Opinión
¿Sacarle la estaca a drácula?
POR: ANDRÉS L. MATEO
Una amiga muy perspicaz me arrojó a la cara la siguiente idea: “¿Si tú le has clavado la estaca en el corazón a Drácula, habría alguna razón que te empujara a sacársela?”
Por mi formación y mi lectura de Emil Benveniste sé que en el nivel de categoremas solo la proposición encarna una clase de expresión lingüística. Hablábamos de política, es claro que necesitaba entender las unidades distintivas del contenido proposicional. Siempre sagaz, mi amiga despejó el enigma: “Danilo Medina, obligado a renunciar a su proyecto continuista era impensable. El que Danilo Medina no haya logrado la modificación de la constitución para reelegirse es como clavarle la estaca en el corazón a Drácula”. La metáfora suele ilustrar fehacientemente costados de la realidad, porque traslada las cualidades más sobresalientes de una cosa u objeto, para compararlas entre sí. La reelección en la historia particular del pueblo dominicano es un lastre inconmensurable que ha deformado toda la vida institucional del país. Danilo Medina, el Drácula metafórico de la historia contemporánea, con su estaca clavada en medio del corazón al no poder imponer la reelección, espanta el desasosiego de los ciento setenta y cinco años de vida republicana en los cuales el continuismo ha logrado imponerse. Es sobre la reelección que se ha edificado la estúpida y trágica historia de nuestra aventura espiritual, el largo martirologio de nuestras vidas. Drácula (la metáfora encarnada por Danilo Medina) con su estaca en el pecho, es pues un triunfo histórico del pueblo dominicano.
¿Por qué mi amiga apelaba en el debate a la imagen de Drácula con su corazón atravesado por la estaca? ¿Por qué cuestionaba si alguien era capaz de sacarle la estaca del corazón a Drácula?
Porque en la inconsistencia del bestiario político dominicano, la forma del danilismo reponerse de la frustración es organizando una reelección postergada. Usando todo tipo de recursos, la maquinaria danilista rápidamente se ha movido hacia otro intento de modificación de la constitución, esta vez con la finalidad de “rehabilitar” a Danilo Medina. Y lo curioso es que hay sectores de la “oposición” que se han manifestado dispuestos a apoyar una “rehabilitación” de Danilo Medina. Según mi amiga, eso equivaldría a “sacarle la estaca a Drácula”. El bestiario político dominicano está anclado en el siglo XIX, y ven con naturalidad todo el estropicio que desde el poder practican los gobernantes. A Danilo Medina no hay que rehabilitarlo de nada, el precepto constitucional que en él se ha cumplido, es una fórmula legítima de ir fundando la convivencia en el respeto a las leyes. El lo hizo todo para vulnerar la constitución nuevamente, y no pudo. La Comisión de Venecia dio una fundamentación jurídica al rechazo de todas las estratagemas que los gobernantes latinoamericanos suelen esgrimir para prolongarse en el poder. Nuestra historia es particularmente rica y traumática respecto de estas maliciosas propuestas. Horacio Vásquez se había apegado al poder con una enorme pasión, y forzó una modificación constitucional que, el 17 de junio de 1927, prorrogó su mandato por dos años. Lo que se derivó de ahí, desgraciadamente, está grabado con tinte indeleble en el cúmulo de nuestras vicisitudes como país. Hay una relación dialéctica entre el continuismo y la corrupción, y los gobiernos de Danilo Medina representan el más alto nivel de la corrupción histórica de la vida republicana.
Ese bestiario político asume el más elevado comportamiento irresponsable de la historia, cuando plantea apoyar la “rehabilitación”. Que Danilo Medina no haya podido imponer su reelección a pesar de que maneja a su antojo todo el aparato institucional del país, es una significativa victoria de la democracia. No es que él no quiso, no es que cumplió su palabra, no es que asumió el precepto constitucional por ser un demócrata; es que no pudo contra la crispación social y política interna, y contra la presión internacional. Si ese bestiario político de la “oposición” ayuda a sacarle la estaca a Drácula, se jodieron. ¿Sacarle la estaca a Drácula? Sospechoso, sospechoso, sospechoso.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.