Nacionales
Se repite la historia de incapacidad del Ministerio Público y sentencia benigna en contra de imputados de corrupción.
Santo Domingo.– En una sentencia que condena benignamente al principal implica del caso Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia en el caso de corrupción administrativa que reveló un entramado que defraudó al Estado dominicano con más de RD$4,500 millones mediante el uso de empresas vinculadas a familiares y allegados del expresidente Danilo Medina.
La presidenta del tribunal, Claribel Nivar Arias, junto a las magistradas Clara Castillo y Yisel Soto, condenaron a Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del exmandatario, a 7 años de prisión en la cárcel de Najayo-Hombres por asociación de malhechores, desfalco y uso fraudulento de múltiples empresas para obtener contratos en instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas y la Policía Nacional.
Además, Juan Alexis Medina Sánchez deberá pagar una multa equivalente a 150 salarios mínimos.
Tras conocer la sentencia, Juan Alexis Medina Sánchez manifestó que no está conforme con el fallo del Segundo Tribunal Colegiado y adelantó que apelará la decisión ante las instancias correspondientes.
José Dolores Santana Carmona fue condenado a 6 años de prisión en la cárcel de Najayo-Hombres por lavado de activos. El tribunal lo halló culpable de ser uno de los principales testaferros del entramado, prestando su nombre para la creación de empresas ficticias que canalizaban los fondos desviados del Estado hacia los líderes de la red de corrupción.
Wacal Bernabé Méndez Pineda recibió una condena de 5 años de prisión en Najayo-Hombres y el pago de las costas penales. Según el expediente, participó en la falsificación de documentos y en la creación de empresas fantasmas que simulaban competencia en licitaciones públicas, permitiendo que las compañías vinculadas al grupo obtuvieran contratos de forma fraudulenta.
Carlos Martín Montes de Oca Vásquez cumplirá 5 años de prisión en Najayo-Hombres por su papel en la creación y administración de empresas ficticias que se utilizaron para obtener pagos millonarios del Estado sin la debida ejecución de los servicios contratados.
Víctor Encarnación Matías Montero fue condenado a 5 años de prisión en Najayo-Hombres, con la pena suspendida bajo condiciones, además de una multa de RD$500,000 y la prohibición de contratar con entidades financieras, de valores o públicas. El tribunal estableció que colaboró en la logística de los fraudes, incluyendo la coordinación de entregas y servicios ficticios que respaldaban los cobros ilegales.
Rigoberto Alcántara fue sentenciado a 5 años de prisión en Najayo-Hombres y al pago de las costas penales. Su participación en el caso estuvo ligada a la administración y creación de empresas utilizadas para justificar contratos fraudulentos en beneficio del entramado de corrupción.
En cambio, el tribunal absolvió a Fernando Manuel Rosa Rosa, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Libni Arodi Valenzuela Matos, Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, Antonio Florentino, José Miguel Genao, Fulvio Antonio Cabreja Gómez y José Idelfonso Correa, por falta de pruebas.
En todos los casos, se ordenó el cese de medidas de coerción y la devolución de bienes incautados.
La Operación Antipulpo expuso un esquema de corrupción que, según el Ministerio Público, se valió de la influencia política de Alexis Medina para obtener contratos fraudulentos en el Estado, desviar fondos y blanquear capitales a través de una red de empresas de carpeta.
Empresas
También resultaron las empresas condenadas Domedical Supply SRL, Fuel American Inc., General Supply Corporations SRL, General Medical Solution AM SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL y WMI International SRL.
También completan la lista de empresas condenadas Wonder Island Park SRL, Acorpor SRL, Ichor Oil SRL, Globus Electrical SRL, Contratas Solution Services CSS SRL, Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL, Proyectos Engineering & Construction PIC SRL, Reivasapt Investment SRL y Suhold Transporte y Logística SRL.
Las empresas Cemeraf y Editorama fueron absueltas del cargo de lavado y liberadas del pago de costas.
- Las empresas condenadas.
- Los implicados.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, no se opone a que se otorgue una prórroga al Ministerio Público para presentar acusación.
El doctor Miguel Valerio dijo que es un caso complejo y que es un derecho que tienen los fiscales de la de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y de la Dirección de Persecución del Ministerio Público.
Mientras que el abogado Hiroito Reyes, quien representa al imputado German Rafael Robles Quiñones, ex consultor jurídico de Senasa, tampoco puso oposición a que se dé un tiempo al Ministerio Público para presentar acto conclusivo.
El magistrado Deiby Timoteo Peguero tomó la decisión luego de que la defensa del imputado, Francisco Minaya no compareciera a la audiencia, debido que su padre falleció la noche del martes y se encontraba en la funeraria.
Wilson Camacho y Mirna Ortiz procuran que se de cuatro meses más para presentar acusación formal, pedimento que se suman los abogados que representan al Estado dominicano.
Los primeros cinco guardan prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma se encuentra bajo arresto domiciliario.
También figuran como acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario.
Al grupo se le acusa de defraudar al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones de pesos.
Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025, afectando el sistema público de riesgos de salud.
Nacionales
Juez evaluará este miércoles solicitud de Pepca para extender investigación del caso Senasa.
Santo Domingo, R.D.-Deiby Peguero, juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fijó para este miércoles el conocimiento de la solicitud de prórroga de cuatro meses presentada por el Ministerio Público para concluir la investigación y depositar la acusación contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Marcelo Hazim, y los demás implicados en el caso Cobra.
La solicitud de prórroga fue depositada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el propósito de analizar minuciosamente las evidencias recabadas durante allanamiento. Así lo informó recientemente el procurador adjunto, Wilson Camacho.
Camacho indicó que la institución cuenta con un equipo especializado dedicado al estudio del contenido de 16,800 cajas de documentos ocupadas durante los recientes operativos de intervención como parte de la investigación que realiza del caso.
El exdirector de SeNaSa, Santiago Marcelo Hazim, junto a otros imputados, es señalado de conformar una estructura criminal que habría perpetrado un desfalco superior a RD$15 mil millones en perjuicio del Estado dominicano, a través de la entidad pública de salud.
Además de Hazim, figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Ada Ledesma Ubiera, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen distintas medidas de coerción impuestas en diciembre de 2025.
Santo Domingo, R.D.-Jhovanny de Jesus Metz Crus, conocido como «Macho», señalado como el principal sospechoso de la muerte del conductor Deivy Carlos Abreu Quezada, quien falleció luego de ser atacado por una turba de motociclistas durante una persecución, fue apresado en Jamaica.
La información fue confirmada a Diario Libre por una fuente de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con las investigaciones, «Macho» habría sido quien presuntamente propinó varias estocadas a Abreu Quezada durante el ataque ocurrido el pasado 17 de abril en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde la víctima intentó refugiarse tras ser perseguida durante varios kilómetros por un grupo de motociclistas.
En principio, se informó que la persecución se produjo a raíz de un incidente de tránsito.
Posteriormente, trascendió que la agresión habría sido motivada por una presunta deuda económica que el conductor mantenía con sus atacantes.
Visado a JamaicaEn marzo pasado, Jamaica eliminó el requisito de visa para los dominicanos que viajen a ese país por turismo o negocio por un periodo de 180 días.
Mets Cruz también enfrenta un proceso judicial por las heridas de bala ocasionadas en 2023 al sargento de la Policía Nacional Christopher Almánzar García, adscrito a la unidad SWAT.
El imputado no se presentó al juicio de fondo pautado para el miércoles 20 de mayo ante el Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago, por lo que la sala ordenó declararlo en rebeldía y activar las consecuencias legales correspondientes.
En ese expediente, Mets Cruz enfrenta acusaciones por intento de homicidio y asociación de malhechores.
El hecho ocurrió el 7 de mayo de 2023 en el sector El Ejido, de Santiago.
Durante el incidente, el sargento Almánzar García sufrió fracturas en el fémur y la rodilla izquierda, mientras que su sobrino, Jeison Willian Almánzar Núñez, resultó herido en la pierna izquierda cuando intentaba auxiliarlo.
Según las informaciones ofrecidas en el tribunal, Mets Cruz cumplía medidas de coerción consistentes en presentación periódica, impedimento de salida del país y orden de alejamiento de las víctimas.
Tras su incomparecencia al juicio, el tribunal dispuso su declaratoria en rebeldía, mientras las autoridades activaron su búsqueda.
Ahora, con su detención en Jamaica, las autoridades dominicanas deberán realizar las gestiones correspondientes para establecer su eventual retorno al país y que responda ante la justicia por los procesos que tiene pendientes.
Formalmente no hay un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica. El intercambio judicial y la colaboración policial se apoyan en organismos internacionales como Interpol.