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Tribunal fija para el 13 de agosto el fallo en el caso de Alexis Medina y compartes

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Santo Domingo, R.D.-El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fijó para el 13 de agosto la lectura del fallo en el juicio de fondo contra Alexis Medina Sánchez y los demás implicados en el presunto caso de corrupción.

El tribunal, presidido por Clarivel Nivar e integrado por Clara Castillo y Jisell Soto, informó que dará a conocer el fallo a las 11:00 de la mañana.

Las juezas tomaron la decisión de fijar la fecha de la lectura de la sentencia, luego de escuchar las conclusiones del Ministerio Público, los abogados que representan al Estado dominicano, las defensas de los acusados y las palabras finales de estos.

La jueza Nivar indicó que el tribunal ha estado trabajando intensamente en la valoración de la gran cantidad de pruebas presentadas durante los debates, que se extendieron por más de treinta días. Aseguró que actuarán con la responsabilidad que los caracteriza para dar una respuesta a este caso.

Asimismo, el tribunal dejó convocadas a todas las partes para que estén presentes en la fecha y hora indicadas, y les recomendó ir preparados, incluso en cuanto a su alimentación, ya que la lectura del fallo podría extenderse por varias horas.

Previamente, los imputados solicitaron al tribunal por separados una sentencia de descargo, argumentando que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad.

Por su parte, los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo la coordinación de Mirna Ortiz, solicitaron al tribunal condenar a 20 años de cárcel para Alexis Medina y entre 3 y 15 años para otros acusados por corrupción administrativa.

Igualmente, que las penas sean cumplidas en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Najayo Mujeres.

Mirna Ortiz, titular de la Pepca, enfatizó que las sentencias solicitadas están acordes con la gravedad de los hechos cometidos, los cuales, según las pruebas presentadas, comprometen la responsabilidad penal de Juan Alexis Medina Sánchez y sus coimputados.

Detalló que el Ministerio Público solicitó el decomiso de los bienes obtenidos con fondos drenados del erario mediante contrataciones irregulares, probadas durante el más de un año de audiencias.

Ortiz hizo un llamado a la reflexión sobre los casos de corrupción: «En cada peso drenado al Estado debemos pensar en las obras inconclusas, niños sin acceso a la educación y personas que no encuentran medicamentos o camas en los hospitales. Tenemos que vernos a nosotros mismos, como parte del Estado dominicano, que contribuimos a través del pago de impuestos y que no merecemos que un grupo sea el que se aproveche y beneficie ilegítimamente de esos recursos».

Implicados en el caso

Además de Alexis Medina Sánchez, figuran como acusados:

José Dolores Santana Carmona

Wacal Vernabel Méndez Pineda

Fernando Aquilino Rosa Rosa (expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas – Fonper)

Carmen Magalys Medina Sánchez (exvicepresidenta administrativa de Fonper y hermana de Alexis Medina Sánchez)

Carlos José Alarcón

Ramón Brea Morel (Jhonny Brea)

Lina Ercilia de la Cruz Vargas

Víctor Matías Encarnación Montero

Libni Arodi Valenzuela Matos

Paola Mercedes Molina Suazo

Carlos Martín Montes de Oca

Rigoberto Alcántara Batista

José Miguel Genao Torres

Antonio Florentino Méndez

Fulvio Antonio Cabreja Gómez

José Idelfonso Correa Martínez

Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco

Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (exministro de Salud Pública)

Rafael Antonio Germosén Andújar

Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez (fiscalizador de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado – OISOE)

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Ciudadanos se movilizan en la Plaza de la Bandera en rechazo a la gestion del gobierno, a «Ley Mordaza» y el alto costo de la vida

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Santo Domingo, R.D.-La Plaza de la Bandera fue  el lugar escogido por cientos de ciudadanos para protestar en contra de la mala gestion del gobierno,  el alto de la vida, la ley mordaza y los abusos policiales que se producen  en la República Dominicana.

El alto costo de la vida, la denominada «Ley Mordaza» contenida dentro del nuevo Código Penal, la aplicación de la Reforma Fiscal aprobada por el Gobierno durante la Ley de Medidas pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis o «Plan Anticrisis»; además los abusos policiales y el accionar de la actual administración del Poder Ejecutivo, son los principales reclamos que se realizan en la protesta.

«No a la Ley Mordaza, no más robos, no más préstamos, no más impunidad, ya está bueno; no podemos seguir así. Este país debe de cambiar en un 100%», exclamó Agustín Rivas, quien asistió a la protesta en compañía de su esposa e hija.

«Es para fuera que van», expresó Ramírez indicando que el Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y Partido Revolucionario Moderno (PRM) no retomarán el poder en el 2028.

Los ciudadanos se hicieron acompañar de pancartas, banderas dominicanas, cornetas e incluso calderos para hacerlos sonar, como cacerolazos.

De la misma manera, otros optaron por usar especies de vestimenta, desnotando el abuso policial, el alto precio de los combustibles, entre otros.

Varios influencers y artistas urbanos, como «Melymel» y «El Piro», hicieron acto de presencia por varios minutos en la Plaza de la Bandera.

Particularmente, El Piro dio varias vueltas a la plazoleta, antes de salir del lugar.

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Por acuerdo con el Gobierno se suspende el aumento del pasaje en Santiago

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Santo Domingo, R.D.– Quedó sin efecto este jueves el aumento de pasaje anunciado por la Central Nacuional de Trabajadores del Transporte (CNTT) tras arribar  a un acuerdo con el  Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para establecer una mesa de dialogo para evaluar los costos del sector.

La decisión fue adoptada durante una reunión encabezada por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, y el presidente de la CNTT, Juan Marte, quienes acordaron revisar de manera técnica las condiciones operativas del transporte público antes de considerar cualquier ajuste en las tarifas.

Morrison recordó que la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece que el Intrant es el único organismo con facultad para autorizar modificaciones en las tarifas del transporte público de pasajeros.

«Hemos acordado instalar una mesa de trabajo para revisar técnicamente la estructura de costos del transporte de pasajeros. Hasta tanto concluyan esos trabajos, no habrá aumento del pasaje. Nuestro compromiso es garantizar que cualquier decisión se sustente en estudios técnicos, el diálogo y el estricto cumplimiento de la ley», expresó el funcionario.

Por su parte, Juan Marte agradeció la apertura al diálogo mostrada por el Intrant y confirmó que la CNTT dejará sin efecto el incremento anunciado, comprometiéndose a no aplicar aumentos mientras se desarrollen las evaluaciones técnicas.

La mesa de trabajo realizará un levantamiento de las rutas donde se reportaron incrementos, analizará los costos operativos del transporte y evaluará los factores que inciden en la prestación del servicio antes de emitir recomendaciones sobre un posible ajuste tarifario.

El director del Intrant destacó que el Gobierno mantiene mecanismos de apoyo para reducir el impacto de los costos del transporte, entre ellos los subsidios a los combustibles y el programa Bono Gas Chofer.

Indicó que durante el último año fueron entregadas más de 2,300 tarjetas del Bono Gas a transportistas de distintos gremios, incluyendo una cantidad significativa de afiliados a la CNTT. Además, informó que recientemente la institución dispuso supervisiones para verificar los casos de choferes que aún no han recibido ese beneficio, con el propósito de garantizar que quienes cumplan los requisitos puedan acceder al subsidio.

Morrison también resaltó que más del 95 % de las organizaciones del transporte público del país no respaldó el incremento anunciado, lo que, a su juicio, refleja la voluntad mayoritaria del sector de privilegiar el diálogo y la concertación.

El Intrant reiteró que cualquier modificación en las tarifas del transporte público será el resultado de estudios técnicos y del cumplimiento de la Ley 63-17, con el objetivo de proteger a los usuarios y garantizar un sistema de transporte eficiente y sostenible.

of-am

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Si se aprueba proyecto de ley los policias tendrán que tener perros y detectores de metales.

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Santo Domingo, R.D.-Fue aprobado en primera lectura en el Senado de la República el proyecto que busca reformar la Ley 590-16 de la Policía Nacional.

Tras siete meses de espera, los senadores reactivaron los trabajos de manera repentina, precisamente seis días después de que un joven de tan solo 18 años de edad fuese ultimado a quemarropa por un agente policial.

Uno de los aspectos principales que contiene la pieza votada por los senadores es el establecimiento de los procedimientos que deberán agotar los patrulleros cuando deban inspeccionar a la ciudadanía.

La iniciativa destaca la potestad que tienen los policías de registrar, en “su misión preventiva”, a las personas, sus accesorios que poseen o los medios de transporte. No obstante, aclara que deben respetar “los derechos y la dignidad humana”.

La intención de la iniciativa es que los agentes tengan la obligación de realizar las inspecciones “siempre” con la cámara corporal de la institución policial debidamente encendida.

Además, garantiza que el ciudadano registrado podrá grabar en todo momento, “cuando así lo desee”, el procedimiento al que es sometido.

Según las indicaciones del documento legislativo, los policías deberán circunscribirse a una exploración externa, superficial y momentánea de la indumentaria y los bienes que la persona porta. Esto tendrá que ser desarrollado por un personal de seguridad del mismo sexo.

Asimismo, la propuesta legislativa precisa que “ningún registro” podría basarse en “estereotipos, prejuicios o perfiles delictivos fundados en la raza, el origen étnico, la apariencia, o la identidad de género del ciudadano”.

La acción policial estará permitida en las vías, espacios públicos, establecimientos comerciales “o de otra naturaleza abiertos al público”.

El documento, depositado por el Poder Ejecutivo el pasado 8 de diciembre, indica que la intención de los agentes consistirá en la identificación de armas, municiones, explosivos, elementos cortantes, punzantes, contundentes o sus combinaciones.

Además, precisar que el ciudadano no tenga en su poder un bien robado o extraviado, así como “verificar que sea el propietario de un bien que posee”.

Asimismo, descartar la posesión de drogas o sustancias prohibidas y prevenir la comisión de un hecho punible o un comportamiento contrario a la convivencia que pueda afectar a las personas del entorno.

Por último, para asegurar la seguridad de los asistentes a una actividad o la identidad de una persona que desea ingresar a un lugar.

La iniciativa indica que estas acciones policiales deberán ser planificadas por el comandante o supervisor cuando se realicen en horario diurno.

Sin embargo, “cuando se realice en horas nocturnas”, deberá ser reportado antes y después de su práctica ante el supervisor o central de radio, dejando la trazabilidad del procedimiento policial.

Los comandantes de departamento, estación de policía y supervisores deberán verificar que los agentes dispongan “todos los elementos del cinturón multipropósito para el servicio”.

Este proyecto de ley será conocido, en segunda discusión, este viernes por el órgano legislativo. En caso de ser aprobado, deberá ser sometido al mismo procedimiento legislativo en la Cámara de Diputados, antes de ser enviado a las manos del presidente Luis Abinader.

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