Casa Nacional de PLD
Este tipo de lucha es la que ha parido la torpeza y la irracionalidad de líderes como Miguel Vargas Maldonado, quien tiene más inclinación por el dinero que por la influencia política y social, aunque ambas no dejan de ser anheladas.
Igual situación, de acuerdo a lo que se ha podido colegir, ha ocurrido en el municipio de Cotui, donde un vice-ministro y hombre de confianza del presidente Danilo Medina fue asesinado hace algunos años por desconocidos con pasamontañas y en el que se ha descartado el robo como móvil del hecho.
Lo curioso de esto es que éste último crimen se produce cuando las diferencias internas se profundizaban entre sus principales líderes, lo cual pudo despejar dudas cuando concluyera la investigación policial que se entendía explicaría el verdadero motivo del crimen.
En una encuesta publicada hace algún tiempo por la Penan and Shoer, a pesar de que candidatos como Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luís Abinader aparecen con una buena o aceptable puntuación, por lo menos los dos primeros presentan una alta tasa de rechazo que hace pensar que tienen un techo muy bajito y que este fenómeno abre una brecha para una tercera fuerza que todavía no ha salido a la superficie y que tampoco se ve en el horizonte porque los llamados partidos alternativos están prácticamente desarticulados y carecen de una visión de alta política, cuya situación se vuelve más pesimista cuando se mide su precario crecimiento cualitativo y cuantitativo y la carencia de disciplina y de una metodología de trabajo que garantice que en el futuro inmediato puedan tener un mejor posicionamiento, los cuales tampoco cuentan con los recursos económicos para competir en el mercado electoral.
El problema ha tomado tanto cuerpo que en las propias empresas privadas hay una gran cantidad de empleados que tienen que ser sometidos a una rigurosa fiscalización para que cumplan con su labor.
Una muestra de la magnitud del problema es el anuncio del Ministerio de Educación (Minerd) sobre la desvinculación de 600 docentes por cometer faltas graves, especialmente por el abandono del cargo y por recibir remuneraciones sin trabajar.
Después de descubierto, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de forma forzosa, cuyos despidos se produjeron durante el periodo comprendido entre los meses de diciembre del 2023 y agosto del 2024.
El Ministerio de Educación reveló que las cancelaciones fueron el resultado de una investigación que evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o que realizaban otras actividades mientras devengaban los altos salarios sin rendir ninguna labor en el sector educación.
En las indagatorias de lo que ocurría participaron abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, las cuales, además, recibieron la colaboración de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y de la Dirección General de Migración.
Como se ve, este fenómeno no es exclusivo del Ministerio de Educación, sino de todas las instituciones públicas, porque esa modalidad es propia del clientelismo político y del tráfico de influencia.
En este aspecto el Estado es el principal promotor de esta actitud parasitaria entre los dominicanos, lo cual ya hace crisis porque resulta prácticamente imposible encontrar empleados que realmente quieran cumplir con su deber.
E incluso el fenómeno justifica de alguna manera la gran presencia de haitianos en el territorio nacional de forma ilegal, porque además solucionan el problema de la falta de manos de obra.
Este martes millones de norteamericanos, incluidos una cantidad significativa de inmigrantes, principalmente latinos, hablaron y prefirieron a quien ha sido condenado por la comisión de una serie de actos ilícitos, pero que nadie puede negar que le ha tumbado el pulso a las tradiciones y la fortaleza institucional de la nación más poderosa del mundo.
Tanto es así que la nación más poderosa del mundo ha descendido al nivel de los países del llamado tercer mundo, donde la actividad político-partidista y electoral raya en lo salvaje, pero sobre todo con una ansia de poder y la búsqueda de acumulación de fortunas que en cierta medida le da una explicación lógica a la distorsión.
Trump es un político que ha logrado imponer sus intereses personales por encima de los institucionales y cuyo comportamiento no es cuestionado por los votantes, ya que se ha observado que mientras más problemas legales tiene su popularidad aumenta.
Lo inexplicable del proceso es que, aunque Trump ha despotricado en contra de los latinos, cuyo último escándalo tiene que ver con considerar a Puerto Rico una isla basura e igual desconsideraciones ha lanzado contra mexicanos, dominicanos, entre otros, pero siempre hubo apoyo a su favor, ya que los resultados de los comicios así lo confirman, dado que dentro de estas mismas comunidades desconsideradas por este candidato radical, conservó un respaldo considerable.
Al llegar la hora de la verdad el pueblo norteamericano prefirió el discurso y la conducta de Trump que la de cualquier otro candidato, incluida la principal perdedora Kamala Harris.
En esta materia la diferencia entre republicanos y demócratas es sólo el color de los partidos, porque si bien en política interna se observa un accionar que lo distingue uno de otro, pero, por ejemplo, en lo que respecta a la crisis del Medio Oriente ambos se manejan de igual manera, alineados con Israel a pesar de que en muchas naciones del mundo consideran el comportamiento judío como un verdadero genocidio.
Sin embargo, en cuanto a política interna ambos difieren en lo que a políticas migratorias se refiere, ya que nadie puede negar que en esta materia los demócratas tienen una visión mucho más tolerante y considerada con la inmigración que los republicanos.
Pero la diferencia que puedan existir entre unos y otros este martes cinco de noviembre se definieron en favor de quien tiene el peor comportamiento, lo cual también impidió por segunda ocasión que una mujer ocupe la presidencia de los Estados Unidos, no se sabe si para esa decisión pesó mucho optar por una inmigrante de familia que proviene de naciones que no son vistas con buenos ojos por el estadounidense tradicional y el cual regularmente está impactado por un problema racial que tiene su historia en esa nación.
Las torpezas del Gobierno legitiman las críticas de una oposición desacreditada por sus acciones al margen de la ética y de la moral, la cual está conformada, principalmente, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo de Leonel Fernández.
De esa manera, el presidente Abinader y el PRM les otorgan toda la legitimidad del mundo a aquellos que han tenido el control del Estado y han hecho lo mismo, porque cómo se explica que no entiendan que lo dispuesto por el Ministerio de Administración Pública (MAP) que obliga a los empleados del Estado a presentar sus contratos de agua y de energía eléctrica lesiona el derecho a la intimidad de las personas.
El asunto tiene mayor gravedad, no sólo porque revela la ignorancia y la doble moral de los perremeístas y su Gobierno, sino también porque si las autoridades se respetaran ni mencionaran los servicios de agua y de energía eléctrica, dado lo deficiente de los mismos.
Es decir, que en el preciso momento en que se habla de que el país tiene una ley sustantiva que es más acorde con el estado de derecho, los perremeistas someten a los empleados públicos a una medida inconstitucional y que va en contra de los derechos consignados en el bloque de constitucionalidad del país, lo cual pone en peligro un derecho tan sagrado como el de la intimidad, el honor personal, que está en primer orden en los derechos interamericanos e internacionales.
Todo el mundo sabe que “las prestadoras de servicios públicos tienen los mecanismos para que los usuarios cumplan con sus obligaciones, sin que ello implique que esas informaciones privadas lleguen a ser de dominio de otras instancias más que de ellas.
Sin embargo, en el presente caso se debe destacar que en lo respecta al agua potable el Gobierno tampoco cumple con la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe que por un asunto de derechos humanos se produzcan cortes del servicio por falta de pago.
En esa línea de violaciones el gobierno de Luis Abinader procede al corte del agua potable en desacato de lo decidido por el TC a través de los órganos que manejan el preciado líquido como la Corporación de Acuerdo de Alcantarillado de Santiago (CORASAN), entre otras.
Como que no luce racional que las autoridades tengan un doble discurso, primero de fortalecimiento de la Constitución y segundo de violación de los derechos fundamentales como la dignidad humana, la privacidad de las familias y tire por el suelo el derecho al honor, al buen nombre e imagen.