Opinión
Sentencia 168/13: ¿acatarla o modificarla?
Por Rosario Espinal
Dijo Abraham Lincoln que la mejor manera de derogar una mala ley es aplicándola estrictamente. La idea es perversa porque sugiere que para enmendar primero hay que herir, pero a veces no hay otro camino cuando la obstinación política predomina.
La Sentencia 168/13 es una mala disposición legal por razones jurídicas y por las implicaciones sociales. Las razones jurídicas han sido expuestas por varios abogados constitucionalistas y no voy a repetirlas aquí. Las implicaciones sociales son obvias. La Sentencia ilegaliza todos los descendientes de inmigrantes indocumentados por varias generaciones (la mayoría de origen haitiano) y crea constitucionalmente una casta de segunda clase.
La mayoría de los descendientes de haitianos en República Dominicana no tiene documentación. De unos 200 mil descendientes estimados en la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012, sólo unos 24 mil tienen documentos legítimamente emitidos según declaró la Junta Central Electoral. O sea, la inmensa mayoría nunca ha reclamado documentos de ciudadanía dominicana. Pero la posibilidad de que lo hagan ha atormentado a los propulsores de la Sentencia 168/13.
El problema humano que crea la Sentencia no se resuelve sin modificarla. Por eso es irrisorio cuando algún funcionario dice que hay que acatar la Sentencia pero están buscando solución al problema
Antes de que la Suprema Corte de Justicia en 2005 equiparara a los descendientes de inmigrantes indocumentados con personas en tránsito, existía la posibilidad de que algún día esos descendientes nacidos y criados en República Dominicana solicitaran sus papeles de nacionalidad. Ya no es posible.
El problema humano que crea la Sentencia no se resuelve sin modificarla. Por eso es irrisorio cuando algún funcionario dice que hay que acatar la Sentencia pero están buscando solución al problema. La Sentencia se acata o se modifica. No hay intermedios.
Lo aconsejable jurídica y humanamente sería modificar los términos de la Sentencia vía una ley que emane del Congreso Dominicano. Pero los sectores que han pasado años por lograr el objetivo de privar la población de ascendencia haitiana de derechos difícilmente lo permitirán, y esto incluye líderes encumbrados del PLD y sectores aliados. Unos por cálculos electorales y otros por patrioterismo xenófobo.
La idea de una Ley de Naturalización es un sinsentido. Si el gobierno dominicano quisiera que los descendientes de indocumentados fueran dominicanos, la Sentencia 168/13 no se hubiese emitido, porque la Sentencia los desnacionaliza.
Si la Sentencia 168/13 se aplica, se concretarán los problemas que emanan de ella.
Primero, quienes tienen documentos legales los perderán cuando intenten renovarlos. Eso constituirá una violación de derechos humanos y generará mucho resentimiento social entre los descendientes de inmigrantes.
Segundo, quienes no tienen documentos no irán a solicitarlos y esa masa de indocumentados seguirá creciendo en la extrema pobreza para beneficio del capitalismo híper-explotador dominicano que ampara la extensa migración indocumentada haitiana, patrocinada o permitida por los gobiernos dominicanos.
Tercero, las sanciones internacionales contra República Dominicana por violación a derechos humanos continuarán, pero eso no importará a los propulsores de la Sentencia, porque les servirá para enarbolar su nacionalismo.
Cuarto, eventualmente algunos sectores internacionales podrían boicotear la economía dominicana, y el turismo es particularmente vulnerable, pero siempre aparecerán turistas a quienes este tema no les importa.
Si se acata, la Sentencia 168/13 hará la explotación laboral dominicana más cruda y la enmarcará en un sistema fundamentado en la discriminación y la segregación constitucional.
La República Dominicana tiene que establecer controles estrictos de frontera pero el gobierno no ha querido hacerlo. No debe prevalecer un sistema económico con alta dependencia de mano de obra barata, pero sigue prevaleciendo. El gobierno dominicano tiene que aplicar las leyes laborales que limitan el número de trabajadores extranjeros por empresa pero no lo hace. En el país no debe seguir aumentando la población indocumentada, pero la Sentencia 168/13 la aumenta.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.