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Quedan en estado de fallo en el TSE acciones contra reglamento de la JCE que limita publicación de encuestas
Santo Domingo, R.D.-El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó en estado de fallo acciones legales interpuestas en contra del reglamento de la Junta Central Electoral (JCE) que prohíbe la publicación de encuestas antes del período de precampaña.
Esto significa que los magistrados del alto tribunal deliberarán sobre el caso, tomando en consideración los argumentos presentados por las partes durante la audiencia de este martes 9 de junio, y luego les notificará a través de su secretaría.
La fusión resultó de la agrupación de un recurso contencioso electoral en nulidad contra la referida disposición de la JCE y una solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia para suspender la ejecución inmediata de la normativa.
- La audiencia estuvo encabezada por el presidente del TSE, Ygnacio Camacho Hidalgo, junto a los magistrados Fernando Fernández Cruz y Rafaelina Peralta Arias.
El pasado 27 de mayo, la entidad sin fines de lucro Justicia Sin Fronteras depositó ante el TSE dos acciones contra el reglamento de la JCE que establece el procedimiento para el registro de firmas o empresas encuestadoras y la publicación de encuestas en materia electoral.
Esta decisión es la que prohíbe la divulgación de encuestas en medios de comunicación hasta el primer domingo de julio de 2027 (el inicio de la precampaña).
Asimismo, sostuvo que el reglamento contraviene el artículo 212 de la Carta Magna (de las atribuciones de la JCE) y los artículos 212 al 216 de la Ley 20-23, Orgánica de Régimen Electoral (relativos a las encuestas políticas y su publicación).
«La Junta se ha adjudicado facultades que no le corresponden, que le corresponden al legislador; donde el legislador no previó, la JCE no puede decidir», expresó el jurista.
Feliz reiteró que la Ley 20-23 únicamente prohíbe la publicación de encuestas durante los ocho días previos a las elecciones, por lo que, a su juicio, el órgano comicial no puede atribuirse competencias que no están expresamente contempladas en la legislación vigente.
Frente a los argumentos sobre un supuesto exceso en el ejercicio de sus facultades, la JCE, representada por su consultora jurídica, Nikauris Báez, sostuvo que la institución posee las competencias para regular estos aspectos como una derivación de las prohibiciones y limitaciones ya previstas en el marco jurídico dominicano.
«Los pasos que ha dado la Junta Central Electoral se corresponden con su deseo genuino de garantizarle al pueblo y al Estado dominicano un período de sosiego, la integridad de las elecciones y que nadie, ningún candidato o partido político, tenga una ventaja en la percepción ciudadana», expresó.
La funcionaria agregó que las disposiciones relativas a los plazos para la publicación de encuestas también encuentran sustento en principios previamente reconocidos por el propio Tribunal Superior Electoral y tienen como finalidad preservar la equidad en la competencia política.
Sorpresivamente, la JCE vio oportuno que el TSE acoja en cuanto al fondo el recurso contencioso electoral interpuesto por Justicia Sin Fronteras, al considerar que el conflicto presenta al tribunal la oportunidad de sentar un precedente en materia de jurisdicción electoral.
Báez señaló que el órgano electoral no pretende impedir que los partidos políticos realicen mediciones o estudios sobre el posicionamiento de sus aspirantes y estructuras partidarias. Sin embargo, precisó que la difusión pública de esos resultados podría influir en el electorado y convertirse en una actividad de carácter proselitista.
En ese sentido, argumentó que el posicionamiento anticipado de determinados aspirantes ante la opinión pública podría constituir un acto previo de precampaña o campaña electoral, afectando las condiciones de igualdad entre los competidores.
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Aunque parece una afirmacion de ciencia ficcion, RD sale del mapa del hambre, pese a que más del 41 % de la gente sufre de inseguridad alimentaria
Santo Domingo, R.D.-En lo que con luce ser una contradiccion se ha anunciado que la República Dominicana se haya posicionado entre los pocos países latinoamericanos libres de hambre, lo que contrasta con una sociedad con niveles de inseguridad alimentaria por encima del 41 %.
El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que retrata el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel global (SOFI 2026), destaca los avances del país en más de una década, pero señala diversos problemas que siguen siendo de interés como la vulnerabilidad alimentaria, obesidad y comida saludable más costosa.
Si bien, la prevalencia de subalimentación pasó del 21.3 % (2004-2006) a menos del 2.5 % de la población (2023-2025), lo que posiciona al país al nivel de «hambre cero», el análisis establece que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población afecta al 41.3 % en la actualidad.
Frente a los datos de 2014-2016, la proporción representa una disminución del 12.9 %, sin embargo, se traduce en alrededor de 4.7 millones de personas, convirtiendo a República Dominicana en el quinto país latinoamericano con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave.
Para el organismo internacional se define la «inseguridad alimentaria grave» como el nivel de gravedad de la inseguridad alimentaria en el que es probable que las personas se hayan quedado sin alimentos, hayan pasado hambre y, en el caso más extremo, hayan estado días sin comer, poniendo en grave riesgo su salud y bienestar.
La investigación global presenta dos realidades preocupantes que están estrechamente relacionadas: el aumento de la obesidad en adultos y del costo de una dieta saludable.
Asimismo, la FAO indica que en 2017, el costo diario por persona era de 3.39 dólares diarios, subiendo a 5,60 dólares para 2025. A pesar del aumento del costo, la proporción de la población que no puede permitirse una dieta saludable ha disminuido del 25.4 % en 2021 al 16.2 % en 2025.
Por otro lado, la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años aumentó ligeramente, situándose en el 22.4 % en 2023 frente al 19.2 % registrado en 2012.
Los datos establecen una mejora en el retraso del crecimiento (stunting) en niños menores de 5 años, que bajó del 8 % en 2012 al 5.6 % en 2024. En este lapso, el sobrepeso infantil se mantuvo estable en torno al 7,5 %.
La prevalencia de lactancia materna exclusiva en lactantes menores de 6 meses casi se duplicó, pasando del 8 % en 2012 al 15.8 % en 2024.
Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional luego de siete meses de tener en su poder el proyecto que busca reformar el marco legal de la Policia Nacional, el mismo está a punto de morir, pese a que se activó el pasado 9 de julio.
Los legisladores esperaron a que reste tan solo menos de un mes del cierre de la actual legislatura ordinaria para iniciar la aprobación de la modificación a la Ley 590-16.
La iniciativa se encuentra en manos de los representantes de la Cámara de Diputados, luego de que el Senado la haya aprobado.
El presidente de esa mesa de trabajo, diputado Carlos Sánchez, informó que únicamente han logrado leer aproximadamente 15 de los 342 artículos contenidos en la pieza, en cuatro reuniones.
“Estamos agilizando lo más que se puede; ustedes pueden ver la magnitud del proyecto. Son 516 páginas, todavía tenemos hasta el domingo”, dijo Sánchez al ser entrevistado este martes.
“Estamos trabajando a todo vapor para ver si podemos rendir un informe antes de la conclusión de la legislatura”, indicó.
No obstante, además de revisar el documento depositado el 8 de diciembre del pasado año por el Gobierno, la Comisión tendrá que evaluar las propuestas de modificación elaboradas por los congresistas.
“No necesariamente quedaría para la próxima legislatura, si no hay tantas observaciones de los diputados”, insistió el dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Si la pieza fuese modificada por los diputados, tendrá que regresar al hemiciclo del Senado de la República, donde los representantes deberán decidir si acogen las variaciones.
El presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, le asignó a la Comisión un plazo máximo de siete días para rendir un informe sobre los más de 300 artículos, periodo que terminó este martes.
Durante la sesión desarrollada la mañana de este martes por los diputados, el tema de la reforma policial se pospuso para este miércoles, a pesar de que Sánchez debía rendir cuentas ante el pleno de ese órgano legislativo.
Mientras tanto, el legislador adelantó que su intención es solicitar una extensión de tiempo hábil de trabajo “para poder tener el tiempo necesario de hacer una reforma que verdaderamente sea consensuada”.
“Para poder tener una que le dé tranquilidad tanto a los agentes como a la ciudadanía de que es una reforma policial que viene a mejorar el sistema de la institución”, afirmó.
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Dos cuerpos son encontrados por autoridades en estado de descomposición en la Rómulo Betancourt
Santo Domingo, R.D.-Una madre y su hijo fueron encontrados dentro de un apartamento por la Policia Nacional en la avenida Rómulo Betancourt del Distrito Nacional.
De acuerdo con reportes preliminares, ambos cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición en el momento en que las autoridades ingresaron a la vivienda.
Según el vocero de la institución, Diego Pesqueira, la mujer tenía alrededor de 60 años de edad y el hombre unos 40 años de edad.