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Estudiante haitiana murió por asfixia mecánica de acuerdo a la autopsia

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Santo Domingo, R.D.-Fue por asfixia mecánica que murió  Stephora Ann-Merci Joseph, de acuerdo al informe 552-2025 del Instituto Nacional de Ciencias Forenses fechado el 19 de noviembre, el cual ha sido dado a conocer muchos después de ocurrido el hecho.

De etiología médico legal indeterminada, el mecanismo de la muerte fue “insuficiencia respiratoria, la forma de producirse la muerte fue rápida”.

En el documento no se establece la hora de la muerte, ya que aunque en el relato fáctico del Ministerio Público se establece que los hechos comenzaron a las 9:45 de la mañana, el levantamiento del cadáver se produjo a las 2:05 de la tarde.

Según el Ministerio Público, “a las 9:44 de la mañana, la víctima se adentra a la piscina, caminando confiada». La piscina se encontraba sin ningún tipo de señalización y al momento en que llega a la mitad de la misma, la menor «se percató de que el nivel de agua era diferente y de inmediato empezó a hundirse y a hacer señas de auxilio con los brazos muestra de que se estaba ahogando».

El escrito del órgano acusador continúa explicando «que a las 9:45 (de la mañana) la menor de edad realizó gesto de desesperación, luchando por tomar aire, por mantenerse a flote, por sobrevivir».

En la solicitud de medida de coerción se establece que «mientras se estaba ahogando, la imputada Francisca Josefina Tavárez Vélez, camina por el borde de la piscina, justo al lado de la víctima y se desplaza sin siquiera voltear la cara, en cambio se dirige a la parte de la piscina donde está el jacuzzi y habla con unos niños que están ahí, regresando a la parte del gazebo, volviendo a pasar al lado de la víctima, sin que nada le llame la atención. Esta es una muestra extrema de la falta de cuidado y de la forma negligente irresponsable en la que las imputadas realizaron la supervisión del área de la piscina».

«Se ahogóse ahogó«, gritaba el menor, mientras llamaban a la imputada Vilma Altagracia Vargas Morel.

En su relato establece que durante esos 31 minutos la imputada Vilma Altagracia Vargas Morel utilizaba su aparato celular, sin ver lo que estaba pasando, siendo todo esto captado por las cámaras de seguridad del lugar.

El expediente revela un detalle estremecedor, cuando un empleado de la hacienda y varios estudiantes insistieron en llamar al 911 a las 10:20 a. m., la imputada Francisca Tavárez respondió: “No. Están llamando a la directora.”

Se llamó primero al colegio, no al sistema de emergencias. La madre tampoco fue informada de inmediato, la llamaron 1 hora 25 minutos después de que estaba muerta para decirle que se estaba vomitando.

La estudiante Stephora, de 11 años, murió en una excursión de un colegio.

La estudiante Stephora, de 11 años, murió en una excursión de un colegio.

 

Llamaron a madre más de una hora después

A la madre que llegó poco más de las 12:00 del mediodía le dijeron que su hija estaba viva bajo cuidados médicos. Le comunicaron la muerte 4 horas después de estar en la parte frontal de la hacienda.

Durante ese tiempo entraron unidades del DICRIM, del SWAT y una ambulancia…, pero nadie salió a hablar con la madre.

En su relato el Ministerio Público tampoco establece qué se hizo con la niña desde las 10:20 hasta las 2:05 de la tarde, cuando se hace el levantamiento del cadáver

Violación de los protocolos

El documento detalla que el colegio organizó la actividad llamada “Agasajo Guardia de Honor” violando la Orden Departamental 09-2009, que prohíbe terminantemente excursiones y actividades recreativas en ríos, playas, lagos y piscinas.

Pese a la prohibición, el centro aprobó la actividad, coordinada por las imputadas, para 87 estudiantes de entre 10 y 18 años, incluyendo a Stephora.

El lugar escogido fue Hacienda Los Caballos, un espacio que, de acuerdo al informe de la Defensa Civil, no contaba con salvavidas, señalización, rutas de evacuación ni protocolos de emergencia.

Sin verificar quién sabía nadar

Aunque los padres debían firmar una autorización para el uso de la piscina, el colegio nunca preguntó si los niños sabían nadar.

La propia madre de la niña declaró al Ministerio Público:

“Mi hija no sabía nadar. Yo pensaba que era una piscina de niños. Ellos no me dieron detalles”.

En el audiovisual se puede observar cómo un grupo de al menos cinco niños la ve mientras ella levanta las manos pidiendo ayuda al momento en que se está ahogando, ellos la señalan, pero nadie pide ayuda. De hecho, van hacia otros puntos de la piscina sin dar parte a las maestras, ni a ningún otro personal allí presente.

Las imputadas

La Fiscalía de Santiago depositó la solicitud de medida de coerción contra cuatro integrantes del equipo directivo y docente del colegio Leonardo Da Vinci, acusadas de homicidio involuntario, abandono y maltrato a menores.

Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del instituto Leonardo Da Vinci; Gisela Altagracia de las Mercedes González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Responsabilidad penal

El Ministerio Público sostiene que las cuatro imputadas actuaron con torpeza, negligencia e imprudencia extrema, incumpliendo su deber de cuidado y violando normas nacionales.

La calificación jurídica que ha dado el Ministerio Público es homicidio involuntario (art. 319 CP), abandono y maltrato a menores (art. 351-2 CP) y Violación al Código de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).

Para el Ministerio Público, la muerte de Stephora fue resultado directo de una excursión ilegal, en un lugar inseguro con falta total de supervisión, la omisión de auxilio y el incumplimiento de protocolos.

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Ministerio Público de Santo Domingo Oeste asegura muerte de Darlin Mercado no quedará impune

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Santo Domingo, R.D.-Edward Lopez,  titular de la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, llamó a la sociedad a confiar en la investigación que realiza sobre la muerte de Darlin Mercado Reyes por un agente de la Policía.

López aseguró que no permitirán que el crimen quede impune y que para ello se evalúa la conducta de los demás miembros de la patrulla policial que hacía la requisa de la motocicleta propiedad de la víctima.

Explicó que por esa razón se solicitó que el caso sea declarado complejo para profundizar las indagatorias y someter a cualquier otro miembro de la Policía responsable de la muerte de Mercado Reyes.

La información fue corroborada por el abogado de los padres de Darlin, quien dijo que los cinco miembros de la patrulla serían sometidos «en la medida que la investigación los pueda involucrar objetivamente».

El juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste envió a la cárcel Las Parras al cabo de la Policía imputado de disparar al joven Darlin Mercado el pasado viernes.

  • La prisión preventiva que se dispuso para el cabo José Francisco Moreta Heredia  de un año en la cárcel Las Parras, deberá ser en un área de máxima seguridad del penal, el cual está ubicado en el municipio San Antonio de Guerra, en la provincia Santo Domingo.

Previo al conocimiento de la medida de coerción, vecinos y parientes del joven se manifestaron demandando justicia y que no fuera enviado a Operaciones Especiales, en donde regularmente se dispone que cumplan la medida los policías.

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Envian a estudio en Cámara de Diputados modificaciones al Código Penal.

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Santo Domingo.- Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó la conformación de una comisión bicameral para el estudio de las modificaciones a la Ley 74-25, del nuevo Código Penal, y remitió a esa comitiva las propuestas que buscan cambiar artículos de la legislación.

El equipo de senadores y diputados estará integrado por todos los miembros de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara Baja; su presidente será Wandy Batista.

Por parte del Senado, los comisionados serian anunciados en la sesión convocada para hoy, a las 2:00 de la tarde. El vicepresidente de la bicameral será un senador.

Además de Batista, los diputados que conforman la comisión mixta son Sadoky Duarte, Rubén Darío Peñaló, Rosendy Polanco, Miguel Arredondo, Luis Gómez Benzo, Alcides Báez, José Alberto Jiménez, Jesús Manuel Sánchez, Eugenio Cedeño, Carolin Mercedes, Carmen William, Carlos de Pérez, Jorge Leonardo Tavárez y Ramón Mayobanex Martínez.

Se recuerda que este martes, frente a los cuestionamientos de sectores a artículos controversiales del nuevo Código Penal y la casi entrada en vigencia de la legislación, la Cámara de Diputados abrió un proceso de recepción y evaluación de propuestas “puntuales” sobre aquellos articulados, a fin de ver si puede modificar la norma antes de su aplicación, el próximo 3 de agosto.

El proceso de recepción de las observaciones comenzó ayer mismo, a las 2:00 de la tarde, y concluye el próximo miércoles 15 de julio. Estará abierto de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., en la Secretaría General Legislativa.

 

La Ley 74-25, del nuevo Código Penal, ha sido centro de debates en diversos escenarios desde que fue promulgada, aunque son más los sectores y actores que la aplauden. Los artículos 310 y 311, sobre el ultraje, son de los más atacados.

 

Los demás artículos son el 208 y 2010, que tratan la difamación y la injuria; el 315, que aborda la libertad de expresión; el 8, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas; el 9, que trata la responsabilidad compartida; el 12, sobre la comisión por omisión; y el 354, de la certificación falsa de estado de salud. También están los artículos del 46 al 49, sobre el cúmulo de pena; el 136, actividad sexual no consentida; el 173, discriminación; entre otros.

Varios legisladores han sometido iniciativas de modificación en algunos de esos artículos. El Poder Ejecutivo contiene, además, un proyecto de ley que someterá “en lo adelante”.

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Cabo que mató a joven en Herrera recibe 12 meses de prisión preventiva.

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Santo Domingo Oeste. Doce meses de prision preventiva dictó este miércoles un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, presidido por el juez Reyes Rodriguez,  contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, acusado de causar la muerte del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante un incidente ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera. La decisión fue adoptada por el juez Reyes Rodríguez.

El magistrado dispuso que el agente cumpla la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra. Asimismo, declaró el proceso complejo con el propósito de ampliar el tiempo de investigación y determinar si otros miembros de la patrulla o de la Policía Nacional tuvieron participación en el hecho.

La solicitud de prisión preventiva fue presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Edward López.

Al concluir la audiencia, el padre de la víctima, Noel Mercado, expresó su conformidad con la decisión judicial, al considerar que representa un paso hacia la búsqueda de justicia por la muerte de su hijo.

Por su parte, el abogado de la familia, Bunel Ramírez, informó que el tribunal también ordenó medidas de protección a favor de los familiares de la víctima y de los testigos del proceso, incluyendo una orden de alejamiento. Además, instruyó al Ministerio Público a garantizar seguimiento psicológico y asistencia profesional a las personas afectadas por el caso.

Sobre la muerte del joven

Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, falleció el pasado 3 de julio tras recibir un disparo en el tórax presuntamente realizado por el cabo José Francisco Moreta Heredia durante un operativo policial.

Según la imputación presentada por el Ministerio Público, el agente realizaba labores de patrullaje mientras requisaba a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de la víctima. En ese momento, Darlin se acercó para informar que el vehículo le pertenecía, pero, de acuerdo con la acusación, el cabo le disparó sin mediar palabras, provocándole la muerte.
La muerte del joven generó indignación entre los residentes de La Cañada de Guajimía, quienes realizaron protestas, incendiaron neumáticos y bloquearon varias vías en reclamo de justicia.

Tras el hecho, el cabo fue puesto a disposición del Ministerio Público, mientras que la Policía Nacional informó que su Dirección de Asuntos Internos abrió una investigación para establecer las responsabilidades correspondientes dentro de la institución.

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