Nacionales
Tensión en la frontera por Dajabón ante mayores controles militares
Aumentan las deportaciones y la cantidad de efectivos militares en la zona fronteriza
DAJABÓN. Las denuncias de que existe un mayor flujo de migrantes haitianos en el país ha tenido efecto en la zona fronteriza. Por lo menos en la provincia Dajabón “la cosa se calentó”. Así lo expresa la mayoría de los comunitarios del lugar, extrañados de que miércoles y jueves en la ciudad “casi no hay haitianos”.
La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de nacionales del vecino país que participan del mercado binacional, actividad comercial que genera sustento al 90% de la población del lugar, según estima el síndico del municipio, Miguel Cruz.
La provincia tiene una población de unas 65,000 personas, según el censo nacional del 2010.
Los demás días de semana, cuando no hay mercado, es común que cientos de nacionales haitianos pasen a realizar trabajos, sea doméstico, en el caso de las mujeres, o agricultura o construcción, en el caso de los hombres. Ambos sexos también comparten la venta de productos de manera ambulante.
Una vez finalizan la jornada, antes de que las puertas de control fronterizo cierre la puerta, retornan a Juana Méndez, el poblado haitiano que colinda con Dajabón, aunque separados por el río Masacre.
“Hoy no comeremos aguacate”, dice en broma un motoconchista que, pasadas las 10:00 de la mañana, se quejaba junto a sus compañeros de que no había clientes para mover.
“Nosotros le damos servicio a esa gente que se mueve en el pueblo para hacer sus compras y luego se van, pero hoy no los están dejando pasar, no hay nadie”, dice.
La razón: los organismos de seguridad decidieron aumentar los controles y no dejar pasar a nadie que no tenga documentos. Además, están deteniendo de este lado de la frontera a todo nacional haitiano que no tenga documentos o que sospechen que los que traen son falsos.
En las distintas calles de la ciudad pasan constantemente camionetas y motores del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) cargando haitianos para repatriarlos.
Los autobuses de la Dirección General de Migración (DGM) llegan repletas de ilegales a los centros de paso, sea en las instalaciones del Cesfront o del Ejército, para luego ser trasladados al otro lado del puente.
La cantidad de agentes ha sido reforzada. Germán Rosario, el nuevo comandante del Décimo Batallón Francisco Antonio Salcedo, afirma que ayer se agregaron 175 agentes más para las labores de patrullaje en los distintos puestos fronterizos.
También recibieron unas 25 motocicletas adicionales.
“Se está dando continuidad al trabajo que se realizaba… no nos dormimos haciendo el trabajo, la frontera está sellada”, afirma.
Comparte algunas cifras. “En Dajabón se detenían unos 300 a 400 ilegales por día, y lo hemos aumentado a unos 700 diarios”.
El coronel lleva 36 horas en el puesto. Llegó el miércoles a sustituir a Vargas Muñoz, trasladado por razones “rutinarias”, según informó el general Audry Ortiz López, mientras posesionaba a Rosario.
Quejas
Para Belkis, una comerciante del área de préstamo, el trabajo que hacen los militares no es más que una pantalla, “porque se calentaron con el tráfico de ilegales”.
“Eso es allante, se llevan a los que están aquí en la ciudad, cuando ellos saben que esa gente viene a trabajar y se va. Los que tienen que atacar son los otros que van para la ciudad”, dice en referencia a los inmigrantes que salen de Dajabón a otras ciudades del país.
Los vendedores de pollo son otros que piden a las autoridades dejar pasar a los haitianos que sólo entran a comprar, aunque no tengan documentos, bajo el alegato de que tienen pérdidas millonarias en pollos no vendidos.
“Nosotros entendemos que el general (en referencia Sugar Frugis Martínez, jefe del Cesfront en Dajabón) está haciendo su trabajo, pero ellos saben que esos haitianos que vienen a comprar no pasan de la zona del mercado y todos se conocen”, dice José Rodríguez, un comerciante que asegura tener una inversión de más de RD$100,000 en pollos que ahora se le están muriendo por falta de compradores haitianos.
Joan Liberato también dice tener una inversión similar, porque, ante las restricciones de esta semana decidieron bajar la compra que, regularmente, es de unos RD$300,000.
Insiste en que se debe tomar medidas para frenar a los que viajan con intención de quedarse, pero dejar pasar a los que vienen a comprar.
diariolibre.com
El Ministerio Público atribuye al imputado violación sexual agravada, feminicidio y otros delitos contra dos menores de edad
SANTIAGO.– El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, señalado como responsable de agredir sexualmente a dos adolescentes y causar la muerte de una de ellas, cuyo cadáver fue recuperado posteriormente en las aguas del río Yaque del Norte, en Villa Bisonó, Navarrete.
La medida de coerción será conocida este viernes 9 de octubre de 2026 por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago.
De acuerdo con la investigación preliminar, el imputado habría ofrecido transportar en motocicleta a las adolescentes, de 13 y 14 años, para comprar alimentos.
Según la acusación, posteriormente las condujo hacia una zona apartada, próxima a la carretera que comunica el centro de Navarrete con la comunidad Capilla y cercana al río Yaque del Norte.
Una de las menores logró sobrevivir
El órgano persecutor sostiene que Rodríguez Cruz habría amenazado a ambas menores con un arma blanca y cometido agresiones sexuales.
La adolescente de 13 años habría intentado escapar, pero fue alcanzada y atacada con un arma blanca, sufriendo múltiples heridas que le provocaron la muerte.
Posteriormente, siempre según la versión del Ministerio Público, el cuerpo fue lanzado al río Yaque del Norte.
La otra adolescente, de 14 años, logró ocultarse entre los matorrales y permaneció allí hasta el amanecer, lo que le permitió sobrevivir.
El cadáver de la menor fallecida fue localizado dos días después de su desaparición durante un operativo de búsqueda desarrollado por las autoridades.
Cargos provisionales
El Ministerio Público atribuye al imputado varios delitos contemplados en el Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 44-26, entre ellos violación sexual agravada, violencia de género agravada, tortura o actos de barbarie, trato cruel e inhumano, uso de arma blanca y feminicidio agravado.
También se invocan disposiciones de la Ley 136-03 sobre el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Las imputaciones tienen carácter provisional mientras continúan las diligencias destinadas a reunir pruebas y establecer con mayor precisión las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
Investigación multidisciplinaria
La investigación está siendo desarrollada por un equipo del Ministerio Público integrado por representantes de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, la Unidad de Atención a la Violencia de Género y el Departamento de Violencias Físicas de la Fiscalía.
Las autoridades continúan recopilando elementos periciales, documentales y materiales para sustentar la acusación.
El caso ha generado conmoción en Navarrete y otras comunidades de Santiago debido a la edad de las víctimas y las circunstancias bajo investigación.
El país fue colocado en el Nivel 2 tras reportar mayores investigaciones, inspecciones laborales, procesos judiciales y asistencia a víctimas de explotación
SANTO DOMINGO.– República Dominicana fue ubicada en el Nivel 2 del más reciente informe de Estados Unidos sobre trata de personas, luego de registrar avances en la persecución de este delito, la protección de víctimas y las acciones preventivas desarrolladas por distintas instituciones del Estado.
La nueva clasificación reconoce un incremento de las investigaciones penales, mayores inspecciones laborales, cambios en la legislación y esfuerzos dirigidos a combatir la explotación sexual y el trabajo forzoso.
Aunque el ascenso representa una mejor valoración de las medidas adoptadas por las autoridades dominicanas, el Nivel 2 también significa que el país todavía no cumple plenamente con todos los estándares establecidos para la eliminación de la trata de personas.
Más investigaciones y procesos judiciales
De acuerdo con los datos presentados en el informe, las autoridades dominicanas iniciaron 229 investigaciones relacionadas con trata de personas y procesaron a 50 sospechosos al amparo de la legislación especializada.
También fueron investigados ocho funcionarios por su posible participación o complicidad en actividades vinculadas con este delito, mientras que tres de ellos fueron sometidos a procesos judiciales.
Estas acciones forman parte de los esfuerzos dirigidos a enfrentar posibles vínculos entre redes de trata y miembros de instituciones públicas o cuerpos de seguridad.
Cambios en la legislación
Otro de los aspectos destacados es la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
La reforma procura adecuar la legislación dominicana a estándares internacionales, especialmente en los casos que involucran a menores de edad, eliminando la necesidad de demostrar fuerza, fraude o coacción para configurar determinadas situaciones de trata infantil.
Asimismo, fue aprobado y financiado el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, con medidas orientadas a fortalecer la prevención, persecución y atención a las víctimas.
El informe también menciona la Resolución 13-2024, relacionada con mecanismos para facilitar documentos de identificación a personas apátridas.
Intensifican inspecciones laborales
El Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores considerados vulnerables a posibles situaciones de trabajo forzoso, principalmente agricultura, construcción e industria azucarera.
Como resultado de estos operativos fueron suspendidas las actividades de 11 empresas privadas tras detectarse indicios que ameritaban investigaciones adicionales.
Además, mediante un programa piloto de registro migratorio, más de 7,400 trabajadores fueron formalizados mediante contratos laborales, según los datos suministrados.
Asistencia a víctimas
Las autoridades identificaron 136 víctimas de trata de personas, de las cuales 134 recibieron servicios financiados por el Estado.
La asistencia incluyó atención médica, apoyo psicológico, orientación legal y servicios de traducción.
En estas acciones participaron la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Mujer y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia.
También continuaron funcionando refugios especializados y mecanismos de protección destinados a víctimas y testigos involucrados en procesos judiciales.
Un avance que todavía exige resultados
Estar en el Nivel 2 significa que República Dominicana realiza esfuerzos considerados significativos para combatir la trata de personas, aunque todavía mantiene aspectos pendientes para alcanzar plenamente los estándares mínimos establecidos internacionalmente.
La efectividad de las investigaciones, las condenas contra responsables, la protección de víctimas y la vigilancia sobre los sectores más vulnerables seguirán siendo determinantes para evaluar el desempeño futuro del país.
El ascenso, por tanto, representa una mejoría en la respuesta institucional, pero no significa que el problema haya sido superado.
Santo Domingo, RD. – El Ministerio de Defensa de la República Dominicana informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar cómo municiones de origen dominicano, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo, según un informe del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
El documento internacional señala que más de 900,000 municiones habrían terminado en poder de grupos armados haitianos. De acuerdo con los hallazgos citados, 908,001 unidades fueron desviadas de la Policía Nacional dominicana, lo que ha generado interrogantes sobre los mecanismos de distribución, custodia y control de estos materiales.
Entre las municiones identificadas figuran más de 489,000 cartuchos de 9 milímetros, unos 230,000 de calibre 5,56 x 45 mm, aproximadamente 26,000 de 7,62 x 39 mm y alrededor de 93,000 cartuchos para escopetas.
El informe advierte que resulta difícil establecer con exactitud qué cantidad de ese material llegó a Haití. Sin embargo, expertos en seguridad dominicanos consultados por el grupo de Naciones Unidas consideraron probable que una parte considerable de las municiones de calibres 5,56 x 45 mm y 7,62 x 39 mm cruzara la frontera, debido a la limitada demanda de estos cartuchos en el mercado dominicano y a su uso frecuente por parte de las bandas haitianas.
Defensa reconoce que aún no determina el origen del desvío
En un comunicado, el Ministerio de Defensa explicó que las municiones calibre .50 señaladas en las informaciones corresponden a material de antigua fabricación, cuya trayectoria no ha podido establecerse hasta el momento.
La institución atribuyó esa dificultad al tiempo transcurrido y a los distintos procesos históricos, administrativos e institucionales experimentados por el país. No obstante, aseguró que continúa trabajando para reconstruir la trazabilidad de las municiones, esclarecer las circunstancias de su llegada a territorio haitiano e identificar posibles responsables.
El organismo también precisó que la coincidencia entre los calibres, las marcas o las características de las municiones encontradas en Haití y las adquiridas legalmente por República Dominicana no constituye, por sí sola, una prueba de que las instituciones militares autorizaran su transferencia.
Oficial detenido por transportar municiones
Como parte de las actuaciones contra el tráfico irregular de municiones, el Ministerio de Defensa recordó que en diciembre de 2025 miembros del Ejército de República Dominicana detuvieron a un segundo teniente de esa institución y a un ciudadano haitiano.
Ambos fueron interceptados en la sección La Tinaja, provincia San Juan, mientras transportaban irregularmente 1,516 cartuchos de diferentes calibres en una motocicleta.
Según la institución, el oficial fue sometido a la justicia por presuntas violaciones de las disposiciones legales vigentes y permanece bajo prisión preventiva mientras el proceso continúa en los tribunales competentes.
Defensa indicó que el caso fue comunicado por los canales oficiales y presentado como parte de la colaboración del país con los organismos internacionales que investigan el posible desvío de municiones hacia Haití.
Cooperación internacional y controles militares
El Ministerio de Defensa señaló que mantiene una comunicación permanente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual ha respondido a los requerimientos del Grupo de Expertos de la ONU.
Las informaciones suministradas incluyen datos sobre la adquisición, distribución y control de municiones, así como detalles de las investigaciones realizadas ante posibles irregularidades.
La institución también destacó que el informe de Naciones Unidas reconoce como una buena práctica el marcado de las municiones utilizadas por las Fuerzas Armadas dominicanas, un mecanismo que permite facilitar su identificación y seguimiento ante eventuales desvíos.
Finalmente, el Ministerio de Defensa reiteró su política de cero tolerancia frente a las actuaciones ilícitas de miembros de las Fuerzas Armadas y aseguró que cualquier persona involucrada deberá responder ante las autoridades correspondientes, con respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso.
Mientras continúan las investigaciones, permanece sin esclarecer la ruta específica por la que las municiones de antigua fabricación, incluidas las de calibre .50, llegaron a manos de la banda haitiana 400 Mawozo