Santo Domingo, RD.-Cerca de 500 funcionarios no habían entregado su declaración jurada en abril ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana, según los archivos de la institución cortados a abril del año en curso.Nacionales
Sobrepoblación en cárceles es de hasta un 700% del límite
La grave situación tiene un reflejo dramático en La Victoria
SANTO DOMINGO. La superpoblación carcelaria en el país se coloca hasta en un 700%, con respecto a la capacidad instalada de los recintos, cuyas construcciones datan desde la década de los años 30 y 40 del siglo pasado.
Las cárceles más viejas, unas 26 en total, fueron construidas entre 1932 y 1986 con capacidad para poco más de 5,000 reclusos.
Sin embargo, se les fueron agregando recintos hasta alcanzar la cantidad de 38, incluyendo los del nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Informes de organismos internacionales colocan la capacidad del sistema penitenciario dominicano en 9,210 reclusos, en comparación con el desbordante crecimiento poblacional, que dentro de la prisión se coloca en 26,305 privados de libertad actualmente, lo cual triplica su límite.
La penitenciaría nacional de La Victoria, construida en el año 1952 por el régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo para 1,000 reclusos, actualmente tiene una población 8,555 presidiarios, más de siete veces superior a la capacidad máxima.
Construida en 1994 para albergar 700 reos, Najayo cuenta con 1,798 hombres y 303 mujeres, cuya sobrepoblación se coloca en un grado tres veces más alto que su origen. Pedernales tuvo su cárcel en 1932, con capacidad instalada para 20 reclusos. Sin embargo, la cifra se coloca en 75 privados de libertad.
Una muestra de la enorme cantidad de personas ocupando estrechos espacios tras las rejas, lo refleja el penal de La Vega, hecha en 1951 para 500 presos. Sus 1,538 imputados representan más de un 300% en el desbordamiento de su capacidad instalada.
El penal de Cotuí, que junto a la de Pedernales es una de las cárceles más viejas, ambas construidas en 1932, fue edificada para 186 presidiarios.
Los 742 reos alojados en su espacio representan un 400% de sobrepoblación carcelaria allí.
La cárcel de Montecristi data de 1935, edificada para 75 prisioneros, pero los 420 cautivos significan un número casi seis veces superior a la cifra de su capacidad.
Azua tiene su cárcel vieja levantada en 1940 para ser ocupada por 40 reclusos, pero los 149 que tiene reflejan un nivel elevado en casi un 400% de tu tope.
Otras cárceles cuya capacidad desborda su límite desde un 200 hasta un 400% son las de San Juan de la Maguana, Santiago Rodríguez, Nagua, Barahona, El Seibo, Higüey, Baní, Samaná, kilómetro 15 de Azua, Departamental de San Francisco de Macorís y Operaciones Especiales.
De los 26,305 reclusos que hay actualmente en las 38 cárceles del país, 17,017 pertenecen al modelo tradicional, que corresponden a 19 recintos que operan bajo el nuevo esquema penitenciario. Eso equivale al 64.7% del universo de los reclusos del sistema penitenciario del país.
Mientras que 18 cárceles han sido convertidas en centros de corrección y rehabilitación y cuentan con una población de 9,288 reclusos, lo cual se traduce en un 35.3% de los cautivos.
El nuevo modelo penitenciario
Los centros del nuevo modelo son San Felipe, Puerto Plata, el primero que entró al sistema en el 2004; Dajabón, Najayo-Mujeres, Haras Nacionales, Rafey Hombres, Monte Plata, Valverde, Rafey Mujeres, Elías Piña, Vista al Valle, San Pedro de Macorís, La Isleta Moca, Anamuya en Higüey yBaní Mujeres.
Asimismo, Cucama, en La Romana, El Pinto en La Vega, Modelo de Najayo y Abierto Femenino Sabana Toro.
diariolibre.com
La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de funcionarios que figuran en “cese de funciones”
Santo Domingo, RD.-Cerca de 500 funcionarios no habían entregado su declaración jurada en abril ante la Cámara de Cuentas de República Dominicana, según los archivos de la institución cortados a abril del año en curso.No obstante, la institución presenta en un registro posterior la entrega de 90 declaraciones juradas extemporáneas entregadas por funcionarios ante la Procuraduría General de la República en fecha del febrero y abril de este mismo año.
La mayoría de los casos de incumplimiento, más de 400, son de funcionarios que figuran en “cese de funciones”, es decir, que ejercían funciones públicas antes o hasta del 2020.
Hay al menos 59 funcionarios activos, nombrados por decreto, que aparecían en abril en la lista en la casilla “primera vez” que declaran con la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio.
Cerca de 10 funcionarios aparecen en la casilla de “actualización de datos”, pero no se señala su estatus al día de hoy, en la lista de la Cámara de Cuentas, publicada en su portal de la web en un documento de 71 páginas.
Lo último que se registra en la página como reclamo del titular de la Cámara de Cuentas, Janel Andrés Ramírez Sánchez, es una carta que envió el 25 de junio de 2021a la Procuraduría General de la República con una lista anexa con los nombres de los funcionarios omisos ratificados o cesantes y en la que recuerda que estos son pasibles de las sanciones contenidas en el artículo 14 de la referida norma, incluyendo aquellos que presentaron su declaración tardía.
La Ley 311-14 obliga a los funcionarios salientes y a los entrantes a presentar dentro de los primeros 30 días de salida o su nombramiento su declaración jurada y a entregar una actualización de su patrimonio en el momento que se le requiera.
En otra lista, de funcionarios electos, omisos, también con fecha de abril de este año ubica a una senadora y a regidores, un alcalde y a un vicealcalde. El documento de 420 páginas presenta los nombres de 3,775 funcionarios públicos.
La Ley 311-14 obliga a los funcionarios a entregar su declaración jurada ante la oficina de evaluación y fiscalización del patrimonio de los funcionarios públicos, de la Cámara de Cuentas, la cual a su vez tiene la misión de comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas y de controlar el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada por parte de los funcionarios que la presente ley obliga a realizar.
Sanciones
¿Qué dice el artículo 14?
El artículo 14, del capítulo III de la Ley 311-14, sobre sanciones por omisión de declaración establece que “el servidor público en funciones que esté obligado a presentar declaración jurada de su patrimonio y no obtempere dentro del plazo establecido en esta ley u omitiere declarar algún bien, incurrirá en faltas graves o de tercer grado, según sea el caso”.
Mientras que en el artículo 15, sobre falseamiento de datos, quien incurra en esta falta será sancionado con prisión de uno a dos años y multa de veinte a cuarenta salarios mínimos del Gobierno Central.
Patrimonio
Los artículos 16, 17 y 18, 19 hablan de la prueba del origen del patrimonio, de destino del patrimonio decomisado, enriquecimiento ilícito y de la facultad de investigación por presunción.
De manera expresa el artículo 16 señala que cualquier funcionario público, obligado por esta ley, está en la obligación de probar el origen lícito de su patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente.
Precisa que en caso de que el origen del patrimonio no pueda ser probado, la autoridad competente puede accionar en justicia y promover la confiscación de los bienes no probados..
La referida legislación fue aprobada en octubre de 2014.
Aunque el debate central está enfocado en la elección de los presidentes y bufetes directivos de ambas cámaras legislativas, en las vocerías de algunos partidos aparece la renovación y el recambio generacional
Santo Domingo, RD.-A pocos días del 16 de agosto, el Congreso Nacional se encuentra sumergido en un proceso interno de renovación y cambio de sus principales figuras.Aunque el debate central está enfocado en la elección de los presidentes y bufetes directivos de ambas cámaras legislativas, en las vocerías de algunos partidos aparece la renovación y el recambio generacional.
“No hay nadie 100 por ciento asegurado en su cargo”, afirman varios legisladores consultados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene a su vez la mayoría y control de ambas cámaras legislativas.
Y es que al cumplirse exactamente dos años en el cargo, no ha habido variación alguna, tanto en la vocería como en las presidencias de ambos órganos legislativos, algo que podría suceder tras la reunión de hoy en el seno del PRM.
Por un lado, está Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien a poco de finalizar la última legislatura logró consensuar y aprobar la Ley de Extinción de Dominio, acción que le valió el halago de legisladores de todas las bancadas de ese órgano legislativo y otras personalidades políticas.
Sumado a esto, a la fecha ningún otro legislador de la Cámara Baja ha expresado públicamente su intención de enfrentar a Pacheco en una contienda electoral.
En la vocería del PRM se encuentra el diputado Julito Fulcar, hermano del saliente ministro de Educación, quien ha mantenido una labor discreta dirigiendo a los legisladores oficialistas.
Públicamente, algunos diputados han dicho que buscan ocupar esa posición, como el caso de Eugenio Cedeño, representante de La Romana.
En lo que respecta a la oposición, dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gustavo Sánchez anunció que no optaría por repetir en el cargo de vocero tras más de una década, y la organización decidió colocar en su lugar a Juan Julio Campos.
Un hecho similar sucedió en la Fuerza del Pueblo, donde el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, fue sustituido por Omar Fernández, hijo del presidente de esa organización política.
Diferencias en el Senado
El punto caliente dentro de los debates por la escogencia de los nuevos presidentes se sitúa en el Senado, ante la oposición de más de la mitad de los senadores oficialistas a la continuidad de Eduardo Estrella.
Estrella, quien representa al Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), es aliado del PRM y ha estado presidiendo el Senado desde inicios del actual tren legislativo.
No obstante, ante la cercanía del 16 de agosto, unos 13 senadores firmaron una carta pidiendo al presidente de la República, Luis Abinader, que considerara elegir a un miembro del partido por encima de Estrella.
Aplazamiento de la decisión
Objetan a Estrella.
Las diferencias con los senadores del PRM ha provocado el aplazamiento de la decisión. Senadores que buscan cambiar al presidente han reiterado que respetarán “la decisión del partido”.
Faride no seguirá.
Ayer se conoció que Faride Raful, senadora del Distrito Nacional, no se presentará otra vez como vocera del PRM.
Voceros PLD.
Mientras el PLD decidió mantener a su vocero Yván Lorenzo, y Fuerza del Pueblo a Dionis Sánchez.
Santiago, RD.-Un negocio propiedad del imputado en el caso Falcón, Alberto de Jesús Polanco, fue allanado en Santiago este miércoles por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).Sin embargo, el abogado del imputado, Mayobanex Peña, se mostró sorprendido ante este accionar de las autoridades, asegurando que su cliente es una persona “honesta” con trayectoria “incuestionable”, añadiendo además que el establecimiento en cuestión tenía tiempo cerrado.
“Ese negocio tiene un buen tiempo cerrado y lo que queremos saber es (qué está pasando), porque estamos sorprendido ante esta situación”, indicó.
Asimismo, afirmó que todavía no sabe la razón detrás del allanamiento, indicando que estaba esperando que el Ministerio Público, a través de uno de sus representantes, le notifique.
“Lo que nos han dicho es que es un proceso de investigación, la magistrada está adentro, estamos esperando a que salga a ver de qué se trata”, expresó.
No obstante, según reportes locales, no es la primera vez que el negocio ha sido allanado por la DNCD y el Ministerio Público.
¿Estaba cerrado?
Aunque Peña aseveró que el referido negocio, llamado Inversiones Prieto de Jesús SRL, tenía un “buen tiempo cerrado”, al lugar se presentaron personas que afirmaron ser empleados del establecimiento.
Una de estas personas, quien no quiso ser identificada, dijo que las autoridades ingresaron a la empresa “sin ningún tipo de autorización” y sin la presencia de los propietarios de la compañía.
¿De qué se le acusa al dueño?
El propietario del referido negocio es Alberto de Jesús Polanco, alias “El Prieto”, quien figura en el expediente del Caso Falcón.
En este documento los fiscales detallaron que “El Prieto” era uno de los encargados de administrar parte de los negocios de las cabecillas de la supuesta red criminal, Erick Randhiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales.
Falcón
Es una investigación del Ministerio Público en la que acusan a 21 ciudadanos de incurrir en operaciones de narcotráfico y lavado de activos.
De acuerdo a las autoridades, ya en 2012 esta presunta red traficaba con al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.
Con el dinero del narcotráfico la organización adquiría negocios de entretenimiento, estaciones de gasolinas, bancas de apuestas, remodelación de inmuebles, agencias de ventas y compras de vehículos, para justificar las fortunas que acumulaban sus integrantes, de acuerdo con el Ministerio Público.
Los imputados
Además de los anteriormente citados, los fiscales también acusaron en su expediente a María Olimpia Tavares Rodríguez, Juan Maldonado Castro, Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia, Julio César Jiménez Talavera, Juan Bautista Carpio Reynoso, José Alejandro de la Cruz Morales, Raúl Antonio Castro Mota.
Igualmente, mencionan a Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Castro, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras, Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rogríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez y Felipe Espino Germán.