Opinión
Trotsky es un león
Es un león y se llama León. Y sigue siéndolo.
Sus ideas tienen ahora más fuerza que antes, no solo por sus agudas y previsoras críticas al rumbo burocrático de la primera revolución obrera y popular victoriosa del siglo XX, (la revolución rusa, rápidamente convertida en revolución soviética), sino por los criterios que sustentó alrededor del estrecho vínculo entre la tareas democráticas, agrarias y anti-oligárquicas, y la transición al socialismo en países de capitalismo atrasado, tardío, subdesarrollado…; países colonizados y recolonizados.
Hoy más que nunca contrasta lo moderno y ultramoderno del capitalismo con la presencia en su seno de las “formas económicas más primitivas”
Y hoy, tal como lo evidencia el proceso hacia la revolución en Venezuela, y como apuntan los procesos de reformas anti-neoliberales en otros países, la lucha consecuente contra los modelos neoliberales exige de cambios permanentes, ascendentes, ininterrumpidos, potenciados en el sentido anti-capitalista por fuerzas creadoras de conciencia socialista.
Allí las consignas movilizadoras, sentidas y anheladas por los (as) de abajo, e impulsadas por el bloque social transformador, se expresan-o deben expresarse- dentro de una vía de aproximación a cambios estructurales capaces de eliminar las causas profundas de su negación a base de conciencia, lucha y organización. Y si no el proceso se estanca y retrocede.
Porque ciertamente hay reformas y reformas: unas funcionales, asimilables o potables al orden dominante en crisis y otras generadoras de dinámicas revolucionarias.
Y estas últimas, bien asumidas- como lo está haciendo Chávez en Venezuela- no tardan en poner a la orden del día la necesidad de una transición al socialismo adecuada a la condición de país recolonizado a lo neoliberal y con estructuras capitalistas dependientes combinadas con variados niveles de atraso y pre-capitalismo. Y esto a su vez genera más contrarrevolución, como también acontece ahora en Venezuela.
Esa curiosa dialéctica entre las tareas pre-socialistas y socialistas de la revolución en países de la periferia del capitalismo central, fue magistralmente expuesta por León Trosky hace ya casi un siglo. Veamos:
“Los países coloniales y semi-coloniales son por su misma naturaleza países atrasados. Pero estos países atrasados viven en las condiciones de la dominación mundial del imperialismo. Es por eso que su desarrollo tiene un carácter combinado: reúnen al mismo tiempo las formas económicas más primitivas y la última palabra de la técnica y de la civilización capitalista. Esto es lo que determina la política del proletariado de los países atrasados: está obligado a combinar la lucha por las tareas más elementales de la independencia nacional y la democracia burguesa con la lucha socialista contra el imperialismo mundial. Las reivindicaciones democráticas, las reivindicaciones transitorias y las tareas de la revolución socialista no están separadas en la lucha por etapas históricas sino que surgen inmediatamente las unas de las otras. Habiendo apenas comenzado a edificar sindicatos el proletariado chino se vio ya obligado a pensar en los soviets. En este sentido, el presente programa es plenamente aplicable a los países coloniales y semi-coloniales, al menos en aquellos que el proletariado es ya capaz de tener una política independiente.”
“Los problemas centrales de los países coloniales y semi-coloniales son: la revolución agraria, es decir, la liquidación de la herencia feudal y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista. Estas dos tareas están estrechamente ligadas la una a la otra.”
“Es imposible rechazar pura y simplemente el programa democrático; es necesario que las masas por sí mismo sobrepasen este programa en la lucha. La consigna de la Asamblea Nacional (o Constituyente) conserva todo su valor en países como la China o la India. Es necesario ante todo armar a los obreros de este programa democrático. Sólo ellos pueden levantar y unir a los campesinos. Sobre la base del programa democrático revolucionario es necesario oponer los obreros a la burguesía “nacional”. A una cierta etapa de la movilización de las masas bajo las consignas de la democracia revolucionaria, los soviets pueden y deben surgir. Su rol histórico en cada período dado, en particular su relación con la Asamblea Nacional, está determinado por el nivel político del proletariado, por la ligazón entre éste y la clase campesina, por el carácter de la política del proletariado. Tarde o temprano los soviets deben derribar a la democracia burguesa. Sólo ellos son capaces de llevar hasta el final la revolución democrática y abrir así la etapa de la revolución socialista.”
“El peso específico de las diversas reivindicaciones democráticas y transitorias en la lucha del proletariado, su ligazón recíproca, su orden de sucesión, está determinado por las particularidades y condiciones propias de cada país atrasado, en una parte considerable, por su grado de atraso. No obstante la dirección general del desarrollo revolucionario puede ser determinada por la fórmula de la revolución permanente en el sentido que definitivamente han dado a esta fórmula las tres revoluciones de Rusia (1905, febrero de 1917 y octubre de 1917).” (León Trotsky.- Fragmentos del “Programa de Transición”.- Tomado del libro Introducción al Pensamiento Socialista de Néstor Kohan, Págs. 123 y 124. Editora Ocean Sur, 2007)
Nueva vez, la propuesta de asamblea constituyente, junto al programa alternativo al modelo neoliberal de capitalismo, cuando son asumidas por el nuevo proletariado y la gran pobresía (de la que éste es parte inseparable), se convierten en bandera de la transición revolucionaria al socialismo; ahora hacia un socialismo renovado, recreado, enriquecido a luz de las valiosas experiencias y lecciones acaecidas en el Siglo XX.
Nueva vez se confirma el certero análisis de Trosky en esa vertiente de un debate todavía actual
Y no solo se trató del valor de sus reflexiones respecto a tan importante problema de la revolución en países de capitalismo atrasado, sino tambien en lo concerniente al valor de sus críticas en todo lo relacionado con el curso y el destino de la revolución soviética.
Por eso no es nada caprichoso ni accidental que en aquel momento un pensador tan herético y creador como José Carlos Mariategui, sin dejar de reconocer toda la validez práctica de la conducción de Stalin en ese momento, como dirigente profundamente vinculado al sentido ruso de la naciente revolución, hablara en los siguientes términos de aquella ruptura política que condujera al exilio de Trotsky:
“Trotsky, desterrado de la Rusia de los Soviets: he aquí un acontecimiento al que fácilmente no puede acostumbrarse la opinión revolucionaria del mundo. Nunca admitió el optimismo revolucionario la posibilidad de que esta revolución concluyera, como la francesa, condenando a sus héroes. Pero, sensatamente, lo que no debió jamás esperarse es que la empresa de organizar el primer gran Estado socialista fuese cumplida por un partido de más de un millón de militantes apasionados, con el acuerdo de la unanimidad más uno, sin debates ni conflictos violentos.”
“La opinión trotskista tiene una función útil en la política soviética. Representa, si se quiere definirla en dos palabras, la ortodoxia marxista, frente a la fluencia desbordada e indócil de la realidad rusa. Traduce el sentido obrero, urbano, industrial de la revolución socialista. La revolución rusa debe su valor internacional ecuménico, su carácter de fenómeno precursor del surgimiento de una nueva civilización, al pensamiento que trotsky y sus compañeros reivindican en todo su vigor y consecuencias. Sin una crítica vigilante, que es la mejor prueba de la vitalidad del partido bolchevique, el gobierno soviético correría probablemente el riesgo de caer en un burocratismo formalista, mecánico. Pero, hasta este momento, los hechos no dan la razón al trotskismo desde el punto de vital de su aptitud para reemplazar a stalin en el poder con mayor capacidad objetiva de realización del programa marxista.” (José C. Mariategui.-El exilio de Trosky, La imaginación subversiva, Pág. 73, Colección Pensamiento Latinoamericano, Editorial Quipo).
Y todo esto nos remite al inmenso valor de la diversidad revolucionaria y al daño estratégico implícito en las respuestas despóticas a las divergencias dentro del campo revolucionario.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
……………………………………………………..
El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.