Nacionales
Tensión en la frontera por Dajabón ante mayores controles militares
Aumentan las deportaciones y la cantidad de efectivos militares en la zona fronteriza
DAJABÓN. Las denuncias de que existe un mayor flujo de migrantes haitianos en el país ha tenido efecto en la zona fronteriza. Por lo menos en la provincia Dajabón “la cosa se calentó”. Así lo expresa la mayoría de los comunitarios del lugar, extrañados de que miércoles y jueves en la ciudad “casi no hay haitianos”.
La provincia acoge cada lunes y viernes a miles de nacionales del vecino país que participan del mercado binacional, actividad comercial que genera sustento al 90% de la población del lugar, según estima el síndico del municipio, Miguel Cruz.
La provincia tiene una población de unas 65,000 personas, según el censo nacional del 2010.
Los demás días de semana, cuando no hay mercado, es común que cientos de nacionales haitianos pasen a realizar trabajos, sea doméstico, en el caso de las mujeres, o agricultura o construcción, en el caso de los hombres. Ambos sexos también comparten la venta de productos de manera ambulante.
Una vez finalizan la jornada, antes de que las puertas de control fronterizo cierre la puerta, retornan a Juana Méndez, el poblado haitiano que colinda con Dajabón, aunque separados por el río Masacre.
“Hoy no comeremos aguacate”, dice en broma un motoconchista que, pasadas las 10:00 de la mañana, se quejaba junto a sus compañeros de que no había clientes para mover.
“Nosotros le damos servicio a esa gente que se mueve en el pueblo para hacer sus compras y luego se van, pero hoy no los están dejando pasar, no hay nadie”, dice.
La razón: los organismos de seguridad decidieron aumentar los controles y no dejar pasar a nadie que no tenga documentos. Además, están deteniendo de este lado de la frontera a todo nacional haitiano que no tenga documentos o que sospechen que los que traen son falsos.
En las distintas calles de la ciudad pasan constantemente camionetas y motores del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) cargando haitianos para repatriarlos.
Los autobuses de la Dirección General de Migración (DGM) llegan repletas de ilegales a los centros de paso, sea en las instalaciones del Cesfront o del Ejército, para luego ser trasladados al otro lado del puente.
La cantidad de agentes ha sido reforzada. Germán Rosario, el nuevo comandante del Décimo Batallón Francisco Antonio Salcedo, afirma que ayer se agregaron 175 agentes más para las labores de patrullaje en los distintos puestos fronterizos.
También recibieron unas 25 motocicletas adicionales.
“Se está dando continuidad al trabajo que se realizaba… no nos dormimos haciendo el trabajo, la frontera está sellada”, afirma.
Comparte algunas cifras. “En Dajabón se detenían unos 300 a 400 ilegales por día, y lo hemos aumentado a unos 700 diarios”.
El coronel lleva 36 horas en el puesto. Llegó el miércoles a sustituir a Vargas Muñoz, trasladado por razones “rutinarias”, según informó el general Audry Ortiz López, mientras posesionaba a Rosario.
Quejas
Para Belkis, una comerciante del área de préstamo, el trabajo que hacen los militares no es más que una pantalla, “porque se calentaron con el tráfico de ilegales”.
“Eso es allante, se llevan a los que están aquí en la ciudad, cuando ellos saben que esa gente viene a trabajar y se va. Los que tienen que atacar son los otros que van para la ciudad”, dice en referencia a los inmigrantes que salen de Dajabón a otras ciudades del país.
Los vendedores de pollo son otros que piden a las autoridades dejar pasar a los haitianos que sólo entran a comprar, aunque no tengan documentos, bajo el alegato de que tienen pérdidas millonarias en pollos no vendidos.
“Nosotros entendemos que el general (en referencia Sugar Frugis Martínez, jefe del Cesfront en Dajabón) está haciendo su trabajo, pero ellos saben que esos haitianos que vienen a comprar no pasan de la zona del mercado y todos se conocen”, dice José Rodríguez, un comerciante que asegura tener una inversión de más de RD$100,000 en pollos que ahora se le están muriendo por falta de compradores haitianos.
Joan Liberato también dice tener una inversión similar, porque, ante las restricciones de esta semana decidieron bajar la compra que, regularmente, es de unos RD$300,000.
Insiste en que se debe tomar medidas para frenar a los que viajan con intención de quedarse, pero dejar pasar a los que vienen a comprar.
diariolibre.com
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.