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La Fuerza del Pueblo se posiciona en ruta hacia el poder con sentencia del TSA que lo convierte en partido mayoritario.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD), creado por el profesor Juan Bosch, llegó al poder en el año 1996 y no había sido fiscalizada su gestión hasta la instalación de un Ministerio Público que no responde a sus intereses partidarios.
Esa situación provocó que la Procuraduría General de la República y la judicatura nacional fueran puestas al servicio de la corrupción, cuyos resultados fueron enviar a archivos definitivos aquellas acusaciones de personajes muy vinculados con las altas instancias del Palacio Nacional.
El PLD tomó para sí el control, no sólo del Ministerio Público, sino también de la justicia nacional, lo cual se constituyó en una especie de vulgar manipulación de los instrumentos con que cuenta el Estado dominicano para evitar que el delito y el crimen se sobrepongan a la misión que debe jugar la autoridad competente.
Durante los gobiernos de Leonel Fernández fueron muy sonados los casos de funcionarios corruptos que cuando fueron sometidos a la acción de la justicia lograron salir ilesos porque el presidente se encargó de colocar cuadros peledeístas en la Procuraduría General de la Republica y en la Suprema Corte de Justicia.
Esta fue la razón de que las figuras cimeras de la corrupción durante los gobiernos de Leonel no fueran tocados por las garras de la justicia, como por ejemplo Félix Bautista, quien salió de la administración pública con una fortuna que nunca podrá explicar.
Otro caso bochornoso fue el de Víctor de la Rúa, quien todavía permanece en el expediente Odebrecht con serias imputaciones de corrupción y sobornos, pero ha resultado difícil su condena y de otros implicados por la forma en que el PLD manipuló el sistema de justicia, a tal punto que todavía permanece como presidente de la Suprema Corte Justicia un miembro del Comité Central del partido formado por Juan Bosch.
Sin bien Danilo Medina le dio seguimiento a la manipulación del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia, lo cierto es que el artífice de desarticular los órganos encargados de aplicar la ley fue el presidente Leonel Fernández.
En los actuales momentos los corruptos más connotados de sus gobiernos forman parte de la Fuerza del Pueblo, lo cual quiere decir que un eventual regreso al poder de Leonel implica el retorno de personajes despiadados a sus mismas andanzas con el riesgo de perderse todo lo que se ha logrado hasta ahora por lo menos en lo que respecta al Ministerio Público.
La división del PLD y la posterior creación de la Fuerza del Pueblo (FP) no fue el resultado de diferencias entre Danilo y Leonel por cuestiones éticas y de principios y mucho menos ideológicas, sino por apetencias personales de poder y por la confrontación de dos grupos económicos que se formaron durante la gestión de ambos en la administración pública, que cuentan con grandes fortunas sobre la base de la acumulación originaria.
La ganancia de causa de la FP constituye, de alguna manera, un mejor posicionamiento político de esta organización y aumenta sus posibilidades de llegar al poder en el 2024, ya que en la sociedad dominicana se observa un déficit de propuestas electorales con reales posibilidades de alcanzar el poder.
El regreso a la presidencia de la República de Leonel Fernández implica el reposicionamiento de un criterio de hacer política que daña mucho a la sociedad dominicana, sobre todo porque esta figura es un experto en vender un discurso que en nada se acerca a su práctica en el ejercicio del poder, ya que se trata de un especialista en ofrecer lo que no pueda dar, ya que tiene respuestas retóricas para todo, pero que las mismas no pasan de ser una demagogia de las tantas que ha sufrido el pueblo dominicano.
Que nadie tenga duda que la ganancia de causa de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández implica un reposicionamiento de personas que ven la política como un gran negocio individual y que además no tienen ningún tipo de escrúpulos cuando del manejo de la administración pública se trata.
Este acontecimiento de la sentencia emitida por el TSA coloca a Leonel Fernández en una posición privilegiada, porque a partir de la misma cuenta con mucho más recurso para trabajar por la consecución del poder nueva vez y que el país retorne a los discursos llenos de promesas que nunca serán cumplidas y a una demagogia que constituye una trampa en contra de los que menos tienen, pero que también es un financiamiento del Estado a lo mal hecho, ya que recibirá grandes fondos públicos.
Lo propio puede decirse de todas las organizaciones que conforman el sistema de partidos, las cuales son parte de unos problemas integrales que padece la sociedad dominicana creados por ellos mismos y de cuyos fenómenos no se puede excluir a ningunos de los que se mueven en el escenario nacional, no importa su tamaño, porque los más pequeños, de izquierda o de derecha, también son partes de una red de corrupción que entra a todos los escenarios del país, públicos y privados.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.