Opinión
Tanto cacarear la reforma fiscal
Por Rosario Espinal
Durante varios años el país ha estado sometido al cacareo sobre la reforma fiscal. Sin irnos muy atrás (porque hay más atrás), ya en el 2021 se debatía el tema y quedó anulado por las circunstancias de entonces: una pandemia, la inflación, la oposición en las redes a más impuestos, y la necesidad del PRM de preservar aprobación y estabilidad política al inicio del Gobierno.
En la campaña electoral de 2024 volvió a resurgir el tema, el mismo presidente Luis Abinader expresó que era necesario hacer la reforma, y en los meses de España Boba de la transición resurgió el tema. Opinaron funcionarios públicos, políticos de la oposición, economistas, y comentaristas en los medios y redes. Así se llegó a un supuesto consenso de que la reforma era necesaria, no así sobre qué reformar.
Y es que las dificultades para hacer una reforma fiscal son inmensas.
Primero, ningún Gobierno quiere pagar el costo político de aumentar impuestos, y por más que se disfrace, de eso se trata la reforma: recaudar más (mucho más) para que el Gobierno pague deudas, invierta en servicios públicos y en obras de infraestructura.
Segundo, aunque lo establezca la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012, es difícil un pacto (un consenso) porque los intereses económicos envueltos son antagónicos. Muchos empresarios quieren preservar subsidios y seguir evadiendo impuestos, mientras la clase asalariada en todos sus estratos carga pesado y no quiere más impuestos.
Tercero, en los últimos 20 años ha aumentado sustancialmente la clase media dominicana y se desarrollaron las redes sociales que dan voz: se quejan y hacen ruido. Ya este Gobierno lo vivió en el 2021.
Cuarto, en la postpandemia se produjo un aumento generalizado de precios que el pueblo dominicano ha asumido con estoicismo. Si a esa inflación se agrega ahora un aumento de impuestos, el descontento crecerá, y no hay forma adecuada de compensar a la clase media por un aumento de impuestos, ni siquiera a los pobres que tienen tarjetas de subsidios.
Quinto, la ineficiencia con que el Estado Dominicano opera (excesiva empleomanía, exenciones impositivas a vehículos de lujo para legisladores, barrilitos, cofrecitos, déficits del sector eléctrico, evasión fiscal, etc.), hace difícil legitimar ante el pueblo un aumento de impuestos.
Sexto, las reformas dolorosas es mejor hacerlas en el primer año de un nuevo gobierno, cuando se cuenta con un alto nivel de aprobación y se puede culpar al gobierno anterior. El PRM no pudo hacerla en el 2021-2022 por la pandemia y la inflación, y para el 2023 estaban en campaña. Ahora, como el PRM arrasó en las elecciones de 2024 y domina todos los poderes públicos, es el dueño de todo lo bueno y lo malo.
En mi opinión, el aumento de impuestos vendrá cuando el Gobierno no pueda posponerlo más porque la alternativa sería un mayúsculo desequilibrio macroeconómico.
O sea, será un acto de necesidad, no de consenso nacional, aunque el librito mande a hacerlo en época de estabilidad mediante un acuerdo político amplio.
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.