Opinión
Transgénicos y trasnacionales
Por Narciso Isa Conde
Es válido el alerta sobre los enormes los riesgos que entraña la siembra de semillas y la venta y consumo de productos transgénicos, el amarre que hacen las trasnacionales de esas semillas con agroquímicos perniciosos, y las implicaciones del poder avasallante de las principales corporaciones del ramo: Monsanto (EEUU), Dupont (EEUU) AstraZeneca (Inglaterra-Suecia), Novartus (Suiza) y Aventis(Francia). Sobre todo ahora que se habla de la ley de semillas auspiciada por el Senador Amílcar Romero de la Provincia Duarte
Semillas transgénicas y alimentos derivados de ellas, no debidamente supervisados, como también los cruces genéticos entre especies animales y vegetales destinados a la alimentación, fomentan graves dependencias respeto a esas corporaciones y podrían atentar significativamente contra la salud de los seres humanos y el equilibrio y la sanidad ambiental.
AstraZeneca ha logrado en sus laboratorios condicionar el crecimiento de sus semillas al uso de determinados agroquímicos fabricados y vendidos exclusivamente por esa corporación.
Novartis inventó un producto agro-químico que es la única defensa de sus semillas frente a determinados virus y bacterias que las atacan. A estas semillas las llaman “adictas”.
En ambos casos la dependencia es doble: del país respecto a esos agroquímicos y de los productores respecto a esas corporaciones.
A esos procesos Willar Phelp, vocero del Departamento de Agricultura de EEUU, le atribuyo la función de “aumentar el valor de las semillas de las empresas de Estados Unidos y abrirle nuevos mercados en países del segundo y tercer mundo”.
Blindaje con patentes y privatización de bosques.
Con la finalidad de “blindar” esos propósitos se creó el sistema de patentes que penaliza la copia de esos inventos e incluso versiones naturales de alto rendimiento.
Las patentes sobre la naturaleza son familia de la piratería. Una manera de privatizar hasta la vida, muy propia de la era neoliberal y del “todo se vale” para obtener superganancias. Una forma, además, de apropiarse de lo que no le pertenece y ponerlo en función del afán de lucro de las grandes empresas privadas.
Esa nefasta ruta del gran capital transnacional ha conducido a la privatización de valiosos bosques tropicales –vía los derechos exclusivos de investigación sobre ellos- donde abundan especies autóctonas y se conserva una impresionante biodiversidad.
Un caso relevante de ese pillaje es el contrato firmado por el estado costarricense con la farmacéutica MERCK para investigar con exclusividad los bosques tropicales de ese país, propósito que se extienden a amplias zonas de Centroamérica y México. La atadura en ese tipo de contrato es tal, que el producto medicinal que eventualmente MERCK logre obtener de una hierba o especie natural, nadie lo puede comercializar o usar, ni siquiera otros pueden emplear la especie en su estado natural sin riesgo de condenas judiciales.
Afectación de la salud humana y ambiental.
A lo descrito se suman los daños a la salud y al ambiente derivados del uso de productos transgénicos y agroquímicos de dudosa calidad o de inciertas consecuencias.
La salud humana tiene una estrecha relación con lo que come y ahora no sabemos lo que comemos. Los vegetales transgénicos perjudiciales y los animales alimentados con esos productos, como los tratados con químicos nocivos, se compran en el mercado como productos naturales. Pasa con los ajíes, tomates, cebolla, lechuga, carnes diversas, pescados y mariscos, frutas…
El capitalismo, el imperialismo, la ganancia empresarial como razón de ser del sistema capitalista dominante y de sus beneficiarios, lo pervierte todo, incluyendo los formidables avances de la ciencia y la técnica, comprendida la ingeniería genética.
Investigaciones hechas por el doctor Arpad Pulzati (Escocia, Inglaterra) revelaron que los venenos usados para matar plagas en las semillas transgénicas provocan graves daños en los animales que las ingieren o que ingieren sus derivados (deformaciones, alergias, esterilidad…), así como propensión a enfermedades. Y esto mismo puede pasar –y pasa- en los seres humanos que consumen alimentos de origen animal o vegetal derivados de esos procesos.
Por ejemplo, se ha comprobado que los sustitutos del azúcar fabricado a base del transgénico “Apartame” son altamente dañinos a la salud.
El trifosfato transgénico por igual.
El consumo humano de leche de determinadas vacas sometidas a procesos de ingeniería genética (especialmente las inyectadas con hormonas transgénicas), tiende a producir cáncer de colon, mamas y próstata.
La insulina transgénica se comprobó produce serios trastornos de salud.
Amenaza contra la vida en el planeta y el país.
Las semillas y procesos transgénicos, manipulados inescrupulosamente y puestos al servicio de la voracidad del gran capital transnacional, han puesto en riesgo la biodiversidad del planeta. Su uso masivo y sin control de calidad, amenaza de diferentes formas de vida: afectando variedades autónomas naturales, creando resistencia a herbicidas, creando plagas difíciles de controlar y contra las cuales se usan productos químicos contaminantes de suelos, aguas y alimentos.
Aquí Monsanto suscribió un acuerdo con la empresa local Euro-suministros, pero además se sabe que esa transnacional trae al país otros de sus productos por vías más discretas. Igual pasa con otras corporaciones del ramo, amen de que en el mercado abundan ofertas de alimentos riesgosos por haber sido sometidos a esos procesos de ingeniería genética o tratamientos agroquími9cos nocivos y abundan herbicidas y abonos altamente perjudiciales a la salud.
Esto debe ser minuciosamente investigado y valientemente denunciado. Esa es nuestra determinación; y, en consecuencias, esperen otras entregas con más detalles sobre el tema. (Fuente de datos e informaciones: “Los transgénicos”/ Grupo Maíz.-El Salvador, Centroamérica).
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!