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Tras 20 días de aprobarla, Senado aún no envía al PE modificación a la Ley de Residuos Sólidos

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 23 de julio, el Senado de la República aprobó de manera definitiva el proyecto que tiene el objetivo de modificar el marco regulatorio de la recolección de residuos sólidos en el país, establecido en la Ley 225-20.

Por lo que, según el artículo 101 de la Constitución, la Cámara Alta debe enviar la pieza al Poder Ejecutivo para culminar el procedimiento con la promulgación de la variación a la ley.

El presidente Luis Abinader adelantó el pasado 28 de julio su decisión de observar las alteraciones aprobadas por ambas cámaras del Congreso Nacional, ya que el proyecto contiene diversos “errores y situaciones que deben corregirse”.

Sin embargo, el presidente del SenadoRicardo de los Santos, informó este lunes que aún no ha enviado a la Consultoría Jurídica del Gobierno el documento sancionado de manera favorable por los congresistas. Esto, a pesar de que han transcurrido alrededor de 20 días desde ser convertido en ley.

De los Santos explicó que está a la espera del mandatario Abinader para culminar el procedimiento legislativo, ya que todavía no ha elaborado las propuestas de modificación a la pieza.

“Si algo me caracteriza es la responsabilidad. Ese proyecto lo tengo yo en el Senado. Estamos esperando que se formulen las observaciones, el presidente dijo que lo iba a observar…”, dijo De los Santos durante una entrevista en el programa Hoy Mismo.

El representante de la provincia Sánchez Ramírez indicó que la Presidencia de la República “conoce el proyecto”, desestimando la necesidad de entregarle al gobernante Abinader la pieza para realizar la observación.

“Es que el ejecutivo conocer el proyecto. En su momento eso va a llegar al Ejecutivo para que le hagas modificaciones y nosotros (conocer) las observaciones”, afirmó.

¿Qué dice la Constitución?

Aunque la Carta Magna especifica el proceso al cual deben someterse las iniciativas en el Congreso Nacional, es una decisión de la presidencia de los órganos cuándo envía al presidente de la República un proyecto convertido en ley, ya que no coloca ningún plazo para concluirlo.

“Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si éste no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez días a partir de la fecha de la promulgación. Vencido el plazo constitucional para la promulgación y publicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional, se reputarán promulgadas y el Presidente de la cámara que las haya remitido al Poder Ejecutivo las publicará”, ordena el artículo 101.

Observación

“Si el Poder Ejecutivo observa la ley que le fuere remitida, la devolverá a la cámara de donde procede en el término de diez días, a contar de la fecha en que fue recibida. Si el asunto fue declarado de urgencia, hará sus observaciones en el término de cinco días a partir de ser recibida”, versa el artículo 102 de la norma suprema.

En la misiva, la Presidencia deberá indicar los artículos que serían reformulados, acompañados de sus motivaciones.

“La cámara que hubiere recibido las observaciones las hará consignar en el orden del día de la próxima sesión y discutirá de nuevo la ley en única lectura. Si después de esta discusión, las dos terceras partes de los miembros presentes de dicha cámara la aprobaren de nuevo, será remitida a la otra cámara; y si esta la aprobare por igual mayoría, se considerará definitivamente ley y se promulgará y publicará en los plazos establecidos en el artículo 101”, ordena el artículo antes mencionado.

La cámara legislativa receptora tendrá un plazo de dos legislaturas ordinarias para decidir la observación. De lo contrario, se considerará aceptada y el presidente procedería a promulgarla, de acuerdo con el artículo 103. Si no fuesen aceptadas, regresaría a su estado de proyecto, para conocerse nuevamente en las dos cámaras, tras ser reintroducida.

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Ciudadanos se movilizan en la Plaza de la Bandera en rechazo a la gestion del gobierno, a «Ley Mordaza» y el alto costo de la vida

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Santo Domingo, R.D.-La Plaza de la Bandera fue  el lugar escogido por cientos de ciudadanos para protestar en contra de la mala gestion del gobierno,  el alto de la vida, la ley mordaza y los abusos policiales que se producen  en la República Dominicana.

El alto costo de la vida, la denominada «Ley Mordaza» contenida dentro del nuevo Código Penal, la aplicación de la Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno durante la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis o «Plan Anticrisis»; además los abusos policiales y el accionar de la actual administración del Poder Ejecutivo, son los principales reclamos que se realizan en la protesta.

«No a la Ley Mordaza, no más robos, no más préstamos, no más impunidad, ya está bueno; no podemos seguir así. Este país debe de cambiar en un 100%», exclamó Agustín Rivas, quien asistió a la protesta en compañía de su esposa e hija.

«Es para fuera que van», expresó Ramírez indicando que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y Partido Revolucionario Moderno (PRM) no retomarán el poder en el 2028.

Los ciudadanos se hicieron acompañar de pancartas, banderas dominicanas, cornetas e incluso calderos para hacerlos sonar, como cacerolazos.

De la misma manera, otros optaron por usar especies de vestimenta, desnotando el abuso policial, el alto precio de los combustibles, entre otros.

Varios influencers y artistas urbanos, como «Melymel» y «El Piro», hicieron acto de presencia por varios minutos en la Plaza de la Bandera.

Particularmente, El Piro dio varias vueltas a la plazoleta, antes de salir del lugar.

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Por acuerdo con el Gobierno se suspende el aumento del pasaje en Santiago

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Santo Domingo, R.D.– Quedó sin efecto este jueves el aumento de pasaje anunciado por la Central Nacuional de Trabajadores del Transporte (CNTT) tras arribar  a un acuerdo con el  Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para establecer una mesa de dialogo para evaluar los costos del sector.

La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte, quienes acordaron revisar de manera técnica las condiciones operativas del transporte público antes de considerar cualquier ajuste en las tarifas.

Morrison recordó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el Intrant es el único organismo con facultad para autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público de pasajeros.

«Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar técnicamente la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley», expresó el funcionario.

Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura al diálogo mostrada por el Intrant y confirmó que la CNTT dejará sin efecto el incremento anunciado, comprometiéndose a no aplicar aumentos mientras se desarrollen las evaluaciones técnicas.

La mesa de trabajo realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los costos operativos del transporte y evaluará los factores que inciden en la prestación del servicio antes de emitir recomendaciones sobre un posible ajuste tarifario.

El director del Intrant destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo para reducir el impacto de los costos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer.

Indicó que durante el último año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas del Bono Gas a transportistas de distintos gremios, incluyendo una cantidad significativa de afiliados a la CNTT. Además, informó que recientemente la institución dispuso supervisiones para verificar los casos de choferes que aún no han recibido ese beneficio, con el propósito de garantizar que quienes cumplan los requisitos puedan acceder al subsidio.

Morrison también resaltó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país no respaldó el incremento anunciado, lo que, a su juicio, refleja la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación.

El Intrant reiteró que cualquier modificación en las tarifas del transporte público será el resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley 63-17, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar un sistema de transporte eficiente y sostenible.

of-am

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Si se aprueba proyecto de ley los policias tendrán que tener perros y detectores de metales.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República el proyecto que busca reformar la Ley 590-16 de la Policía Nacional.

Tras siete meses de espera, los senadores reactivaron los trabajos de manera repentina, precisamente seis días después de que un joven de tan solo 18 años de edad fuese ultimado a quemarropa por un agente policial.

Uno de los aspectos principales que contiene la pieza votada por los senadores es el establecimiento de los procedimientos que deberán agotar los patrulleros cuando deban inspeccionar a la ciudadanía.

La iniciativa destaca la potestad que tienen los policías de registrar, en “su misión preventiva”, a las personas, sus accesorios que poseen o los medios de transporte. No obstante, aclara que deben respetar “los derechos y la dignidad humana”.

La intención de la iniciativa es que los agentes tengan la obligación de realizar las inspecciones “siempre” con la cámara corporal de la institución policial debidamente encendida.

Además, garantiza que el ciudadano registrado podrá grabar en todo momento, “cuando así lo desee”, el procedimiento al que es sometido.

Según las indicaciones del documento legislativo, los policías deberán circunscribirse a una exploración externa, superficial y momentánea de la indumentaria y los bienes que la persona porta. Esto tendrá que ser desarrollado por un personal de seguridad del mismo sexo.

Asimismo, la propuesta legislativa precisa que “ningún registro” podría basarse en “estereotipos, prejuicios o perfiles delictivos fundados en la raza, el origen étnico, la apariencia, o la identidad de género del ciudadano”.

La acción policial estará permitida en las vías, espacios públicos, establecimientos comerciales “o de otra naturaleza abiertos al público”.

El documento, depositado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de diciembre, indica que la intención de los agentes consistirá en la identificación de armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones.

Además, precisar que el ciudadano no tenga en su poder un bien robado o extraviado, así como “verificar que sea el propietario de un bien que posee”.

Asimismo, descartar la posesión de drogas o sustancias prohibidas y prevenir la comisión de un hecho punible o un comportamiento contrario a la convivencia que pueda afectar a las personas del entorno.

Por último, para asegurar la seguridad de los asistentes a una actividad o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.

La iniciativa indica que estas acciones policiales deberán ser planificadas por el comandante o supervisor cuando se realicen en horario diurno.

Sin embargo, “cuando se realice en horas nocturnas”, deberá ser reportado antes y después de su práctica ante el supervisor o central de radio, dejando la trazabilidad del procedimiento policial.

Los comandantes de departamento, estación de policía y supervisores deberán verificar que los agentes dispongan “todos los elementos del cinturón multipropósito para el servicio”.

Este proyecto de ley será conocido, en segunda discusión, este viernes por el órgano legislativo. En caso de ser aprobado, deberá ser sometido al mismo procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, antes de ser enviado a las manos del presidente Luis Abinader.

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