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Sin las tres causales Senado aprueba el Código Penal.

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Santo Domingo. – A unanimidad el Senado de la República aprobó en segunda lectura las modificaciones a la Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, marcando un hito en la transformación estructural del sistema penal del país, la cual busca  robustecer las sanciones para delitos graves, proteger a las víctimas y garantizar una justicia más efectiva, equitativa y actualizada.

La pieza legislativa, conocida este lunes en sesión extraordinaria, introduce cambios relevantes en varios artículos, con el objetivo de atender con mayor rigor delitos que afectan la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales. Entre las modificaciones más destacadas figuran: medidas para proteger a menores, sancionar el uso indebido de sustancias en el deporte, fortalecer las sanciones contra la violencia intrafamiliar, combatir la tortura y los actos de barbarie y endurecer las penas por delitos sexuales.

Entre sus principales novedades, destaca el artículo 107, que establece que cualquier infracción cometida contra niños, niñas o adolescentes, independientemente de a quién esté dirigido el acto o la lesión causada, será sancionada con penas de veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público.

En cuanto al artículo 118, sobre tortura o actos de barbarie, se mejoró su redacción para establecer que quien inflija dolosamente a otra persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, con el objeto de investigarlo, intimidarlo, coaccionarlo, castigarlo o con cualquier otro fin, es culpable de tortura o actos de barbarie, y será sancionada de diez a veinte años de prisión mayor y multa de veinte a treinta salarios mínimos del sector público.

Además, el artículo 121, relativo a sanciones a la autoridad pública, determina que toda persona depositaria de autoridad pública o encargada de un servicio público que cometa tortura o actos de barbarie será sancionada con veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público.

En tanto, que, la referida pieza en el artículo 136, sobre la actividad sexual no consentida en relación de pareja, establece que esta conducta será sancionada con pena de cuatro a diez años de prisión mayor y una multa de diez a veinte salarios mínimos del sector público, en los casos especificados.

En el artículo 139, sobre violación sexual incestuosa, define que, si la víctima es un pariente natural, legítimo o adoptivo, hasta el cuarto grado por consanguinidad y hasta el tercer grado por afinidad, el delito será sancionado con veinte a treinta años de prisión mayor y multa de treinta a cuarenta salarios mínimos del sector público.  Y, si la víctima es un niño, niña, adolescente o persona en condiciones de vulnerabilidad, y se produce mutilación, lesión permanente o gravidez, la pena será de treinta a cuarenta años de prisión mayor y multa de cincuenta a mil salarios mínimos del sector público.

Sobre el artículo 303, relativo a la sanción de la corrupción, el pleno introdujo una modificación que en lo adelante, establece que, cuando las sumas envueltas en el ilícito penal no excedan los veinte salarios mínimos, el infractor será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión menor, el pago de una multa equivalente de cuatro a diez veces el monto sustraído, el decomiso de los bienes obtenidos mediante enriquecimiento ilícito y la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de cuatro a diez años, contado a partir del cumplimiento de la pena de prisión.

Durante los debates sobre el tema, el presidente del Senado expresó que, en lo personal, entiende que cualquier inconducta o ilícito que cometa en vida no debe eximirlo de responsabilidad. Sin embargo, enfatizó que el Congreso debe legislar conforme a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales, los cuales tienen rango constitucional. En ese sentido, explicó que tanto la Carta Magna como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción permiten ampliar el plazo de la imprescriptibilidad.

Además, fue modificado el artículo 14, en lo relacionado a los entes exentos de responsabilidad penal. En lo adelante dirá, que quedan excluidos de responsabilidad penal el Estado, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos y descentralizados con personalidad jurídica de derecho público, titulares de competencias y prerrogativas públicas, así como los órganos administrativos facultados para ejercer dichas competencias en nombre de los entes públicos. La disposición aclara que esta exención no aplica a las corporaciones de derecho público.

El Pleno aprobó agregar un párrafo al artículo 14, para que se establezca que, en el caso de las iglesias, en las cuales sus representantes actúen en su nombre en asuntos que comprometan la responsabilidad penal, la misma podrá ser procesada penalmente.

Luego de más de cinco horas de debates el Senado de la República acogió las modificaciones al Proyecto de Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, incorporando un total de 154 cambios al texto aprobado en primera lectura.

Esta propuesta de modificación fue presentada al Pleno por los senadores Venerado Castillo, María Mercedes Ortiz y Aneudy Ortiz.

El pleno aprobó que el nuevo Código Penal entre en vigencia a los doce meses de su promulgación. Esta disposición busca garantizar un período de adecuación y preparación para las instituciones del sistema de justicia, permitiendo una implementación efectiva y coordinada de la nueva normativa penal en todo el país.

OTRAS INICIATIVAS APROBADAS

En la sesión del pleno de este lunes, también fue aprobado en segunda lectura, con modificaciones, el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas, una iniciativa legislativa que fue remitida por la Cámara de Diputados.

La propuesta fue sometida por los diputados Franklin Ramírez de los Santos, Dilenia Altagracia Santos Muñoz, Gabriela María Abreu Santos y María de los Ángeles Rodríguez Bonseñor, con el objetivo de modernizar y fortalecer el sistema de contrataciones del Estado dominicano.

El pleno aprobó, además, en segunda lectura la ley orgánica que modifica el artículo 21 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, con el objetivo de actualizar y fortalecer el marco jurídico de la administración local, iniciativa de los diputados Dharuelly Leany D. Aza Caraballo, Yancarlos Simanca Ferreras y Juan Bolívar Cuevas Davis.

Además, fue aprobado en segunda discusión el Proyecto de Ley que declara el 21 de junio de cada año como “Día Nacional del Rock Dominicano” en honor al natalicio de Luis Días Portorreal (El Terror Días), iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados.

Otro proyecto aprobado fue el que designa con el nombre de “Ciudad Ganadera Dr. Julio Antonio Brache Arzeno”, el recinto de la Ciudad Ganadera, una iniciativa del Poder Ejecutivo.

Los senadores aprobaron en segunda discusión, la Ley que declara a Ercilia Pepín como “Prócer de la Patria” y designa el 7 de diciembre de cada año como “Día de Ercilia Pepín”. Esta propuesta fue sometida por los senadores Daniel Rivera y Omar Fernández.

MINUTO DE SILENCIO

El Senado honró con un minuto de silencio las memorias de René Fortunato, destacado documentalista; de la doctora Silvia Martha Abreu, dermatóloga; además de Alcibíades Sánchez, Jonathan Pérez (Jonathan Celulares), Rolando Pacheco y los fallecidos en el accidente en la carretera que comunica los municipios de Jamao al Norte y San Víctor, en la provincia Espaillat.

Varias iniciativas incluidas en la Orden del Día fueron dejadas sobre la mesa. El Pleno fue convocado para mañana martes a las dos de la tarde

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Ciudadanos se movilizan en la Plaza de la Bandera en rechazo a la gestion del gobierno, a «Ley Mordaza» y el alto costo de la vida

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Santo Domingo, R.D.-La Plaza de la Bandera fue  el lugar escogido por cientos de ciudadanos para protestar en contra de la mala gestion del gobierno,  el alto de la vida, la ley mordaza y los abusos policiales que se producen  en la República Dominicana.

El alto costo de la vida, la denominada «Ley Mordaza» contenida dentro del nuevo Código Penal, la aplicación de la Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno durante la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis o «Plan Anticrisis»; además los abusos policiales y el accionar de la actual administración del Poder Ejecutivo, son los principales reclamos que se realizan en la protesta.

«No a la Ley Mordaza, no más robos, no más préstamos, no más impunidad, ya está bueno; no podemos seguir así. Este país debe de cambiar en un 100%», exclamó Agustín Rivas, quien asistió a la protesta en compañía de su esposa e hija.

«Es para fuera que van», expresó Ramírez indicando que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y Partido Revolucionario Moderno (PRM) no retomarán el poder en el 2028.

Los ciudadanos se hicieron acompañar de pancartas, banderas dominicanas, cornetas e incluso calderos para hacerlos sonar, como cacerolazos.

De la misma manera, otros optaron por usar especies de vestimenta, desnotando el abuso policial, el alto precio de los combustibles, entre otros.

Varios influencers y artistas urbanos, como «Melymel» y «El Piro», hicieron acto de presencia por varios minutos en la Plaza de la Bandera.

Particularmente, El Piro dio varias vueltas a la plazoleta, antes de salir del lugar.

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Por acuerdo con el Gobierno se suspende el aumento del pasaje en Santiago

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Santo Domingo, R.D.– Quedó sin efecto este jueves el aumento de pasaje anunciado por la Central Nacuional de Trabajadores del Transporte (CNTT) tras arribar  a un acuerdo con el  Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para establecer una mesa de dialogo para evaluar los costos del sector.

La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte, quienes acordaron revisar de manera técnica las condiciones operativas del transporte público antes de considerar cualquier ajuste en las tarifas.

Morrison recordó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el Intrant es el único organismo con facultad para autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público de pasajeros.

«Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar técnicamente la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley», expresó el funcionario.

Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura al diálogo mostrada por el Intrant y confirmó que la CNTT dejará sin efecto el incremento anunciado, comprometiéndose a no aplicar aumentos mientras se desarrollen las evaluaciones técnicas.

La mesa de trabajo realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los costos operativos del transporte y evaluará los factores que inciden en la prestación del servicio antes de emitir recomendaciones sobre un posible ajuste tarifario.

El director del Intrant destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo para reducir el impacto de los costos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer.

Indicó que durante el último año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas del Bono Gas a transportistas de distintos gremios, incluyendo una cantidad significativa de afiliados a la CNTT. Además, informó que recientemente la institución dispuso supervisiones para verificar los casos de choferes que aún no han recibido ese beneficio, con el propósito de garantizar que quienes cumplan los requisitos puedan acceder al subsidio.

Morrison también resaltó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país no respaldó el incremento anunciado, lo que, a su juicio, refleja la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación.

El Intrant reiteró que cualquier modificación en las tarifas del transporte público será el resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley 63-17, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar un sistema de transporte eficiente y sostenible.

of-am

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Si se aprueba proyecto de ley los policias tendrán que tener perros y detectores de metales.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República el proyecto que busca reformar la Ley 590-16 de la Policía Nacional.

Tras siete meses de espera, los senadores reactivaron los trabajos de manera repentina, precisamente seis días después de que un joven de tan solo 18 años de edad fuese ultimado a quemarropa por un agente policial.

Uno de los aspectos principales que contiene la pieza votada por los senadores es el establecimiento de los procedimientos que deberán agotar los patrulleros cuando deban inspeccionar a la ciudadanía.

La iniciativa destaca la potestad que tienen los policías de registrar, en “su misión preventiva”, a las personas, sus accesorios que poseen o los medios de transporte. No obstante, aclara que deben respetar “los derechos y la dignidad humana”.

La intención de la iniciativa es que los agentes tengan la obligación de realizar las inspecciones “siempre” con la cámara corporal de la institución policial debidamente encendida.

Además, garantiza que el ciudadano registrado podrá grabar en todo momento, “cuando así lo desee”, el procedimiento al que es sometido.

Según las indicaciones del documento legislativo, los policías deberán circunscribirse a una exploración externa, superficial y momentánea de la indumentaria y los bienes que la persona porta. Esto tendrá que ser desarrollado por un personal de seguridad del mismo sexo.

Asimismo, la propuesta legislativa precisa que “ningún registro” podría basarse en “estereotipos, prejuicios o perfiles delictivos fundados en la raza, el origen étnico, la apariencia, o la identidad de género del ciudadano”.

La acción policial estará permitida en las vías, espacios públicos, establecimientos comerciales “o de otra naturaleza abiertos al público”.

El documento, depositado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de diciembre, indica que la intención de los agentes consistirá en la identificación de armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones.

Además, precisar que el ciudadano no tenga en su poder un bien robado o extraviado, así como “verificar que sea el propietario de un bien que posee”.

Asimismo, descartar la posesión de drogas o sustancias prohibidas y prevenir la comisión de un hecho punible o un comportamiento contrario a la convivencia que pueda afectar a las personas del entorno.

Por último, para asegurar la seguridad de los asistentes a una actividad o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.

La iniciativa indica que estas acciones policiales deberán ser planificadas por el comandante o supervisor cuando se realicen en horario diurno.

Sin embargo, “cuando se realice en horas nocturnas”, deberá ser reportado antes y después de su práctica ante el supervisor o central de radio, dejando la trazabilidad del procedimiento policial.

Los comandantes de departamento, estación de policía y supervisores deberán verificar que los agentes dispongan “todos los elementos del cinturón multipropósito para el servicio”.

Este proyecto de ley será conocido, en segunda discusión, este viernes por el órgano legislativo. En caso de ser aprobado, deberá ser sometido al mismo procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, antes de ser enviado a las manos del presidente Luis Abinader.

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