Nacionales
Silié califica de irreflexiva veda Haití a productos RD
La confrontación no es de los gobiernos, sino de sectores de rancio nacionalismo
Por la veda, la semana pasada empleados de Aduanas de Haití impideron la entrada de pollos y huevos. Fuente externa
El embajador dominicano en Haití, Rubén Silié, califica como un acto irreflexivo lanzar una alerta sanitaria por una enfermedad que supuestamente amenaza la salud de los ciudadanos haitianos, sin que se tenga una fuente fiable que la sostenga.
En un artículo publicado en el periódico haitiano Le Nouvelliste, Silié plantea que la forma en la que se maneja el tema de la veda impuesta por el Gobierno haitiano a los productos avícolas dominicanos es una lucha que lleva a ninguna parte.
El embajador dominicano expone con detalles precisos las altas y bajas de las relaciones domínico-haitianas, en el contexto de la referida prohibición bajo el falso argumento de que en República Dominicana existe gripe aviar.
Para Silié, la citada información es una manipulación que, más que provocar el pánico a una parte de la población más vulnerable, crea tensiones políticas y diplomáticas entre dos gobiernos amigos.
Desde esa perspectiva, Silié precisa que las autoridades dominicanas demandan explicaciones a sus homólogas haitianas porque es evidente que el fondo del asunto no es proteger a la población haitiana de la enfermedad, sino de establecer controles sobre la importación de productos avícolas del país.
“¿Las autoridades haitianas verdaderamente piensan que, para crear las condiciones de negociación sobre el tema avícola es necesario provocar una acción hostil? ¿No es mejor tomar en cuenta la propuesta del presidente Danilo Medina, hecha hace apenas un mes, en el sentido de abrir un diálogo entre los ministros de Comercio para avanzar hacia un acuerdo que permita regular la actividad comercial?”.
Algunos antecedentes. El embajador Silié plantea en el artículo que la exportación de productos avícolas procedentes de República Dominicana se lleva a cabo desde hace más de 15 años, y que no se registraron problemas hasta 2008 cuando en el país de origen de las aves de corral se declaró una epidemia de gripe aviar.
“Sin embargo, ese negocio, como la mayoría de los que se encuentran en la lista comercial entre Haití y República Dominicana, se abrió y se desarrolla sin reglas claras establecidas por los gobiernos.
“Los criadores de pollos dominicanos y sus contrapartes haitianos han descubierto este nicho de mercado y establecieron un comercio sin que nadie les interrumpa.
“Ante el surgimiento de la enfermedad, el Gobierno haitiano tomó las medidas que consideraba pertinentes, impidiendo la importación de manera formal. Sin embargo, una vez controlada la epidemia y se calmara la guerra mediática de 2008, los dos grupos de comerciantes se unieron de nuevo para continuar con sus negocios”.
A partir de 2009 y sobre todo después del sismo de 2010, precisa Silié, algunas condiciones en Haití favorecieron que, sin que el embargo sanitario que pesaba sobre esos productos haya sido levantado, se vendieran de nuevo en todo el territorio haitiano.
Esas transacciones cesaron recientemente “por la falsa información que hace pensar que la famosa gripe aviar había reaparecido”.
De esa manera, expresa Silié, las autoridades haitianas reprodujeron la misma actitud que en 2008, que fue la de cerrar unilateralmente el paso por la frontera de animales y huevos.
“No se ha tomado en cuenta el hecho de que en 2013 las relaciones entre los gobernantes y el pueblo habían cambiado sustancialmente, y que una medida de ese tipo no debió tomarse de manera tan apresurada, sin informar a la otra parte de la radical medida que se aplicaba”.
Al destacar que al ‘match’ actual le anteceden prácticas de buenos vecinos, sobre todo con la forma en que se enfrentó sanitariamente el cólera, Silié afirma que los ministros haitianos han visto en República Dominicana, al tomar la decisión, más que un país amigo un “enemigo oculto” que pueden atacar con la espada del nacionalismo.
“Los ministros no han resaltado que si en el seno de la sociedad dominicana persistía una percepción negativa hacia Haití, esa no es la norma del Gobierno ni de los actores principales de la sociedad civil y de la vida política.
“Lo más importante es que, para el Gobierno haitiano en general, la confrontación con la República Dominicana no es más que un objetivo político. Y que entre los dos gobiernos se refuerza la idea de que los ataques infundados llaman a un nacionalismo anticuado, presentado por los mismos intereses del pasado”.
Las recomendaciones. Silié expresa en el artículo que los gobiernos dominicano y haitiano deben mantenerse alejados de la manipulación nacionalista de sectores de ambos lados de la isla.
“Yo reitero que ahora no son los dos gobiernos los que se enfrentan, porque los dos desean acercarse. Pero ciertos actores, de uno y otro lado, con un nacionalismo visceral y emotivo, pretenden obligar a los gobiernos a defender sus asuntos particulares como si ellos representaran los intereses de nuestros países.
“En consecuencia, ellos deben mantenerse lejos de esta manipulación y avanzar hacia la regulación comercial equitativa y justa”, dice el embajador Silié.´
HOY
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.