Nacionales
Sobrepoblación en cárceles es de hasta un 700% del límite
La grave situación tiene un reflejo dramático en La Victoria
SANTO DOMINGO. La superpoblación carcelaria en el país se coloca hasta en un 700%, con respecto a la capacidad instalada de los recintos, cuyas construcciones datan desde la década de los años 30 y 40 del siglo pasado.
Las cárceles más viejas, unas 26 en total, fueron construidas entre 1932 y 1986 con capacidad para poco más de 5,000 reclusos.
Sin embargo, se les fueron agregando recintos hasta alcanzar la cantidad de 38, incluyendo los del nuevo modelo de gestión penitenciaria.
Informes de organismos internacionales colocan la capacidad del sistema penitenciario dominicano en 9,210 reclusos, en comparación con el desbordante crecimiento poblacional, que dentro de la prisión se coloca en 26,305 privados de libertad actualmente, lo cual triplica su límite.
La penitenciaría nacional de La Victoria, construida en el año 1952 por el régimen dictatorial de Rafael Leonidas Trujillo para 1,000 reclusos, actualmente tiene una población 8,555 presidiarios, más de siete veces superior a la capacidad máxima.
Construida en 1994 para albergar 700 reos, Najayo cuenta con 1,798 hombres y 303 mujeres, cuya sobrepoblación se coloca en un grado tres veces más alto que su origen. Pedernales tuvo su cárcel en 1932, con capacidad instalada para 20 reclusos. Sin embargo, la cifra se coloca en 75 privados de libertad.
Una muestra de la enorme cantidad de personas ocupando estrechos espacios tras las rejas, lo refleja el penal de La Vega, hecha en 1951 para 500 presos. Sus 1,538 imputados representan más de un 300% en el desbordamiento de su capacidad instalada.
El penal de Cotuí, que junto a la de Pedernales es una de las cárceles más viejas, ambas construidas en 1932, fue edificada para 186 presidiarios.
Los 742 reos alojados en su espacio representan un 400% de sobrepoblación carcelaria allí.
La cárcel de Montecristi data de 1935, edificada para 75 prisioneros, pero los 420 cautivos significan un número casi seis veces superior a la cifra de su capacidad.
Azua tiene su cárcel vieja levantada en 1940 para ser ocupada por 40 reclusos, pero los 149 que tiene reflejan un nivel elevado en casi un 400% de tu tope.
Otras cárceles cuya capacidad desborda su límite desde un 200 hasta un 400% son las de San Juan de la Maguana, Santiago Rodríguez, Nagua, Barahona, El Seibo, Higüey, Baní, Samaná, kilómetro 15 de Azua, Departamental de San Francisco de Macorís y Operaciones Especiales.
De los 26,305 reclusos que hay actualmente en las 38 cárceles del país, 17,017 pertenecen al modelo tradicional, que corresponden a 19 recintos que operan bajo el nuevo esquema penitenciario. Eso equivale al 64.7% del universo de los reclusos del sistema penitenciario del país.
Mientras que 18 cárceles han sido convertidas en centros de corrección y rehabilitación y cuentan con una población de 9,288 reclusos, lo cual se traduce en un 35.3% de los cautivos.
El nuevo modelo penitenciario
Los centros del nuevo modelo son San Felipe, Puerto Plata, el primero que entró al sistema en el 2004; Dajabón, Najayo-Mujeres, Haras Nacionales, Rafey Hombres, Monte Plata, Valverde, Rafey Mujeres, Elías Piña, Vista al Valle, San Pedro de Macorís, La Isleta Moca, Anamuya en Higüey yBaní Mujeres.
Asimismo, Cucama, en La Romana, El Pinto en La Vega, Modelo de Najayo y Abierto Femenino Sabana Toro.
diariolibre.com
Nacionales
Asignan tribunal donde se conocerá apelación contra los hermanos Espaillat por caso Jet Set
Santo Domingo, R.D.-La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha sido apoderada para conocer los recursos de apelación interpuestos contra la decisión que dejó en libertad a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes están acusados de homicidio involuntario en el caso de la tragedia de la discoteca Jet Set.
El tribunal fue designado por el presidente de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Canó Alfau, mediante un sorteo aleatorio computarizado.
Ahora corresponde a esta sala dictar el auto de fijación de audiencia y notificar al Ministerio Público, a la defensa de los imputados y a los querellantes constituidos en actor civil.
Postura del ministerio público
El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos Castillo, interpusieron el recurso de apelación.
Sostienen que el Ministerio Público no está de acuerdo con las medidas impuestas por la jueza Veloz, al considerar que no son proporcionales a los hechos imputados a los propietarios de la discoteca Jet Set y que no cumplen con el fin de evitar la intimidación de testigos.
En su instancia, el Ministerio Público solicita a la Corte de Apelación que se imponga prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para su hermana Maribel, considerándolas las medidas de coerción más idóneas para los fines de la investigación.
La solicitud de una medida menos gravosa para Maribel se debe a que, según el Ministerio Público, ella tenía un control menos operativo que Antonio Espaillat, quien era el principal gerente de la entidad comercial y, por ende, su responsabilidad era mayor que la de su hermana.
Apelación de los querellantes
Los abogados de los querellantes también recurrieron en apelación la decisión, incluyendo a Félix Portes Núñez, quien representa a unos 30 afectados.
La madrugada del 19 de junio, la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, estableció medidas de coerción a Antonio y Maribel Espaillat. Estas consistieron en una garantía económica de 50 millones de pesos para cada uno, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del martes 8 de abril. La tragedia resultó en el fallecimiento de 236 personas, incluyendo al merenguero Rubby Pérez, y dejó a más de 180 heridos.
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader manifestó que se reunirá con el exmandatario Hipólito Mejía el próximo viernes en la mañana para discutir sobre la crisis sociopolítica que afecta a Haití, y sus efectos en República Dominicana.
Los detalles sobre el lugar y la hora en la que ocurrirá la reunión formal serán informados “más adelante” por la Dirección de Prensa de la Presidencia de la República.
Nacionales
Gobierno: “Cartel de Sinaloa no tiene operaciones de narcotráfico en la República Dominicana”
Santo Domingo, R.D.-Durante la pasada semana las autoridades dominicanas, en conjunto con la división del Caribe de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) pusieron en marcha un operativo en búsqueda de desmantelar la banda “Los Rugrats” la cual fue identificada como una “célula armada” del Cartel de Sinaloa.
Por el caso, fue apresado Yeyson Rojas Mosquea en Cotuí, contra quien se solicitó prisión preventiva como medida de coerción; mientras que fueron señalados como prófugos de la justicia local e internacional a Carlos Alberto Páez Pereda, Luis Alfonso Páez Pereda, Daniel Hiram Jáquez Ortega y César Eduardo González Zavala.
Al ser cuestionado sobre el caso en LA Semanal de este lunes, el presidente Luis Abinader indicó que no hay operaciones de narcotráfico llevadas por el Cartel de Sinaloa en el país.
“El Cartel de Sinaloa no tiene operaciones de narcotráfico en la República Dominicana”, exclamó, categóricamente, el mandatario.
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, señaló que ninguno de los identificados como prófugos de la justicia se encuentra actualmente en el país.
“Nosotros queremos recordarles que el 16 de febrero pasado intentó estar en el país un miembro operativo del Cartel de Sinaloa y fue apresada y entregada a las autoridades norteamericanas. Con relación a las dos personas que estuvieron en el país a principio de año, al momento de su ingreso no existía ninguna alerta internacional contra esas personas ni de Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) ni de los Estados Unidos”, manifestó Cabrera Ulloa.
El mismo resaltó que en República Dominicana “no hay espacio” para el crimen organizado y que lograron identificar en “tiempo record” la presencia de esos miembros del Cartel de Sinaloa en el país.
“En tiempo record después que pasó el hecho en Cotuí, en conjunto de la Policía Nacional y organismos internacionales, determinar que esas personas habían estado aquí y ya habían salido hacia México, con escala en Colombia, lo que confirma que nosotros hemos dado una respuesta efectiva. Esta mañana yo recibí una llamada de Washington donde nos decían que el país debía de sentirse orgulloso porque casos como este a ellos les toma tres años, dos años y medio para llegar a una conclusión”, explicó el presidente de la DNCD.
El Ministerio Público le atribuye a esta célula haber ordenado y pagado el asesinato del teniente policial retirado Juan Luis Castro Custodio (alias «el Polín») y el intento de asesinato de José Francisco Del Orbe Peña (alias «Gueilón»), ocurridos el 10 de febrero de 2025 en el sector Cocos del municipio Cotuí.