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Senadores convierten en ley proyecto de extinción de dominio de bienes fruto de ilícitos
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los senadores aprobaron en segunda la lectura y convirtieron en ley el proyecto sobre Juicios de Extinción de Dominio para el decomiso civil de bienes ilícitos”, como herramienta para que el Estado pueda recuperar las propiedades originadas o vinculadas a la violación de leyes penales y los bienes utilizados o que guarden vínculos con actividades delictivas.
Esta iniciativa legislativa, de la autoría de los senadores Adriano Sánchez Roa; Charles Mariotti Tapia, Julio César Valentín Jiminián y Luis René Canaán, está incluida en el Decreto número 19-20, con el que el presidente Danilo Medina convocó la legislatura extraordinaria, pues junto a la Ley de Lavados y Contra el Terrorismo, la Ley de Extinción de Dominio es una pieza fundamental contra la corrupción y las actividades ilícitas en general.
Sánchez Roa preciso que “…este proyecto que crea los tribunales de extinción de dominio, obliga a dar informaciones bancarias al juez, se abre a la cooperación internacional y homologa sentencias extranjeras, siempre que no entren en contradicción con la Constitución y las leyes dominicanas”.
El proyecto de Ley marcado con el No.01256-20, aprobado en cuatro ocasiones por el Senado, ha sido estudiado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que dirige el senador Arístides Victoria Yeb, donde fue enriquecido con múltiples opiniones de diversos sectores de la sociedad, lo que provocó una redacción alterna a la sometida originalmente.
Sánchez Roa; Mariotti Tapia, Valentín Jiminián y Canaán Rojas explican que están sujeto a decomiso civil los bienes procedentes de actividades ilícitas, los que sean instrumentos de actividades ilícitas o donde se pretendan ocultar bienes de ilícita procedencia, aun cuando no se haya dictado sentencia que determine la responsabilidad penal.
También, bienes que constituyan un incremento patrimonial injustificado, y aquellos que encontrándose a nombre de terceros, fuese posible determinar que son el producto o se encuentran vinculados a un hecho ilícito y que quien se considera responsable del delito se comporta como dueño u ostenta su posesión o domino.
Además, están sujeto a decomiso civil aquellos bienes existentes en el territorio nacional relacionados con personas contra las cuales se ha pronunciado condena penal en el extranjero por narcotráfico, lavado de dinero, fraudes contra el Estado o delincuencia organizada.
Igualmente, bienes cuyo propietario haya tenido conocimiento de su utilización en el hecho ilícito y no lo haya notificado a la autoridad o no haya hecho algo para impedirlo razonablemente.
Sánchez Roa dijo que se procedería al decomiso civil sobre bienes transformados o convertidos en otros bienes; o sobre bienes de valor equivalente; y podrán ser objeto de la declaratoria de extinción de dominio los bienes ilícitos que se hayan mezclado con aquellos adquiridos lícitamente.
En el artículo 14 el proyecto de ley crea los tribunales de Extinción de Dominio, que tendrán como atribución el conocimiento y fallo de las medidas provisionales y definitivas en materia de extinción de dominio de bienes; su organización funcional y operativa, así como de la jurisdicción de extinción de dominio corresponderá a la Suprema Corte de Justicia.
“La jurisdicción en materia de extinción de dominio es ejercida, en todos los casos, por los tribunales de extinción de dominio, con categoría de corte de apelación, constituidos por no menos de cinco jueces, elegidos en la forma dispuesta por la Constitución para los jueces de Cortes de Apelación y que podrá, ser dividida en Salas según lo determine el Poder Judicial”, dijeron los representantes de Elías Piña, Monte Plata, Santiago y Hermanas Mirabal.
Sánchez Roa dijo que corresponde al Ministerio Público la titularidad exclusiva del ejercicio de la acción de extinción de dominio, condicionado a un mandato especial, previo y expreso provisto por el Procurador General de la República.
Durante el proceso el juez garantizará y asegurará a los afectados tener acceso al proceso, presentar pruebas, conocer los hechos y fundamentos que sustentan el proceso en términos claros y comprensibles, e intervenir en resguardo de sus derechos.
El Proyecto de Ley explica en el considerando décimo primero que la adquisición ilícita de los bienes no genera justo título en tanto produce un grave deterioro en la sociedad generando efectos lesivos permanentes en la economía; el derecho de propiedad no puede gozar de protección constitucional ni legal cuando recaiga sobre bienes obtenidos de actividades ilícitas.
Sánchez Roa reveló que los bienes incautados y decomisados serán distribuidos de conforme a las normas de distribución establecidas por la legislación.
Santo Domingo, R.D.-El gobierno dominicano a través de La Dirección General de Migración informó este domingo que en los primeros 17 días de este mes de octubre ha reconducido a Haití a 23,535 migrantes haitianos, «en promedio, 1,384 personas por día».
De acuerdo con información suministrada por el organismo a Diario Libre, de esa cantidad 15,488 corresponden a los migrantes deportados tras ser detenidos durante los operativos de los agentes migratorios desplegados en el país con la colaboración de las Fuerzas Armadas, el Ejército Nacional, la Fuerza Aérea de República Dominicana, la Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila (Ciutran), la Policía Nacional y el Ministerio Público.
A su vez, los 8,047 restantes son repatriaciones de aquellos nacionales que voluntariamente han decidido retornar a su país.
Desde el 3 de octubre, Migración tiene una meta de deportar hasta 10 mil migrantes haitianos semanales.
- Entre los días 1 y 2 de octubre recondujo 1,960 haitianos. El Gobierno dominicano ha dicho que la entrada masiva de haitianos sin aval legal para estar en el país representa una presión insostenible en los servicios públicos.
Queja haitiana ante la comunidad internacional
En estos 14 días de operativos, la medida ha sido criticada por las autoridades haitianas y la queja ha sido llevada a diferentes foros internacionales. Y el pasado lunes, el Gobierno del vecino país condenó las «las deportaciones masivas y discriminatorias de haitianos e incluso de ciertos extranjeros por parte de la República Dominicana sin respeto a los procedimientos legales y sin consideración a la dignidad humana y esto en un contexto de creciente xenofobia».
Los haitianos escenificaron el jueves una protesta en el Centro Vacacional de Haina, alegando que pasan hambre y que las condiciones no son óptimas. Según Migración, la revuelta inició porque estos imploraban su deportación inmediata.
En medio de estas críticas, el Gobierno dominicano y Migración, de manera particular, ha garantizado que respeta los derechos humanos de los migrantes, siguiendo el protocolo de depuración y tratamiento para los fines. Instalaron una unidad móvil de los Comedores Económicos para dotar de alimentos a los migrantes en lo que dura su estadía en ese centro de acogida.
El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores tildó de «acoso internacional«, lo que las autoridades haitianas están haciendo en contra de la República Dominicana ante la comunidad internacional. Emitió una nota diplomática defendiendo nueva vez la política migratoria del país que el propio Gobierno haitiano reconoció en el Protocolo de Entendimiento sobre los Mecanismos de Repatriación firmado por ambos países en 1999.
Lamentó que el gobierno haitiano en vez de concentrarse en enfrentar la crisis que atraviesa se haya dedicado a «acosar» a la República Dominicana.
«Resulta lamentable que en lugar de fortalecer los esfuerzos por enfrentar la crisis haitiana para que cesen las causas endógenas de la emigración desde ese país, las autoridades haitianas se concentren en acosar y denunciar las acciones del Gobierno dominicano en aplicación de su marco regulatorio, las cuales han sido reconocidas como legítimas por el propio Estado haitiano», añadió el Mirex en un comunicado enviado a los medios.
Santo Domingo.- Las autoridades nacionales a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Dirección General de Aduanas (DGA) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), coordinados por el Ministerio Público, incautaron 62 paquetes, presumiblemente de cocaína, en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.
Las unidades actuantes, tras recibir informes de inteligencia y asistidos por unidades caninas, realizaron un operativo de inspección en una de las áreas de depósitos de contenedores de la terminal.
A través de una máquina de rayos X, detectaron imágenes distorsionadas en el interior de uno de los contenedores.
Siguiendo el protocolo establecido, las autoridades iniciaron un proceso de verificación más riguroso, logrando descubrir un doble fondo en el piso del contenedor, donde se confiscaron los 62 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.
“El contenedor, utilizado para el transporte aéreo de mercancías, equipajes y correo, sería enviado a Bruselas desde la terminal de Punta Cana”, señala el comunicado de la agencia antidrogas.
El Ministerio Público y la DNCD están profundizando las investigaciones sobre la frustrada operación de narcotráfico internacional, mientras continúan reforzando las labores de interdicción en las terminales aéreas y portuarias del país.
Los 62 paquetes de la presunta droga fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Santo Domingo, R.D.-Este martes 22 de octubre los dominicanos tienen que renovar el marbete, según lo informó la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), cuyo impuesto de circulación vehicular será para el período 2024-2025.
La DGII dijo que los valores del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) permanecen invariables con relación al periodo anterior, es decir, que para los vehículos fabricados hasta el año 2019 el monto es de RD$1,500.00. Para los vehículos fabricados del año 2020 en adelante sonRD$3,000.00.
Para la renovación estarán disponibles 49 entidades financieras, con 859 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Monte Cristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el viernes 31 de enero de 2025.
Para realizar la renovación en cualquiera de las entidades disponibles, así como para la recepción de las órdenes realizadas vía web o la aplicación móvil, es indispensable poseer la fotocopia de la matrícula del vehículo a renovar, actualizada, legible y en buen estado.
Sanciones
La entidad destacó que se mantienen los montos correspondientes a las sanciones por no renovación durante el plazo establecido. Para los vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2025 deben pagar un monto de recargo de RD$2,000.00. A vehículos que no renovaron el marbete 2023-2024 son RD$2,100.00 por concepto de sanción por no renovación más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa.
Para los vehículos que no renovaron en el marbete 2022-2023 y años anteriores son RD$3,000.00 por concepto de sanción por no renovación más RD$100.00 por concepto de cesación administrativa.
Con esto la DGII busca una recaudación estimada de RD$3,137,673,000.00.