Opinión
¿Son las constituciones breves excluyentes?
Por Rosario Espinal
En su artículo del pasado viernes 1 de mayo en el periódico HOY, Eduardo Jorge Prats refutó algunos planteamientos de mi artículo “Castillo de arena”, publicado el miércoles 29 de abril también en HOY.
Los principales temas disentidos se refieren al tamaño de la Constitución y su carácter de avance o retroceso social.
Planteé que prefiero las constituciones breves que se sostienen en el tiempo por su calidad y respeto; y también, que la Constitución Dominicana de 2010 representa un retroceso en asuntos importantes como los derechos reproductivos, derechos de ciudadanía, el sistema de justicia y la reelección.
Según Jorge Prats, las constituciones breves como la de Estados Unidos pertenecen al siglo 19 y dejaron de ser breves por ser excluyentes. Es decir, en la medida que las sociedades se hicieron más plurales y aumentaron las demandas ciudadanas se ampliaron los textos constitucionales.
Su planteamiento es aplicable a muchas constituciones, pero no es del todo cierto; ni tampoco hay una causalidad necesaria entre el tamaño de la constitución y el avance democrático. Veamos.
La Constitución de Estados Unidos data de fines del siglo 18 y se ha modificado poco. Tiene 34 artículos sumando los artículos originales, la Carta de Derechos y las enmiendas; y la edición de bolsillo pesa menos que un celular. La Carta de Derechos ha sido fundamental en el siglo 20 y 21 para ampliar derechos ciudadanos y lograr mayor inclusión social, aun ante la oposición conservadora. Ahí están por ejemplo los derechos a favor de las minorías raciales; los derechos laborales y reproductivos de las mujeres; y los derechos emergentes de las minorías sexuales. No puede decirse entonces que por ser breve la Constitución de Estados Unidos estancó las conquistas democráticas de una sociedad plural donde coexisten diferentes concepciones ideológicas.
La Constitución Dominicana de 2010 tiene 277 artículos y abultaría cualquier bolsillo. Establece derechos sobre muchos temas y para muchos grupos; derechos que la ciudadanía con justa razón reclama, pero que no se cumplen aún estén constitucionalizados.
Y es que precisamente, las constituciones latinoamericanas, incluida las dominicanas, son extensas porque el Estado se ha mostrado históricamente incapaz de garantizar derechos; y para compensar su irresponsabilidad, se escriben textos constitucionales grandilocuentes, produciéndose lo que una vez llamé “constituciones para ser violadas”.
No estoy abogando por un retorno al siglo 19 ni por la limitación de derechos ciudadanos. Abogo por constituciones que establezcan derechos democráticos fundamentales, y que de ahí emanen leyes y políticas públicas que hagan realidad esos derechos. Me opongo a las constituciones pomposas como la de 2010 que anuncian avances y producen retrocesos en temas vitales.
Por la importancia que tiene ahora el tema de la reelección reitero que la Constitución Dominicana de 2010 representa un retroceso. Una repostulación inmediata y nunca jamás es mejor para combatir el caudillismo que las repostulaciones indefinidas con un periódo de receso. Pero en República Dominicana establecer un sistema u otro no es producto de la racionalidad democrática sino de intereses particulares.
¿Qué señal de respeto a la Constitución envían Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina cuando los dos primeros la cambiaron para poder repostularse (uno a la carrera y el otro con fanfarria), y Medina intenta lo mismo?
¿Qué decir de esa Constitución promulgada en 2010 (no en el siglo 19) que pretende cercenar el derecho de la mujer a interrumpir un embarazo de alto riesgo o producto de una violación sexual? ¿Y qué decir de esa Constitución que aumentó el poder del Presidente en la selección de los jueces de las altas cortes? ¿Es eso avance? No.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.