Análisis Noticiosos
Sin capitalizar la rebelión de las clases medias nadie desplaza del poder al PLD
Por: Juan Bolivar Díaz
En los documentos constitutivos de la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional ratificados en una docena de encuentros en las mayores ciudades del país, se consigna que sólo una conjunción de fuerzas políticas y sociales que capitalice la rebeldía de las clases medias podrá generar la sinergia para desplazar al Partido de la liberación Dominicana (PLD).
En las tres últimas campañas electorales el PLD viene incrementando el abuso de los recursos y poderes estatales y ha gastado muchas veces más que el total de sus opositores, con minucioso control de los empleados públicos y de los beneficiarios de los subsidios sociales que de entrada representan más de la cuarta parte de los ciudadanos empadronados.
Un tercio de los votantes
Un reciente informe del economista Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) cuantificó los empleados del Estado que a junio pasado cotizaban a la seguridad social en 634 mil 407, que si se le suman los de los organismos que no están afiliados, como Congreso Nacional, la justicia, Junta Central Electoral, UASD y parte del Banco Central y de ayuntamientos, se aproximarían a los 700 mil. Pero conservadoramente se puede partir de 680 mil.
En cuanto a los posesionarios de tarjetas que dan acceso a los subsidios sociales, Collado los estableció en 996 mil 181 a fin del año pasado, con unos 3 millones de beneficiarios. Sumándole los de los empleos, concluye en que 4 millones de dominicanos tienen dependencia de ingresos mensuales del Estado, 37% de la población total de 11 millones.
Para calcular los posibles votantes deben sumarse los 680 mil empleados y los 996 mil 181 tarjetahabientes, lo que arroja 1 millón 676 mil 181, y representarían 22% de los 7 millones 500 mil empadronados que se estiman para el 2020. Pero si a éstos les restamos el porcentaje promedio de abstencionistas de los últimos comicios, que es 30%, entonces los votantes serían sólo 5 millones 250 mil, 32% de los que reciben fondos estatales cada mes.
Es obvio que no todos esos ciudadanos van a votar por el PLD, pero partir con una posible clientela del tercio de los electores, es una enorme ventaja, sobre todo en una democracia tan endeble, donde no se respetan límites ni escrúpulos, y más aún cuando el PLD ha llegado al extremo de elaborar padroncillos de los subsidiados sociales por colegios electorales para llevarlos a votar, como ha comprobado en algunos sitios la observación electoral de Participación Ciudadana (PC).
Otras ventajas electorales
En los informes de observación electoral de PC del 2016 se pueden encontrar muchas otras enormes ventajas de las que se aprovecha el PLD en los procesos electorales, como la de llegar hasta el 80% de toda la publicidad, con millares de comunicadores pagados por el Estado, con 33 mil empleados temporeros en los organismos públicos, activistas durante el período campaña, y con 39 ministros y altos funcionarios dirigiendo la campaña en cada provincia.
Si además de eso, los gobiernos del PLD duplican la propaganda pagada desde un año antes de los comicios e incurren en déficits fiscales, como el de 156 mil millones de pesos en el 2012 o 34 mil millones de pesos, entre enero y abril del 2016, y han tenido el control de los organismos electorales, ahora moderado a dos de los cinco titulares de la JCE, no son fruto de magia política sus recurrentes victorias.
Todos los partidos de oposición conocen de la extrema desigualdad en que compiten en los procesos electorales nacionales, pero aun así han sido incapaces de coaligarse siquiera para forzar algunos límites a los abusos del Estado. En el 2016 con 7 candidaturas presidenciales quisieron reclamar juntos, pero apenas dos semanas antes de la votación, y ni siquiera consiguieron que el presidente de la JCE, el “árbitro” Roberto Rosario, los recibiera.
El pacto político-social
La Coalición Democrática ha partido del planteamiento de que “ninguno de los partidos de oposición y ni todos ellos juntos podrían desplazar el dominio del PLD sobre el Estado y la sociedad, sin una amplia coalición o pacto político-social”, que capitalice las grandes insatisfacciones y anhelos de cambios de importantes segmentos, que han tenido expresión en el movimiento Marcha Verde.
Se ha planteado capitalizar políticamente la rebelión que se registra en amplios segmentos de las clases medias, que expresan abiertamente su hastío con la malversación, la corrupción, la impunidad, la inseguridad ciudadana, el irresponsable endeudamiento que, como esteroides, sostiene la estabilidad macroeconómica, el colapso de la salubridad y de la seguridad social y con un gobierno que ni siquiera da explicaciones ante escándalos tan mayúsculos como los de Odebrecht, los Tucanos y las bandas de narcotraficantes, explotados en Estados Unidos.
No se configuran 7 candidaturas presidenciales de oposición para el año próximo, pero los esfuerzos de concertación en una mesa auspiciada por la Coalición Democrática, partiendo de unos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, tropiezan con los sectarismos, las ambiciones y la renuncia al concierto de la que adolece la sociedad dominicana. Una irreflexiva, y hasta regresiva Ley de Partidos dificulta la constitución del frente electoral.
Otros paradigmas políticos
En las consultas sociales de la Coalición Democrática proclamada el 11 de noviembre por unos 500 militantes sociales, ha resaltado el anhelo de nuevos paradigmas políticos, que superen el pragmatismo, el chanchullo, el oportunismo y el clientelismo y cultiven los conceptos de ciudadanía para apelar a un porcentaje considerable de la población sumido en el inmovilismo, y la resignación por su escasa credibilidad en las organizaciones políticas.
El primer reclamo de estos sectores es una novedosa concertación que incluya la incorporación de dirigentes sociales y comunitarios a las candidaturas, afectada por el artículo de la Ley de Partidos que acaba de ser declarado inconstitucional, que prohibía la postulación a cargos electivos de ciudadanos que no tuvieran algún tiempo de militancia partidista.
Para descontar las ventajas del dominio social del PLD sería imprescindible mejorar la credibilidad atendiendo los anhelos de las clases medias y los dirigentes sociales, incluyendo pequeños y medianos empresarios, religiosos, comunicadores y maestros, por su capacidad para influir en la opinión pública, las redes sociales y sobre los sectores populares, como los empleados domésticos, de los servicios, y los informales que no dependen de ayudas gubernamentales. Y por supuesto con planteamientos de nuevas políticas sociales y económicas que promuevan equidad, justicia y reducción de la extrema desigualdad.
Una absurda negociación
Sería contradictorio con la capitalización de los anhelos de cambio, la absurda negociación que pretende rehabilitar al presidente Danilo Medina tras cumplir sus constitucionales “dos períodos y nunca más”, bajo el pretexto de reunificar las elecciones municipales con las congresuales y presidenciales, lo que beneficiaría más al partido gobernante que afronta una confrontación en todo el territorio nacional con 6 mil 687 aspirantes a los 4 mil 113 cargos electivos, y que necesitará tiempo tras las primarias para recomponer su unidad.
No se transparentan las razones por las que se lanzó el salva vida político a Danilo Medina, 36 horas después que admitió la derrota de su proyecto continuista anticonstitucional, para que recupere poder perdido y pueda reemprenderlo tan pronto pasen los comicios del próximo año. No habría forma de romper la resignación y el inmovilismo frente al PLD partiendo de ratificar el presidencialismo caudillista y continuista que tanto ha dañado la República desde su fundación misma, y premiando a quien ha ejercido el poder en los últimos 8 años. El país se burló de Quique Antún, cuando dos semanas después de proponer la rehabilitación del presidente Medina, proclamó en “mensaje a la nación” que se lanzaba a las calles para liquidar este mismo gobierno.
Hay quienes favorecerían el absurdo proyecto creyendo en promesas de que Danilo Medina “impediría a cualquier precio el retorno de su rival Leonel Fernández al poder”, una apuesta aventurera porque si restauran a Medina el poder perdido, aseguraría el control del nuevo Congreso y negociaría con el eventual candidato Fernández. Si quiere preservar su poder en el PLD, no podría lanzarse contra sus candidaturas, que serían también de los suyos.
Si en el PRM prospera esa negociación, liquidarían las posibilidades del frente político-social y de desplazar al PLD, no sólo en el 2020, sino mucho más allá. Los intereses del peledeísmo bien podrían imponer otro pacto de alternabilidad entre sus dos caudillos, como ya ocurrió en el 2015. Ahora es más difícil, pero no tan absurdo como la rehabilitación de Danilo.-
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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Análisis Noticiosos
Al menos 64 muertos y decenas de detenidos en una megaoperación contra el crimen organizado en Río de Janeiro
El gobernador afirma que “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” y pide ayuda a las Fuerzas Armadas
Sao Paulo.- Río de Janeiro vive este martes una jornada de caos colosal e intensos tiroteos por una operación policial contra el crimen organizado que ya es la más letal de la historia de la ciudad brasileña. Al menos 64 personas han muerto (incluidos cuatro agentes) y 81 han sido detenidas, según datos oficiales. El despliegue de 2.500 policías en esta megaoperación, que se ha centrado inicialmente en dos grandes barriadas cariocas de favelas, pretende frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en el país sudamericano. El gobernador del Estado de Río, Claudio Castro, se ha quejado de que “Río está sola en esta guerra”, ha criticado la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y ha pedido ayuda a las Fuerzas Armadas.
Río de Janeiro, turística, antigua capital y el hogar de seis millones de vecinos, es simultáneamente una ciudad muy desigual y acostumbrada a la violencia, pero las dosis desplegadas este martes resultan extraordinarias incluso para los locales. El descomunal despliegue policial ha sido respondido con intensos tiroteos por los hombres del Comando Vermelho, que incluso han lanzado granadas desde drones sobre los agentes. Horas después, el grupo criminal ha desplegado a sus miembros, que han cortado avenidas y calles con barricadas por toda la ciudad y por la zona metropolitana.
Las autoridades han elevado el nivel de alerta en Río ciudad y los noticiarios se han llenado de imágenes de avenidas cortadas con autobuses, coches quemados y decenas de hombres sin camiseta a los que los agentes se llevan detenidos. La policía se ha incautado de al menos 75 fusiles.
El baño de sangre en Río se ha producido a las puertas de que Brasil acoja a partir de la semana que viene la cumbre mundial del cambio climático, la COP30, que se celebrará en Belém, en la Amazonia, a más de 3.000 kilómetros de distancia. El presidente Lula será el anfitrión de una cumbre los días 6 y 7.
El principal objetivo de la operación policial es el jefe del Comando Vermelho en una barriada carioca llamada Complexo da Penha, el capo Edgar Alves de Andrade, apodado Doca. Los agentes, que tenían un centenar de órdenes de arresto, también buscan a decenas de sus lugartenientes.
Ya a primera hora de la mañana, las autoridades habían anunciado que los tiroteos entre agentes y criminales obligaron a suspender las clases en 45 colegios y a desviar 12 líneas de autobús. Por la tarde, el CV había logrado cortar el tráfico en al menos una quincena de puntos de la ciudad, incluida la avenida Brasil, una de las principales arterias viarias. “Es un escenario de guerra”, le ha contado la profesora Suellen Gomes al diario Estadão desde el Complexo do Alemão. Según ella, los tiros empezaron al amanecer y nadie fue al colegio. “Ninguna escuela de esta zona abre cuando hay operación”, explica.
Para atrapar a los jefes del negocio, a los contables que les ayudan a blanquear sus ganancias y a los soldados de a pie que con los que mantienen el control absoluto sobre barriadas completas donde dictan la ley, las autoridades han movilizado un despliegue enorme. A los 2.500 agentes de la policía militar y la civil involucrados, se han sumado una treintena de vehículos blindados, dos helicópteros, drones policiales y una docena de vehículos de demolición.
El gobernador Castro, bolsonarista, se ha quejado de que las Fuerzas Armadas rechazaron tres veces sus peticiones para que le enviaran blindados de apoyo. Ha pedido ayuda a los militares con el argumento de que esta “es una guerra que nada tiene que ver con la seguridad urbana” sino que está alimentada “por las armas del narcotráfico internacional”.
El secretario de Seguridad Pública Victor Santos, ha destacado que toda la operación se diseñó y se realiza con apoyo del Gobierno federal. Santos ha lamentado el caos para los vecinos y los heridos, pero ha recalcado que esta acción “era necesaria, estaba planificada, se basa en inteligencia y va a continuar”.
El epicentro de la megaoperación son dos enormes conjuntos de favelas donde viven casi 300.000 personas, el Complexo da Penha y el Complexo do Alemão. El primero es, según la fiscalía de combate a las familias criminales de Río, un centro neurálgico de las actividades del Comando Vermelho. El Complexo da Penha, dice una nota del Grupo Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), “es un punto estratégico para el flujo de drogas y armas, gracias a que está en las proximidades de varias autopistas, y se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista del grupo criminal”.
Uno de cada cuatro brasileños, es decir, 50 millones de personas, viven en barrios dominados por el crimen organizado, según un reciente estudio de la Universidad de Cambridge. El Comando Vermelho, el PCC u otros grupos armados, imponen su ley a sus vecinos y, en ocasiones, impide la acción de las autoridades. Los vecinos directamente afectados, que suelen ser pobres, negros y periféricos, se encuentran atrapados entre dos fuegos, abandonados por las autoridades, blanco fácil y presa de las balas perdidas, además de sometidos a extorsión.
En los últimos tiempos los delincuentes han descubierto las bondades del trabajo en remoto. Un fiscal del Estado amazónico de Rondonia explicaba recientemente en el diario O Globo que los jefes de las franquicias del Comando Vermelho por otros estados, sobre todo los fronterizos con otros países, se están refugiando en Río de Janeiro, que hasta este martes eran la principal guarida del grupo. “Se dieron cuenta de que el jefe ya no necesitaba estar en su estado natal. Podía estar protegido en Río y tomar decisiones por videollamada”, explicaba al diario carioca Anderson Batista de Oliveira, jefe del Gaeco en Rondonia. “El capo está en un lugar de difícil acceso para la policía, y la organización protege así a sus principales activos”, añadía.
Hasta ahora la operación más letal de Río era la de la favela de Jacarezinho, en el centro, donde en 2021 murieron 27 personas. La policía de Brasil es considerada una de las que más mata y más muere del mundo. En torno a un 10% de las muertes violentas suelen ser obra de uniformados. La de Río, tanto de la ciudad como del Estado, ha destacado durante años a nivel nacional por su alto. La creciente incorporación de cámaras en los uniformes ha contribuido a reducir las muertes en enfrentamientos a tiros con criminales.
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México.-La historia de Zhi Dong Zhang se parece más a la de un agente doble durante la Guerra Fría que a la de un capo chino del fentanilo. Acusado de mover miles de kilos de droga y de blanquear millones de dólares a través de una organización criminal con tentáculos en medio mundo, Zhi Dong fue detenido en otoño del año pasado en Ciudad de México. Es un objetivo prioritario para Estados Unidos y todo parecía listo para su inminente extradición. Pero este verano escapó y dio comienzo una peripecia por varios países en un desesperado intento por esquivar la justicia estadounidense.
La decisión del juez fue criticada incluso por la presidenta, Claudia Sheinbaum. En plena negociación de un acuerdo de seguridad con EE UU, que tiene al fentanilo como enemigo público número uno, la mandataria salió a defender los avances de su Gobierno en el combate contra el crimen y cargó contra la decisión judicial. “El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”. “¿Cómo es posible?”, insistió la mandataria, quien argumentó que su Gobierno ha estado insistiendo “en la corrupción del Poder Judicial”. El mismo juez de la capital que dio la polémica orden de mandar a Zhi Dong a arresto domiciliario hizo lo mismo con el exprocurador general, Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa.
La fuga del narco chino sucedió además en un momento especialmente delicado. Seis días antes, un tribunal federal de Georgia había emitido nuevos cargos contra Zhi Dong. En concreto, le acusan de lavar, solo entre los años 2020 y 2021, al menos 20 millones de dólares en Estados Unidos, a través de una compleja trama de más de 150 empresas fantasma y 170 cuentas bancarias.
Célula mexicana, célula china
El cerco sobre Zhi Dong se estrechó tras la detención reciente de uno de sus operadores, Ruipeng Li, al que le confiscaron cientos de documentos bancarios vinculados con Zhi Dong. Según la denuncia del tribunal de Georgia, a la que ha tenido acceso este diario, Li explicó a las autoridades estadounidenses cómo estaba organizado el negocio criminal. Por un lado, una célula mexicana se encargaba de recolectar el dinero de la venta de droga a los traficantes finales. Por otro, una célula china se dedicaba a recibir ese dinero negro y lavarlo a través de la red de empresas y cuentas bancarias.
La denuncia recoge un listado exhaustivo de los pagos por goteo que se realizan en distintas cuentas y en diferentes Estados: Georgia, California, Illinois, Nueva York, Michigan. Siempre por sumas que no superaban los 100.000 dólares y siempre en entidades solventes como Bank of América, JP Morgan o Wells Fargo. Según la denuncia, porque “esos bancos están acostumbrados a recibir altas sumas de dinero sin hacer demasiadas preguntas”. La mayoría de las transacciones eran a favor de la empresa Mnemosyne International Trading Inc, una de las compañías fachada vinculadas a Zhi Dong.
La investigación de la DEA incluye la intervención de llamadas y mensajes, así como seguimientos a las casas de seguridad donde resguardaban la droga. Zhi Dong utilizaba palabras clave para comunicarse con sus cómplices. “Coffee” significaba fentanilo. “Food”, cocaína. Los cálculos sobre la cantidad total de droga que la organización transportaba de México a EE UU ascienden a más de 1000 kilos de cocaína y casi 2.000 de fentanilo.
La denuncia judicial incluye también una descripción de Zhi Dong. Nacido en Pekín en 1987. Algo más de un metro setenta de estatura y unos 80 kilos. Pelo negro y ojos marrones. Alías: Brother Wang, El Chino, Tocayo, Pancho y Nelson Mandela. El enigmático capo chino usaba diferentes identidades y pasaportes falsos para moverse sin levantar sospechas entre América, Asía y Europa. Hasta su fuga de Ciudad de México y su intento de entrada en Rusia y posterior destino en Cuba. Las andanzas de Zhi Dong parece que esta vez están más cerca de acabar en una prisión estadounidense.
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