Nacionales
Salarios de jueces superan a ejecutivos de los otros dos poderes del Estado y cabildos
Santo Domingo.-La diferencia que se observa en las nóminas públicas permite establecer que los salarios de los jueces supera el de los procuradores, legisladores, ministros, alcaldes y directores de organismos autónomos, algunos de los cuales sobrepasan ampliamente el millón de pesos mensuales.
En ese sentido, los titulares de las altas instancias de la Justicia tienen salarios muy superiores a los principales representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y la municipalidad, exceptuando a funcionarios del área económica- monetaria.
A esto se suman beneficios indirectos como combustible, choferes, gastos de representación, seguros y vehículos oficiales contemplados en la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
Todos los montos consultados corresponden a salarios brutos, sin aplicar descuentos de AFP, ARS, impuesto sobre la renta u otras deducciones establecidas por ley.
Dentro del Poder Judicial, los salarios reflejan la estructura jerárquica del sistema de justicia dominicano.
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia encabezan la escala con ingresos brutos por RD$528,750 mensuales, seguidos por los jueces de corte de apelación con alrededor de RD$362,304.69.
En escalones inferiores aparecen los jueces de instrucción, con RD$240,156.25; los jueces de primera instancia, con RD$216,140.63; y los jueces de paz, cuyos salarios rondan RD$181,250 mensuales.
El tema salarial ha sido recurrente dentro del sistema judicial, especialmente en jurisdicciones inferiores donde jueces y servidores reclaman actualizaciones acordes con la carga laboral, la inflación y las responsabilidades del cargo.
En el Ministerio Público las diferencias salariales también son notorias.
El procurador general de la República aparece con ingresos cercanos a RD$420,000 mensuales, mientras un procurador general de corte ronda los RD$204,000.
Los procuradores fiscales titulares devengan aproximadamente RD$198,000, mientras algunos procuradores adjuntos alcanzan los RD$324,000 dependiendo de las funciones especializadas que desempeñen.
En el nivel más bajo se encuentran los fiscalizadores, con salarios cercanos a RD$108,000 mensuales.
Las diferencias responden a las categorías internas y a las competencias asignadas dentro de la estructura del Ministerio Público.
Hace hoy cinco días que las labores se detuvieron en los tribunales en demanda de mejoras salariales y mejores condiciones laborales.
Salarios legislativos
Las nóminas del Congreso Nacional y Cámara de Diputados muestran ingresos similares entre diputados y senadores. Tanto los senadores como los diputados devengan aproximadamente RD$320,000 mensuales, mientras los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados alcanzan los RD$400,000.
La Ley 105-13 establece que los presidentes de ambas cámaras legislativas pueden percibir salarios de hasta RD$400,000 mensuales.
En el Poder Ejecutivo, el presidente de la República figura con un salario bruto de RD$450,000 mensuales, aunque públicamente se ha informado que dona su sueldo a causas sociales.
Los ministros reciben alrededor de RD$300,000; los viceministros, RD$270,000; y los directores generales, RD$250,000. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo también figura con salarios cercanos a RD$300,000.
En contraste, las gobernadoras provinciales aparecen con ingresos aproximados de RD$150,000 mensuales.
La legislación establece límites salariales específicos para altos funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministros, procurador general y consultor jurídico.
Los salarios más altos
La Ley 105-13 establece que ningún servidor público puede percibir un salario mayor al de su superior inmediato y que las escalas deben responder a criterios de jerarquía, mérito y complejidad.
Por ejemplo, en el Ministerio Público hay diferencias entre fiscales y procuradores.
Otro ejemplo es el de los gobiernos municipales, en los que se observan diferencias importantes dependiendo del municipio.
El alcalde del Distrito Nacional aparece con un salario de RD$320,000 mensuales; Santiago de los Caballeros, RD$265,000; Santo Domingo Norte, RD$225,000; y San Cristóbal, RD$213,000.
En Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste los salarios rondan los RD$200,000.
La ley establece que el salario más alto dentro de un ayuntamiento debe corresponder al alcalde o director distrital.
Más allá del salario base, muchos altos funcionarios reciben beneficios indirectos contemplados en la Ley 105-13. Entre ellos: vehículo oficial, combustible, chofer, seguridad personal, seguro médico y de vida, servicios de comunicación móvil y gastos de representación.
La legislación también establece que los gastos de representación pueden alcanzar hasta un 15 % del salario base y las asignaciones de combustible hasta un 10 %.
Transparencia
— Nóminas
La Ley 105-13 obliga a las instituciones a publicar sus nóminas y ejecución presupuestaria en sus portales institucionales, incluyendo salarios y otras remuneraciones. Estos datos se tomaron de las páginas web institucionales.
Los jueces y servidores judiciales denuncian desigualdad y abandono
Presidente Luis Abinader dona más de RD$6 millones de su salario
El salario presidencial donado a instituciones
Detalles. De acuerdo a una nota difundida, el presidente Luis Abinader donó la totalidad de su salario anual, más de RD$6 millones, a 18 fundaciones y organizaciones sociales, reafirmando su compromiso con los sectores más vulnerables del país.
El dinero donado desde junio de 2024 a junio de 2025 ascendió a un total de RD$6,012,000.00.
Los aportes fueron distribuidos en diferentes categorías: ayudas comunitarias, salud infantil, desarrollo infantil y juvenil, atención a envejecientes y apoyo a instituciones religiosas. Algunas están en el interior y otras en Santo Domingo.
Santo Domingo.– Los abogados de Juan Carlos Torres Robiou, los licenciados Aracelis Aquino y Luciano Hilario Marmolejos, anunciaron que preparan una ofensiva legal con miras a impugnar la condena emitida en contra del general en el marco de los casos Coral y Coral 5G.
En este proceso judicial, el tribunal dictó condenas que oscilan entre los cinco (5) y los veinte (20) años de prisión para distintos imputados, incluyendo la pena de veinte (20) años impuesta a Torres Robiou, decisión que forma parte de la sentencia actualmente objeto de cuestionamiento.
El equipo legal informó que se encuentra a la espera de la lectura íntegra de la sentencia, fijada para el 14 de agosto de 2026, a fin de proceder con las vías recursivas establecidas en la normativa vigente.
Los abogados indicaron que, conforme a lo expuesto en sus motivaciones in voce, tomarán como referencia el plazo de cuatro años, señalando, además, que existen contradicciones en la decisión oral, las cuales serán objeto de análisis en la fase recursiva.
Asimismo, la defensa sostiene que, durante el proceso judicial, se habrían producido presuntas irregularidades que, a su juicio, vulneran garantías constitucionales, las cuales serán debidamente expuestas ante el Tribunal de Alzada.
El equipo jurídico reiteró que su representado no cometió los hechos que se le imputan y afirmó que presentará ante la instancia superior las pruebas a descargo, así como observaciones sobre la repetición de elementos probatorios aportados por el órgano investigador, los cuales consideran que generaron confusión en el proceso.
El proceso judicial relacionado con los casos Coral y Coral 5G se extendió por más de cinco años, abarcando las fases de investigación, medidas de coerción, presentación de acusación y juicio de fondo.
La defensa recordó que las sentencias emitidas en primer grado son recurribles y no adquieren firmeza hasta agotar las vías de impugnación correspondientes ante las instancias superiores, conforme establece la Constitución. Asimismo, señalaron que eventualmente el Tribunal Constitucional podría disponer la suspensión de la ejecución de la sentencia.
En ese sentido, afirmaron que no cesarán en sus esfuerzos hasta demostrar que las medidas adoptadas contra su defendido carecen de base legal.
Finalmente, el equipo legal explicó que esperará la notificación íntegra de la sentencia para proceder con su análisis y, posteriormente, interponer el recurso de apelación correspondiente.
Santo Domingo, R.D.-Quedaron en estado de falla en el Tribunal Constitucional unas 21 acciones directas de inconstitucionalidad, incluida una interpuesta contra varios articulos de la Ley 74-25, que instituye el nuevo código penal, la cual persigue la despenalización del aborto.
Sostuvo que debido a la alta relevancia, complejidad y trascendencia nacional del debate sobre la penalización absoluta del aborto, concedía plazos especiales y sucesivos antes de emitir su dictamen definitivo.
Dijo que una vez venza ese plazo, se activará automáticamente un segundo de cinco días adicionales para que la parte accionada y todos los intervinientes que se oponen a la demanda puedan refutar los escritos depositados.
Manifestó que al concluir esta etapa procesal, el Tribunal Constitucional emitirá y notificará su fallo conforme a los plazos de la normativa vigente.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República (PGR) fijó una posición al dictaminar formalmente en contra de la acción directa de inconstitucionalidad promovida por la ciudadana Rosa Herminia Hernández, la asociación Alianza Cristiana Dominicana (ACD) y la organización Católicas por el Derecho a Decidir de la República Dominicana (CDDRD).
La PGR solicitó rechazar de manera absoluta el recurso que ataca los artículos 106, 107, 108, 110 y 111 de la Ley 74-25, argumentando que la demanda adolece de un «vicio argumentativo común» al intentar forzar una interpretación expansiva de tratados internacionales para dejar sin efecto el artículo 37 de la Constitución, el cual blinda el derecho a la vida desde la concepción.
Respecto a las intervenciones de grupos pro-vida depositadas fuera de plazo, el órgano persecutor mantuvo neutralidad procesal,.
Mientras el doctor Fabio García, en representación del Senado, defendió la soberanía legislativa y proclamó la constitucionalidad del articulado.
Exigen adopción de las «tres causales»
En la acera opuesta, el reconocido jurista Cristóbal Rodríguez y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)—junto a su Centro de Estudios de Género y la firma Ética, Estudio Jurídico—articularon la defensa técnica de la acción, solicitando la nulidad de la penalización absoluta del aborto por vulnerar un catálogo masivo de derechos fundamentales (salud, integridad, dignidad e igualdad).
Rodríguez planteó expulsar del ordenamiento la frase «fuera de la eximente del artículo 111 del Código Penal» del artículo 110, y modificar el artículo 111 para incluir explícitamente las tres causales (peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal y embarazos por violación o incesto).
Mientras que la representante de INTEC, Ramírez Guzmán, solicitó aplicar el principio pro actione para admitir sus escritos y propuso una fórmula aditiva para asegurar que la interrupción médica del embarazo bajo las tres causales requiera siempre el consentimiento libre e informado de la mujer, de acuerdo con los protocolos sanitarios.
Colectivos pro-vida rechazan exclusión y llaman al debate
El bloque de organizaciones religiosas y comunitarias de corte pro-vida, que unificó a entidades como Juventud con una Misión (JUCUM), RD Inclusiva, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), el Foro de la Arquidiócesis de Santo Domingo y la organización Pronación, defendió con vehemencia su derecho a participar en el proceso.
El jurista Juárez Víctor Castillo Semán, al frente de la defensa de estos colectivos, solicitó al TC desestimar el medio de inadmisión con el que los grupos feministas pretendían dejarlos fuera del proceso, basándose en «formalismos temporales«.
Castillo Semán invocó los principios de informalidad y tutela judicial efectiva para exigir una interpretación flexible de las normas procesales debido al orden público constitucional que reviste el caso.
El abogado argumentó que la admisión de los sectores pro-vida no vulnera la «igualdad de armas» ni genera indefensión, sino que enriquece el pluralismo constitucional y robustece el contradictorio de cara a la deliberación del tribunal.
En ese sentido, solicitó al TC declarar rechazar la instancia que busca la despenalización del aborto.
Santo Domingo, R.D.-Fueron desviados 148.6 millones de pesos por la red de corrupcion encabezada por Hector Antonio Lora Cruceta del dinero perteneciente al Instituto Oncologico Regional del Cibao, cuya accion ilegal se produjo durante los aóos 2018 y 2025, según el Ministerio Público (MP).
El órgano persecutor afirma que ambas instituciones, destinadas al servicio público, comenzaron a operar bajo una estructura de «empresa familiar» orientada al lucro personal, bajo la dirección del principal imputado.
Lora Cruceta figura entre los implicados en la Operación Onco14, la supuesta red de corrupción que habría operado dentro de los citados organismos, en perjuicio del Estado, de pacientes con cáncer y usuarios del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
En la supuesta trama también están vinculadas la exesposa de Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, y su actual cónyuge, Luisa Yasiris Guzmán. Para los tres, el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
Según el expediente, desde que Lora Cruceta asumió la presidencia y Vargas Sánchez la vicepresidencia en octubre de 2018, ambos dirigieron el Instituto Oncológico Regional del Cibao con el propósito de beneficiarse de sus recursos económicos.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Lora Cruceta manejaba las finanzas exclusivamente desde su dispositivo personal a través de la banca por internet (Internet Banking), excluyendo al tesorero y a la Junta Directiva de cualquier proceso de supervisión.
De acuerdo con el Ministerio Público, Senasa fue el objetivo principal del presunto entramado de corrupción.
En la solicitud de medida de coerción, la entidad sostiene que el grupo aprovechó que gran parte de los ingresos del Patronato Cibaeño provenían de fondos públicos canalizados a través de esta aseguradora para ejecutar maniobras fraudulentas sistemáticas.
El pasado martes, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó que los implicados en la Operación Onco14 manejaron aproximadamente 3,700 millones de pesos provenientes del Senasa, administrados por el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Para el magistrado, el órgano acusador cuenta con abundantes pruebas para sustentar la solicitud de prisión preventiva contra los imputados.