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TC revoca sentencia que ordenaba a JCE registrar nacimientos de menores en Tamayo
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Constitucional (TC) revocó una sentencia que obligaba a la Junta Central Electoral (JCE) a disponer la inscripción de tres menores de edad en el registro civil de Tamayo, hijos de padre dominicano y madre haitiana, quienes denunciaron que permanecían en un «limbo jurídico».
Pese a la decisión mayoritaria, los magistrados Army Ferreira y Amaury Reyes Torres emitieron votos salvados, expresando fuertes discrepancias con los argumentos que fundamentaron el fallo.
La alta corte tomó la decisión tras declarar admisible un recurso de revisión interpuesto de manera parcial por la JCE contra la sentencia de la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA), la cual había fallado originalmente a favor de la familia.
Los jueces admitieron el recurso al considerar que el caso posee una «especial trascendencia constitucional», lo que permite al tribunal fijar criterios sobre la procedencia del amparo de cumplimiento en casos de registro civil.
El caso se originó en una acción de amparo presentada por el señor Leonardo Depén Fisi (dominicano) y la señora Denita Petit-Val, en representación de sus hijos menores de edad (Chavela, Yesi, Nelson Leoncia).
Los padres procuraban que se ordenara a la JCE la inscripción en el registro civil de sus hijos C., Y., N. y L., alegando que estos permanecían indocumentados debido a la inacción del organismo electoral.
Argumentos de la JCE y decisión del Tribunal
La JCE argumentó ante el tribunal que el proceso no se completó debido a la «exclusiva dejadez» de los padres, alegando que los expedientes fueron archivados en 2017 en la Oficialía de Tamayo porque los interesados no regresaron a concluir las investigaciones de ley.
Por el contrario, los padres sostuvieron que el oficial del Estado Civil archivó los documentos sin realizar las indagatorias de lugar, violentando su derecho a la identidad.
No obstante, el TC consideró que la JCE tenía razón. Según el expediente, al momento de intimar al organismo electoral para la inscripción, correspondía realizar el procedimiento de inscripción tardía dispuesto por la ley.
El tribunal sostuvo que los accionantes pretendían realizar dicha inscripción sin agotar la vía correspondiente ante el tribunal de primera instancia.
“Esto revela que la acción no se fundamentaba en una actuación ilegal o arbitraria por parte de la Junta Central Electoral, sino que los accionantes no querían agotar el proceso correspondiente, pues el referido órgano no podía realizar inscripciones tardías sin una sentencia de un tribunal de primera instancia”, adujo el TC.
Cambio normativo
El tribunal precisó que, con la nueva normativa (Ley 4-23), la inscripción de nacimientos fuera de plazo ya no requiere acudir al procurador fiscal ni agotar un proceso judicial previo. En su lugar, el oficial civil realiza un proceso administrativo de verificación.
El TC advirtió que los accionantes tienen ahora la posibilidad de agotar este nuevo proceso administrativo ante el oficial civil correspondiente.
Añadió que, en caso de silencio administrativo o un resultado desfavorable, los ciudadanos tendrán disponibles las vías jurisdiccionales correspondientes.
Los votos salvados
Aunque el Pleno decidió que la acción de amparo era «notoriamente improcedente», los magistrados Ferreira y Reyes Torres advirtieron sobre el peligro de este precedente.
La magistrada Army Ferreira, alegó que existía una vía judicial clara y que el tribunal erró al declarar la improcedencia.
Según su postura, lo correcto era remitir a las familias a la jurisdicción civil ordinaria mediante una demanda en nulidad o validez de acta, amparada en el artículo 108 de la Ley 4-23.
En tanto que Amaury Reyes, calificó de «errada» la motivación de la mayoría, criticando que el Tribunal otorgue a los trámites administrativos de la JCE un valor excesivo.
“El amparo debería estar disponible como recurso residual”, afirmó, advirtiendo que esta decisión deja al ciudadano indefenso ante posibles arbitrariedades.
Santo Domingo, R.D.-Este lunes continuó el proceso penal por presunta corrupción contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, el cual ha estado caracterizado por extensa cadena de incidentes presentados por la defensa de uno de los acusados, cuyas intervenciones —acompañadas de «lecturas de varias páginas» de teóricos del derecho — provocaron un llamado de atención por parte del tribunal.
Durante la audiencia, la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado advirtió que, de mantenerse ese ritmo, el caso «va a ser interminable» y exhortó a los abogados del imputado Alfredo Alexander Solano a ceñirse exclusivamente a la jurisprudencia y a las disposiciones legales vinculadas con la tipificación de los delitos contenidos en la acusación.
Los defensores de Solano, Ybo René Sánchez y Manuel Sierra, formularon, entre las 10:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde, cuatro solicitudes a las tres juezas del Segundo Tribunal Colegiado, como parte de un total de 24 incidentes que anunciaron presentarán antes de que se conozca el fondo del proceso, que lleva en la justicia casi cinco años.
Entre los pedimentos planteados por los togados Sánchez y Sierra figuran que el tribunal declare la inconstitucionalidad de tres artículos del Código Procesal Penal, también que se declare incompetente para conocer el expediente y la nulidad de la acusación. Asimismo, solicitaron que las magistradas ordenen al Ministerio Público archivar las imputaciones contra Solano y los demás acusados.
El conocimiento del caso permanece enfocado en la discusión de estos incidentes preliminares, mientras el Ministerio Público procura que se le dé inicio al análisis de la acusación principal y en la que se imputa a los que enfrentan el juicio de fondo defraudar al Estado con más de 6 mil millones de pesos.
Los llamó a resumir
La jueza Claribel Nivar Arias insistió a los dos únicos abogados que expusieron sus solicitudes este lunes a que resuman porque «si seguimos en este ejercicio, como va, va a ser interminable».
Les dijo que si citarán una doctrina o una jurisprudencia solo mencionen «el contexto de la jurisprudencia, o la doctrina aplicable a la casuística» que abordan.
«Es a ese punto que le estamos llamando la atención, sin coartarle el derecho que usted tiene de utilizar esa herramienta«, advirtió Nivar Arias.
«Lo que estamos es reclamando justicia»
Al salir de la audiencia, el abogado Ybo René Sánchez respondió a los periodistas que con los 24 incidentes que reclamarán al Segundo Tribunal Colegiado es que «se haga justicia».
- «Es que no es que el incidente retarde el proceso, lo que tenemos que ver es que nosotros estamos reclamando justicia, y cuando usted reclama justicia hoy por Alfredo (Solano), mañana por cualquiera de nosotros, no se puede hablar de que se está torpedeando la justicia», sostuvo el togado.
Camacho, «son cuestiones improcedentes»
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, calificó de «improcedentes» las peticiones de las defensas en el caso de corrupción que se le sigue a Jean Alain Rodríguez y a otras 14 personas físicas.
Dijo que, con la estrategia, los abogados reiteran «su intención de consumir tiempo«, y que lo único que «van a lograr es alargar su agonía porque tarde o temprano tendrán que enfrentarse a las pruebas» sometidas contra ellos.
- «Estamos escuchando a la defensa repetir una y otra vez los mismos incidentes, lo mismo que plantearon en la etapa intermedia, lo están repitiendo en el tribunal, a pesar de que el código prohíbe repetir los incidentes«, subrayó Camacho.
Explicó que cada una de las solicitudes son contrarias al derecho, como son «pretender que el tribunal declare inconstitucional artículos que fueron derogados por la reforma al Código Procesal Penal, o que este tribunal resuelva un tema de competencia que ya resolvió el Tribunal Constitucional y que también resolvió el Código Procesal Penal».
Santo Domingo, R.D.-faride Rafael, ministra de Interior y Policía, informó este lunes que las patinetas eléctricas serán categorizadas ‘dentro de un marco regulatorio claro y diferenciado’.
- La información fue suministrada, a través de una nota de prensa, al concluir la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana que encabezó el presidente Luis Abinader.
‘Quedó claramente establecido que deben ser categorizadas, ya que existen diferentes tipos de patinetas y motocicletas eléctricas, con distintas modalidades y velocidades, lo que requiere una regulación diferenciada‘, indicó Raful de acuerdo a la nota.
En este sentido, la funcionaria explicó que el medio de transporte será evaluado para determinar cuáles requerirán placa, la edad mínima permitida para su uso, los requisitos de circulación y estándares de seguridad obligatorios para usuarios y equipos.
La ministra anunció que el próximo miércoles se realizará una reunión con la comisión técnica creada para evaluar la resolución del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para regular y fiscalizar su uso con el objetivo de reducir riesgos y salvar vidas.
Conforme a la nota, Faride Raful precisó que el pasado miércoles sostuvieron un encuentro con el Intrant, su director, Milton Morrison, técnicos de la institución y la Asociación de Movilidad Eléctrica para definir políticas públicas de prevención, y avanzar hacia la emisión de una resolución definitiva.
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Apresan dos hombres supuestamente vinculados en muerte de joven en el municipio de Guerra.
Santo Domingo;- Dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional u sepersigue a un tercero por su presunta participación en la muerte de la joven Reynalda Carrasco Antoine, de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una cisterna en el sector El Capacito, municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, las autoridades persiguen activamente a un hombre identificado solo con el alias “Patrón” y/o “Capital”, señalado como presunto autor principal del crimen.
Posteriormente, los miembros policiales procedieron con el el proceso de entrevistas y recolección de evidencias con el fin de identificar a los presuntos responsables.
El caso se encuentra bajo investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan los operativos para capturar al prófugo.