Casa Nacional de PLD
Este tipo de lucha es la que ha parido la torpeza y la irracionalidad de líderes como Miguel Vargas Maldonado, quien tiene más inclinación por el dinero que por la influencia política y social, aunque ambas no dejan de ser anheladas.
Igual situación, de acuerdo a lo que se ha podido colegir, ha ocurrido en el municipio de Cotui, donde un vice-ministro y hombre de confianza del presidente Danilo Medina fue asesinado hace algunos años por desconocidos con pasamontañas y en el que se ha descartado el robo como móvil del hecho.
Lo curioso de esto es que éste último crimen se produce cuando las diferencias internas se profundizaban entre sus principales líderes, lo cual pudo despejar dudas cuando concluyera la investigación policial que se entendía explicaría el verdadero motivo del crimen.
En una encuesta publicada hace algún tiempo por la Penan and Shoer, a pesar de que candidatos como Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Luís Abinader aparecen con una buena o aceptable puntuación, por lo menos los dos primeros presentan una alta tasa de rechazo que hace pensar que tienen un techo muy bajito y que este fenómeno abre una brecha para una tercera fuerza que todavía no ha salido a la superficie y que tampoco se ve en el horizonte porque los llamados partidos alternativos están prácticamente desarticulados y carecen de una visión de alta política, cuya situación se vuelve más pesimista cuando se mide su precario crecimiento cualitativo y cuantitativo y la carencia de disciplina y de una metodología de trabajo que garantice que en el futuro inmediato puedan tener un mejor posicionamiento, los cuales tampoco cuentan con los recursos económicos para competir en el mercado electoral.
Constituir legalmente una asociación sin fines de lucro en la República Dominicana, obtener su reconocimiento jurídico y registrarla ante las autoridades fiscales no siempre garantiza que la organización pueda comenzar de inmediato a manejar sus recursos a través del sistema financiero.
En República Dominicana, las asociaciones sin fines de lucro se encuentran reguladas principalmente por la Ley núm. 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro.
Para la inscripción en el RNC, la DGII exige, entre otros documentos, el formulario correspondiente, el certificado o resolución de registro emitido por la Procuraduría General de la República y, cuando corresponda, documentación relativa al nombre comercial.
El Instructivo sobre Debida Diligencia de la Superintendencia de Bancos, aprobado mediante la Circular SB núm. 005/22, contempla específicamente a las asociaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles de naturaleza caritativa o religiosa.
la resolución de incorporación emitida por la Procuraduría General de la República; los estatutos debidamente certificados; el acta de la Asamblea General Constitutiva; la nómina de miembros; el acta mediante la cual fue elegida la junta directiva vigente; y la resolución o acta del órgano correspondiente autorizando expresamente la apertura de la cuenta bancaria y designando las personas que tendrán firmas autorizadas.
Las ONG pueden manejar fondos provenientes de donaciones nacionales e internacionales, cooperación extranjera, aportaciones privadas, subvenciones estatales, organismos multilaterales, actividades de recaudación y otros mecanismos legítimos.
El desafío surge cuando una política diseñada para administrar riesgos termina funcionando, en los hechos, como una forma de exclusión financiera.
El Estado exige transparencia financiera a las asociaciones sin fines de lucro.
Mientras mayor sea el número de operaciones que pasan formalmente por el sistema financiero, mayor capacidad existe para identificar su origen, destino y beneficiarios.
Las entidades financieras tienen responsabilidad sobre los riesgos que asumen y deben evaluar individualmente las relaciones comerciales que establecen.
Una cuenta bancaria puede ser indispensable para recibir una donación destinada a medicamentos, ejecutar un proyecto educativo, financiar un programa deportivo, ayudar a personas vulnerables, recibir cooperación internacional o administrar recursos destinados a comunidades de escasos ingresos.
La lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otras operaciones ilícitas exige controles estrictos.
La verdadera interrogante es cómo hacerlo sin impedir que organizaciones legítimas tengan acceso a los instrumentos financieros indispensables para cumplir precisamente con las obligaciones de transparencia que el Estado les exige.
La política de la administración de Donald Trump frente al narcotráfico, el crimen organizado y Venezuela enfrenta una de sus contradicciones más difíciles de explicar ante la sociedad estadounidense: mientras la Casa Blanca insiste en una política de máxima presión contra las organizaciones vinculadas al tráfico internacional de drogas, el presidente ha utilizado su facultad constitucional de clemencia para beneficiar a personas condenadas por graves delitos relacionados con narcóticos y, al mismo tiempo, su Gobierno impulsa un gigantesco acuerdo petrolero con Venezuela en el que participa un empresario que ha estado bajo investigación por presunto lavado de activos.
Uno de los ejemplos más relevantes ocurrió el 1 de diciembre de 2025, cuando Trump concedió un indulto al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández. Hernández había sido condenado por un tribunal federal estadounidense a 45 años de prisión, además de una multa de ocho millones de dólares, después de ser hallado culpable de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso de armas en apoyo de esa conspiración. El registro oficial del Departamento de Justicia confirma el indulto.
El poder presidencial de indulto está expresamente reconocido en el sistema constitucional estadounidense y distintos presidentes lo han utilizado con criterios muy diversos.
La Casa Blanca anunció que Estados Unidos obtendrá control mayoritario sobre una estructura relacionada con más de 65,000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano, mediante un esquema en el que participa North American Blue Energy Partners (NABEP). Según la administración estadounidense, el acuerdo busca fortalecer la seguridad energética, aumentar el acceso a crudo y contribuir a la recuperación de la industria petrolera venezolana.
Betancourt no debe ser presentado como una persona condenada por lavado de activos.
El Financial Times también informó sobre investigaciones en España y Suiza y señaló que Betancourt nunca llegó a enfrentar cargos formales.
Estados Unidos necesita garantizar suministros energéticos, reconstruir relaciones estratégicas y competir por recursos en un escenario internacional marcado por conflictos, volatilidad de precios y rivalidades geopolíticas.
En Estados Unidos, la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero no es solamente un asunto internacional.
Según Reuters, el convenio permitirá a Estados Unidos acceder a una cantidad extraordinaria de reservas venezolanas mediante una estructura empresarial y gubernamental todavía compleja y objeto de análisis jurídico.
El verdadero problema para Washington podría terminar siendo menos petrolero que institucional.
Estados Unidos ha construido buena parte de su influencia internacional sobre la defensa del Estado de derecho, la persecución del lavado de activos y la cooperación internacional contra el narcotráfico.
¿Puede Estados Unidos exigir al resto del mundo una lucha inflexible contra el narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción mientras concede indultos a personas condenadas por delitos graves de drogas y establece alianzas estratégicas con figuras que han estado bajo investigaciones relacionadas con delitos financieros?
Basta caminar por determinados sectores de Nueva York para comprender que la presencia dominicana en esta ciudad no puede explicarse únicamente mediante estadísticas migratorias.
Pero detrás de esa expresión cultural existe una historia mucho más profunda: la de generaciones de hombres y mujeres que emigraron buscando mejores oportunidades y terminaron transformando no solamente sus propias vidas, sino también comunidades enteras a ambos lados del Caribe.
El estudio apunta más bien hacia un desplazamiento de dominicanos desde Nueva York hacia otras localidades de Estados Unidos.
Existe una diferencia importante: hablar de personas nacidas en República Dominicana no equivale a contabilizar a toda la comunidad de origen dominicano. Los hijos y descendientes nacidos en territorio estadounidense forman parte de una realidad demográfica mucho mayor.
Desde República Dominicana, la relación con la diáspora suele observarse a través de las remesas.
Cada remesa contiene una historia de trabajo. Detrás de ella puede existir un taxista, una enfermera, un comerciante, una trabajadora doméstica, un profesional, un empresario o una persona que sostiene simultáneamente obligaciones económicas en Estados Unidos y República Dominicana.
Detrás de algunos establecimientos hubo jornadas interminables, ahorro, créditos, sacrificios y redes familiares que permitieron convertir pequeños emprendimientos en patrimonios construidos durante años.
La Legislatura del Estado de Nueva York ha reconocido públicamente las contribuciones de dominicanos y dominico-estadounidenses en ámbitos como educación, cultura, economía, música, literatura, deportes y gobierno.
Ahora también participa en su formulación.
El costo de la vivienda, la movilidad hacia otros estados, las transformaciones del mercado laboral, las diferencias generacionales y el debate migratorio estadounidense pueden modificar el mapa tradicional de la diáspora.