De portada
No ejecución de sentencias del T.C. crea desconfianza en el sistema de justicia y amenaza la seguridad jurídica.
Por Elba García
En la celebración del onceavo cumpleaños del Tribunal Constitucional su presidente, doctor Milton Ray Guevara, ha puntualizado algo que todo el país sabe y es que el flagelo de la corrupción ha golpeado el patrimonio publico y ha estremecido la conciencia nacional, pero habría que agregar que ha creado toda una cultura en esta materia.
El doctor Ray Guevara ha destacado en su discurso que el Tribunal Constitucional ha obtenido la certificación bajo la Norma Internacional sobre el Sistema de Gestión Antisoborno, pero de igual modo el magistrado de la alta corte se ha quejado de que este instrumento opera bajo condiciones muy precarias y que tanto es así que el acto de celebración de su fecha aniversaria tuvo que celebrarse en un salón de la Suprema Corte de Justicia por no tener uno que garantice la solemnidad que demanda esta instancia legal.
Esta queja del T.C. representa una especie de contradicción entre los logros de esta alta corte y la atención que debía merecer para continuar su eficiente trabajo desde un nivel de dignidad que garantiza que el país continúe por el sendero de la institucionalidad y de la solución de todas o por lo menos de la mayoría de las fallas que afectan el país en lo referente a sus normativas jurídicas.
El presidente del Tribunal Constitucional habló de la necesidad de prevenir y eliminar prácticas fraudulentas y mitigar riesgos de soborno y de ese modo asegurar la sostenibilidad de una cultura fundamentada en valores en los procesos jurisdiccionales, financieros,, administrativos, de recursos humanos, tecnología de la información y la comunicación, planificación, fortalecimiento institucional, entre otros.
La audiencia solemne de rendición de cuentas con motivo de su aniversario, sirvió para que el presidente del Tribunal Constitucional afirmara que tienen que predicar con el ejemplo, dotándose de mecanismos para prevenir y sancionar practicas constitutivas de la corrupción.
El magistrado expresó que con el respeto del debido proceso, robustecido por las decisiones del Tribunal Constitucional, no es posible que el poder jurisdiccional no trate de dar el ejemplo, al servir de aliado esencial de los poderes públicos en el combate contra la impunidad y la corrupción.
Un punto generador de mucha esperanza tiene que ver con la labor jurisdiccional del referido órgano que consiste en proteger la soberanía y la nacionalidad dominicana, cuya sentencia numero 0315/15 declaró no conforme con la Constitucional el acuerdo sobre el status del personal de los Estados Unidos en la Republica Dominicana, así como las condiciones necesarias para otorgar la nacionalidad.
Llena de orgullo, naturalmente al margen de cualquier nacionalismo irracional, escuchar del Tribunal Constitucional hablar de la protección de la dominicanidad y de la soberanía nacional, cuyos perfiles para adquirirla han quedado claramente delimitados por decisiones de la alta corte.
De igual modo, fortifica escuchar hablar de la protección y reconocimiento de los derechos fundamentales que defienden la Constitución y el estado de derecho, así como de cuidar el patrimonio cultural e histórico de la nación.
Sin embargo, el lado oscuro de un panorama que luce muy esperanzador con las sentencias del Tribunal Constitucional, tiene que ver con el hecho de alrededor de 92 sentencias pendientes de ejecución, de las que 58 corresponden a ineficiencia de entidades del gobierno central y autónomos, lo que llevará a la alta corte a partir de la próxima semana a emplazar a esas instituciones a cumplir con el fallo y para cuyo fin se les otorgará un plazo razonable.
Esta situación revela que hay un desarrollo desigual en lo que respecta a mejorar los niveles de institucionalidad que son imprescindibles en el país para mejorar el estado de derecho y la democracia dominicana, ya que los órganos y entes públicos no caminan al mismo nivel del Tribunal Constitucional y con la responsabilidad que demanda la sociedad.
De portada
Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
De portada
La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.