Más Noticias
Diputada acusada de lavado de activos en la hora cero para recibir condena.
Santo Domingo, R.D.-La libertad de la diputada Rosa Amalia Pilarte, acusada de lavar miles de millones de pesos, ya sólo depende de la sentencia que habrá de emitir este martes la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que dejó en estado de fallo el pedido del Ministerio Público de si condena o no a 10 años de prisión a la legisladora.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por María Garabito, Nancy Salcedo Fernández, Fran Soto y Francisco Ortega Polanco, se reservó el fallo para darlo a conocer mañana martes a las 3:00 de la tarde.
El tribunal se reservó el fallo, luego de escuchar las conclusiones del dictamen del ministerio público y las conclusiones de los abogados de la defensa de la legisladora, doctores Luis Leonardo Félix, Amado Gómez y Estaban Pérez.
Además, solicitaron que la imputada pague como multa 400 salarios mínimos y que le sean decomisados todos sus bienes a favor del Estado dominicano, así como que la prisión sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, en Santiago.
Igualmente, que se le ordene su inhabilitación permanente para desempeñar funciones, prestar servicios o ser contratada por entidades de intermediación financiera participante del mercado de valores y entidades públicas, por violar varios artículos de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamientos del Terrorismo en la República Dominicana.
Mientras que la defensa de la legisladora ante ese pedimento, consideran que el discurso del Ministerio Público fue “muy bonito”, sin embargo, carece de fundamentos para que dicha condena solicitada sea aprobada.
En ese sentido, solicitaron al tribunal declararla no culpables de los hechos que se le imputan y exponerla toda responsabilidad penal, al considerar que el ministerio público no ha podido demostrar que el patrimonio de Pilarte proviene de lavado de activos.
Manifestó que tener dinero no es un ilícito y que es el Ministerio Público quien tiene que probar que el dinero viene de un ilícito.
Santo Domingo, R.D.-Unos 34 recursos directos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) han sido acogidos por el órgano facultado para garantizar el apego de las disposiciones y leyes a la carta magna y a la protección de los derechos fundamentales, el cual está obligado a poner por encima el derecho internacional y continental sobre el derecho interno en materia de derechos humanos.
Según la página web de consulta de este organismo extrapoder, desde enero de 2020 al 26 de diciembre de 2024, se han conocido aproximadamente 148 recursos de acción directa de inconstitucionalidad, que es un procedimiento que busca declarar contraria a la Constitución alguna disposición normativa.
En estos cuatro años, 34 acciones han sido acogidas por la alta corte, lo que significa que en el 22.9 % de los casos, el TC ha tenido que declarar no conforme con la Constitución uno o varios artículos de una ley.
El año en el que se fallaron más acciones directas de inconstitucionalidad fue el 2021, con 38 sentencias. Asimismo, el año con menos decisiones en esta categoría fue el 2024.
El presidente del TC, Napoleón Estévez Lavandier, informó que, hasta el 6 de noviembre del 2024, esa alta corte falló 976 expedientes.
Del total de casos resueltos, 242 fueron dictados en materia de amparo, lo que quiere decir que cerca del 25 % de las sentencias emitidas por esta institución fue relativo a derechos fundamentales.
El magistrado aseguró que los togados del Tribunal Constitucional han asumido la responsabilidad de ser los más altos garantes de los derechos y libertades de la ciudadanía.
La ley de la DNI
Uno de los casos más recientes en los que se ha declarado la inconstitucional una ley data del 6 de diciembre, cuando el TC anuló la Ley 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En la Sentencia TC/0767/24, acogió la acción incoada por partidos de oposición alega que afectaba un derecho fundamental de forma indirecta o incidental.
De acuerdo con el último resumen del Tribunal Constitucional, desde el 2012 al 30 de septiembre de 2024 se han recibido 10,201 casos y los jueces han logrado la aprobación y publicación en el portal web institucional de 7,823 recursos fallados.
Desde su puesta en funcionamiento, han sido fusionados unos 242 expedientes y la «revisión constitucional de sentencia de amparo» ha sido el proceso más destacado.
SANTO DOMINGO. Los directores de Elecciones, de Informática, del Voto dominicano en el Exterior, de Registro del Estado Civil, de la Cédula de Identidad Personal y Electoral y de Registro Electoral fueron ratificados por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE)
La el órgano explicó que la ratificación fue acogida sin objeciones por los principales partidos políticos del país, entre ellos el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo.
Además, otros partidos como la Alianza por la Democracia, el Movimiento Democrático Alternativo (MODA), la Unión Demócrata Cristiana y Dominicanos por el Cambio también respaldaron la decisión.
Este proceso de ratificación sigue la línea de la reciente reelección de cuatro de los cinco titulares de la JCE por parte del Senado en noviembre pasado, incluidos su presidente, Román Jáquez, y los miembros Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises, mientras que Hirayda Fernández Guzmán fue seleccionada por primera vez.
Con esta resolución, la JCE refuerza su estructura operativa y garantiza la estabilidad y transparencia en la administración de los procesos electorales y el registro civil del país.
Azua.-Un autobús con 70 haitianos indocumentados fue detenido por el Ejército en Azua cuando eran trasladados durante la madrugada de este viernes.
El autobús marca Hyundai, color blanco era conducido por un hombre identificado como Edward Aquino.
Mientras que en otro hecho, efectivos del Ejército detuvieron un carro Nissan Note, negro, conducido por el ciudadano Yoan Figuereo Encarnación, acompañado por José David Gómez, donde se trasladaban otros siete indocumentados, en el puesto de chequeo 15 de Azua.
Los conductores y el acompañante, serán entregados al Ministerio Público, mientras que los extranjeros a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes.