Análisis Noticiosos
Sin capitalizar la rebelión de las clases medias nadie desplaza del poder al PLD
Por: Juan Bolivar Díaz
En los documentos constitutivos de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional ratificados en una docena de encuentros en las mayores ciudades del país, se consigna que sólo una conjunción de fuerzas políticas y sociales que capitalice la rebeldía de las clases medias podrá generar la sinergia para desplazar al Partido de la liberación Dominicana (PLD).
En las tres últimas campañas electorales el PLD viene incrementando el abuso de los recursos y poderes estatales y ha gastado muchas veces más que el total de sus opositores, con minucioso control de los empleados públicos y de los beneficiarios de los subsidios sociales que de entrada representan más de la cuarta parte de los ciudadanos empadronados.
Un tercio de los votantes
Un reciente informe del economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) cuantificó los empleados del Estado que a junio pasado cotizaban a la seguridad social en 634 mil 407, que si se le suman los de los organismos que no están afiliados, como Congreso Nacional, la justicia, Junta Central Electoral, UASD y parte del Banco Central y de ayuntamientos, se aproximarían a los 700 mil. Pero conservadoramente se puede partir de 680 mil.
En cuanto a los posesionarios de tarjetas que dan acceso a los subsidios sociales, Collado los estableció en 996 mil 181 a fin del año pasado, con unos 3 millones de beneficiarios. Sumándole los de los empleos, concluye en que 4 millones de dominicanos tienen dependencia de ingresos mensuales del Estado, 37% de la población total de 11 millones.
Para calcular los posibles votantes deben sumarse los 680 mil empleados y los 996 mil 181 tarjetahabientes, lo que arroja 1 millón 676 mil 181, y representarían 22% de los 7 millones 500 mil empadronados que se estiman para el 2020. Pero si a éstos les restamos el porcentaje promedio de abstencionistas de los últimos comicios, que es 30%, entonces los votantes serían sólo 5 millones 250 mil, 32% de los que reciben fondos estatales cada mes.
Es obvio que no todos esos ciudadanos van a votar por el PLD, pero partir con una posible clientela del tercio de los electores, es una enorme ventaja, sobre todo en una democracia tan endeble, donde no se respetan límites ni escrúpulos, y más aún cuando el PLD ha llegado al extremo de elaborar padroncillos de los subsidiados sociales por colegios electorales para llevarlos a votar, como ha comprobado en algunos sitios la observación electoral de Participación Ciudadana (PC).
Otras ventajas electorales
En los informes de observación electoral de PC del 2016 se pueden encontrar muchas otras enormes ventajas de las que se aprovecha el PLD en los procesos electorales, como la de llegar hasta el 80% de toda la publicidad, con millares de comunicadores pagados por el Estado, con 33 mil empleados temporeros en los organismos públicos, activistas durante el período campaña, y con 39 ministros y altos funcionarios dirigiendo la campaña en cada provincia.
Si además de eso, los gobiernos del PLD duplican la propaganda pagada desde un año antes de los comicios e incurren en déficits fiscales, como el de 156 mil millones de pesos en el 2012 o 34 mil millones de pesos, entre enero y abril del 2016, y han tenido el control de los organismos electorales, ahora moderado a dos de los cinco titulares de la JCE, no son fruto de magia política sus recurrentes victorias.
Todos los partidos de oposición conocen de la extrema desigualdad en que compiten en los procesos electorales nacionales, pero aun así han sido incapaces de coaligarse siquiera para forzar algunos límites a los abusos del Estado. En el 2016 con 7 candidaturas presidenciales quisieron reclamar juntos, pero apenas dos semanas antes de la votación, y ni siquiera consiguieron que el presidente de la JCE, el “árbitro” Roberto Rosario, los recibiera.
El pacto político-social
La Coalición Democrática ha partido del planteamiento de que “ninguno de los partidos de oposición y ni todos ellos juntos podrían desplazar el dominio del PLD sobre el Estado y la sociedad, sin una amplia coalición o pacto político-social”, que capitalice las grandes insatisfacciones y anhelos de cambios de importantes segmentos, que han tenido expresión en el movimiento Marcha Verde.
Se ha planteado capitalizar políticamente la rebelión que se registra en amplios segmentos de las clases medias, que expresan abiertamente su hastío con la malversación, la corrupción, la impunidad, la inseguridad ciudadana, el irresponsable endeudamiento que, como esteroides, sostiene la estabilidad macroeconómica, el colapso de la salubridad y de la seguridad social y con un gobierno que ni siquiera da explicaciones ante escándalos tan mayúsculos como los de Odebrecht, los Tucanos y las bandas de narcotraficantes, explotados en Estados Unidos.
No se configuran 7 candidaturas presidenciales de oposición para el año próximo, pero los esfuerzos de concertación en una mesa auspiciada por la Coalición Democrática, partiendo de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, tropiezan con los sectarismos, las ambiciones y la renuncia al concierto de la que adolece la sociedad dominicana. Una irreflexiva, y hasta regresiva Ley de Partidos dificulta la constitución del frente electoral.
Otros paradigmas políticos
En las consultas sociales de la Coalición Democrática proclamada el 11 de noviembre por unos 500 militantes sociales, ha resaltado el anhelo de nuevos paradigmas políticos, que superen el pragmatismo, el chanchullo, el oportunismo y el clientelismo y cultiven los conceptos de ciudadanía para apelar a un porcentaje considerable de la población sumido en el inmovilismo, y la resignación por su escasa credibilidad en las organizaciones políticas.
El primer reclamo de estos sectores es una novedosa concertación que incluya la incorporación de dirigentes sociales y comunitarios a las candidaturas, afectada por el artículo de la Ley de Partidos que acaba de ser declarado inconstitucional, que prohibía la postulación a cargos electivos de ciudadanos que no tuvieran algún tiempo de militancia partidista.
Para descontar las ventajas del dominio social del PLD sería imprescindible mejorar la credibilidad atendiendo los anhelos de las clases medias y los dirigentes sociales, incluyendo pequeños y medianos empresarios, religiosos, comunicadores y maestros, por su capacidad para influir en la opinión pública, las redes sociales y sobre los sectores populares, como los empleados domésticos, de los servicios, y los informales que no dependen de ayudas gubernamentales. Y por supuesto con planteamientos de nuevas políticas sociales y económicas que promuevan equidad, justicia y reducción de la extrema desigualdad.
Una absurda negociación
Sería contradictorio con la capitalización de los anhelos de cambio, la absurda negociación que pretende rehabilitar al presidente Danilo Medina tras cumplir sus constitucionales “dos períodos y nunca más”, bajo el pretexto de reunificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, lo que beneficiaría más al partido gobernante que afronta una confrontación en todo el territorio nacional con 6 mil 687 aspirantes a los 4 mil 113 cargos electivos, y que necesitará tiempo tras las primarias para recomponer su unidad.
No se transparentan las razones por las que se lanzó el salva vida político a Danilo Medina, 36 horas después que admitió la derrota de su proyecto continuista anticonstitucional, para que recupere poder perdido y pueda reemprenderlo tan pronto pasen los comicios del próximo año. No habría forma de romper la resignación y el inmovilismo frente al PLD partiendo de ratificar el presidencialismo caudillista y continuista que tanto ha dañado la República desde su fundación misma, y premiando a quien ha ejercido el poder en los últimos 8 años. El país se burló de Quique Antún, cuando dos semanas después de proponer la rehabilitación del presidente Medina, proclamó en “mensaje a la nación” que se lanzaba a las calles para liquidar este mismo gobierno.
Hay quienes favorecerían el absurdo proyecto creyendo en promesas de que Danilo Medina “impediría a cualquier precio el retorno de su rival Leonel Fernández al poder”, una apuesta aventurera porque si restauran a Medina el poder perdido, aseguraría el control del nuevo Congreso y negociaría con el eventual candidato Fernández. Si quiere preservar su poder en el PLD, no podría lanzarse contra sus candidaturas, que serían también de los suyos.
Si en el PRM prospera esa negociación, liquidarían las posibilidades del frente político-social y de desplazar al PLD, no sólo en el 2020, sino mucho más allá. Los intereses del peledeísmo bien podrían imponer otro pacto de alternabilidad entre sus dos caudillos, como ya ocurrió en el 2015. Ahora es más difícil, pero no tan absurdo como la rehabilitación de Danilo.-
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.