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Tras 20 días de aprobarla, Senado aún no envía al PE modificación a la Ley de Residuos Sólidos

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 23 de julio, el Senado de la República aprobó de manera definitiva el proyecto que tiene el objetivo de modificar el marco regulatorio de la recolección de residuos sólidos en el país, establecido en la Ley 225-20.

Por lo que, según el artículo 101 de la Constitución, la Cámara Alta debe enviar la pieza al Poder Ejecutivo para culminar el procedimiento con la promulgación de la variación a la ley.

El presidente Luis Abinader adelantó el pasado 28 de julio su decisión de observar las alteraciones aprobadas por ambas cámaras del Congreso Nacional, ya que el proyecto contiene diversos “errores y situaciones que deben corregirse”.

Sin embargo, el presidente del SenadoRicardo de los Santos, informó este lunes que aún no ha enviado a la Consultoría Jurídica del Gobierno el documento sancionado de manera favorable por los congresistas. Esto, a pesar de que han transcurrido alrededor de 20 días desde ser convertido en ley.

De los Santos explicó que está a la espera del mandatario Abinader para culminar el procedimiento legislativo, ya que todavía no ha elaborado las propuestas de modificación a la pieza.

“Si algo me caracteriza es la responsabilidad. Ese proyecto lo tengo yo en el Senado. Estamos esperando que se formulen las observaciones, el presidente dijo que lo iba a observar…”, dijo De los Santos durante una entrevista en el programa Hoy Mismo.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez indicó que la Presidencia de la República “conoce el proyecto”, desestimando la necesidad de entregarle al gobernante Abinader la pieza para realizar la observación.

“Es que el ejecutivo conocer el proyecto. En su momento eso va a llegar al Ejecutivo para que le hagas modificaciones y nosotros (conocer) las observaciones”, afirmó.

¿Qué dice la Constitución?

Aunque la Carta Magna especifica el proceso al cual deben someterse las iniciativas en el Congreso Nacional, es una decisión de la presidencia de los órganos cuándo envía al presidente de la República un proyecto convertido en ley, ya que no coloca ningún plazo para concluirlo.

“Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará”, ordena el artículo 101.

Observación

“Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida”, versa el artículo 102 de la norma suprema.

En la misiva, la Presidencia deberá indicar los artículos que serían reformulados, acompañados de sus motivaciones.

“La cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si esta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101”, ordena el artículo antes mencionado.

La cámara legislativa receptora tendrá un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidir la observación. De lo contrario, se considerará aceptada y el presidente procedería a promulgarla, de acuerdo con el artículo 103. Si no fuesen aceptadas, regresaría a su estado de proyecto, para conocerse nuevamente en las dos cámaras, tras ser reintroducida.

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Una promesa que nadie cree de Abinader de que se compromete a resolver problema eléctrico hasta el 2032

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Santo Domingo, R.D.-En otra de sus afirmaciones sin base, el presidente Luis Abinader manifestó que su gestión de Gobierno trabaja para que la República Dominicana no tenga problemas en el sector eléctrico hasta el 2032.

Al participar en la conferencia–diálogo “Un Presidente Economista» en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), el mandatario señaló que cuando llegó a la Presidencia de la República en agosto del 2020, la demanda energética era igual a la oferta de las generadoras eléctricas.

«Había entrado Punta Catalina, pero habían salido 400 megas por otros asuntos y esa inyección de Punta Catalina se la tragó el crecimiento. Bueno, inmediatamente hicimos solicitaciones por 2, 000 megas pero una planta termoléctrica dura cinco años de construcción, y ahora es que esas plantas en funcionamiento. Pero yo voy a dejar, hasta el 2032, pues vamos a hacer otra licitación, preparado el país para que no haya problemas», explicó Abinader.

El mandatario enfatizó que así como él se «adelantó a los acontecimientos», los próximos presidentes también deberán de adelantarse para evitar que los afecte una crisis eléctrica.

«Los otros gobiernos van a tener también que adelantarse para que todos los años crezcan. Cuando yo llegué al gobierno, el consumo máximo de la zona fría era 2,650 megas. Hoy es de 4,300», indicó.

Las declaraciones del presidente surgen luego de que varios sectores hayan del Gran Santo Domingo, y otras partes días, denunciarán largas tandas de apagones.

El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en Intec

El presidente Luis Abinader durante el conversatorio organizado en IntecJorge Martínez

Al responder la pregunta de uno de los estudiantes, el presidente señaló que el tema energético fue solo una de las «crisis y crisis» que le han tocado en sus casi seis años a cargo del Poder Ejecutivo.

«Yo entré con la pandemia. La pandemia, imagínense, llevamos año y medio con el país encerrado y el tema era que hasta qué hora es que se va a permitir, hasta la 10:00 de la noche o hasta las 11:00 y nosotros luchando para que el turismo abra. Fuimos el país que primero recuperó el turismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, con esta situación planificamos, también las grandes obras y el desarrollo de infraestructura básica», explicó.

El mandatario indicó que a pesar que de esos temas, hay que planificar las obras de infraestructura por el bien y desarrollo del país.

Abinader indicó que en su mandato se han enfocado en la construcción de acueductos y mejora de otros para mejorar el sistema de agua potable del país.

«Durante muchos años no se hicieron acueductos para el gran Santo Domingo. Nosotros ya le hemos agregado. Hicimos el acueducto de barrera de salinidad, que le estamos agregando 4 metros cúbicos. A finales de este año le vamos a agregar, con una mejoría de Valdesia, a 2 metros cúbicos de agua. Y estamos haciendo el de Hatillo para 10 años. Le vamos a dar un metro cúbico a Cotuí y los otros para la capital», exclamó.

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Creador de contenido es condenanado a seis meses de prisión por difamación.

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Santo Domingo, R.D.-El creador de contenido Angel Martinez fue condenado este jueves por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional a seis meses de prisión tras hallarlo culpable de difamar e injuriar a Milagros De Camps Germán, exviceministra de Medio Ambiente.

La jueza Luz Almonte también condenó a Martínez a pagar una indemnización de 10 millones de pesos por los daños ocasionados a la exfuncionaria.

Asimismo, deberá cumplir condena en el centro de corrección Haras Nacionales en Santo Domingo Norte.

Según la querella, la narrativa fue amplificada con «lenguaje burlón», imágenes manipuladas y afirmaciones ajenas a la verdad, en lo que la parte accionante describe como una campaña de difamación sistemática y viral.

Este mismo tribunal dictó tres meses de prisión suspendida contra Ángel Martínez el pasado miércoles, tras declararlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Gory Moya.

Asimismo, sostuvo que durante el proceso el imputado no logró demostrar las acusaciones realizadas contra el legislador.

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Acuerdan aumento salarial para personal judicial .

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Santo Domingo, D. N.—Un acuerdo de aumento salarial fue anunciado por el Consejo del Poder Judicial tras negociaciones en las que participó el Ministerio de Hacienda y Economía  que incluye  la indexación salarial de jueces y servidores judiciales, cuyo resultado es del diálogo técnico sostenido entre ambas instituciones desde julio del pasado año en el marco del Plan Justicia del Futuro 2034.

Se trata del incremento salarial más significativo que recibe el Poder Judicial desde 2017, posible gracias a la asignación de fondos acordada con el Gobierno tras más de un año de conversaciones. El acuerdo refleja el compromiso sostenido de la actual gestión con la mejora de las condiciones de trabajo de todos los profesionales que integran el sistema de justicia.

En tal sentido, se anunció un incremento general de 30% para los jueces, juezas y puestos administrativos, distribuido en 20% en 2026 y 10% en 2027. Mientras que para el personal de apoyo jurisdiccional —secretarias, abogados ayudantes y oficinistas— se contemplan ajustes superiores, de entre 35% y 50% según el puesto y la instancia, los cuales serán aplicados de forma escalonada en 2026 y 2027.

El anuncio se realizó durante una reunión con una representación amplia de jueces y servidores judiciales, en la que el Consejo presentó, además, un conjunto de decisiones orientadas a fortalecer el sistema de justicia.

La reunión, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, contó con la participación de todos los integrantes del Consejo del Poder Judicial, y de una representación de dos jueces por cada instancia, dos representantes de cada asociación de jueces, dos representantes de los firmantes de la comunicación del 8 de mayo de 2026 y dos representantes de los servidores judiciales, con equidad de género y pluralidad de voces. El Consejo escuchó de manera directa sus inquietudes y propuestas, y reconoció el valor de los planteamientos recibidos como insumo para fortalecer la institución.

El Consejo instruyó completar de manera inmediata el pago de las compensaciones por suplencia de jueces, de forma retroactiva al mes de mayo en los casos que aplique.

Fueron aprobadas 121 propuestas de ascensos y traslados de jueces, conforme a la Ley núm. 327-98 sobre Carrera Judicial. El Consejo dispuso continuar con las fases pendientes del proceso de provisión de cargos, incluida la evaluación de plazas de jueces de Paz, y remitir al Pleno de la Suprema Corte de Justicia la propuesta del proceso de Provisión de Cargos Judiciales de 2024 una vez resueltas las reconsideraciones.

Se aprobaron 144 acciones de personal —119 jurisdiccionales y 25 administrativas— para cubrir vacantes en tribunales. El Consejo dispuso, asimismo, la fijación inmediata, sin evaluación de período probatorio, de los servidores judiciales interinos con seis meses o más de antigüedad. Quienes tengan menos de seis meses podrán ser fijados tras una evaluación satisfactoria.

En el marco del Plan Justicia del Futuro 2034, el Consejo aprobó la creación de la Estrategia de Gobernanza Territorial y Participativa como mecanismo permanente del Poder Judicial. Las mesas departamentales y distritales se constituirán en un plazo no mayor de quince días, para identificar y dar seguimiento a las necesidades prioritarias de cada territorio.

En los próximos días y semanas, el Consejo dará curso a la tramitación administrativa de los pagos por suplencia; comunicará las propuestas de ascensos y traslados; constituirá las mesas departamentales y distritales; ejecutará las acciones de fijación de servidores interinos; y presentará, en un plazo de noventa días, los ajustes al Plan Presupuestal, POA y PACC con los hallazgos del portafolio territorial de iniciativas priorizadas.

El Consejo del Poder Judicial reiteró su disposición a mantener canales permanentes de diálogo con jueces y servidores judiciales, y a avanzar de manera conjunta en el fortalecimiento del sistema de justicia.

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