En la partidocracia dominicana no hay forma de que se presente una acusación penal en contra de alguno de sus miembros y sin que la misma no se traduzca en una supuesta persecución política.

En las últimas horas el país ha sido escenario en diferentes lugares del territorio nacional de que militantes peledeístas se hayan movilizado para denunciar que la democracia dominicana está en peligro por las acusaciones presentadas en contra de la plana mayor del gobierno que encabezó Danilo Medina.

El expresidente, quien aparece como cómplice en casi todos los expedientes que ha presentado el Ministerio Público, hizo duras críticas al órgano responsable de la persecución del delito y el crimen, el cual, según el exmandatario, el presidente Abinader define como independiente.

Danilo censuró la forma en la que son sometidos a la justicia los exfuncionarios de su gobierno, entre ellos el excandidato presidencial Gonzalo Castillo, porque en su opinión se busca sustituir las urnas por los tribunales para desacreditar a los que él llama los lideres de la oposición para que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) gane las elecciones en el 2024.

Dice Medina que la sociedad dominicana se da cuenta de lo que ha dicho, en el sentido de que se busca sustituir la elección democrática de candidatos por la escogencia arbitraria de culpables.

De acuerdo al presidente del PLD, la persecución del Ministerio Público quieren que sea un expediente el que decida quién puede y quién no puede ser presidente de un país, ya que en realidad quieren cambiar la voluntad popular por una acusación criminal y según lo ve Danilo Medina no hay justicia para nadie si un peledeísta es enjuiciado y  muere de esa manera  el principio de igualdad, lo cual quiere decir que en el país sólo se actúa correctamente si hay una actitud tolerante con los exfuncionarios de su gobierno  por parte de la autoridad que debe perseguir el crimen y el delito

Estas opiniones del expresidente justifican la reacción de muchos peledeístas de la base, quienes se han lanzado a las calles para rechazar el apresamiento de personas de las más altas instancias del pasado gobierno y del PLD, ante cuyos dirigentes no tienen acceso los que los defienden de las acusaciones que pesan en su contra por la comisión de actos de corrupción en contra del patrimonio nacional.

El asunto es que la partidocracia, a través de las organizaciones que la conforman, siempre recurrirán a lo que ahora se apoya el PLD para la lograr la impunidad de su cúpula corrupta, porque sus diferencias consisten en ver cualquier acción que busque adecentar la vida nacional como persecución política y de esa manera dañar al Estado y al propio tiempo a toda la sociedad dominicana.

De seguro que los peledeístas de la base estaban muy ocupados en conseguir la comida del día a día mientras se producía el depósito mediante vehículos blindados de miles de millones de pesos en el lugar escogido por Gonzalo Castillo y los otros que formaban parte de la red que desfalcaba al Estado.

Sin embargo, hay que reconocer que los peledeístas de la base que se han lanzado a las calles a protestar tal vez se sienten muy agradecidos por algún menudo que se les dio en cualquier momento, pero no porque tengan la seguridad si hubo o no hubo sustracción de fondos públicos por parte de los imputados.

Ese detalle deja claro que el país camina por un sendero muy peligroso, porque los antiéticos y antimorales todavía aparecen con candidaturas presidenciales sin tener el más mínimo mérito y que en consecuencia también debían estar en el banquillo de los acusados.

La realidad es que ahora son los peledeístas los que protestan, pero si mañana salieran del poder los del PRM y son los de ellos los perseguidos y procesados por corrupción, con seguridad se va ver la misma reacción que ahora tienen los peledeístas.

Todo ello indica que la sociedad está atrapada ante personajes de la vida política nacional que no ven el Estado de otra forma que no sea para buscar riquezas que representan una afrenta a los miles de ciudadanos y ciudadanas que no tienen forma de salir de la pobreza, la cual se expresa con mucha dureza por no tener ni siquiera el acceso a los servicios públicos vitales, como es el de agua potable y energía eléctrica, así como de salud y educación.

La reacción del PLD, el cual forma parte importante de la partidocracia, no tolera que ninguno de sus exfuncionarios y dirigentes vayan al banquillo de los acusados, porque de lo que se trata es convertir a la  República Dominicana en tierra de nadie.

Esta conducta, que ya se ha establecido, que será la misma de los que ahora tienen el poder si es que llegara una persecución en su contra, ya que podría darse también en algunos casos la desgraciada retaliación, pero generalmente las acusaciones tienen asidero y legitimidad, dado que el país está ante la inclinación muy fuerte de apropiarse del dinero público, cuya conducta ya constituye una cultura nacional.

Por Elba García

La conversión de cualquier persona en candadita presidencial de un partido político  con  posibilidades de alcanzar el poder,  aunque no llegue a la meta de ocupar la posición política y pública más alta, generalmente se baña de papeletas de dinero de diferentes procedencias.

Los ejemplos en la República Dominicana son numerosos, sobre todo porque la mayoría, por no decir prácticamente todos, los candidatos presidenciales provienen de la clase media, es decir, personas que no tienen grandes fortunas y que lo más que han tenido es un ejercicio profesional relativamente exitoso.

Sin embargo, en esta regla hay dos candidatos que lograron la meta de alcanzar la presidencia de la República, pero que nadie les puede atribuir que obtuvieron grandes fortunas personales a través de la política.

Se trata de Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, cuya diferencia entre ambos fue que el primero avaló y sirvió de padrino para que determinados personajes de su gobierno se enriquecieran, entre los que se podían citar a Guaroa Liranzo, entre otros, pero no ocurrió así con el fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien fue rabiosamente honesto y celoso en el manejo de los recursos públicos.

A otro que tal vez no se le puede atribuir acciones para acumular fortuna personal fue a Don Antonio Guzmán Fernández, quien era indicado como poseedor de una riqueza que nunca fue realmente comprobada y tampoco parece que recibió grandes donaciones económicas durante su campaña electoral, aunque siempre es así.

Otro presidente que no se le conocía fortuna económica, pero que era un experto en generar recursos por su condición de aspirante presidencial con una real vocación de poder, fue el licenciado Jacobo Majluta, quien nunca ganó unas elecciones presidenciales, pero participó de forma muy destacada en el propósito de alcanzar la llamada silla de alfileres.

El doctor Salvador Jorge Blanco, un ejemplo de acumulación de una alta popularidad como candidato presidencial, quien se había destacado como un excelente profesional del derecho de la ciudad de Santiago, es otro de quien  en realidad no hay constancias de que haya recibido grandes sumas de dinero como aspirante a la jefatura del Estado.

Sin embargo, el asunto da un giro en el país cuando se intensifica la corrupción administrativa y que el dinero del narcotráfico y de otras actividades del bajo mundo entra a la actividad política y que de alguna manera contamina el Estado, sobre todo después del país pasar de además de un puente a un mercado importante de estupefacientes.

De manera, que el dinero del bajo mundo entra a la actividad política a nivel no sólo de la candidatura presidencial, sino de los que buscan llegar al Congreso Nacional y los ayuntamientos, tanto es así que ha sido poco lo que se ha disimulado en esta materia en el país.

Hipólito Mejía es otro candidato  que llega a la presidencia de la República prácticamente desde la nada y que en realidad no se le conocía ninguna fortuna, pero hay quienes sostienen que este político, que inició su carrera  desde la secretaria de Agricultura de la época, exhibe un poder económico que no hay formas convincentes de cómo pudo haber ser adquirido.

La explosión en términos de los aspirantes presidenciales que aprovecharon la campaña electoral para acumular riquezas, se inicia con mayor notabilidad durante las aspiraciones de Leonel Fernández, quien de ser un profesional del derecho sin mucho éxito en esta materia anuncia al país en el 1996 que era millonario en los devaluados pesitos dominicanos.

La acumulación económica de Fernández pareció no detenerse cuando declaró que poseía la suma de algo más de 17 millones de pesos y luego fue seguido por Danilo Medina de su mismo partido, ambos de una procedencia que puede decirse humilde, hasta llegar a cuando el dinero del bajo mundo entra con mucha fuerza en las campañas electorales.

Empero, el caso que tal vez más llama a la atención es el del presidente Luis Abinader, quien durante una entrevista con Jorge Ramos de la cadena Univisión, fue llevado a revelar que su fortuna personal alcanzaba a algo más de un millón de dólares y en cuestión de un tiempo relativamente corto aparece como el presidente más rico de Latinoamérica.

Abinader habla de una fortuna en paraísos fiscales que pocas personas le han dado importancia a ese detalle, pero el mandatario dice tener unos 76 millones de dólares, es decir, unos 4 mil 300 millones de pesos, pero hasta donde se sabe todavía no ha habido ninguna de determinación de herederos del patrimonio de su padre.

El asunto es que los candidatos presidenciales reciben altas sumas de dinero por concepto de contribución a la campaña electoral, cuya comprobación se puede hacer con la revelación hecha por el abogado Angel Lockward de que donó a la campaña de Luis  Abinader la suma de 400 millones de pesos y hasta el momento el actual mandatario no ha negado esa afirmación de uno de los imputados de un fraude en contra del Estado que llega a más de los 19 mil millones de pesos.

El asunto es que quién no sabe en este país que Lockward no ha sido heredero de una gran fortuna económica y que esa donación a Abinader tiene que tener una procedencia como la que se ha develado ahora con el caso de corrupción en que esta involucrado, pero que además ya había sido imputado en otros similares.

Vistos estos casos hay que concluir que las grandes fortunas de algunos candidatos presidenciales tienen su explicación en dinero que proviene de los grupos económicos, el bajo mundo y de todas las distorsiones que se producen en un país como la República Dominicana, donde no hay controles de nada y cuyo nivel de institucionalidad se presta para vender lo que no existe y ser exitoso con sólo acogerse a la cultura de la apariencia que arropa a toda la nación.

Por Elba García

El delito de coalición de funcionarios entre todos los que fueron apresados por el Ministerio Público es a partir de una reunión celebrada en el Palacio Nacional, la cual fue encabezada por el presidente Danilo Medina y en la que exhortó a sus subalternos a buscar todo el dinero que fuera posible para la campaña electoral del 2020, cuyo candidato era Gonzalo Castillo.

Posteriormente,  José Ramón Peralta, ministro en ese entonces Administrativo de la Presidencia,  le solicitó a quien fuera  Director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán, ficha clave en esta investigación,  que convocara en el Palacio Nacional a unos de los principales constructores del Estado Dominicano, el ingeniero Bolívar Ventura, quien en ese momento tenía lo que se entendían eran deudas del Estado Dominicano.

De inmediato, Pagán convocó a una reunión en su oficina en la OISOE al ingeniero Bolívar Ventura, quien acudió y luego se trasladó hasta el Palacio Nacional junto al funcionario, lo que posibilitaba un rápido acceso del contratista porque evitaba la burocracia propia del Sistema de Seguridad de la sede del Gobierno Dominicano.

En esa reunión, José Ramón Peralta, le dice a Bolívar Ventura, siempre de acuerdo a la narración de los hechos por parte del Ministerio Público, que debía hacer un aporte para la campaña y que a cambio se le harían unos pagos de deudas que tenía con el Estado y que para fines de coordinar los mismos debía ir donde el exministro de Hacienda Donald Guerrero.

En la reunión coordinada por Francisco Pagán con el Ministerio de Hacienda, Donald Guerrero, este último le dice a Bolívar Ventura, que necesitan fondos para las elecciones internas del 2019, por lo que a cambio de la entrega del dinero adeudado, tenía que hacer una donación que iría a la campaña interna del PLD, concretamente en apoyo al entonces precandidato Gonzalo Castillo, lo cual representaba una operación de soborno.

En el momento de la propuesta, el señor Bolívar Ventura indica que tenía muchas deudas y que lo que podía hacer era donar doscientos millones, pero que Donald Guerrero entendía que debía ser  más.

 La insistencia del exministro Donald Guerrero termina en que Bolívar Ventura entregaría la suma de quinientos millones de pesos, cuyo monto aumentó a la suma total de RD $527,694,838.00.

Es a partir de estos hechos que el Ministerio Público instrumenta la acusación a los investigados, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, junto a otros a los que se refiere esta imputación, de coalición para distraer fondos del Estado y que el monto llega a los referidos RD $527,694,838.00).

En la búsqueda de fondos como lo había exhortado el expresidente Medina los imputados logran que el investigado Víctor Encarnación, entonces director técnico de la OISOE, realice volumetrías falsas de obras incluso cerradas, que habían sido realizadas por las empresas de Bolívar Ventura.

Las maniobras con cubicaciones falsas, como tiene probado la presente investigación, se convierte en una estafa contra el Estado dominicano, lo cual llevo a  Donald Guerrero, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo, Víctor Encarnación Daniel y Omar de Jesús Caamaño a distraer  montos millonarios a través de cubicaciones adulteradas, que tenían como sustento un reconocimiento de deuda, el cual el constructor no había solicitado  sobre la base de  una volumetría inexistente.

Todas estas operaciones, siempre de acuerdo  a las pruebas que posee el Ministerio Público,   se realizan en el 2019, pero la mayoría de las documentaciones se adelantan con fecha del 2018  para poder justificar el pago como deuda pública, ya que una  contraída en el  2019 no se podría pagar en el 2019 bajo ese concepto.

Los exfuncionarios Donald Guerrero y José Ramón Peralta solicitaron decenas de millones a Bolívar Ventura, quien le dijo que no era posible mover todas esas cantidades en efectivo por la ley de lavado de activos y es ahí que se dispone hacer los contactos con el administrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo, quien delega las operaciones en el contralor de la institución de intermediación financiera, Andrés Guerrero, lo que da inicio a un caso de lavado de activos, tal vez el más grande que se haya  conocido en el país en detrimento del patrimonio del Estado.

Las deudas que el Estado tenía con el ingeniero Bolívar Ventura a través de sus empresas Doiteca Diprecat, Construcciones y Diseño RMM y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC venían de hace más de diez años y fueron las que utilizaron Donald Guerrero, José Ramon Peralta, que constituyó un esquema de corrupción, cuya cabeza era el entonces presidente Danilo Medina.

Como fue establecido, la propuesta a Bolívar Ventura fue recibir el pago de aproximadamente 30 obras que había construido desde la OISOE, para justificar pagarlas a través de acuerdos de reconocimiento de deuda por trabajos adicionales, aunque en realidad eran cubicaciones maniobradas con falsedad de contenido.

Entonces es lo que lleva al Ministerio Público a sostener  que es evidente que aquí hay una clara coalición de funcionarios, entre Donald Guerrero, José Peralta, Gonzalo Castillo, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Princesa Alexandra García Medina, pero de cuya trama no se puede excluir al expresidente Danilo Medina, dado que el  fin era  estafar al Estado Dominicano y distraer fondos millonarios en una mega operación de lavado de activos, materializadas, además, a través de una asociación de malhechores.

 Tanto fue así que para los primeros pagos a la citada estructura, Bolívar Ventura utilizó la agencia de cambio RM, ubicada en la zona Este del Gran Santo Domingo, de la cual es dueño y administrador el señor Anderson Acevedo, quien le realizó un cambio de moneda mediante una transferencia electrónica.

El dinero producto de esa operación fue llevado a la OISOE y entregadas a Francisco Pagán, las cuales fueron ejecutadas 2 veces por la suma de cincuenta millones de pesos cada una, y este funcionario  le entrega a Donald Guerrero en su despacho del Ministerio de Hacienda la suma de cincuenta millones de pesos en efectivo y posteriormente  la restante suma de cincuenta millones de pesos a José Ramón Peralta en el Palacio Nacional.

Los cien millones de pesos entregados por Pagán fueron a través de Peralta, pero que las sumas restantes habría que llevárselas a Donald Guerrero, quien dispuso como se distribuirían las mismas.

Luego  de los pagos en efectivo, Francisco Pagán le informó a Bolívar Ventura que sería contactado para ejecutar las entregas inmediatamente iba recibiendo los pagos de lo debido por OISOE.

Establece el Ministerio Publico que en ese sentido recibió un mensaje del investigado Andrés Guerrero, quien en ese momento era el contralor del Banco de Reservas, para coordinar el canje de cheques y entrega de dinero en el Banco de Reservas, sucursal calle José contreras esquina Gral. Jiménez Moya, La Feria, Distrito Nacional, quien además organizaba todo para la entrega, las que se realizaban luego de haber recibido las instrucciones de su superior.

Aduce que  que  las evidencias indican que Andrés Guerrero se refería sin mayor cuidado a que ese dinero era para Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.

Según el Ministerio Público RD$ 527,694,838.00 fueron recibidos a través de quienes dispuso Donald Guerrero, es decir, los señores Ramón Emilio Jiménez (a) Mimilo y José Arturo Ureña, quienes hacen un esquema de distribución en el que participa el señor Fernando Crisóstomo, quien a su vez es la persona que hace la entrega de efectivo al investigado Víctor Encarnación, quien, como hemos dicho, se encarga de alterar la volumetría de OISOE.

Es preciso decir, aduce la instancia, que todo este esquema operaba con la participación directa de Francisco Pagán como director de la OISOE y con el entonces contralor general de la República Daniel Omar De Jesús Caamaño Santana, quien hacía el trámite de los pagos, sin haber ningún control, a cambio de recibir su porcentaje de los sobornos.

La solicitud de orden de allanamiento o registro de lugares de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), incluye a 23 personas relacionadas a la investigación relativa al caso Calamar.

La solicitud de orden de allanamiento depositada por el titular del PEPCA, Wilson Camacho del 7 de febrero pasado, fue autorizada por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, el 8 de marzo pasado.

En la instancia se solicita el allanamiento de Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero,  Daniel Omar de Jesús Caamaño , Luís Miguel Piccirillo Mcabe,  Claudio Silver Peña Peña,  Aldo Antonio Gerbasi Fernández,

También Princesa Alexandra García Medina, Oscar Arturo Chalas, Andrés Guerrero, Ángel Lockward Mella, German Fernando Mateo Andújar, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández,

Igualmente, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana linda Fernández de Paola, Emir José Fernández de Paola, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero.

El grupo es investigado por violación de los artículos 123 (145, 146 y 147, 166, 171 y 172, 177 265 y 266 y 405 del Código Penal Dominicano que tipifican la coalición de funcionarios, falsificación, prevaricación, desfalco, soborno o cohecho, asociación de malhechores y estafa contra el Estado) 18 de la Ley No. 311-14 que tipifica el enriquecimiento ilícito, artículos 3 letras A y B, 4, 8 letra B, 18, 21 letra B y 26 de la Ley No. 72-02, sobre Lavado de Activos (para los hechos de lavados cometidos antes de 2017), así como los artículos 59, 63, 64 y 78 de la ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Político para el Financiamiento ilícito de campañas políticas.

Como se ve, en las acciones  anticorrupción del Ministerio Público siempre ha aparecido el nombre  de   Danilo Medina, pero nadie entiende si ciertamente la condición de haber estado en la cima del poder político constituye una garantía de no ser procesado por los delitos cometidos, ya que el primer imputado  debía ser el actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero  inexplicablemente el Ministerio Público no ha procedido en su contra a partir de las pruebas aportadas.