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Opinión

Tantos ministerios, altas cortes y legisladores

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Por Rosario Espinal

Cada presidente agrega instituciones y empleados para agrandar la red clientelar que ampara la legitimidad de los gobiernos dominicanos. Danilo Medina cerró algunas pequeñas oficinas, pero dejó el personal para ser reubicado en nuevos programas. Efecto ahorro: probablemente cero.

¿De dónde sale el dinero para costear este Estado abultado? De un pueblo que por más que le digan que la presión fiscal es baja no aguanta, en su mayoría, pagar más impuestos.

Comencemos por los ministerios. En un país pequeño de 10 millones de habitantes hay 21 ministerios. Reducir el número sería una decisión lógica, pero implicaría eliminar personal, y ahí se traba cualquier reforma del Estado Dominicano.

Por ejemplo, no se necesita un Ministerio de Deportes ni uno de Juventud, pero si no lo van a eliminar, podrían fusionarlos. El deporte escolar debe ser responsabilidad del Ministerio de Educación, y el resto de las actividades deportivas que incumben al gobierno sonfundamentalmente para jóvenes. Con estos ministerios fusionados se ahorraría con un ministro en vez de dos, seis vice-ministros en vez de 12, la mitad de los vehículos, gasolina, oficinas y directores regionales, secretarias y ayudantes.

Tampoco se necesita un Ministerio de la Presidencia y otro Administrativo de la Presidencia. Deberían fusionarse en un Ministerio de la Presidencia que abarque ambos. Ahí también se ahorraría reduciendo a la mitad muchos gastos.

En conclusión, de 21 ministerios, podrían reducirse a unos 15 que fueran más eficaces y económicos. Si predominara la racionalidad estatal, se haría, pero el clientelismo lo impide.

También deberían fusionarse dependencias del Estado que han crecido como yerba mala. Por ejemplo, la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) que creó Leonel Fernández para la construcción del Metro debe ser una dependencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o estar fusionada con otras entidades públicas destinadas a regular el transporte.

Veamos las altas cortes. La Constitución Dominicana de 2010 creó el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral en adición a la Suprema Corte de Justicia.

Tener 13 jueces en un Tribunal Constitucional en un país de 10 millones de habitantes es una aberración administrativa. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, un país de más de 300 millones de habitantes, tiene nueve jueces. Pero en República Dominicana hay 17 jueces en la Suprema Corte, 13 en el Tribunal Constitucional y 5 en el Superior Electoral (35 en total).

El Tribunal Constitucional lo hicieron gigante para acomodar facciones políticas, y el Tribunal Superior Electoral es innecesario porque habrá elecciones cada cuatro años. Fuera de algunas disputas electorales, los conflictos partidarios de naturaleza legal son mínimos, expulsiones casi siempre como escenifica ahora el PRD, por lo que debió especializarse una corte regular para tratar asuntos electorales cuando fuese necesario.

Todos esos ministerios y cortes tienen un funcionariado de altos sueldos, con vehículos caros, consumo de gasolina, secretarias y ayudantes, quieren edificios remodelados, y además, inventan lujosas pensiones como hizo la Junta Central Electoral.

¿Y qué decir del Banco Central, la Superintendencia de Bancos o el Banco de Reservas? De ahí salen millonarios los altos funcionarios.

Sobre el Congreso basta indicar que un sistema unicameral como tienen los países centroamericanos hubiese sido suficiente y más económico. Pero la nueva Constitución Dominicana aumentó (en vez de reducir) el número de diputaciones para acomodar más políticos, y mantuvo intacto el Senado. El número de provincias y municipios es también excesivo y agranda la nómina pública.

El pueblo dominicano no puede seguir costeando con más impuestos este abultado Estado para que un grupo se convierta en clase privilegiada por sus vínculos políticos.

 Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.

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Opinión

Basta de Palabras Vacías: Un Grito por Justicia y Transparencia

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Por Isaías Ramos

En medio de promesas gubernamentales de transparencia y lucha contra la corrupción, emerge una realidad ineludible: el pueblo dominicano sigue siendo testigo de cómo sus esperanzas son despojadas por una élite político-económica que se enriquece a costa de la dignidad y el esfuerzo de muchos.

El reciente anuncio del presidente Luis Abinader sobre la creación del Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción (SNTA) podría parecer un paso hacia la rectitud, pero desde nuestra perspectiva, esto es otra cortina de humo, un intento más de apaciguar el clamor popular con promesas que raramente se materializan en acciones concretas.

Este modelo de gobernanza, que favorece la explotación y saqueo  a través de prácticas extractivistas como las administradas por las AFP, ARS, y diversas concesiones y alianzas público-privadas, ha creado un ciclo de desigualdad que enriquece a unos pocos mientras deja a la mayoría luchando por sobrevivir.

Es evidente que la partidocracia dominante ha fallado en transformar nuestros sistemas de poder en entidades que realmente representen y sirvan al pueblo.

Como dominicanos, es nuestro deber no solo exigir transparencia y responsabilidad, sino también actuar para asegurar que estas no sean meras palabras. Casi 50 mil millones de dólares han sido tomados en préstamo durante la administración actual, y aún no hay una rendición de cuentas sobre cómo estos fondos han sido utilizados.

 Además, la producción y exportación de nuestro oro, un recurso natural que pertenece al pueblo, se mantiene en secreto, sin ofrecer a los ciudadanos la oportunidad de conocer lo que día a día se produce, se exporta y cómo se transfieren los beneficios al bienestar del pueblo. Estas son medidas simples que podría tomar para transparentar, pero la transparencia de la que habla esta clase política son solo palabras vacías.

El cambio necesario no es solo institucional, sino también cultural. Debe comenzar con un compromiso de cada dominicano para no solo esperar más de sus líderes, sino también para convertirse en un agente activo de cambio. Esto significa no solo votar, sino también participar en la vida cívica, estar informados y mantener a nuestros gobernantes responsables de cada acción que tomen.

Desde el Frente Cívico y Social, extendemos un llamado poderoso y urgente a todos los dominicanos: despertemos y tomemos las riendas de nuestro destino. Unamos nuestras voces y nuestras fuerzas para demandar y efectuar un cambio real. Es hora de transformar nuestro descontento en una fuerza constructiva que traiga justicia, desarrollo y prosperidad a nuestro país.

Trabajemos juntos para que el progreso y la prosperidad sean accesibles para todos, no privilegios de unos pocos. Luchemos por un país que no solo alcance su potencial económico, sino que también se convierta en un faro de justicia y equidad.

Al hacerlo, no solo estaremos salvando nuestra nación del ciclo de corrupción y miseria, sino que también estaremos honrando a Dios y a nuestra patria, respetando y defendiendo nuestra libertad como el pilar fundamental de nuestro futuro.

¡Es tiempo de actuar! Solo a través de nuestro compromiso y determinación, podemos lograr la transformación necesaria para vivir en un Estado que verdaderamente refleje nuestros valores más altos y aspiraciones.

Unámonos para construir un futuro en el que cada dominicano pueda vivir con dignidad y justicia bajo un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.

¡Despierta, RD!

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Opinión

Marcha Verde es todo pueblo con hambre y sed de justicia

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Por Edgard Paniagua

Marcha Verde fue un movimiento social que tuvo un origen espontáneo en las personas de Domingo Páez y Ricardo Nieves desde la emisora radial Z-101.

Este movimiento se fue desarrollando de esa misma forma en la mente y corazón de mucho pueblo.

Cuando llega el momento de la planificación de la Marcha, una persona donó a título personal 100 mil pesos, hasta donde he sabido, para temas de gorras, camisetas etc.

Y para evitar aportes que comprometiera, ni por te asomo al movimiento, en Asamblea se decidió no recibir aportes en dinero que sobre pasaran los RD$10 mil pesos.

Hubo aportes modestos de la diáspora, se hicieron rifas y esas cosas. Pero dinero directo de alguna ong’s local o extranjera no tengo registros.

Se designó un equipo de recaudación para que ejecutara las acciones pertinentes para obtener los fondos que cubrieran la actividad. El pueblo decidió aportar con sencillez y disposición de corazón.

Crecimiento

Marcha Verde prendió en el corazón de mucho pueblo, y a ella se fueron adhiriendo sindicatos, partidos de izquierda y partidos de derecha; iglesias evangélicas y católicos, la llamada sociedad civil en sus diferentes expresiones y colectivos, periodistas, etc. etc.

Todo pueblo con hambre y sed de justicia cerró fila con MV.

En la dinámica del movimiento se creó una estructura para organizar y coordinar ordenadamente las actividades. En esa estructura y con tanta diversidad política y de pensamiento se llegó al acuerdo de que nos unía:

  • Lucha contra la corrupción
  • Cero impunidad
  • Justicia independiente
  • Recuperación de lo robado.

Nadie se podía salir de esos 4 puntos que nos unían.

Sindicatos de choferes militaron y apoyaron.

El PRM militó y apoyó. El movimiento por el Cambio de Eduardo Estrella: el partido de Guillermo Moreno; el movimiento de Minou Tavares, Participación Ciudadana etc.

Todos apoyaron la Marcha y el Campamento que se montó frente al Congreso y la PGR.

Cómo se financia MV sus actividades? por la venta de productos y por la cooperación de personas. Hasta donde sé, se apoyaba en especias (agua, comida, transporte) no en dinero.

Se trató siempre que ningún partido ni sindicatos ni ideologías ni personas sobresalieran en el Movimiento. Solo debían sobresalir los 4 objetivos. Y la vocería sería rotatoria para evitar eso.

Sin embargo, era imposible que las figuras políticas de la oposición no sobresalieran por sí solas. Era inevitable que el PRM no capitalizara la mejor y mayor parte, pues era la única opción mayoritaria viable para sacar al PLD y tener mejores esperanzas.

Pero el PRM no era la mayoría, marchó cerca del millón de personas y el PRM no tuvo esa votación en sus elecciones internas. Pero era la única opción para sacar al PLD y a ellos el pueblo lo beneficio. Y ellos se beneficiaron de Marcha Verde.

El PRM empezó a ofrecer cargos a los voceros de MV, dieron carros a unos y a otros los encantaron con posiciones en el futuro gobierno.

Ya capitalizado con la MV el PRM se pone en mejor posición para las elecciones.

Pero dentro de MV, se había gestado un daño peor.

Un grupo sonsacó a las cabezas visibles (los que fungieron de voceros) para que renunciaran meses antes de las elecciones y conformarán un minúsculo grupo que se hizo llamar: Coalición Democrática.

Juan Bolívar Diaz lideró ese minúsculo grupo que en su salida a la arena política no pudo llenar el Auditorio Manuel del Cabral en la UASD.

Y de paso, en el mismo lanzamiento, con su moderador al frente (Ramon Colombo) se iniciaron los conflictos entre ellos mismos.

Pues Coalición Democrática, con la imagen de los voceros de MV que sonsacaron, les hicieron ver, hábilmente, al PRM que ellos le sumarían los votos que llevarían al PRM al poder.

Y así fue que todos consiguieron embajadas, direcciones generales y algunos carguitos de 4 y 5 categorías que le dieron a los antiguos voceros de MV

De ese minúsculo grupo de Coalición Democrática se siguió apostando a la desaparición de MV y así lo declaraban en sus charlas y conferencias. Querían dar paso a la ”Marcha Azul”

Actualidad

Ahora quieren penalizar a todo el movimiento de Marcha Verde por las acciones incorrectas del PRM y de los funcionarios que pertenecen a Coalición Democrática y que dañaron y traicionaron a MV desde dentro.

Las cosas no son así, como se dicen, y la verdad debe saberse.

Desde MV no se promovió a ningún partido ni a ningún candidato. Había un afán por no dejar sobresalir a nadie; excepto los 4 puntos que unía a la diversidad.

MV sigue siendo un Movimiento espontáneo que persigue todo lo que un ciudadano correcto e íntegro desea para su País, por tanto, MV es todo pueblo con hambre y sed de justicia.

No se puede minimizar a MV con el minúsculo y desaparecido grupo Coalición Democrática. Que solo se beneficiaron así mimos.

jpm-am

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Opinión

Decisiones preliminares ante la Corte Penal Internacional

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Por Rommer Santos Díaz

Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13  y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para  comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.

Dentro del  mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.

A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida,  a petición  del Fiscal, autorizar la investigación.

El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.

El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones  Preliminares,  de conformidad  con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.

Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación  con arreglo a lo dispuesto  en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.

El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido  de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias  cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas  importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.

Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del  artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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