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Opinión

¿Segunda vuelta? ¿Y cómo?

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Por Rosario Espinal

ROSARIO-ESPINAL-200x3001111111La conducta humana, y votar es una, no puede predecirse con el 100% de confiabilidad. Por eso, en el análisis político-electoral hay que conjugar la estructura y las tendencias políticas para estimar lo que podría suceder el día de las elecciones. Tomando en cuenta estos factores, he dicho en los últimos meses que en República Dominicana no hay contexto propicio de segunda vuelta para las elecciones de 2016. Estas son las razones.
Primero, la segunda vuelta se produce cuando en la distribución de preferencias electorales ningún partido es capaz de alcanzar el umbral establecido. Ese no es el caso dominicano. En las últimas tres elecciones presidenciales (2004, 2008 y 2012), el PLD logró la mayoría absoluta de 50+1 en primera vuelta, y está bien posicionado en las encuestas para el 2016.
Segundo, durante tres años de gestión presidencial, Danilo Medina ha registrado un alto nivel de aprobación, entre 70 y 80%. Esta aprobación no se traduce automáticamente, ni en igual magnitud, en apoyo electoral; pero usualmente hay relación en el electorado entre aprobación de la gestión y votación.
Tercero, los sistemas tri- o multi-partidistas, es decir, donde tres o más fuerzas obtienen un porcentaje significativo de votos, son más proclives a producir una segunda vuelta. Desde que se aprobó esa modalidad en la reforma constitucional de 1994, sólo se ha producido en 1996, cuando existió un tripartidismo con el PRSC, PRD y PLD. Eso se esfumó después de la muerte de Balaguer en el 2002. El PRSC se desplomó.
Cuarto, en República Dominicana domina actualmente un partido político con inmensos recursos acumulados en el poder. Ningún otro se acerca en organización ni financiamiento, ni tampoco en intención de votos al PLD. Por ejemplo, en la mayoría de las encuestas realizadas en el 2016, el PRM, ahora principal partido de oposición, registra menos de 40%; y los partidos minoritarios registran bajísimos porcentajes.
Propagar la idea de que para derrotar a Danilo Medina y el PLD se necesita una segunda vuelta ha sido un despiste de la oposición. Para derrotar al PLD se necesita una fuerte oposición que hamaquee el predominio peledeísta, y esa oposición no existe en estos momentos. Una oposición tan fragmentada como la que concurre a las elecciones del 15 de mayo aleja el objetivo de derrotar el oficialismo.
Cada líder político y organización partidaria tiene absoluto derecho de aliarse o no en unas elecciones, pero, que quede claro, las decisiones tomadas impactan los resultados electorales.
A nivel presidencial es muy remota la posibilidad de una segunda vuelta por las razones mencionadas. A nivel legislativo y municipal, la división de la oposición facilita también el triunfo del PLD. Por ejemplo, los senadores y alcaldes se eligen por mayoría simple (quién obtiene más votos gana la elección aunque no alcance el 50+1). Si a las candidaturas del PLD a senadores y alcaldes se enfrentan cuatro o cinco opositores, el voto de oposición se dividirá mucho y la candidatura oficialista irá más cómoda.
Los argumentos y cálculos políticos errados producen derrotas electorales, y entonces hay que esperar cuatro años más para competir nuevamente. De los errores de la oposición se ha nutrido mucho el PLD en la última década. El inmenso poder acumulado por el peledeísmo no se derrota con falsas ilusiones ni estrategias equivocadas, sino con mucha inteligencia y habilidad política de la oposición.
Quedemos ahora a la espera de ver si algún tsunami político imprevisto cambia los vientos. Si no, habrá que aplicar al PLD aquella expresión acuñada para el PRD: sólo el PLD derrota al PLD.

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Opinión

Un Futuro Digno, Libre y Democrático

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Por el Dr. Isaías Ramos

En una época marcada por desafíos sociales y políticos sin precedentes, la necesidad de fortalecer los cimientos de una sociedad basada en la dignidad, la equidad, la libertad y la democracia es más urgente que nunca. La búsqueda de un futuro más justo y equitativo para todos nuestros ciudadanos requiere un compromiso renovado con estos principios fundamentales, esenciales para el bienestar y el progreso de nuestra nación.

La libertad individual permite a cada persona expresar sus ideas, creencias y opiniones sin temor a represalias. Es un derecho intrínseco y un pilar indispensable de cualquier sociedad que aspira a ser justa y equitativa. Esta libertad es la esencia misma de la dignidad humana y debe ser defendida con vigor en todos los frentes, especialmente en tiempos donde puede ser amenazada por intereses partidistas o agendas autoritarias.

Paralelamente, la democracia, entendida como el sistema político que facilita la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que afectan sus vidas, es crucial para la salud de nuestro tejido social. A través de una democracia robusta y vibrante, podemos garantizar que los derechos fundamentales de cada individuo sean respetados y que las políticas públicas reflejen verdaderamente las necesidades e intereses del pueblo.

Sin embargo, debemos reconocer que la libertad y la democracia no son solo aspiraciones ideales; son principios concretos y palpables que deben guiar nuestras acciones cotidianas. La defensa constante y la promoción de estos valores son cruciales para mantener una sociedad justa, libre de opresión y capaz de adaptarse a los cambios de nuestro mundo globalizado.

Es esencial fortalecer las instituciones democráticas existentes para garantizar su transparencia, eficiencia e integridad. El respeto irrestricto al Estado de Derecho y el cumplimiento riguroso de las leyes son fundamentales en la protección de los derechos individuales y colectivos. Estos principios no solo preservan el orden, sino que también promueven un clima de confianza y seguridad que es vital para la estabilidad social y el desarrollo económico.

La educación desempeña un rol crucial en este panorama, actuando como el medio por el cual se inculcan los valores cívicos necesarios para fomentar una cultura basada en el respeto mutuo, la tolerancia y el diálogo constructivo. A través del acceso universal a una educación inclusiva y equitativa, podemos formar a ciudadanos informados y críticos, capacitados para participar de manera activa y consciente en la vida política y social del país.

En el Frente Cívico y Social entendemos que en estos tiempos donde las amenazas contra la libertad individual y los principios democráticos son evidentes y crecientes, es responsabilidad de todos nosotros defender estos derechos inalienables con valentía y determinación. No podemos ser complacientes ni pasivos; el compromiso con la libertad y la democracia debe ser activo y constante.

Es por esa razón que en el  FCS creemos que un  llamado a la acción no es solo un imperativo moral, sino también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con un futuro donde cada persona pueda vivir con dignidad y equidad bajo un sistema robusto basado en principios sólidos e incluyentes. Juntos debemos trabajar incansablemente por fortalecer nuestra democracia, preservar nuestra libertad individual e impulsar una sociedad donde reine la justicia social para todos sus habitantes.

No dejemos pasar la oportunidad de ser parte de la construcción de un país que no solo aspire a la grandeza económica, sino que también fomente un ambiente de respeto mutuo y oportunidades equitativas. ¡Juntos, podemos construir el país digno, libre e igualitario que todos anhelamos!

¡Despierta, RD!

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Opinión

La Competencia de la Corte Penal Internacional

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Por Rommel Santos Díaz

Según el artículo 1 del Estatuto de Roma  la CPI tendrá la potestad de ejercer su competencia sobre las personas responsables ¨de los crímenes más graves de trascendencia internacional¨. El artículo 1 también estipula ̈La competencia y funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatutillo que significa que la CPI sólo tiene competencia sobre las personas mayores de 18 años en el momento  en que se cometió el crimen.

El artículo 11 del Estatuto de Roma estipula que la  CPI tiene competencia sólo respecto a los delitos cometidos posteriormente  a la entrada en vigor del Estatuto de Roma .Si un Estado deviene Estado Parte luego de la entrada en vigor , entonces la CPI podrá ejercer su competencia  sólo respecto a los crímenes cometidos luego de la entrada en vigor del Estatuto en ese Estado, excepto cuando se haga  la declaración estipulada en el artículo 12, en que se acepte la competencia  de la Corte como un Estado no Parte.

Si un Estado Parte desea enjuiciar a alguien por un crimen de la CPI deberá contar, como mínimo, con una legislación que le permita ejercer competencia territorial sobre tales delitos y competencia extraterritorial sobre sus nacionales que cometen los delitos en el extranjero.

Los Estados  que deseen enjuiciar a una persona por un delito de la CPI deberán asegurarse de contar con la legislación nacional que les permita ejercer su competencia sobre aquellas personas que cometan estos delitos dentro de su territorio, y los nacionales que los cometan en el exterior. Esto podría requerir simplemente de una enmienda al código penal nacional.

Adicionalmente, el Estado podría  tomar en cuenta  para ejercer su competencia sería  la ̈competencia universal ̈, tal y como se estipula en las  Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos de 1977, relacionados a las ¨faltas graves Cabe resaltar los distintos  conceptos de  ̈competencia universal¨ que existen: algunos interpretan este término  en cuanto a que un Estado  puede ejercer su competencia sobre cualquier persona que se encuentre en su territorio, mientras que otros lo interpretan de tal manera que significa que un Estado puede arrestar a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, sin tomar en cuenta cualquier relación que tenga  con el Estado en cuestión. Además otros Estados podrían considerar incluir la competencia basada en el estatus de víctima.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Opinión

La criminalidad y nuestro entorno

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Por Nelson Encarnación

Entre las preocupaciones que suelen perturbar el sueño de los gobernantes, la seguridad de los ciudadanos es una, si tomamos en cuenta que el Estado está obligado a garantizar la tranquilidad y el desplazamiento seguro de los gobernados.

Es por ello que asumir esta como una prioridad refiere el interés de que el territorio desenvuelva su cotidianidad dentro de un ambiente de paz y sosiego.

Sobre todo, un país como el nuestro, cuya economía está atada a dos renglones muy espantadizos: el turismo y la inversión extranjera directa.

Cuando el presidente Luis Abinader asume el combate a la delincuencia como una de sus preocupaciones—y también ocupaciones—es precisamente por el impacto negativo que esta tiene en el clima de negocios, pero igual por el interés de propiciar la tranquilidad nacional.

Con frecuencia escuchamos sobre el entendible temor que genera la delincuencia, lo que deja la impresión de que vivimos en el país más inseguro del continente, lo cual no es cierto.

Y no lo digo yo, sino el informe de InSight Crime de 2023, que recoge las cifras de homicidios en América Latina y el Caribe, en el cual aparecemos entre los más seguros de la región.

Según este informe, la tasa de homicidios se ubicó en 11.5 por cada 100,000 habitantes, una reducción del 7% respecto de 2022, lo que nos sitúa por debajo de países competidores en turismo como Jamaica (60.9), y Puerto Rico (14.4), para solo citar dos ejemplos caribeños.

El Ecuador revienta la balanza en países de más de 10 millones de habitantes, con la astronómica tasa de 44.5 homicidios por cada 100,000, (más que Haití, 40.9), con la agravante de que ha registrado un aumento del 74.5% en los últimos cinco años.

Una verdadera catástrofe sin fin, en contraste con su vecino Perú, que apenas registra 3.2 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Sobre nuestro país, el informe resalta que, a pesar de ser territorio de tránsito de cocaína, no experimentó un aumento en la violencia en 2023, sino una reducción del 7%.

“El crimen organizado no parece ser un detonante determinante de la violencia en la República Dominicana, ya que la mayor parte de los casos (45,4%) están relacionados con conflictos sociales, y solo el 24,3% parecen estar vinculados a la delincuencia”. Un dato importantísimo.

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