Opinión
Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros
Por Juan Bolívar Díaz
La falta de colaboración de los empleadores y el exceso de requisitos que se exige a los interesados, están marcando el fracaso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros decretado por el presidente Danilo Medina el 29 de noviembre de 2013 y que comenzó a ejecutarse hace 6 meses, el 2 de junio pasado.
Los apenas 107 carnés de inmigrantes emitidos en la primera mitad del plazo establecido, aunque más de 102 mil han solicitado su regularización aportando sus datos biométricos, representan una proporción muy baja de por lo menos 524 mil nacidos en el exterior registrados por la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes.
Una bajísima proporción. Las estadísticas que maneja el viceministro de Interior y Policía Washington González, encargado de la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros, indican un pobre resultado en la primera mitad del plazo establecido para solicitar la inclusión, que según dijo vence el 31 de mayo próximo.
Hay muchas diferencias en el estimado de inmigrantes irregulares en el país, pero la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, registró 524,632 extranjeros en el país, de los cuales 458,233, el 87 por ciento, procedieron de Haití. Si se suman los ingresados en los últimos dos años, podrían llegar a 600 mil, de los que debe descontarse una pequeña proporción con estatus legal.
Los 102 mil 60 que según González habían iniciado el proceso de regularización al caer noviembre, representarían una proporción por debajo del 20 por ciento del total. Y los 107 carnés emitidos son apenas el 0.02%. Proyectados al año decretado para el programa de regularización, los solicitantes no representarían más del 40 por ciento del universo.
Pero la afluencia disminuye, ya que en los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, casi la tercera parte del total en los 6 meses que se cumplen este 2 de diciembre. Los carnés emitidos apenas alcanzan al 0.32 por ciento de los que acudieron hace más de 5 meses, cuya proyección al año implicaría un total fracaso. Con la agravante de que el artículo 12 del decreto 327-13 que estableció el plan especifica un límite hasta el 28 de febrero de 2015 para que los interesados acrediten su identidad.
Demasiados requisitos. Muchos siguen creyendo que el principal elemento que frena el proceso de regularización es la falta de documentos de identificación de los inmigrantes haitianos, la mayoría con algún documento según la ENI, pero en realidad la traba está en los excesivos requisitos para obtener el carné de inmigrantes y la falta de colaboración de los empleadores.
La identidad es el requisito fundamental y el artículo 12 señala que podrá acreditarse por uno de cinco tipos de documentos, aunque estén vencidos: a) pasaporte; b) documento de identidad del país de origen; c) acta de nacimiento; d) Para el solicitante que forme parte de un grupo familiar, acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique; y e) un documento que pueda ser verificado como legítimo por la autoridad y que sirva para la identificación del extranjero solicitante.
Aunque el decreto especifica “por alguno” de esos documentos, en muchos centros se les pide todos, dificultando el registro. Lo mismo ocurre con los cuatro ejes básicos para la regularización establecidos en el artículo 14 del decreto, cada uno de los cuales señala 7 o más requisitos, pero indicando que bastan dos de ellos. Los ejes son 1) El tiempo de radicación de la persona extranjera en el país; 2) Los vínculos con la sociedad dominicana; 3) Las condiciones laborales y socio-económicas; y 4) La regularización de personas de manera individual o por familia.
En el eje 3 referido a las condiciones laborales y socio-económicas, hay 8 requisitos. En el séptimo se indica que el trabajo regular se acredita con un documento que pruebe pago de salarios, certificación de nómina, carné de empleado, o declaración jurada y notarizada del empleador. Especifica uno de ellos, pero en muchos casos se piden todos.
Dos ejemplos contundentes Para entender las dificultades del Plan de Regularización de los Extranjeros baste considerar dos casos específicos, el individual de un empleado en una torre de apartamentos de clase media y el otro un empleado en una residencia, con tres hijos, ambos haitianos residentes en la capital, con apoyo de sus empleadores que pocos podrán conseguir:
El individual es empleado ejemplar de una torre de apartamentos, donde la junta de vecinos responsables decidió avalarlo con la documentación y cubrir los costos. Lleva cuatro visitas al centro de registro y todavía no recibe su carné. Comenzó con su pasaporte visado. Presentó certificación de que trabaja y vive en la torre, acto de notoriedad sobre convivencia firmado por 7 testigos dominicanos, compulsa notarial, certificado de la Procuraduría de que no tiene expediente judicial, declaración jurada de ingresos, copias de cheques y recibos de salarios elegidos al azar de cada uno de los últimos cinco años. Todos esos documentos certificados y notarizados. En su última visita llevó copias de facturas de compra de electrodomésticos y del contrato de un celular de Claro, pero entonces le dijeron que también tiene que notarizarlas. Le piden una cuenta bancaria que no posee.
La situación es más compleja en el caso de un haitiano que lleva 20 años trabajando en la casa del excontralor general Bienvenido Brito y su esposa Maritza, personas de integridad reconocida, militantes católicos de toda la vida, que autorizaron citarlos. Desde que se anunció el plan se mostraron dispuestos a agotarlo y con su patrocinio, su empleado, vigilante y jardinero que también presta este servicio a los vecinos, lleva tres visitas y no avanza. También con pasaporte y visa. Sus empleadores certifican la vivienda que le construyeron en solar comprado en un barrio capitalino. Pero esta persona tiene tres hijos y por cada uno de ellos debe presentar un rosario de certificaciones. No consiguen copia de la constancia de nacimiento del hospital, que perdieron.
No quieren la regulación. La escasa o nula colaboración de los empleadores está contribuyendo al fracaso del Plan de Regularización de Extranjeros.
El viceministro Washing- ton González se ha quejado en televisión de que las asociaciones de productores no contribuyen, aunque les ha pedido colaboración. Productores agrícolas y constructores, así como administradores de condominios y empleadores individuales se niegan a proporcionar certificaciones a sus empleados. Prefieren el desorden de la oferta de mano de obra abundante, que despiden si no aceptan cualquier condición laboral, como horarios ilimitados, bajos salarios, y temen que la regularización los obligue a pagar la seguridad social.
Tampoco ayuda la histeria antihaitiana que se manifiesta a través de múltiples medios de comunicación, la que impide entender que la regularización de los que trabajan en el país es el primer paso si se quiere controlar el flujo inmigratorio. La desinformación y la resistencia es manifiesta en sectores que trafican con la inmigración irregular, aunque mantienen un discurso hipócrita, pretendiendo culpar de la masiva inmigración a quienes hablan de regulaciones y derechos. Hay también quienes creen que se puede recoger a tres o cuatrocientos mil y sacarlos del país.
El viceministro González, quien ha tomado su responsabilidad con seriedad y profesionalidad, reconoce los modestos resultados que registra el plan, pero se mantiene optimista de que el proceso podría acelerarse en la segunda mitad, sobre todo ahora que se está alcanzando el objetivo de llevar los centros de registro a todas las provincias.
El Gobierno de Haití tampoco ayuda eficientemente. Según informes la embajada ha tramitado más de 27 mil solicitudes de triple documentación -acta de nacimiento, cédula y pasaporte-, pero apenas han recibido unos cuatro mil.
En los organismos internacionales, como las agencias de las Naciones Unidas, y en las entidades nacionales, como el Centro Bonó, que buscan contribuir a la regularización, existe la convicción de que el plan tendrá que ser prorrogado y flexibilizado si se quiere evitar su fracaso. Lo están advirtiendo en privado, incluso a las autoridades.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.