normalmente goce de inmunidad estatal o diplomática, cuando el Estado de donde esta persona es nacional acuerde renunciar a su inmunidad. Debido a que la CPI tiene la autoridad de determinar si existen o no las inmunidades, no obstaculizaron las la cooperación con la CPI. Esto garantiza que el Estado Parte pueda cumplir con sus obligaciones de entrega.
Los Estados Partes deberán asegurar que sus nacionales puedan ser entregados a la CPI por otros Estados, cuando sea conveniente, y que no existan acuerdos bilaterales o multilaterales que obstaculicen el proceso. Los Estados Partes deberán estar preparados para revelar a la Corte cualquier obligación o acuerdo internacional que pueda estar en conflicto con una solicitud de entrega que este preparando la Corte, si la misma necesitare tal información.
Por Nelson Encarnación
La incitación a la violencia es un delito grave en todas las sociedades organizadas, incluida la nuestra, donde un llamado a alterar el orden público acarrea consecuencias penales para cualquier persona, pues el Estado tiene la obligación no solo de perseguir el hecho, sino de prevenirlo.
Por consiguiente, el expresidente Danilo Medina se coloca al margen de la ley e incurre en ese delito de incitación a la violencia cuando llama a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana, que él lidera, a destruir las eventuales carpas que coloquen los seguidores oficialistas en los alrededores de los colegios electorales el próximo 19.
Un líder de la categoría de quien fue presidente de la República durante ocho años, y que además dirige una de las formaciones políticas fundamentales del sistema de partidos, debe ser lo suficientemente prudente y medido para conocer el alcance de sus arengas.
La incitación de Medina tiene varios puntos relevantes, pero fuera del delito en que incurre, hay dos de carácter electoral que su desatino no alcanza a calibrar.
El primero tiene que ver con lo que ya ha determinado la Junta Central Electoral (JCE) respecto de las carpas partidarias, las cuales el órgano de comicios prohibió tajantemente a partir de las alegaciones que produjeron esas instalaciones luego del proceso de febrero pasado.
En consecuencia, la perorata de Medina carece de sentido, si se toma en cuenta la señalada disposición.
El otro aspecto es aún más relevante para los intereses del partido morado y de toda la oposición, puesto que, si entre sus argumentos figura la supuesta manipulación del proceso por el oficialismo para provocar la abstención de sus adversarios, podemos suponer que, con un ambiente de posible violencia, los votantes poco motivados preferirían quedarse en sus casas para no exponerse.
Esto tiene un referente histórico que Danilo conoce perfectamente. Se trata de las elecciones de 1966, cuando el profesor Juan Bosch, candidato frente a un Joaquín Balaguer aupado por los invasores estadounidenses, llamó a sus seguidores a que fueran a votar armados con palos y piedras para defender el voto.
¿Qué hicieron miles de partidarios del PRD? Se quedaron en sus casas para no convertirse en presa de los violentos determinados a imponer a Balaguer. ¿Es esto lo que Danilo quiere para luego alegar irregularidades?