Nacionales
Tensión en la frontera por Dajabón ante mayores controles militares
Aumentan las deportaciones y la cantidad de efectivos militares en la zona fronteriza
DAJABÓN. Las denuncias de que existe un mayor flujo de migrantes haitianos en el país ha tenido efecto en la zona fronteriza. Por lo menos en la provincia Dajabón “la cosa se calentó”. Así lo expresa la mayoría de los comunitarios del lugar, extrañados de que miércoles y jueves en la ciudad “casi no hay haitianos”.
La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de nacionales del vecino país que participan del mercado binacional, actividad comercial que genera sustento al 90% de la población del lugar, según estima el síndico del municipio, Miguel Cruz.
La provincia tiene una población de unas 65,000 personas, según el censo nacional del 2010.
Los demás días de semana, cuando no hay mercado, es común que cientos de nacionales haitianos pasen a realizar trabajos, sea doméstico, en el caso de las mujeres, o agricultura o construcción, en el caso de los hombres. Ambos sexos también comparten la venta de productos de manera ambulante.
Una vez finalizan la jornada, antes de que las puertas de control fronterizo cierre la puerta, retornan a Juana Méndez, el poblado haitiano que colinda con Dajabón, aunque separados por el río Masacre.
“Hoy no comeremos aguacate”, dice en broma un motoconchista que, pasadas las 10:00 de la mañana, se quejaba junto a sus compañeros de que no había clientes para mover.
“Nosotros le damos servicio a esa gente que se mueve en el pueblo para hacer sus compras y luego se van, pero hoy no los están dejando pasar, no hay nadie”, dice.
La razón: los organismos de seguridad decidieron aumentar los controles y no dejar pasar a nadie que no tenga documentos. Además, están deteniendo de este lado de la frontera a todo nacional haitiano que no tenga documentos o que sospechen que los que traen son falsos.
En las distintas calles de la ciudad pasan constantemente camionetas y motores del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) cargando haitianos para repatriarlos.
Los autobuses de la Dirección General de Migración (DGM) llegan repletas de ilegales a los centros de paso, sea en las instalaciones del Cesfront o del Ejército, para luego ser trasladados al otro lado del puente.
La cantidad de agentes ha sido reforzada. Germán Rosario, el nuevo comandante del Décimo Batallón Francisco Antonio Salcedo, afirma que ayer se agregaron 175 agentes más para las labores de patrullaje en los distintos puestos fronterizos.
También recibieron unas 25 motocicletas adicionales.
“Se está dando continuidad al trabajo que se realizaba… no nos dormimos haciendo el trabajo, la frontera está sellada”, afirma.
Comparte algunas cifras. “En Dajabón se detenían unos 300 a 400 ilegales por día, y lo hemos aumentado a unos 700 diarios”.
El coronel lleva 36 horas en el puesto. Llegó el miércoles a sustituir a Vargas Muñoz, trasladado por razones “rutinarias”, según informó el general Audry Ortiz López, mientras posesionaba a Rosario.
Quejas
Para Belkis, una comerciante del área de préstamo, el trabajo que hacen los militares no es más que una pantalla, “porque se calentaron con el tráfico de ilegales”.
“Eso es allante, se llevan a los que están aquí en la ciudad, cuando ellos saben que esa gente viene a trabajar y se va. Los que tienen que atacar son los otros que van para la ciudad”, dice en referencia a los inmigrantes que salen de Dajabón a otras ciudades del país.
Los vendedores de pollo son otros que piden a las autoridades dejar pasar a los haitianos que sólo entran a comprar, aunque no tengan documentos, bajo el alegato de que tienen pérdidas millonarias en pollos no vendidos.
“Nosotros entendemos que el general (en referencia Sugar Frugis Martínez, jefe del Cesfront en Dajabón) está haciendo su trabajo, pero ellos saben que esos haitianos que vienen a comprar no pasan de la zona del mercado y todos se conocen”, dice José Rodríguez, un comerciante que asegura tener una inversión de más de RD$100,000 en pollos que ahora se le están muriendo por falta de compradores haitianos.
Joan Liberato también dice tener una inversión similar, porque, ante las restricciones de esta semana decidieron bajar la compra que, regularmente, es de unos RD$300,000.
Insiste en que se debe tomar medidas para frenar a los que viajan con intención de quedarse, pero dejar pasar a los que vienen a comprar.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.