Opinión
Tres opciones parecidas en lo peor
Por Narciso Isa Conde
Los comicios presidenciales y congresuales están fijados para el domingo 19 de mayo.
Las expectativas están centradas en los tres partidos que actualmente dominan el sistema electoral y las instituciones vigentes: el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), con la candidatura reeleccionista del actual presidente Luis Abinader, enfrentado a dos partidos de “oposición”, ambos conformados a raíz de la reciente división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó los cuatro periodos antes de las votaciones del 2020.
Uno lleva todavía su nombre (PLD) y postula a Abel Martínez, actual Alcalde de la ciudad de Santiago; y el otro, denominado Fuerza del Pueblo (FP), postula al expresidente Leonel Fernández. Los dos cargan con el descrédito de la corruptela estatal de sus cinco administraciones
El PRM -heredero de la corrupción del PRD, su partido de origen, asaltado por elites empresariales- tiene en su prontuario, tanto el tránsito de la preeminencia de la corrupción partidista a la preeminencia de la corrupción empresarial, como la profundización de la re-colonización neoconservadora del país y las cuentas del gobierno de Hipólito Mejía.
A la reelección, las encuestas le asignan más de un 60% del sufragio; y a los otros dos candidatos, menos del 25 % a cada uno de ellos. Al resto de los partidos menores y a sus respectivas candidaturas le asignan porcentajes sumamente reducidos.
El régimen electoral cuenta de dos vueltas y para ganar en la primera se requiere más del 50% de los votos válidos. Los dos partidos opositores pactaron ir juntos, asumiendo ambos la candidatura que logre el segundo lugar en primera vuelta, si hay segunda vuelta, algo muy improbable.
La seudo democracia dominicana, su sistema de partidos, sus modalidades de financiamiento, sus bases constitucionales y legales y sus mecanismos electorales han posibilitado su control durante décadas, y en cada periodo, por las fuerzas más conservadoras del país, subordinadas a EEUU.
En la actualidad el problema se ha tornado más grave en función de una mayor degradación política y ético-moral de las opciones electorales, en una media isla caribeña compartida con Haití y sometida a una multi-intervención de los EEUU.
Nuestro territorio, la frontera binacional y el Puerto de Manzanillo, ubicado en el noroeste atlántico del país, son puntos estratégicos de ensayos, operaciones y eventuales agresiones del Comando Sur del PENTÁGONO, dentro y fuera de la isla.
La destacada y descarada participación del Comando Sur en las operaciones policiales antidrogas es un ejercicio más en esa nefasta dirección.
El tema narcotráfico-DEA es solo un pretexto.
Está ya instalada una modalidad de intervención militar preventiva en esta parte de la isla; mientras Haití, caotizado por el accionar de las bandas patrocinadas por EEUU y los neofascistas colombianos, está a punto de ser nuevamente invadido bajo su tutela.
· EL TRÍO QUE TIRÓ AL PUEBLO EN EL POZO EN LOS ÚLTIMOS 28 AÑOS.
La trilogía PLD, FP y PRM piensan igual y han hecho cosas parecidas: favorecer al gran capital, aceptar como fatalidad la condición de capitalismo dependiente y el predominio abrumador de la gran propiedad privada; asumir la estrategia neoliberal o neoconservadora de las potencias occidentales, alinearse con la política exterior de EEUU y, concretamente, unirse a sus prácticas colonialistas y apoyar sus estrategias militares y sus guerras contra la humanidad.
Este es un posicionamiento común en los tres y al viejo PRD.
Desde sus respectivas candidaturas presidenciales (Abel, Leonel, Abinader…), son favorecidas las políticas privatizadoras de la propiedad y los servicios públicos y sociales.
Los tres asumen la salud y la educación como negocios, las ARS, AFP y empresas privadas en el campo de la seguridad social, las Alianza Público-Privadas (APP) y los Fideicomisos en múltiples vertientes, la integración a áreas y tratados de “libre” comercio, el desmonte de aranceles proteccionistas, el endeudamiento dentro de los parámetros, amarres e intervenciones propias del FMI-BM-BID y bancos de negocios, y el respaldo a las masacres imperialistas.
Eso explica, además, la gustosa aceptación por los tres de la presencia intervencionista del Comando Sur del Pentágono, la USAID, la DEA, el MAAG, la CÍA y el FBI.
Ninguno de ellos objeta las operaciones de esos instrumentos de la dominación estadounidense en la franja fronteriza y en todo el territorio nacional. Igual frente a las prácticas similares de la asesoría militar israelí.
Los tres asumen la Constitución y las leyes vigentes cuando les interesa y las violan cuando quieren.
Aprobaron la carta magna leonelista del 2010 de corte neo-conservador y se sienten cómodos/as con ella y con las leyes orgánicas aprobadas, especialmente con la ley de partidos y la ley electoral, que los convierten en dueños del régimen político-electoral, y les permite reciclarlo en favor de uno y de otro, con ventajas para el que ejerce el control del estado y sus instituciones.
Ellos y sus aliados son expertos en asistencialismos clientelistas, en el ejercicio electoralista desde el poder y en materia del uso abusivo de los recursos del estado, compra de votos, partidos y candidaturas.
Los tres agrupamientos -y no pocos de sus respectivos candidatos- acumulan grandes culpas en estafar al estado, asociarse y proteger mafias políticas, empresariales y militares; y fomentar las banalidades y el egoismo.
Tienen sus corruptos preferidos y sus propias articulaciones con la narco-política; y salvo casos insoslayables, o de conveniencia política, los tres están protegidos por un manto de impunidad sistémica y el uso de varias caretas, opositoras y oficialistas.
Los tres son pro capitalistas, neoliberales y pro imperialistas. Son nacionalistas frente a Haití, pero no frente a EEUU.
Son racistas-anti haitianos, machistas, ecocidas, reniegan del laicismo y han dejado a la deriva una amplia franja de jóvenes sin trabajo, sin escuela, sin esperanza… como presa fácil de la narco-delincuencia mayor y el Estado delincuente,
A los tres les fascinan los mega millonarios criollos y extranjeros.
Abinader -leal a su clase y a ese clan- le ha entregado las principales funciones ejecutivas de su gobierno al gran empresariado y la tutela militar del país al Comando Sur, comprometiéndose a realizar operaciones conjuntas en el escenario de Nuestra América.
Esa identidad ideológica es común a los tres, a las elites capitalistas gansterizadas y a sus principales aliados políticos.
Eso y la ausencia de ética en la política los une en las entrañas del sistema; mientras sus desmedidas ambiciones político-electorales, los separan.
Pero eso no es todo. Lo peor está por venir y debemos prepararnos para hacerle frente y derrotarlo.
Post reelección viene el paquetazo fiscal, la privatización del agua, el plan de la minería destructiva, el Código Penal sin las tres causales… y el fracatán de APPS y medidas ultraconservadoras y entreguistas, en medio de peligrosas confrontaciones regionales y mundiales.
Crecen así las razones para no ir a las votaciones, para en el próximo periodo tomar progresivamente las calles, sembrar sistemáticamente poder popular constituyente en todo el territorio nacional y potenciar las luchas extra institucionales por rescatar la soberanía nacional y derrotar todas las formas de intervención con las que durante 59 años se nos ha negado la autodeterminación como pueblo, el derecho a decidir como país y el disfrute de una democracia real.
Aumentan las razones para unir fuerzas en favor de un proceso constituyente que se proponga cambiarlo todo, refundar la institucionalidad sobre la base de una nueva Constitución e impulsar una la línea de acción popular y solidaridad antiimperialista con los pueblos en lucha por la soberanía, por la nueva democracia y la transición el nuevo socialismo; en la ruta de liberar la patria chica a los compases de construcción de la patria grande como casa común.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.