Nacionales
Salarios de jueces superan a ejecutivos de los otros dos poderes del Estado y cabildos
Santo Domingo.-La diferencia que se observa en las nóminas públicas permite establecer que los salarios de los jueces supera el de los procuradores, legisladores, ministros, alcaldes y directores de organismos autónomos, algunos de los cuales sobrepasan ampliamente el millón de pesos mensuales.
En ese sentido, los titulares de las altas instancias de la Justicia tienen salarios muy superiores a los principales representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo y la municipalidad, exceptuando a funcionarios del área económica- monetaria.
A esto se suman beneficios indirectos como combustible, choferes, gastos de representación, seguros y vehículos oficiales contemplados en la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado dominicano.
Todos los montos consultados corresponden a salarios brutos, sin aplicar descuentos de AFP, ARS, impuesto sobre la renta u otras deducciones establecidas por ley.
Dentro del Poder Judicial, los salarios reflejan la estructura jerárquica del sistema de justicia dominicano.
Los jueces de la Suprema Corte de Justicia encabezan la escala con ingresos brutos por RD$528,750 mensuales, seguidos por los jueces de corte de apelación con alrededor de RD$362,304.69.
En escalones inferiores aparecen los jueces de instrucción, con RD$240,156.25; los jueces de primera instancia, con RD$216,140.63; y los jueces de paz, cuyos salarios rondan RD$181,250 mensuales.
El tema salarial ha sido recurrente dentro del sistema judicial, especialmente en jurisdicciones inferiores donde jueces y servidores reclaman actualizaciones acordes con la carga laboral, la inflación y las responsabilidades del cargo.
En el Ministerio Público las diferencias salariales también son notorias.
El procurador general de la República aparece con ingresos cercanos a RD$420,000 mensuales, mientras un procurador general de corte ronda los RD$204,000.
Los procuradores fiscales titulares devengan aproximadamente RD$198,000, mientras algunos procuradores adjuntos alcanzan los RD$324,000 dependiendo de las funciones especializadas que desempeñen.
En el nivel más bajo se encuentran los fiscalizadores, con salarios cercanos a RD$108,000 mensuales.
Las diferencias responden a las categorías internas y a las competencias asignadas dentro de la estructura del Ministerio Público.
Hace hoy cinco días que las labores se detuvieron en los tribunales en demanda de mejoras salariales y mejores condiciones laborales.
Salarios legislativos
Las nóminas del Congreso Nacional y Cámara de Diputados muestran ingresos similares entre diputados y senadores. Tanto los senadores como los diputados devengan aproximadamente RD$320,000 mensuales, mientras los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados alcanzan los RD$400,000.
La Ley 105-13 establece que los presidentes de ambas cámaras legislativas pueden percibir salarios de hasta RD$400,000 mensuales.
En el Poder Ejecutivo, el presidente de la República figura con un salario bruto de RD$450,000 mensuales, aunque públicamente se ha informado que dona su sueldo a causas sociales.
Los ministros reciben alrededor de RD$300,000; los viceministros, RD$270,000; y los directores generales, RD$250,000. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo también figura con salarios cercanos a RD$300,000.
En contraste, las gobernadoras provinciales aparecen con ingresos aproximados de RD$150,000 mensuales.
La legislación establece límites salariales específicos para altos funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministros, procurador general y consultor jurídico.
Los salarios más altos
La Ley 105-13 establece que ningún servidor público puede percibir un salario mayor al de su superior inmediato y que las escalas deben responder a criterios de jerarquía, mérito y complejidad.
Por ejemplo, en el Ministerio Público hay diferencias entre fiscales y procuradores.
Otro ejemplo es el de los gobiernos municipales, en los que se observan diferencias importantes dependiendo del municipio.
El alcalde del Distrito Nacional aparece con un salario de RD$320,000 mensuales; Santiago de los Caballeros, RD$265,000; Santo Domingo Norte, RD$225,000; y San Cristóbal, RD$213,000.
En Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste los salarios rondan los RD$200,000.
La ley establece que el salario más alto dentro de un ayuntamiento debe corresponder al alcalde o director distrital.
Más allá del salario base, muchos altos funcionarios reciben beneficios indirectos contemplados en la Ley 105-13. Entre ellos: vehículo oficial, combustible, chofer, seguridad personal, seguro médico y de vida, servicios de comunicación móvil y gastos de representación.
La legislación también establece que los gastos de representación pueden alcanzar hasta un 15 % del salario base y las asignaciones de combustible hasta un 10 %.
Transparencia
— Nóminas
La Ley 105-13 obliga a las instituciones a publicar sus nóminas y ejecución presupuestaria en sus portales institucionales, incluyendo salarios y otras remuneraciones. Estos datos se tomaron de las páginas web institucionales.
Los jueces y servidores judiciales denuncian desigualdad y abandono
Presidente Luis Abinader dona más de RD$6 millones de su salario
El salario presidencial donado a instituciones
Detalles. De acuerdo a una nota difundida, el presidente Luis Abinader donó la totalidad de su salario anual, más de RD$6 millones, a 18 fundaciones y organizaciones sociales, reafirmando su compromiso con los sectores más vulnerables del país.
El dinero donado desde junio de 2024 a junio de 2025 ascendió a un total de RD$6,012,000.00.
Los aportes fueron distribuidos en diferentes categorías: ayudas comunitarias, salud infantil, desarrollo infantil y juvenil, atención a envejecientes y apoyo a instituciones religiosas. Algunas están en el interior y otras en Santo Domingo.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.
Santo Domingo, R.D.-Declaro inadmisible el Tribunal Constitucional (TC) por notoria improcedencia, la acción de amparo interpuesta por el empresario Alexander Montilla Sierra, con la que pretendía suspender un proceso de embargo inmobiliario en su contra y obtener la reposición de los plazos procesales de dicho caso.
La Alta Corte, mediante la sentencia TC/0784/26, tomó la decisión al rechazar la acción presentada por el cuñado del expresidente Danilo Medina contra la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la señora Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
La decisión fue aprobada por la mayoría de los jueces del pleno. Por su parte, el magistrado José Alejandro Vargas se inhibió de participar en la deliberación y el fallo, debido a que intervino en el proceso en su anterior condición de juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, cuando conoció una medida de coerción vinculada al caso penal.
El caso se remonta a una investigación de la PEPCA dirigida contra Alexander Montilla Sierra y su hermano Maxy Gerardo, junto a otras personas físicas y jurídicas. Las indagatorias se originaron en una de las líneas de investigación de la Operación Antipulpo, por presuntos actos de corrupción y lavado de activos relacionados con contratos públicos y licitaciones irregulares.
En esas pesquisas, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, autorizó entre diciembre de 2020 y enero de 2021 la inmovilización de fondos y la oposición a transferencias de bienes muebles e inmuebles de los investigados.
Según el expediente, estas medidas dejaron a Alexander Montilla Sierra sin capacidad para disponer de su patrimonio, impidiéndole honrar un pagaré notarial por RD$20,000,000.00 suscrito en 2018 con Francisca Elizabeth Castillo de los Santos.
Ante el incumplimiento de pago, Castillo de los Santos inició en 2021 un proceso de embargo inmobiliario sobre dos propiedades de Montilla Sierra: una unidad en el condominio Terrazas del Mirador II y un apartamento en el condominio Karla I.
Tras un acuerdo de colaboración entre Maxy Montilla y la PEPCA, la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción autorizó, mediante auto del 12 de diciembre de 2025, el levantamiento parcial de las oposiciones e inmovilizaciones. La PEPCA tramitó la ejecución de dicha orden ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos el 30 de diciembre de 2025.
El 6 de febrero de 2026 antes de tener conocimiento formal del levantamiento, notificado por la DGII el 17 de febrero, Alexander Montilla interpuso una acción de amparo en la que solicitó la publicidad registral de las oposiciones, la suspensión del embargo inmobiliario y la reposición de los plazos procesales.
La Cuarta Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional declaró inadmisible dicha acción el 3 de marzo de 2026 (Sentencia núm. 037-2026-SSEN-00109), al considerar que había perdido su objeto tras el levantamiento parcial de las medidas.
Montilla Sierra recurrió el fallo ante el Tribunal Constitucional alegando vulneraciones al debido proceso, la tutela judicial efectiva, el derecho de propiedad, la igualdad de armas y el principio de inviolabilidad de las nulidades constitucionales, entre otros.
El TC coincidió en que la sentencia de primera instancia era errónea, pero por una razón distinta a la planteada por el recurrente: consideró que el juez de amparo no debió declarar la inadmisibilidad por «falta de objeto», sino por «notoria improcedencia». Esto se apoya en su jurisprudencia reiterada, la cual establece que el amparo no puede utilizarse para suspender, modificar o dejar sin efecto decisiones dictadas por otro tribunal en un proceso judicial ordinario en curso.
En consecuencia, el TC revocó la sentencia recurrida y, actuando directamente sobre el fondo de la acción original, concluyó que las pretensiones de Montilla Sierra excedían el ámbito del amparo. De concederlas, el juez constitucional estaría sustituyendo a la jurisdicción ordinaria en la conducción de un proceso iniciado desde el año 2021.
El tribunal señaló que cualquier objeción sobre la falta de publicidad de las oposiciones administrativas debió plantearse oportunamente ante el propio juez del embargo, mediante los mecanismos procesales correspondientes.
Cabe destacar que el Ministerio Público obtuvo la homologación de un acuerdo bajo el criterio de oportunidad, mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptaron su responsabilidad penal y autorizaron el decomiso de RD$2,000 millones en efectivo a favor del Estado dominicano.
El acuerdo, homologado por el juez Raymundo Mejía del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, compromete a Montilla a pagar una indemnización de RD$600 millones a las distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, en resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
Asimismo, contempla la disolución en un plazo de dos años de las empresas Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S., Electrocable Aluconsa, S.A.S., NSD, Importaciones Diversas, SRL, Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL, Importadora Eaglerise, SRL, TLC Negocios Globales, SRL, Watmax Lighting, SRL, Herrajes Eléctricos RPC, SRL, y MG Solomon Corporation.
También fija el pago de RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza núm. 2, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13.
Por el caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a siete años de prisión en el centro penitenciario de Najayo.
La decisión fue recurrida y está pendiente de revisión para el próximo 8 de septiembre en la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Otros imputados recibieron penas menores y algunos fueron declarados noculpables, entre ellos Magaly Medina.