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Opinión

Reunión Hipólito-Danilo: enviar mensajes políticos

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Es normal que dos personas se reúnan, indistintamente de que se trate de dos políticos, pero el reciente encuentro entre Hipólito Mejía y Danilo Medina,  expresidentes, no descansó simplemente en la felicitación de año nuevo, pues tiene por objeto el envío de mensajes a diversos líderes nacionales y a entidades políticas determinadas.

Se sabe que el año 2023 es de grandes definiciones políticas y estos dos líderes han dado el primer golpe de impacto, cuando de forma intencional provocan con el encuentro –hecho público por el equipo de prensa del PLD–  múltiples lecturas en los distintos círculos de opinión.

Se supone que si Medina hizo público el encuentro es porque cuenta con la aprobación de Mejía y que los dos tienen interés en el envío de mensajes sujetos  a la interpretación de la opinión pública, sobre manera de determinadas instancias del ámbito político nacional.

No es un secreto que Hipólito es el mediador de una deseada alianza entre Danilo Medina y Luis Abinader. Y con ese encuentro Mejíale está diciendo al jefe de Estado que él tiene la llave para su reelección. El mayor interés de Hipólito es posicionar a su hija Carolina, alcaldesa del Distrito Nacional, a quien promueve para la vicepresidencia de la República en la contienda comicial a celebrarse el año entrante.

No cabe ninguna duda de la relación de hermandad y afectos recíprocos entre Hipólito Mejía y Danilo Medina. Este último ya le apoyó a su hija en la campaña del 2020 para que sea electa alcaldesa capitalina. Hipólito, por su parte, impidió que el presidente del PLD sea apresado por la Procuraduría General de la República, por supuestamente estar involucrado en varios expedientes de corrupción pública.

Danilo Medina e Hipólito Mejía durante la visita

Danilo Medina e Hipólito Mejía durante la visita

Aunque los hermanos de Danilo Medina y algunos miembros de su entorno ya están en libertad, por cumplir los 18 meses de prisión de medida de coerción, Hipólito Mejía nunca estuvo de acuerdo con esa persecución judicial, aparentemente bien fundamentada, enfrentándose al Ministerio Público y haciendo participar su parecer al propio Luis Abinader.

Medina agradece el gesto de Mejía, pero tiene su dolor silencioso con el actual presidente, porque los procesos judiciales los interpreta como humillación a su persona, a sus hermanos y a sus colaboradores cercanos. Si quien buscara la reelección fuese Hipólito Mejía sería muy probable un apoyo de Danilo Medina, jamás a Luis Abinader.

Sin embargo, no se puede obviarque Danilo Medina es estratega político y procura que lo habiliten constitucionalmente, mediante reforma a la carta magna, que se haría en el curso de este año, y con la reunión con Hipólito Mejía le dice a Luis Abinader: “Aquí estoy”, “estamos en eso”.

Pocos sacan la lectura de que con esa reunión Danilo también envía mensaje a Abel Martínez, dejándole saber que es el presidente del partido, el jefe de esa entidad política, el hombre de las relaciones políticas y con el que hay que contar para fines de alianzas, eventuales pactos yconstrucción de mayoría.

Pero más que a Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, Danilo Medina envía un mensaje muy claro a Leonel Fernández, en el sentido de que si el líder de la Fuerza del Pueblo quiere una alianza con el PLD tiene que ser en base a un acuerdo formal, donde haya una repartición de candidaturas legislativas y municipales y la propia vicepresidencia sea cedida al partido morado de la estrella amarilla.

Las relaciones personales de Leonel y Danilo no son buenas. Además, Leonel Fernández ha estado apostando al desangramiento del PLD, a que los peledeístas se vayan a la Fuerza del Pueblo, aspiración que ha logrado en más de un 60%, permitiendo que hoy día sea el candidato que compite en las encuestas con Luis Abinader.

En política, sin embargo, no hay enemigos, hay adversarios. Y los adversarios son circunstanciales. Y Danilo Medina sabe que, por encima de su disgusto con Leonel Fernández, la militancia de ambas organizaciones es la misma cosa, hacen química, todos son peledeístas.

Quien tiene perspectivas de poder, por lo menos en estos momentos, es Leonel Fernández y, en consecuencia, debía ser el mayor interesado en formalizar una alianza con el PLD, pero posiblemente está esperando el momento más oportunoy negociar en condiciones favorables.

Empero, una alianza entre Danilo y Leonel no depende por ahora de la conveniencia de este último, de ambos partidos ni de Abel. Depende, en gran medida, de la conveniencia de Danilo Medina, quien no haría pacto público con Leonel ni con nadie hasta tanto no sea reformada la Constitución de la República y  habilitado políticamente con miras al 2028.

La publicación de la  reunión de Hipólito Mejía y Danilo Medina fue un acto bien calculado, donde envían mensajes que la gente interpreta a su manera. Lo más importante es que los mensajes llegaron a donde ellos querían, sobre todo Medina que es estratega,  dando el primer golpe de impacto en el año 2023.

danilocruzpichardo@gmail.com

jpm/am

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Opinión

Responsabilidad Penal Individual y Delitos del Estatuto de Roma

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Por Rommel Santos Díaz

Los crímenes de la competencia del Estatuto de Roma son normalmente aquellas ofensas cometidas contra un número de personas. Los crímenes de lesa humanidad y el genocidio son delitos que generalmente son cometidos por muchos individuos  que operan como parte de una extensa organización criminal.

Aquellos que poseen el grado más alto de responsabilidad penal por estos  crímenes  normalmente son aquellos individuos con posiciones de autoridad que no tienen contacto directo con las víctimas. Ya sea que emitieron las órdenes, incitaron a otros a cometer los crímenes, o crearon los medios con los cuales se cometen estos crímenes.

Es por esta razón que el Estatuto de Roma no restringe la responsabilidad penal por estos delitos a los individuos  que estuvieron directamente involucrados con su comisión, pero la entiende a aquellos  que estuvieron también indirectamente involucrados.

Según el artículo 25 del Estatuto de Roma, la persona será penalmente responsable si:

  1. a)Cometio el crimen por sí solo, con otro o por conducto  de otro, sea este o no penalmente responsable;
  2. b)Ordeno, propuso o indujo la comisión de ese crimen, ya sea consumado o en grado de tentativa;
  3. c)Fue cómplice o encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión del crimen, incluso suministro los medios para su comisión;
  4. d)Contribuyo de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas  que tengan una finalidad común. La contribución fue intencional y se hizo con el propósito de llevar a cabo la actividad o propósito delictivo del grupo, o a sabiendas de que el grupo tenía la intención de cometer el crimen;
  5. e)Respecto al crimen de genocio, hizo una instigación directa y pública a que se cometiera;
  6. f)Intente cometer ese crimen.

Sin embargo, la persona que desiste de la comisión del crimen o impida de otra forma que se consume no podrá ser penado de conformidad con el Estatuto de Roma  por la tentativa si renunciare íntegra y voluntariamente al propósito delictivo.

Los Estados partes del Estatuto  de Roma que deseen enjuiciar a los acusados en sus tribunales nacionales, según el principio de complementariedad, deberán garantizar que su legislación de implementación incluya todas las formas de responsabilidad penal individual y ofensas incoadas dispuestas por el Estatuto.

De lo contrario, no podrían  enjuiciar en sus tribunales nacionales la mayor parte de los individuos responsables por la omisión de los delitos contenidos  en el Estatuto de Roma.

Finalmente, la mayoría de la legislación penal nacional ya describe la responsabilidad penal individual de la misma manera, y por lo tanto no sería necesario realizar enmiendas legislativas. Los Estados Partes deberán sin embargo asegurarse de que esta responsabilidad se aplique a todos los delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

La verdad se comprueba con los hechos.

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Por Elba García Hernández

En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.

Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.

Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.

En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.

Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.

Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.

Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.

Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.

Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.

En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia  deja mucho que desear.

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Opinión

No es resentimiento ni frustración.

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Por José Cabral

El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.

Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.

El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.

En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.

En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.

El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.

Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.

En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.

Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.

Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.

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