Samaná. Las lluvias provocaron la crecida de ríos y cañadas que inundaron avenidas, calles y todo el malecón de la ciudad de Samaná, donde los residentes viven una situación dramática ante el gran volumen de precipitaciones.
Santo Domingo.-El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 25 provincias en alerta, cuatro de ellas en alerta roja, con 7,440 personas desplazadas a casas de familiares y amigos, 152 a albergues oficiales y 42 comunidades incomunicadas.
De igual modo 11 puentes afectados, 16 carreteras, 34 acueductos y 589 personas rescatadas.
Persistirán las lluvias con mayor incidencia en las regiones noreste, sureste, norte y Cordillera Central y para hoy la vaguada estará sobre el país, informó la Oficina Nacional de Meteorología.
Las cuatro provincias en alerta roja son Duarte, en especial el Bajo Yuna. San Cristóbal, La Vega (Jarabacoa) fue declarada en estado de emergencia) y Sánchez Ramírez. En alerta amarilla están Barahona, Monte Plata, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Samaná y el Gran Santo Domingo.
En alerta verde Monte Cristi, San Juan de la Maguana, El Seibo, Santiago, Hermanas Mirabal, Azua y San Pedro de Macorís.
En Santiago fuertes aguaceros que se registran desde hace días en Santiago, Puerto Plata y otras provincias del Cibao, han provocando inundaciones y desbordamientos de ríos y arroyos.
Debido a que los afluentes han aumentado significativamente sus caudales, los organismos de socorro prohibieron a las personas a bañarse en ellos mientras persista el tiempo lluvioso.
En Santiago, las lluvias de ayer provocaron inundaciones urbanas, pero la Defensa Civil, dijo que no hay reportes de daños humanos.
Los aguaceros también provocaron deslizamientos en la carretera turística Luperón que une a Santiago con Puerto Plata.
Los conductores que diariamente usan esa vía han sido alertados por las autoridades y organismos de socorro para que tomen precauciones, debido a los aguaceros.
La Defensa Civil mantiene activado los comités de emergencia que operan en los 5 2barrios vulnerables que hay en Santiago y además mantiene la alerta a las familias que viven en los mismos para que tomen medidas de precaución.
Las inundaciones provocaron taponamientos de vehículos en calles y avenidas de Santiago.
También las lluvias han sido intensas en las provincias Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Samaná, donde hay reportes de inundaciones de comunidades y de parcelas agrícolas.
Igualmente se reportaron deslizamiento de tierra en Villa Trina, Jamao, Bao, Jagua y otras localidades.
La capital
Residentes de los sectores de La Ciénega y Los Guandules, ubicados próximo a los ríos Ozama e Isabela, realizaban ayer sus labores cotidianas pese a los pronósticos y recomendaciones del COE de estar alejados de los caudales en las provincias que se encuentran en alerta por las fuertes lluvias que se registran en el país, producto de una vaguada.
Autoridades del lugar aseguraron que esos sectores se encuentran en calma y que “gracias a Dios”, no se ha presentado incidentes lamentables; y que por tanto, en estos momentos no están realizando operativos ya que no lo consideran necesario, pero que se mantienen alerta ante cualquier caso que pueda ocurrir.
“La comunidad está tranquila, a pesar de toda esta lluvia”, dijo un ciudadano.
(+) OBRAS PÚBLICAS
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) se trasladó este sábado a la comunidad de Vuelta Grande en Tamayo, Bahoruco, que lleva cinco días incomunicada, para realizar un levantamiento de los daños ocasionados como consecuencia del desborde de arroyos, y a presentar un informe al presiente Danilo Medina. El jefe del gabinete del MOPC Ramón Pepín recorrió la zona con representantes de la diócesis de Barahona, la parroquia de Tamayo, la gobernación provincial recorrieron la zona y dispusieron habilitar de inmediato el transito por las vías de acceso. En la comunidad Las Minas, improvisaron una barcaza, para llevar los alimentos y cruzar el río Yaque del Sur.
listindiario.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.
